Sentencia 7247 de junio 7 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7247

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Ardila Velásquez

Bogotá, D.C., siete de junio de dos mil dos.

Decídese el recurso de casación formulado por el Banco de Bogotá contra la sentencia de 13 de abril de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario que contra el recurrente formuló la sociedad ‘Valenzuela Huertas y Cía. Ltda.’.

Antecedentes

1. En la demanda incoativa del proceso solicitó la actora:

“Primera. Se declare al Banco de Bogotá como civilmente responsable de la culpa extracontractual causada (...) a la sociedad Valenzuela Huertas Ltda., consistente en haberse sustraído a una orden judicial de embargo y haber hecho entrega de sumas de dinero que se encontraban amparadas con tal medida cautelar”.

“Segunda. Como consecuencia de lo anterior, se condene en concreto al Banco de Bogotá a indemnizarle a Ganadería Santa Ana Ltda. (sic) de todos los perjuicios materiales que se originaron en su culpa extracontractual probada, en la cuantía que se establezca en el proceso”.

Adicionalmente, solicitó que la condena en perjuicios incluya el interés máximo moratorio desde la época en que debió darse cumplimiento al embargo, así como el factor de la desvalorización monetaria.

2. El sustento de las enunciadas pretensiones, puede compendiarse como sigue:

La demandante adelantó en el juzgado décimo civil del circuito de Bogotá proceso ejecutivo contra la compañía ‘Ganadería Santa Ana Ltda.’, persiguiendo el pago de $ 11’508.801,15 por concepto de capital, más los intereses moratorios de dicha suma desde el 17 de junio de 1988, proceso en que, por auto de 20 de febrero de 1990, se decretaron medidas cautelares, entre ellas, “el embargo preventivo del Certificado de Depósito 0360875 por valor de $ 14.709.143.83 que la sociedad demandada tiene en el Banco de Bogotá oficina principal, junto con sus intereses no cancelados”.

Para la efectividad de esta orden, el juzgado libró los oficios 350 y 352, los cuales se entregaron al banco el 28 de febrero de 1990, en momentos en que la sociedad ejecutada era titular y beneficiaria del referido certificado de depósito.

Respondió el banco al Oficio 350 manifestando que el certificado en cuestión no se encontraba en su poder y que, ‘al tenor del artículo 629 del Código de Comercio, para que sea eficaz el embargo de un título valor, como lo es un CDT se requiere que el juzgado aprenda (sic) o secuestre materialmente el documento’, respuesta explicable seguramente porque el doctor José Joaquín Díaz Perilla, a la par que jefe del departamento jurídico del banco, era asesor legal de la firma demandada.

El juzgado del conocimiento, a petición del ejecutante, aclaró al banco el Oficio 350 mediante el numerado 685 de abril 16 de 1990 que fue entregado a la entidad el 23 de abril de ese año, advirtiéndole que “el embargo allí comunicado se refiere obviamente a las sumas de dinero que a título de depósito en cualquier modalidad tenga la sociedad ejecutada en dicho banco, y especialmente derivadas del crédito o título de depósito 0360875 (sic) o a cualquier otro título”; oficio que no encontró respuesta, por lo que el juzgado insistió en obtener información hasta cuando el 5 de septiembre de 1990 se le hizo saber por el banco que el depósito había sido retirado por Ganadería Santa Ana Ltda. el 23 de abril de ese año.

Al desconocer la orden de embargo, el banco y su empleado el doctor Díaz Perilla incurrieron en fraude a resolución judicial y culpa grave, amén de que generaron grave perjuicio material y moral a la actora, colocándola en la imposibilidad de que el valor del CDT fuera aplicado a su crédito, pues las medidas cautelares ordenadas por el juzgado quedaron sin efecto.

3. Se opuso la demandada a las pretensiones, admitió algunos hechos, exigió la prueba de otros y negó los demás, y propuso como excepciones las que denominó ‘inexistencia de causa para pedir’, ‘inexistencia de responsabilidad del banco’, ‘culpa exclusiva de la víctima’, ‘buena fe del banco y sus funcionarios’, ‘cobro de lo no debido’, ‘enriquecimiento sin causa’, ‘caducidad y prescripción’.

4. Culminó la primera instancia con fallo mediante el cual el a quo, encontrando probada la excepción de ‘inexistencia de causa para pedir’, desestimó las peticiones de la demanda.

El tribunal, a su turno, al desatar el recurso de apelación interpuesto por el interesado, revocó la premencionada decisión y, en su lugar, hallando al banco civilmente responsable, lo condenó a pagar a ‘Valenzuela Huertas y Cía. Ltda.’ $ 75’781.509, 01, suma que deberá actualizarse a partir del 1º de marzo de 1998 y hasta cuando se realice el pago.

La sentencia del tribunal

Luego de algunas referencias a los principios que informan la responsabilidad civil extracontractual, lo primero que puntualiza el tribunal es cómo aparece acreditado que la sociedad ‘Valenzuela Huertas y Cía. Ltda.’ obtuvo que se librara mandamiento ejecutivo en contra de ‘Ganadería Santa Ana Ltda.’ por la suma de $11’508.801,15 y sus intereses moratorios comerciales, proceso ejecutivo en el cual, en su momento, el tribunal de Bogotá, revocando la decisión que declaraba probada una excepción de mérito propuesta por el demandado, dictó sentencia ordenando llevar adelante la ejecución.

Y en ese proceso, observa, el juez del conocimiento libró con destino al gerente de la oficina principal del Banco de Bogotá los oficios 350 y 352 de 26 de febrero de 1990, para notificarle, por el primero, que por “auto calendado el 20 de febrero del corriente año, se decretó el embargo preventivo del Certificado de Depósito a Término 0360875 m/cte...” suscrito a favor de Ganadería Santa Ana Limitada; y por el segundo, que dicho embargo se extendía a “los saldos que en cuenta corriente o de ahorros llegare a tener la ejecutada en esa institución”.

También es asunto probado, asegura el fallador, que el jefe de crédito de la mencionada entidad respondió a dicha orden manifestando que el certificado no se encontraba en poder de la institución y que al “tenor del artículo 629 del Código de Comercio, para que sea eficaz el embargo de un título valor, como o es un CDT se requiere que el juzgado aprehenda o secuestre materialmente el documento”. Lo cual provocó nuevo oficio del juez, el 685 de 16 de abril siguiente, aclaratorio del 350 en el sentido de que “el embargo allí comunicado se refiere obviamente a las sumas de dinero que a título de depósito en cualquier modalidad tenga la sociedad ejecutada en dicho banco, y especialmente derivados del crédito o título de depósito Nº 036875 o a cualquier título”.

Sentado lo precedente, el juzgador hace referencia al carácter de títulos valores exclusivamente nominativos que se predica de los certificados de depósito a término. Mas, independientemente de la discusión en torno a si lo son o no, lo cierto es que como títulos valores circulan, cual lo estatuye el artículo 1393 del Código de Comercio, y que por su carácter nominativo solo es tenedor legítimo de ellos quien figure simultáneamente en el texto del documento y en el registro que lleve el creador del título. Características estas, agrega, consignadas por cierto en el CDT de autos, concretamente en su cláusula 5ª.

“Por lo anterior —añade— el numeral 6º del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil vigente al 20 de febrero de 1980 (sic), que en lo pertinente no fue modificado por el Decreto 2282 de 1989, establecía que el embargo de las acciones en sociedades anónimas o en comandita por acciones, bonos y certificados de depósito, entre otros, se perfecciona mediante la entrega del pertinente oficio al gerente, administrador o liquidador de la respectiva sociedad o empresa o al representante administrativo de la entidad pública, y estas entidades estaban obligadas a tomar nota del gravamen dentro de los tres días siguientes (num. 4º). Aspecto jurídico que recoge el artículo 145 del Código de Comercio...”.

Por tanto, concluye el ad quem, resulta inaplicable el artículo 629 del Código de Comercio, que “tiene que ver con la manera de perfeccionarse el secuestro o de hacerse la reivindicación sin explicitar la manera de verificarse el embargo respecto de títulos nominativos o a la orden o al portador, pues para cada uno de ellos la ley prevé la manera de verificarse dicho gravamen, que para los certificados de depósito justamente se materializa como se precisó. Tampoco resulta aplicable el artículo 668 ibídem, como lo entendió el a quo, pues dicha disposición regula son los títulos valores al portador”.

Así, continúa, “el Banco de Bogotá debió dar cumplimiento estricto al Oficio 350 del 26 de febrero de 1990 y ordenar registrar el embargo del certificado de depósito a término (...). De modo que no lo hizo y al cuestionar una orden judicial precisa, recibida con anterioridad al momento en que redimió el certificado a favor de aquella (...), como aparece suficientemente acreditado, incurrió en culpa por desacatar una orden judicial que imponía la ejecución de obligaciones positivas —acto ilegal y negativo—”.

De manera que si dentro del proceso de ejecución no se materializó ‘medida alguna’, siendo que su efectividad depende de que al demandado se le embarguen y secuestren bienes, pues de lo contrario este resulta nugatorio, es claro que cuando el Banco de Bogotá “se abstuvo de registrar el embargo del certificado (...) y ante la ausencia de otros bienes destinados a esa finalidad, impidió que la primera entidad lograra el pago de su acreencia o parte de ella en tal cuantía”.

Realizado el precedente análisis, tomó el valor del certificado —$ 14’709.143, 83— calculando en esa cantidad el costo del daño sufrido por el demandante, suma que actualizó para llegar al rubro de $ 75’781.509,01, constitutivo del valor de la condena.

La demanda de casación

Cuatro son los cargos formulados contra la sentencia, el primero por la causal segunda de casación y los restantes por la primera, los cuales se resolverán en el mismo orden en que se han presentado.

Primer cargo

Con fundamento en la causal segunda, como quedó dicho, se tilda la sentencia de incongruente por extra petita , aduciéndose que “impone al banco demandado una condena a favor de persona diferente a la indicada para ello en la demanda inicial del proceso”.

En el libelo incoativo, alega el censor, luego de implorar la declaratoria de responsabilidad civil del Banco de Bogotá, se pide que en consecuencia “se condene a esa entidad ... a indemnizarle a Ganadería Santa Ana Ltda. de todos los perjuicios materiales que se originaron (...) en la cuantía que se establezca en el proceso”. Sin embargo, agrega, la sentencia declaró la deprecada responsabilidad del banco y condenó a esa entidad a pagar “a favor de Valenzuela Huertas y Cía. Limitada la suma de (...)”. Resulta evidente, concluye, que no existe armonía entre lo solicitado en la demanda y lo concedido en la sentencia, desde luego que una es la sociedad indicada en la demanda como reclamante de la indemnización (Ganadería Santa Ana) y otra (Valenzuela Huertas) la favorecida con la condena judicial impuesta al demandado.

Consideraciones

Bien conocido es que la segunda de las causales de casación abre la posibilidad de impugnar las sentencias susceptibles de ese recurso, en el evento de que no armonicen con los hechos y las pretensiones de la demanda o con las excepciones propuestas por el demandado, o que el juez ha debido reconocer de oficio, o, para decirlo de otro modo, tal causal comporta la posibilidad de quebrar el fallo que vulnere el denominado principio de la congruencia cuya consagración positiva se encuentra en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.

No menos sabido es que la estructura de la referida causal en punto a su viabilidad impone fundamentalmente una labor de confrontación entre las piezas procesales pertinentes, en orden a comprobar si efectivamente el fallo acusado peca de inconsonante por extra petita , ultra petita , o infra petita , lo cual significa, en su orden, que se haya condenado al demandado, ya por objeto distinto del pretendido en la demanda, ora por causa diferente a la invocada en dicho escrito, o, por último, que la decisión tomada haya sido omisiva respecto de alguna de las pretensiones aducidas en el libelo incoativo o de los medios exceptivos esgrimidos por el demandado, o cuya declaración de oficio se autoriza.

Ahora bien; desde una perspectiva puramente mecánica —limitada por ende— es factible afirmar, cual lo hace el censor, que la referida labor comparativa indica ciertamente una discordancia entre la literalidad de la pretensión segunda de demanda incoativa de este proceso y la parte resolutiva de la sentencia, en la medida en que por la primera se suplica condenar al banco a “indemnizarle a Ganadería Santa Ana de todos los perjuicios materiales que se originaron en su culpa extracontractual probada”, en tanto que en el fallo se impone al demandado el pago de esa indemnización, mas no a favor de la mencionada sociedad, sino a favor de ‘Valenzuela Huertas y Cía. Ltda.’.

No obstante, esa alegada disonancia no pasa de ser simple apariencia, cual puede sin esfuerzo constatarse nada más al leer la demanda introductoria: nótase allí, en efecto, cómo en la pretensión primera de ese escrito se suplica al juez declarar que el demandado es “civilmente responsable de la culpa extracontractual causada (...) a la sociedad ‘Valenzuela Huertas Ltda.’, consistente en haberse sustraído a una orden judicial de embargo y haber hecho entrega de sumas de dinero que se encontraban amparadas con tal medida cautelar”; y que a su vez en la segunda pretensión se pide que, “como consecuencia de lo anterior se condene en concreto al Banco de Bogotá a indemnizarle a ‘Ganadería Santa Ana Ltda.’ (sic) de todos los perjuicios materiales que se originaron en su culpa extracontractual probada (...)”. (se destaca). Luce así evidente que la demandante ‘Valenzuela Huertas y Cía. Ltda.’ al elaborar su escrito introductorio incurrió simplemente en un lapsus calami cuando proclamando su derecho a ser indemnizada en razón o como consecuencia del perjuicio que le ocasionó la que tilda de irregular actuación del banco, en lugar de su nombre colocó el de una compañía ajena al litigio como beneficiaria de la reparación implorada.

Lapsus que se hace aún más notorio, si cabe, al considerar que es la sociedad Valenzuela Huertas la única que figura como demandante en este proceso, que conforme a los hechos de la demanda sería ella, y no otra, la perjudicada con la conducta del banco y que, en fin, tan claro era el asunto que la entidad demandada al contestar el escrito inicial dio por hecho que la indemnización se reclamaba para la compañía actora, sin que se hubiese debatido jamás el punto que ahora constituye objeto de reclamo.

Frente a tan abrumadora evidencia, menester es concluir que el tribunal, así no lo hubiese manifestado expresamente (salvo por un discreto ‘sic’ que colocó al trascribir ese particular aparte de la pretensión segunda), al fallar interpretó la demanda y dictó su sentencia en el tácito entendimiento de que la reparación patrimonial se exigía, no para la ‘Ganadería Santa Ana’ —consideración que de haberse hecho, dígase al paso, no podría haberse calificado sino como de insensata— sino para la sociedad actora, a cuyo favor entonces la decretó, sin que exista fundamento atendible para alegar que el juzgador, en lugar de interpretar el escrito introductorio, se desentendió del mismo y que actuando en demasía impuso una condena en favor de persona diferente a la allí señalada.

Derrúmbase, así, el cargo.

Segundo cargo

Aquí, se acusa la sentencia de ser directamente violatoria, por falta de aplicación de los artículos 1º, 20 —ordinal 6º—, 619, 624, 628, 629, 822, 897 del Código de Comercio; inciso 2º del numeral 6º del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil de 1970 (D. 1400 y 2019/70). El error jurídico denunciado, se afirma, derivó del quebranto que por equivocada interpretación hizo el tribunal del mencionado inciso 1º numeral 6º del estatuto procesal, y que lo condujo a infringir también, ya por aplicación indebida, los textos 2º, 415, 884 del Código de Comercio, el inciso 1º numeral 6º del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil de 1989 (D. 2282/89); y 63, 1613, 1614, 1615, 1612, 2341, 2343, 2347 y 2349 del Código Civil.

Partiendo del supuesto de que los certificados de depósito a término son títulos valores, estima el recurrente que para efectos de los gravámenes y afectaciones que sobre tales títulos lleguen a recaer —su embargo incluido—, el legislador en el artículo 629 del Código de Comercio determinó un procedimiento especial, cual es el registro seguido de la aprehensión material del documento que contiene el derecho; y que tal es “procedimiento que, dado su carácter especial, debe observarse para el caso, so pena de sacrificar la eficacia de la medida”; dicha disposición comercial, añade, debe aplicarse preferentemente, con prelación a las normas del procedimiento civil, aún en el supuesto de que hubiese incompatibilidad entre ellas, todo al tenor del artículo 5º de la Ley 57 de 1887.

Agotado el precedente tema, asegura el impugnante que los códigos de procedimiento civil, tanto el de 1970 como el de 1989, mediante sus respectivos numerales 6º, inciso 1º de sus artículos 681 reglamentan la forma de practicar el embargo de acciones en sociedades anónimas o en comandita por acciones, certificados de depósito o efectos públicos nominativos, indicando que se realiza mediante comunicación al gerente, liquidador o administrador respectivo para que se tome nota de él; pero advierte que, al contrario de lo sostenido por el tribunal, no puede decirse que entre los dos códigos no hay disimilitudes, que el uno es el trasunto fiel del otro, y pasa, en efecto, a comparar las dos disposiciones remarcando sus diferencias, especialmente en cuanto el inciso 1º de la precitada norma de 1970 aludía a ‘certificados de depósito’ en general, mientras el de 1989 lo restringió a los nominativos y el inciso 2º de 1970, a su turno, se refería a “efectos negociables nominativos, a la orden o al portador...”, para indicar que su embargo había de efectuarse con la entrega del título al secuestre, en tanto que la de 1989 concretó esa forma de consumar la medida “a los títulos valores y efectos negociables al portador...”, excluyendo los nominativos y los que se expiden a la orden.

Y destacando que el embargo del CDT materia de la controversia se decretó y trató de practicar en febrero de 1990 y no después de junio de ese año, cuando comenzó a regir la normatividad de 1989, manifiesta que el procedimiento idóneo para llevarlo a cabo era el señalado por la norma antigua y no por la nueva, esto es, entregando el título al secuestre, Así que, concluye, aún en la hipótesis de darse aplicación al Código de Procedimiento Civil, se debía y tenía que acatar lo dispuesto en el estatuto de 1970 y no en el de 1989.

Consideraciones

Antes que nada cabe precisar que en torno a la calificación que de títulos valores pueda darse a los certificados de depósito a término, ya tuvo la Corte la oportunidad de manifestarse afirmativamente cuando, en Sentencia 027 de 7 de marzo de 1994, expresó que la recepción de dineros a plazo por parte de establecimientos de crédito con la obligación de restituirlos, tiene como efecto directo el de que (...) el banco depositario puede extender un recibo que la ley toma por ‘plena prueba’ del depósito realizado (C. Co., art. 1394, inc. 2º) o, si a ello hubiere lugar, emitir un ‘certificado de depósito a término’ el cual, salvo que los interesados dispongan otra cosa, ha de recibir el tratamiento de un verdadero título de crédito, negociable en los términos y del modo previsto en el título III, libro tercero del Código de Comercio (C.Co., art. 1394, inc. 1º)”, lo que trae consigo la necesidad de distinguir con absoluta claridad entre el contrato mismo de depósito, por un lado, (...) y de otro lado la necesidad de documentación adecuada (...) posibilidades que como acaba de apuntarse van desde un recibo nominativo e intransferible semejante si se quiere a una libreta de ahorros, hasta un título valor de contenido crediticio, el certificado de depósito a término (CDT) ...” (se resalta).

De otro lado, punto que pacíficamente transcurrió en las instancias, es el del carácter exclusivamente nominativo que ha de atribuirse a los certificados de depósito a término, de lo cual da fe, por cierto, el documento mismo, cual lo destaca el juzgador. Y, en ese entendido, pásase al estudio de los planteamientos del recurrente.

a. La primera de las posiciones asumidas por el censor, según se dejó resumido, es la de que para la consumación de los gravámenes y afectaciones —“entre ellos el embargo obviamente”—dice— que recaigan sobre títulos valores, es menester la aprehensión material de los mismos, en aplicación de lo preceptuado por el artículo 629 del Código de Comercio en cuanto dispone que, “la reivindicación, el secuestro, o cualesquiera otras afectaciones o gravámenes sobre los derechos consignados en un título valor o sobre las mercancías por él representadas, no surtirán efecto si no comprenden el título mismo materialmente”, norma a la cual, asegura, debió darse por el juzgador aplicación prevalente.

Resulta indiscutible que el estatuto procesal civil regula especialmente en su artículo 681 la materia concerniente al embargo de bienes y a la forma de practicarlo; y ciertamente, si por encontrarse incompatibilidad entre el citado artículo 629 del Código de Comercio y el 681 del de Procedimiento Civil, fuese menester determinar, para los efectos del artículo 5º de la Ley 57 de 1887, cuál de esas normas tiene carácter especial frente a la otra, no hay duda alguna de que es la norma procesal la que merece tal calificativo; pues mientras el precepto 629 hace referencia al secuestro (no al embargo) y a los gravámenes y afectaciones en general de los derechos consignados en un título valor, el artículo 681, en cambio, se refiere específica y particularmente al embargo, forma singular de afectación, considerando incluso sus particularidades con miras a diferenciar la manera de practicarlo.

Por otra parte, y aun cuando el censor no alega cosa contraria, resulta conveniente no dejar de lado que la ley no se refiere indistintamente a las figuras del embargo y el secuestro, sino que, por el contrario, las diferencia nítidamente, al punto que, al tenor del comentado artículo 681, el secuestro, junto con la anotación y con la notificación, constituye una de las formas de llevar a cabo aquella medida cautelar. De esta forma, se reitera, el embargo de los títulos valores, entendida esta medida, si se quiere, como una forma de afectación de los mismos, encuentra su especial regulación en el Código de Procedimiento Civil, particularmente en su artículo 681, normatividad dentro de la cual, incluso, se prevé, para algunos casos bien determinados, el secuestro como manera de consumarlo. No desacertó, pues, el tribunal, cuando, para dilucidar el conflicto planteado en lo relativo a la medida cautelar de embargo del CDT, dio aplicación, no al comentado precepto del estatuto de comercio, sino a las normas del de procedimiento civil.

b. En la segunda de sus tesis, el recurrente discute ya en torno a la aplicación de la ley en el tiempo, puntualmente en lo que concierne a las modificaciones que al Código de Procedimiento Civil vinieron por cuenta del Decreto 2282 de 1989.

Ya se dejó dicho cómo, sobre la base fáctica de que la actuación relativa al embargo del CDT en cuestión tuvo lugar en febrero de 1990, sostiene el censor que el procedimiento idóneo para consumarlo era el señalado por el artículo 681 numeral 6º del estatuto procesal vigente para tal fecha, esto es, el de 1970, y no el indicado por ese mismo artículo luego de la modificación de 1989, indicándose en la antigua norma que “la entrega del respectivo título al secuestre” es la forma como se consuma el embargo de los títulos valores.

Y en lo atinente al error que en concreto se achaca al tribunal, es menester resaltar que el impugnante, al desarrollar la censura, lo contrae a un único aspecto: el de que el sentenciador aplicó en el sub lite , en lo atinente a la medida cautelar de embargo, el inciso 2º del numeral 6º del citado precepto 681 de 1989, en lugar de hacer obrar esa disposición pero en la versión de 1970, que era la que regía el asunto.

Con aguda precisión, recopila el mismo censor íntegramente su pensamiento así:

“Que si (...) fuere permitido acudir por analogía a código de los ritos procedimentales civiles, en ese supuesto el sentenciador ad quem tenía que hacer actuar en su fallo lo dispuesto al punto por el código de 1970, antes que lo preceptuado en la materia por la codificación de 1989, desde luego que esta solo comenzó a regir en junio de 1990 (...)”; y “que bajo la orientación de esta dialéctica, cabe inferir que el tribunal de la segunda instancia erró al dar aplicación a lo estatuido por el inciso 2º del numeral 6º del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil de 1989, dejando por ello de hacer actuar en el caso lo estipulado por el inciso 2º del numeral 6º del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil de 1970, que era la codificación que en la materia aún regía cuando se decretó y se pretendió embargar el título valor respectivo”.

Debe convenirse con el censor en que, efectivamente, tanto el decreto de embargo del CDT como la tentativa de consumarlo fueron actuaciones cumplidas en vigencia del estatuto procesal civil de 1970; por cierto, tampoco es tema que incite a discusión el de que, en tratándose de un procedimiento cautelar iniciado, tramitado y consumado bajo el imperio de tal legislación, es a la luz de ella como ha de resolverse la controversia surgida en el punto.

Pero es equivocada la aseveración del impugnador, que constituye pilar de su acusación, acerca de que el tribunal erró por haber hecho actuar, en lo relativo al decreto y práctica del embargo, lo estatuido por el inciso 2º, numeral 6º del precepto 681 del estatuto procesal de 1989. Y así se dice por cuanto nada más al leer la sentencia, claramente y sin dejar espacio para la duda se aprecia que no fue en la codificación de 1989 sino en el primer inciso del artículo 681 de código de 1970, en donde se apoyó el ad quem para proclamar que el embargo del CDT habíase ordenado cabalmente.

Es así como esa corporación, a vuelta de resaltar el carácter nominativo de dichos certificados, expuso: “Por lo anterior, el numeral 6º del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil vigente al 20 de febrero de 1990 (fecha del auto que decretó el embargo —acota la Sala—), que en lo pertinente no fue modificado por el Decreto 2282 de 1989, establecía que el embargo de las acciones en sociedades anónimas o en comandita por acciones, bonos y certificados de depósito (obsérvese que no incluye la expresión ‘nominativos’ propia de la legislación actual), entre otros, se perfecciona mediante la entrega al gerente, administrador o liquidador de la respectiva empresa (...) y estas entidades estaban obligadas a tomar nota del gravamen (...)” (se resalta). “Y si lo anterior es así —remata el juzgador—, el Banco de Bogotá debió dar cumplimiento estricto al oficio 350 (...)”. Frente a esto, palmar resulta la remisión del ad quem para la solución de la referida controversia, al inciso primero del ordinal 6º de la disposición vigente en 1970.

Al respecto, bueno es anotar cómo de la manifestación del juzgador relativa a que en lo atinente al embargo la referida disposición de 1970 no fue “en lo pertinente” modificada por el Decreto 2282 de 1989, no es de ninguna manera posible inferir que se dio aplicación a esta ulterior reglamentación. Criterio aquel, dicho sea al paso, bien comprensible dentro del contexto de la sentencia, puesto que el fallador lo lanza al reiterar el carácter exclusivamente nominativo del certificado de depósito a término, característica de la cual le fue fácil inferir que cuando la codificación anterior habló de “certificado de depósito” y la de 1989 habló de “certificado de depósito nominativo”, nada en realidad había variado en el punto.

Puestas así las cosas, preciso es concluir que tampoco por este aspecto prospera la acusación contenida en el cargo; pues este particular aspecto que de la sentencia se viene analizando y con respecto al cual enfila el censor su ataque, a saber, lo referente a la forma en que había de verificarse la medida cautelar de embargo, lo despachó el ad quem con apoyo exclusivo, como hasta la saciedad se ha repetido, en el inciso 1º del numeral 6º del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil vigente antes de la reforma de 1989, sin que la aplicación de esta norma haya sido objeto de censura, como que de ello no se duele en lo más mínimo el recurrente, quien creyó ver en otros parajes la trasgresión que de la ley denuncia. Por lo demás, tratándose de una norma cuya aplicación no fue objeto de censura, debe entenderse que se comparte con el tribunal la forma en que así procedió.

Así, no prospera el cargo.

Tercer cargo

Con fundamento en la causal primera de casación, acúsase la sentencia de ser indirectamente violatoria, por aplicación indebida, de los artículos 63, 1612, 1613, 1614, 1615, 2341, 2343, 2347, 2349 del Código Civil, 2º, 415, 835, segunda parte, 884 y 1398 del Código de Comercio y de los incisos 1º de los numerales 6º de los artículos 681 de los códigos de procedimiento civil de 1970 (D. 1400 y 2019) y 1989 (D. 2282).

El quebranto indirecto denunciado, afirma el censor, tuvo como causa los errores evidentes en que incurrió el juzgador al apreciar las pruebas que tomó para dar por demostrada la culpa que imputó al demandado con el fin de deducir su responsabilidad civil y la consecuente condena al pago de la indemnización.

Dice ubicar los errores de hecho del tribunal en la afirmación de esa corporación en cuanto a que el banco, al no dar cumplimiento estricto al Oficio 350 de 26 de febrero de 1990, “incurrió en culpa por desacatar una orden judicial que imponía la ejecución de obligaciones positivas acto ilegal y negativo”. Conclusión esta sobre la culpa probada, aduce el censor, que es el resultado de los siguientes yerros fácticos:

a. Errónea interpretación del oficio del banco al juzgado de fecha 6 de marzo de 1990: la entidad bancaria, alega, se amparó en el artículo 629 del Código de Comercio para explicar su imposibilidad de acatar la orden judicial; esa conducta, pues, amén de contar con apoyo normativo, revela una actitud prudente del banco que, como suscriptor del título, no puede perjudicar, so pretexto de un embargo ineficaz.

b. Preterición tanto de la solicitud del abogado Gamboa Morales fechada el 22 de marzo de 1990, como de la del auto del juzgado que la respondió y del Oficio 685 de 16 de abril: encontrando correcta la sobredicha respuesta del banco, dice el censor, el abogado de la sociedad ejecutante pidió al juez aclarar que el embargo se refería a las sumas de dinero que tuviese el ejecutado en esa entidad, especialmente las derivadas del CDT, petición a la que accedió el juzgado comunicándolo así al banco. El tribunal se desentendió de estas circunstancias y no se dio cuenta de que el embargo primitivo se alteró por voluntad del ejecutante y la decisión del juez.

c. Inapreciación de los memoriales del abogado Gamboa Morales de 24 de julio y octubre de 1990, en cuanto mediante ellos pidió al juez requerir al banco para que diese cumplimiento a los oficios 350 de febrero 26 y 685 de abril 16 de 1990, “los cuales, por referirse o aludir a títulos de depósito distintos por su numeración y diferentes objetos de embargo, muestran una equivocidad tal que veda o imposibilita su cumplimiento...”.

d. Preterición del Oficio 1489 de 6 de agosto de 1990 dirigido por el juzgado al banco, referido al Certificado 036875, indicándose de esta forma un CDT “que no presenta identidad”, como que su número difiere del que originalmente fue objeto de embargo.

e. Errónea apreciación del Oficio 350 de 26 de febrero de 1990, por cuanto el tribunal sostuvo que el banco debió dar cumplimiento estricto a dicho oficio “y ordenar registrar el certificado de depósito a término número 0360875”, sin tener en cuenta que el objeto del embargo se había modificado desde el auto de 28 de marzo, a petición de la ejecutante.

Para culminar, advierte que los errores de hecho denunciados no perderían trascendencia aun si lo embargado fuese una suma de dinero, como lo pretendió el ejecutante, pues en el oficio correspondiente no se ordenó hacer el pago al secuestre según lo ordena la norma en comento, prevención esta que, dice, resulta imprescindible según lo estima la jurisprudencia.

Consideraciones

Es pertinente comenzar recordando que el fallador situó la culpa directa que imputa al banco demandado en el desacato por parte suya de la orden judicial de embargo que viene siendo materia de análisis. Es así como esa corporación expresó: “El Banco de Bogotá debió dar cumplimiento estricto al Oficio 350 del 26 de febrero de 1990 y ordenar registrar el embargo del certificado de depósito a término número 0360875 (...), De modo que no lo hizo y al cuestionar una orden judicial precisa, recibida con anterioridad al momento en que redimió el certificado a favor de aquella, si no se olvida que respondió al Oficio 350 con una carta del 6 de marzo de 1990 y canceló el título el 23 de abril siguiente, como aparece suficientemente acreditado, incurrió en culpa por desacatar una orden judicial que imponía la ejecución de obligaciones positivas —acto ilegal y negativo—”.

De tal manera que si el ad quem halló la culpa exclusivamente en la conducta que atribuye al banco en el párrafo transcrito —el desacato a la orden de embargo—, desentendiéndose por completo de ese malintencionado proceder que del gerente jurídico de la entidad se pregona en la demanda, sin que por otra parte esa particular interpretación del escrito incoativo haya constituido objeto de censura, es aquella actuación la que constituye el fundamento de la condena por el aspecto ahora analizado; así las cosas, lo procedente es pasar, antes que otra cosa, al estudio de los errores de hecho denunciados y que dicen relación todos, precisamente con la de ese actuar que sirvió como base, se repite, para encontrar en autos el sobredicho elemento de la acción de reparación.

a. En punto a la supuesta errónea interpretación del tribunal del oficio mediante el cual el Banco se excusó de atender la orden de embargo, valga decir que ni tan siquiera se aplicó el ad quem al análisis de la respuesta contenida en tal oficio, sencillamente porque, según se dejó estudiado en el cargo precedente, estimó que la cautela en cuestión había sido decretada y comunicada cabalmente por el juez del conocimiento, en la medida en que no era el artículo 629 del Código de Comercio, como lo pretendía la entidad, el que gobernaba el asunto, sino el numeral 1º del ordinal 6 del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil de 1970. Así, fue de este criterio jurídico del que se sirvió el juzgador para sostener que sin fundamento alguno se había desacatado la orden judicial, y no entonces, como se pretende, de una mala lectura de la comunicación remitida por el Banco de Bogotá.

b. Los otros yerros fácticos denunciados en el presente cargo, hacen referencia todos al número que identifica el certificado de depósito a término que fue materia del cautela, en cuanto, según resalta el censor, mientras la orden inicial y el consecuente Oficio 350 de 26 de febrero de 1990 hicieron relación al embargo del CDT 0360875, a partir de allí tanto la parte ejecutante como el juzgado siguieron refiriéndose al embargo del título 036875.

Y en efecto, ante la respuesta negativa del banco, el ejecutante instó el 22 de marzo de 1990 para que se aclarase que la medida notificada por el “Oficio 350 preindicado” se refería a las sumas de dinero que el ejecutado tuviese en esa entidad y “especialmente derivadas del crédito o título de depósito Nº 036875” (en lugar de 0360875 cual correspondía); a raíz de ello, el juzgado, que accedió a la solicitud, se refirió en su oficio de 16 de abril siguiente dirigido a banco, al Certificado 036875, tal cual nuevamente lo hizo el apoderado ejecutante en memoriales de julio y octubre de 1990 y el juzgado en oficio 1489 de agosto de 1990.

Y es con fundamento en esta circunstancia que el censor infiere, doliéndose de que ello se haya pasado por alto, que el embargo decretado inicialmente cambió de objeto, se alteró; por lo cual, alega, no era posible admitir que para el 23 de abril de 1990, cuando canceló el CDT 0360875, la institución bancaria tenía conocimiento de que el título era objeto de medida cautelar alguna y que, cualquier caso, la situación al respecto resultaba equívoca.

De entrada es posible descartar la existencia de yerro fáctico que así se endilga al tribunal. Es fácil comprender cómo, no obstante la casi imperceptible disimilitud de números, tanto en los memoriales del apoderado como en los respectivos oficios remitidos por el juez al banco con posterioridad al 350, se hizo referencia, explícita por demás, a este oficio, con la advertencia además de que se trataba de una aclaración relativa a la medida inicialmente decretada, todo lo cual invitaba a pensar, no en un cambio del objeto sobre el cual recaía la misma, sino en un insignificante lapsus que, valga decirlo, con un mínimo de prudencia habría debido, en caso de duda, despejarse por parte de la entidad destinataria de la orden.

Pero es más: resulta claro que por parte del banco no hubo duda de ninguna naturaleza en cuanto a la identificación del título objeto de la cautela, como puede comprobarse con la lectura de la comunicación de 5 de septiembre de 1990 remitida por la institución bancaria al juzgado en respuesta a esas que el censor califica de equívocas comunicaciones remitidas por este; efectivamente, se manifestó así la entidad en esa ocasión: “En respuesta a los oficios enviados por medio de los cuales nos pide información sobre un depósito, nos permitimos aclarar lo siguiente: El banco dio contestación a su Oficio 350 con la comunicación de 6 de marzo de 1990 que nos permitimos adjuntar. El depósito no se encuentra en poder del banco. El depósito fue retirado por Ganadería Santa Ana Ltda. el 23 de abril del presente año”. Luego, concluye la Sala, la pretendida confusión ciertamente no existió.

Y ya para terminar el tema, ha de resaltarse cómo el hecho de la pretendida variación del objeto del embargo, o la confusión del demandado en lo concerniente a identidad del título, fue asunto, quizás por lo insignificante, nunca controvertido o mencionado siquiera en las instancias, de donde su presentación en el recurso extraordinario tipificaría un medio nuevo, esto es, trataríase de “planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habría podido defender la causa. Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmación de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldría a la pretermisión de las instancias, de las formas propias del trámite requerido, con quebranto de la garantía institucional de no ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio” (G.J. LXXXIII, pág. 76).

De esta forma se deja despachado el presente cargo, que tampoco prospera.

Cuarto cargo

Se acusa la sentencia de ser violatoria por aplicación indebida y como consecuencia de errores de hecho en la apreciación probatoria, de los artículos 1612, 1613, 1614, 1615, 2341, 2343, 2347 y 2349 del Código Civil, 2º, 415, 835 segunda parte, 884 y 1398 del Código de Comercio y de los incisos 1º de los numerales 6º del artículo 681 de los códigos de procedimiento civil de 1970 y 1989.

Advierte el recurrente que al dar por acreditada la existencia del daño en este proceso, el juzgador se apoyó solo en el monto de la demanda ejecutiva que en su momento instaurara ‘Valenzuela Huertas y Cía. Ltda.’ contra ‘Ganadería Santa Ana Ltda.’ y en el mandamiento de pago librado en virtud de tal demanda, suma que se precisó en $ 14’709.143.83.

Pero esta cuenta, afirma el censor, es producto de graves errores fácticos, pues en el proceso no fueron demostrados los perjuicios. Por el contrario, la prueba, no considerada por el tribunal, indica que la deuda que se está cobrando en una ejecución aún pendiente, tuvo su origen en la liquidación de la sociedad ‘Ganadería Santa Ana Ltda.’ y que la parte que en ella correspondió al socio ‘Valenzuela Huertas Ltda.’, en la cuantía adjudicada, se le canceló totalmente. Y, además, dice, se “pretende repetir su cobro en este proceso ordinario”.

Y como pruebas que, preteridas por el tribunal apuntan a la anotada conclusión, señala las siguientes:

a. El interrogatorio de parte absuelto por Ana Mercedes Huertas Valenzuela, representante de la entidad demandante.

b. Las sentencias definitorias de las excepciones propuestas en el aludido proceso ejecutivo, en cuya parte motiva se aceptó que el hontanar de la obligación allí cobrada fue la liquidación de la sociedad ‘Ganadería Santa Ana Ltda.’, circunstancia esta asimismo reconocida —confesada— por el apoderado de la ejecutante en el alegato con el cual sustentó la alzada que en tal proceso interpuso contra la sentencia de excepciones.

c. Las escrituras 1004 de 17 de abril de 1989 y 6948 de 24 de diciembre de 1991 de las notarías 35 y 37 de Bogotá con las cuales se protocolizaron las actas de las juntas de socios, documentos que ponen de manifiesto la verdad de lo acontecido con la liquidación de ‘Ganadería Santa Ana’, para decir finalmente que la obligación demandada en este proceso y en el ejecutivo que aún existe, se pagó en la oportunidad prevista al efecto, por lo que en rigor jurídico esa deuda desapareció por solución total de ella.

d. La copia del Cheque 015618 de 23 de abril de 1992, girado por la Corporación Financiera Colombiana contra el Banco de Occidente y a favor de Valenzuela Huertas Cía. Ltda. por la suma de $ 6’695.125.94, que su beneficiaria recibió y cobró, documento que concurre a demostrar el origen de la obligación, su monto y extinción por pago.

e. El informe de 4 de febrero de 1998, rendido por el secretario del juzgado décimo civil del circuito de donde se infiere, según el censor, que “el proceso coercitivo no ha fenecido aún, que sigue vivo”.

Ya para rematar, el censor reitera que la obligación cuyo cobro se inició ejecutivamente y ahora se repite con el proceso cognoscitivo, fue cancelada por su deudor por compensación en parte y en parte con dinero en efectivo, por lo cual no es posible aseverar que su incumplimiento causó perjuicios a la acreedora. Se trata, dice, del cobro sucesivo y repetido de una obligación inexistente; el acreedor, asegura, “recibió el pago y sin embargo socarronamente ha dejado viva la acción ejecutiva, ya iniciada pero abandonada temporariamente, para continuar recabando un pago de lo no debido”.

Consideraciones

Bien mirado el asunto, nótase cómo el recurrente monta el presente cargo en el supuesto de que tanto la obligación cuyo cobro pretende ‘Valenzuela Huertas y Cía. Ltda.’ con el presente proceso ordinario, como la que exige mediante el ejecutivo que en el juzgado décimo civil del circuito de Bogotá adelanta contra ‘Ganadería Santa Ana Ltda.’, tienen un mismo origen —la liquidación de Ganadería Santa Ana— e igual monto, y su extinción por pago ha de predicarse entonces, así de una deuda como de la otra; planteamiento este que permite reiterar al recurrente cómo en el proceso ordinario el actor repite el cobro que igualmente demanda ejecutivamente.

De que el tribunal pretirió el material probatorio que demuestra los anotados hechos, se duele el censor; señala al efecto, que en el procedimiento liquidatorio que fuera protocolizado mediante Escritura 678 de 13 de febrero de 1992 de la Notaría 37 de Bogotá, se le canceló al socio Valenzuela Huertas Cía. Ltda. la parte que por tal concepto le correspondía, imputando a ella la suma anticipada que se le dio en 1988 con motivo de la venta de la finca ‘Jamaica’, el abono al monto de obligaciones preexistentes cuyo descuento autorizó y, finalmente, con el giro del Cheque 015618 de 23 de abril de 1992.

Empero:

a. No es exacto que obedezcan a una misma causa la prestación demandada en el proceso ejecutivo y la reclamada en el cognoscitivo. Cabe afirmar, efectivamente, que es el contrato de sociedad la fuente de la primera de las mencionadas obligaciones, pues es en desarrollo de tal convención que Valenzuela Huertas, socio de Ganadería Santa Ana Ltda., se hace a un crédito en contra de esta última compañía e inicia el respectivo cobro judicial. En cambio, la obligación cuyo pago se demanda en el presente juicio ordinario tiene su origen en el hecho ilícito, y concretamente en la responsabilidad civil extracontractual que se predica del banco en razón de la que se califica como de actitud irregular de la misma.

Ahora, asunto por demás diferente es que el perjuicio que se dice causado por el banco a la parte actora cuando se sustrajo a una orden judicial de embargo recaída sobre un certificado de depósito a término, equivalga, según la sentencia impugnada, a la suma que en razón de la aludida conducta omisiva de la entidad bancaria no logró recaudarse en el proceso coactivo en donde fue emitida dicha orden.

b. De otro lado, es preciso, sí, convenir con el censor en que, así a ojo de buen cubero, en el evento de que Ganadería Santa Ana efectivamente no adeudase la suma de dinero que ejecutivamente le cobraba Valenzuela Huertas y Cía. Ltda., ningún daño habría ocasionado a esta compañía la negativa del banco a cumplir la susodicha orden de embargo. O, en todo caso, que de haber algún perjuicio, este, en tal evento, no podría radicar en el incumplimiento de tal obligación.

Mas el supuesto pago efectuado a la demandante con ocasión de la liquidación de ‘Ganadería Santa Ana’, no pasa de ser mera afirmación, y vana por demás resultaría la tarea de reabrir la discusión al respecto; pues lo cierto es, y así se anota en la sentencia impugnada, que en el proceso ejecutivo a que se viene haciendo mención, el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia proferida el de 28 de julio de 1995 que en copia fue aportada al juicio ordinario, desestimó en su totalidad las excepciones propuestas por la sociedad ejecutada y ordenó seguir adelante le ejecución; de manera que la existencia y vigencia de la deuda cobrada en dicho juicio es una realidad incontrovertible y constituye materia definida mediante decisión judicial protegida con el sello de la cosa juzgada.

Puestas así las cosas, cabe aseverar que, en fuerza del comentado principio de la res judicata presupuesto fáctico indiscutible de la presente acción ordinaria es el de que ciertamente ‘Ganadería Santa Ana’ adeuda a ‘Valenzuela Huertas y Cía. Ltda.’ la suma de dinero cuya cuantía se dejó determinada en el mandamiento ejecutivo librado en el tantas veces aludido proceso ejecutivo, acreencia que permitió al sentenciador deducir la existencia del perjuicio cuya reparación se impetra en este proceso ordinario; con el agregado de que el material probatorio que se dice desestimado, no hace referencia —ni el recurrente así lo pretende— a situaciones extintivas acaecidas con posterioridad al comentado fallo de excepciones de 1995, sino a hechos bien anteriores que debieron ser, si no lo fueron, alegados y ponderados en aquel proceso coactivo.

De donde resulta la improcedencia de abrir en el sub júdice el debate probatorio planteado por el recurrente en este cargo, comoquiera que el mismo no tendría en la práctica finalidad diferente a la de tratar de demostrar una equivocación del tribunal de Bogotá al resolver sobre las excepciones en el precitado proceso ejecutivo, lo cual implicaría, ni más ni menos, sobra decirlo, el cuestionamiento en un proceso cognoscitivo de la decisión tomada en uno coactivo, en franco desmedro del principio de la cosa juzgada.

Mas, todavía por abundar, dado que el acervo probativo añorado por el recurrente hace referencia a lo ocurrido por los años 1991 y 1992 en lo concerniente a la liquidación de la sociedad ejecutada ‘Ganadería Santa Ana Ltda.’ y a las cuentas y pagos que en tal virtud se dicen realizados, viene a propósito resaltar algunos apartes de la sentencia de segundo grado dictada en 1995 en el proceso ejecutivo, en donde el tribunal expuso su criterio precisamente en torno al título de recaudo, al origen de la obligación exigida y a la liquidación efectuada.

Dijo, en efecto, luego de examinar la fuente obligacional, que “el título ejecutivo lo es la confesión efectuada por el representante legal de la sociedad demandada, y en ella manifestó ser deudora de (sic) Ganadería Santa Ana Ltda., de la suma de $ 11’508.801.15, desde el 17 de junio de 1988”. De suerte que si, además, obra en el expediente la Escritura Pública 6948 de 24 de diciembre de 1991 de la notaria 37 de Bogotá, contentiva de la liquidación de la Sociedad Ganadería Santa Ana Ltda., “donde expresamente el liquidador dejó constancia de las sumas entregadas a varios de los socios por concepto de la venta de la Hacienda Jamaica, habiéndose excluido del reparto a la demandante, lo que la legitimaba para el pago”, debe concluirse entonces “que la obligación a cargo de la demandada, existe plenamente” (se resalta).

Para terminar, es preciso referirse al hecho de que el pluricitado proceso ejecutivo no ha fenecido, la prueba de lo cual dice el censor fue menospreciada por el tribunal, destacando tal circunstancia como corroborante de su tesis relativa a la inexistencia del daño.

Empero, no es justa la precedente crítica en cuanto que para el juzgador no pasó desapercibida esa circunstancia, que simplemente estimó indiferente arguyendo que, si bien ese juicio (el ejecutivo) “estaba archivado desde el 14 de noviembre de 1995 y (en él) no se ha materializado medida alguna”, “ese tipo de procesos” solo resulta efectivo en cuanto se hagan efectivas las medidas cautelares, que si no, “el derecho perseguido se torna nugatorio”, rematando así: “De ahí que el Banco de Bogotá cuando se abstuvo de registrar el embargo del certificado de depósito a término número 0360875, por la suma de $ 14’709.143, 83, y ante la ausencia de otros bienes destinados a esa finalidad, impidió que la primera entidad lograra el pago de su acreencia o parte de ella en tal cuantía”.

En otros términos el tribunal, partiendo entonces de que el juicio ejecutivo no ha terminado y considerando tácitamente que no es posible ya en tal proceso obtener el pago de la obligación, o, al menos, desentendiéndose de una posibilidad puramente teórica de lograr allí el cumplimiento, se circunscribe al hecho concreto de que el desacato del banco frente al mandato judicial de embargo, vedó al ejecutante el recaudo del dinero cuya retención habíase ordenado, deduciendo de allí el daño y su cuantía. Luego no pretirió el fallador, cual se censura, la aludida prueba.

En suma, todo lo discurrido enseña claramente que no está acreditado el pago de la obligación cobrada coactivamente, argumento sobre el cual edificó su acusación el censor.

Así, no prospera el cargo.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de procedencia y fecha preanotadas.

Costas del recurso de casación, a cargo de la parte recurrente. Tásense.

Notifíquese y devuélvase oportunamente al tribunal de procedencia.

Magistrados: Nicolás Bechara Simancas—Manuel Ardila Velásquez—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno.

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