Sentencia 7255 de septiembre 27 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CUMPLIMIENTO DE FALLOS DE REINTEGRO

NO DEBE HACERSE REINTEGRO CON TRASLADO

Magistrado Ponente:

Dr. Diego Younes Moreno

Ref.: Expediente 7255

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre veintisiete de mil novecientos noventa y cinco.

Víctor Hernando Alvarado Ardila, solicita se declaren nulas las Resoluciones 112 y 383 de 1984 proferidas por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, Inderena, por cuanto por la primera, se le reintegra al cargo de director regional del Amazonas con sede en Leticia, en cumplimiento de una sentencia, y por la segunda, se revoca la orden de reintegro al citado cargo de director regional con base en que no aceptó dicha designación, por cuanto no se produjo en un empleo con sede en las oficinas principales del instituto en la ciudad de Bogotá.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia denegó las súplicas de la demanda por estimar que de acuerdo con los actos acusados el demandante fue reintegrado en un cargo de mayor jerarquía como lo señalaba el fallo contencioso, y además no se produjo ningún traslado como lo plantea la demanda.

Dijo el Tribunal al respecto:

“La Sala considera que esta impugnación no prospera porque, como ya se dijo en el estudio del “primer cargo”, el acto acusado (Res. 112/84) verdaderamente comprende la decisión de reintegro del empleado al servicio y no el de traslado, como se asevera y se fundamenta en esa nueva impugnación. Tampoco es viable esta impugnación del acto acusado, desde el punto de vista de la “ilegalidad del traslado” porque no es posible admitir que un acto de reintegro del empleado al servicio se ataque por causas relacionadas con la desviación del poder teniendo en cuenta las normas rectoras del traslado, ya que éstas no son aplicables a la anterior institución. El estudio de dichas causas, normas y sus pruebas sería procedente sólo en el evento que el acto comprendiera un traslado, situación que no se reconoció en este caso.

Como ninguna de las causales de anulación formuladas contra la actuación administrativa ha prosperado, se concluye que no se ha logrado desvirtuar la presunción de legalidad que protege los actos administrativos acusados”.

El recurso

El actor interpuso contra el anterior fallo el recurso de apelación, por estimar que como el actor originalmente, y antes del fallo que aho-ra se impugna, fue nombrado en Bogotá, la jurisdicción contencioso administrativa al ordenar su reintegro a un cargo de igual o superior jerarquía, debía hacerlo en esta misma ciudad.

Concluye el recurrente que por lo tanto el Inderena no cumplió con lo ordenado en la sentencia desconociendo así los derechos que le asisten.

El Ministerio Público no rindió concepto de fondo ante esta Corporación.

Consideraciones

1. En esencia el actor no aceptó incorporarse al empleo de director regional del Inderena en Leticia (Amazonas), por estimar que dicho organismo debía reintegrarlo en el cargo de jefe de división o en otro empleo de igual o superior categoría pero radicado en Bogotá, por cuanto el desplazamiento a la ciudad de Leticia le causa perjuicios personales y familiares, y en realidad el Inderena al designarlo como director regional deseaba incumplir el fallo condenatorio.

2. Agrega que el Inderena en virtud de la sentencia condenatoria estaba obligado a reintegrar al actor en el empleo de jefe de división 2040 grado 09 del nivel ejecutivo. Sin embargo, el Inderena lo designó en el cargo de director regional 2035 grado 08, empleo perteneciente al mismo nivel de empleos, aunque se trata de un cargo de mayor remuneración.

3. El punto central, en este sub lite, consiste en aclarar si se dio adecuado cumplimiento al fallo de esta jurisdicción, cuya fotocopia auten-ticada obra en autos, o no hubo satisfacción de sus órdenes.

Por el aspecto de remuneración o por el de jerarquía no parece haber mayor discusión entre la paridad en los cargos. Sin embargo, la Sala no puede dejar de considerar la situación geográfica de los destinos que constituyen la materia a la cual se refiere el sub lite.

No es lo mismo por su status, calidad de vida, desarrollo urbano, condiciones geográficas, etc., un empleo de la capital de la República, capital también de la actividad económica, cultural y social del país, que la de una apartada región, por importante que ella sea, en este caso por su ubicación estratégica.

De otro lado, la sola consulta al asesor jurídico sobre el caso del actor, no sugiere nada ilegal, pero ella unida a la distancia geográfica que tomó el reintegro, dan a la Sala la información de la indisposición de la entidad demandada para cumplir el fallo. El actor hizo manifiesta su inconformidad.

Si hace carrera la circunstancia de que los fallos se puedan acatar en condiciones tan disímiles, entre lo que aspira en juicio un actor y lo que le otorga la administración, se corre el riesgo de fomentar el desconocimiento de los dictámenes de la jurisdicción administrativa, lo cual no conviene al control de legalidad que pesa sobre la administración y previsto en nuestras instituciones como base pilar fundamental del Estado de derecho.

4. Como en la contestación de la demanda se plantea que el organismo encontró dificultades para reintegrar al actor, porque éste en su condición de abogado no reunía los requisitos exigidos en el manual a nivel de cargos de la entidad, conviene señalar que la entidad para evitar esta clase de inconvenientes, ha debido reintegrar al demandante en el empleo del cual fue separado, y para el cual se ordenó primordialmente su reintegro, porque así se daba cumplimiento a la primera opción del fallo. La segunda opción tiende a dar otro camino a la administración, camino que en nuestro caso ella malinterpretó pues la diferencia geográfica era tal que dificultaba la incorporación del actor.

5. Como el actor no reunía los requisitos para desempeñar el cargo de Director Regional en Leticia, Amazonas, no ha debido ser reintegrado en dicho cargo, menos si se alega que en el que ocupaba tampoco los llenaba, porque no hay duda que en éste ordenó reintegrarlo el Tribunal, no al de director regional en Leticia.

Por lo tanto, como el Inderena optó por una vía diferente, y en realidad no dio cumplimiento a los fallos de esta jurisdicción, se revocará la sentencia del Tribunal.

6. Como el Inderena fue suprimido mediante la Ley 99 de 1993, y el actor no era funcionario de carrera que tuviera derecho preferencial a ser reincorporado en la entidad a la cual se trasladaron las funciones o al que se adscribió para su liquidación, que lo fue el Ministerio del Medio Ambiente, no se ordenará su reintegro, sino el pago de lo dejado de percibir entre el día de expedición de la resolución que revocó su reintegro y el día 22 de diciembre de 1993, fecha en que se suprimió el Inderena. Estas obligaciones las asumirá la Nación, Ministerio del Medio Ambiente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE el fallo de 10 de abril de 1992, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en demanda promovida por Alvarado Ardila Víctor Hernando, y en su lugar, se dispone:

DECLÁRANSE NULAS las Resoluciones números 0112 del 1º de febrero de 1984 y 0383 del 26 de abril de 1984 proferidas por el Inderena, por las razones expuestas en esta providencia.

CONDÉNASE a la Nación, Ministerio del Medio Ambiente, y quien en virtud de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Inderena se adscribió a tal ministerio durante el proceso de liquidación, a pagar al actor, los salarios y prestaciones dejados de percibir entre el día 26 de abril de 1984 fecha en que se revocó el reintegro, y el día en que se dé cumplimiento a esta sentencia.

La Nación, Ministerio del Medio Ambiente, descontará al señor Víctor Hernando Alvarado Ardila en aplicación del artículo 128 de la C.N., los salarios y prestaciones que haya recibido del erario público, o de entidades en que tenga parte principal el Estado, en virtud de una vinculación laboral desde cuando fue retirado del servicio y hasta cuando se dé cumplimiento a la presente sentencia.

La Nación, Ministerio del Medio Ambiente, dará cumplimiento a esta sentencia en los términos del artículo 176 del CCA.

Cópiese, notifíquese y cúmplase, y una vez ejecutoriada, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 17 de agosto de 1995.

Carlos Orjuela Góngora—Joaquín Barreto Ruiz—Clara Forero de Castro, salva voto—Álvaro Lecompte Luna—Dolly Pedraza de Arenas, salva voto—Die-go Younes Moreno.

Myriam Viracachá Sandoval, Secretaria (E.).

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo respeto por la decisión mayoritaria de la Sala, estimamos que en el caso sub lite no había lugar a acceder a las súplicas de la demanda, porque la actuación de la administración se ajustó en todo a derecho.

En efecto, el cumplimiento de las sentencias judiciales no puede dar lugar a que se viole la ley o se desconozcan derechos de otros empleados. Por ello, cuando en una sentencia se condena al reintegro del demandante, generalmente y a menos que ello no sea posible por regulaciones de carrera administrativa, se ordena que se reintegre al mismo cargo o a otro de igual o superior categoría, dejando a la administración un espacio de razonabilidad para el cumplimiento del fallo.

En el caso sub judice, así lo ordenó la sentencia que el actor consideró incumplida, y la administración no sólo alegó sino que probó, previamente ante la Procuraduría General de la Nación y luego en el proceso, que al momento de la ejecución de la sentencia, el cargo del que fue removido el accionante se encontraba ocupado y que en los cargos que se encontraban vacantes no era posible jurídicamente reintegrarlo, debido a que el señor Alvarado Ardila carecía de los requisitos legales para desempeñarlos.

No puede entenderse entonces que al optar la administración por reintegrarlo a un cargo de superior jerarquía y sueldo, haya incumplido la sentencia. Por el contrario, obró la administración en la única forma en que era razonable en el momento dentro de las alternativas que le fijó el fallo y ante la insistencia y premura que le exigía el actor, incluso con queja a la Procuraduría General.

Pero además, creemos que como lo dijo el Tribunal de primera instancia, el marco de la demanda no le permitía al juez hacer las consideraciones que se consignan en la sentencia, pues la acusación de violación de la ley por parte del demandante, se fundamentó en la ilegalidad de lo que él consideró fue un traslado, y no siendo ello así, el cargo de violación de la ley por el que fue acusado el acto, no podía prosperar.

Clara Forero de Castro—Dolly Pedraza de Arenas. 

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