Sentencia 7276 de noviembre 18 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7276

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá, D.C., dieciocho de noviembre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

1. Como quedó reseñado, la censura apunta primordialmente a combatir la conclusión del tribunal en el sentido de haber tenido por demostrada la posesión del inmueble por un lapso superior a los 20 años, premisa esta que impone a la Corte la confrontación entre los medios probatorios militantes en el proceso y el raciocinio que el sentenciador extrajo de ellos, con miras a determinar si se cometió el yerro fáctico denunciado.

Bien sabido es que este género de error solo se configura cuando es comprobada una notoria equivocación en la contemplación objetiva de las probanzas, siempre que, desde luego, ella sea trascendente, es decir, influya de manera relevante en la resolución adoptada por el juzgador.

2. Para asumir este cometido ha de fijarse la atención en la pretensión formulada por los demandantes, que, como se vio, está dirigida a obtener una declaración de prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio, a partir de una posesión ejercida en las condiciones impuestas por la ley, como lo pregona el artículo 2518 del Código Civil.

Particularmente, a fin de lograr el éxito de sus aspiraciones, los demandantes invocaron no solo la posesión desplegada personalmente por ellos, puesto que también se han valido de la de sus antecesores, esto es, de la figura de la unión o suma de posesiones —accessio possessionem o accessio temporis—, que para la doctrina jurisprudencial consiste en “autorizar que el poseedor, si así conviene a sus intereses, complete el tiempo necesario, bien sea para la consumación de una prescripción adquisitiva en curso o ya para abrirle paso a las acciones posesorias de “mantenimiento”...” (G.J., t. CCXXVIII, pág. 40).

Del mismo modo, se tiene dicho que “para poder fundar la adquisición extraordinaria de la propiedad en la suma de posesiones, debe el demandante demostrar, conforme lo ha puntualizado reiteradamente esta corporación: “a) que haya un título idóneo que sirva de puente o vínculo sustancial entre antecesor y sucesor, b) que antecesor y sucesor hayan ejercido la posesión de manera ininterrumpida y c) que haya habido entrega del bien, lo cual descarta entonces la situación de hecho derivada de la usurpación o el despojo” (Sent., abr. 6/99, Exp. 4931, entre otras).

“Como es patente, entonces, dentro del conjunto de exigencias que deben conjugarse para hacer posible la agregación de posesiones descuella, por lo que al cargo concierne, el relativo a la cabal demostración de la posesión ininterrumpida ejercida tanto por el demandante, como por su antecesor” (Sent., sep. 21/2001, Exp. 5881, no publicada aún oficialmente).

3. Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, es de verse que si la demanda fue presentada en agosto de 1995, era menester que, como mínimo, se acreditara una serie de posesiones originada en 1975, las que agregadas acreditaran un período de 20 años, como entonces lo exigía el artículo 2532 del Código Civil, modificado por el artículo 6º de la Ley 791 de 2002.

Con este propósito, los demandantes adujeron una cadena de escrituras públicas otorgadas en el período comprendido entre 1973 y 1993, las cuales fueron registradas en el folio de matrícula inmobiliaria 340-0005175 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo, así como otros documentos.

Ahora, en lo que tiene que ver con los extremos cronológicos que serían relevantes para la declaración de pertenencia (1975-1995), la secuencia de vínculos jurídicos, que determinaría también los momentos de inicio y terminación de la posesión de cada uno de los antecesores de los demandantes, puede discriminarse así: a) por escritura pública 346 de 19 de septiembre de 1974 de la Notaría Única de Tolú, Pedro Pablo Álvarez Manrique dijo vender a María Isabel del Valle de Restrepo; b) por escritura pública 83 de 27 de abril de 1978 de la Notaría Única de Tolú, María Isabel del Valle de Restrepo dijo enajenar a Amparo Duque de Evans; c) por escritura pública 2584 de 28 de octubre de 1982 de la Notaría 12 de Medellín, Amparo Duque de Evans transfirió a los promotores de este proceso, Adalberto Jaramillo Quintero y Carmen Emilia Vallejo de Jaramillo; d) por escritura pública 3266 de 10 de septiembre de 1990 de la Notaría 13 de Medellín, Adalberto Jaramillo Quintero y Carmen Emilia Vallejo de Jaramillo dijeron vender a Luis Hernando Dávila Duque, quien, a su turno, por escritura 2224 de 26 de julio de 1993 de la misma notaría vendió a Jorge Iván Gómez Trujillo. Los negocios jurídicos anteriores fueron resciliados por sus respectivas partes, el primero, por escritura pública 3695 de 22 de noviembre de 1993 de la Notaría 13 de Medellín, y el segundo, por escritura pública 2642 de 30 de agosto de 1993 de la misma notaría; y, e) con posterioridad a la disolución de los actos precedentes, por escritura pública 477 de 29 de noviembre de 1993 de la Notaría Única de Tolú, Adalberto Jaramillo Quintero y Carmen Emilia Vallejo de Jaramillo dijeron vender a Néstor Aldana de la Cruz una fracción del inmueble, que, según lo indicado en la demanda, corresponde al 43%.

En este orden de ideas, haciendo abstracción del escrutinio de los vínculos jurídicos trabados entre los demandantes y sus antecesores, la Corte se concentrará en el tema de la posesión, toda vez que fue allí donde se enfocó la primera parte de la censura, cuando denunció un error de hecho por “haber dado por probado, sin estarlo, la suma de las posesiones para alcanzar los 20 años”.

4. El tribunal, sin aludir específicamente a alguna prueba, manifestó que “del acervo recaudado en el proceso se puede colegir la posesión ininterrumpida y sin violencia ejercida por los demandantes sobre el bien señalado en el certificado del registrador de instrumentos públicos anexado al expediente, durante un lapso superior a veinte (20) años, si se suman las posesiones de los antecesores en el dominio del inmueble referido con la que actualmente ejercen los pretensos prescribientes” (cdno. del tribunal, fl. 62). El recurrente, por su parte, fustiga esta conclusión y anota que ninguno de los testigos se remontó al año 1975, en el que, como se anticipó, debían iniciar los 20 años de posesión, “por lo que el tribunal supuso la prueba”.

Ciertamente, del examen de las versiones recaudadas en el curso de las dos inspecciones judiciales, al igual que de los demás elementos que militan en autos, emerge palmariamente que su contenido resulta francamente insuficiente para la demostración de los actos posesorios de los actores y sus predecesores por el término legal. En efecto, este aserto se corrobora plenamente con la revisión de las declaraciones, así: a) Helmer Mejía Ángel dijo conocer a Adalberto y Carmen Emilia hace 13 años y a Néstor hace más o menos 6, como dueños de los predios en los que funcionan un restaurante y una discoteca; agregó que ellos construyeron un quiosco y una casa, adecuaron y rellenaron el terreno para levantar unas cabañas, así como lo han limpiado, cercado, dotado de servicio público de energía y de un pozo; señaló también que la posesión ha sido pacífica y pública, y, al interrogársele sobre la forma como habían obtenido los bienes expresó: “ellos [alude a Adalberto y Carmen Emilia] lo compraron pero no se a quién, pues no conocí a los dueños, pero el señor Aldana de la Cruz le compró una parte a Adalberto Jaramillo y a Carmen Emilia Vallejo de Jaramillo” (se resalta); b) Rodrigo Lalinde Herrera dijo haber conocido a los actores hace más de 10 años, por tener terrenos en la zona; acerca de los actos posesorios por ellos desplegados, relató: “construyeron las cabañas y las mejoras que se ven ahí y consistente de (sic) la construcción de una discoteca, y mejoras con el relleno, ya que esto era pura laguna, y también la construcción de las cercas, y este terreno puede haber llevado unas 400 volquetadas (sic) de tierra para mejorarla, también instaló los servicios de luz y construyó un pozo artesiano”; cuando se le preguntó por la adquisición del lote, anotó que había sido “por compra Amparo Duque de Ebasn (sic)... y por Néstor Aldana por compra a ellos [se refiere a Adalberto y Carmen Emilia]”, y, en lo concerniente a las actividades de la antecesora de los demandantes, se limitó a indicar, sin explicar la razón de su conocimiento, que “ella solo limpieza y mantenimiento, pues los que hicieron fue estos últimos como los esposos Adalberto Jaramillo Quintero y su esposa... y más o menos del 73, es decir que esto ha tenido varios poseedores” (se resalta); c) María del Socorro Barrera de Casiani conoció a Adalberto y Carmen Emilia hace 15 años y a Néstor 10, por ser propietarios del lote, en el cual “hicieron una discoteca, un kiosco, lo han rellenado, lo han cercado y limpiado, y yo trabajé una vez con el doctor Adalberto Jaramillo aquí en este predio cuidándolo y cuidándole las matas que están aquí”; añadió que la posesión ha sido pacífica, y que “ellos se los compraron [los predios] a una señora llamarse Amparo (sic) y ella cuando era dueña sólo lo limpiaba lo tenía cercado, y ella duró un largo tiempo como diez años” (se resalta), sin exponer la razón de la ciencia de su dicho, como tampoco la manera como dicha información llegó a su conocimiento; y d) Benjamín Sotomayor Urzola expuso conocer a los demandantes, “ya que aproximadamente hace veintitrés (23) (sic) toda la zona está invadida” y que “desde ese tiempo están poseyendo dicho bien”, sin decir el origen de su apreciación. Concluyó que “el lote actualmente de los prescribientes (sic)... por el tiempo de estarlo poseyendo creo que ganaron dichas prescripciones ya que no han sido molestados jamás por entidad o persona alguna”.

En gracia de discusión, con un análisis permisivo de tales declaraciones se llegaría a dar por establecida la posesión, en el mejor de los casos, en la franja comprendida entre abril de 1978, cuando ingresó al predio Amparo Duque de Evans, y la fecha de presentación de la demanda —ago. 14/95—, es decir, por 17 años, quedando sin evidencia el período restante (1975-1978), sobre el cual se guardó un mutismo total y absoluto, al punto que puede afirmarse que no obra ninguna prueba dentro del expediente que siquiera se refiera a él, y, mucho menos, que señale la persona que ocupaba el inmueble para dicha época, o las circunstancias en que ello ocurría. Evidentemente, el conocimiento de los deponentes apunta al período en que los demandantes han poseído personalmente el inmueble, esto es, Adalberto Jaramillo Quintero y Carmen Emilia Vallejo de Jaramillo desde 1982 [escritura pública 2584, antes mencionada], al paso que Néstor Aldana de la Cruz desde 1993 [escritura pública 477], sin que pueda atribuirse mayor significación a las afirmaciones hechas por Rodrigo Lalinde Herrera y Benjamín Sotomayor Urzola, cuando el primero, de manera abstracta e inexplicable, pues no dio la razón de la ciencia de su dicho, pretendió remontarse al año de 1973, y el segundo habló de una posesión de 23 años, hecho que, amén de no haber sido planteado por los actores, quienes, al contrario, conscientes de la cortedad de su posesión, invocaron la figura de la unión o agregación de estas, tampoco estuvo asistido de una cabal explicación.

Adicionalmente, resulta inocultable que los testimonios poco o nada aportan en torno a la posesión de Amparo Duque de Evans, antecesora de Adalberto y Carmen Emilia, quien supuestamente habría ocupado el bien entre 1978, cuando lo adquirió a María Isabel del Valle de Restrepo mediante la citada escritura pública 83, y 1982, año en que lo vendió a la pareja Jaramillo-Vallejo, por escritura pública 2584, pues, por un lado, no fue siquiera mencionada en los relatos de Benjamín Sotomayor Urzola y Helmer Mejía Ángel, habiendo dicho este último, incluso, que “ellos lo compraron no se a quien, pues no conocí a los dueños”, y, por otro, Rodrigo Lalinde Herrera y María del Socorro Barrera de Casiani, apenas si dijeron conocerla, mediante una aseveración desligada de cualquier circunstancia de modo, tiempo o lugar, a lo que agregaron coincidentemente que ella solo hacía “limpieza y mantenimiento” del predio, circunstancias aisladas e intemporales que no corresponden a aquellos actos de explotación económica que permiten identificar inequívocamente a un poseedor.

Y, definitivamente, donde no aparece absolutamente nada, es en relación con el período anterior a 1978, dentro del cual era imperioso acreditar la posesión del respectivo antecesor en la cadena de títulos —María Isabel del Valle de Restrepo—, como mínimo hasta 1975, para efectos de completar los 20 años. Salta, pues, a la vista que ninguna prueba se enderezó a demostrar quién poseyó el inmueble durante tal lapso, ni las condiciones en que lo hizo.

Esta última deficiencia, que basta por sí sola para malograr las pretensiones, tampoco aparece subsanada por los restantes elementos arrimados durante la inspección judicial practicada en la primera instancia, como fueron el paz y salvo de impuesto predial de 1995 y 1996, y las autorizaciones de la alcaldía municipal de Tolú y la Capitanía de Puerto para la construcción de un quiosco en este último año (cdno. de pruebas parte demandante, fls. 7-11), ya que tales documentos corresponden a un período de tiempo bien distinto de aquel donde se echa de menos la presencia de la prueba de los actos posesorios (1975-1978).

Se muestra así que los demandantes desatendieron la carga demostrativa que manda la ley, pues, en esta especie de asuntos, como lo ha pregonado la doctrina jurisprudencial, “además de requerirse prueba del vínculo jurídico entre el actual poseedor y su antecesor, también es necesario acreditar que este último también poseyó el bien” (G.J., t. CLIX, pág. 357), cuestión esta que, como quedó explicado, no se cumplió en la medida y extensión necesarias para determinar el buen suceso de la usucapión. No en vano ha dicho esta corporación que “cuando se trata de sumar posesiones, la carga probatoria que pesa sobre el prescribiente no es tan simple como parece, sino que debe ser “contundente en punto de evidenciar tres cosas, a saber: Que aquellos señalados como antecesores tuvieron efectivamente la posesión en concepto de dueño pública e ininterrumpida durante cada período; que entre ellos existe el vínculo de causahabiencia necesario; y por último, que las posesiones que se suman son sucesivas y también ininterrumpidas desde el punto de vista cronológico (G.J., t. CCXXII, 19, sent. de ene. 22/93)” (Sent. de jul. 29/2004, Exp. 7571, no publicada aún oficialmente; se resalta).

5. Recapitulando, una vez analizada una de las aristas de la impugnación, surge que el sentenciador tuvo por completo el período posesorio que reclama la ley para la usucapión extraordinaria, cuando ello no era así, elemento que al faltar, per se, determina que se torne imposible la suma de posesiones, pues este es, junto con el vínculo jurídico, presupuesto para estructurar tal agregación.

Ciertamente, quedó visto que no fue demostrada la posesión del antecesor de turno —María Isabel del Valle de Restrepo— en el período extendido entre 1975 y 1978, y que la que podía corresponder a Amparo Duque de Evans tampoco obtuvo cabal comprobación, pues sobre el particular la prueba es notoriamente deficiente.

Aflora, por tanto, el éxito de la acusación, pues son evidentes los yerros que llevaron a la infracción de las normas sustanciales que gobernaban el asunto, y, además, es nítido que de no haberse incurrido en ellos, el contenido de la decisión habría sido indudablemente diverso.

6. Se abre paso el cargo.

V. Sentencia sustitutiva

1. Para proferir el fallo que deba reemplazar el del tribunal, es suficiente expresar que, como repetidamente lo ha señalado la Corte, los elementos que configuran la prescripción adquisitiva de dominio, en la modalidad extraordinaria, son los siguientes: a) posesión material en el usucapiente; b) que la cosa haya sido poseída, como mínimo, durante veinte años —actualmente 10 años, Ley 791 de 2002—; c) que la posesión se haya verificado de manera pública e ininterrumpida; y d) que la cosa o derecho sobre el cual se ejerce sea susceptible de adquirirse por usucapión.

Y cuando se acude a la institución de la suma de posesiones es menester acreditar, amén del vínculo jurídico que los una, que el prescribiente y su antecesor o sus predecesores igualmente poseyeron el bien.

En el caso concreto, los demandantes acudieron infructuosamente a la mencionada figura, pues, como quedó explicado, no lograron establecer una posesión completa por el período de veinte años previsto en la ley.

2. Puestas así las cosas, al no estar cumplidos cabalmente los presupuestos de la acción, se impone la revocación de la sentencia estimatoria de primera instancia, para, en su lugar, denegar las pretensiones de los actores.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 17 de marzo de 1998 proferida por la Sala Civil —Familia— Laboral el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, en el proceso ordinario antes referenciado, y, obrando en sede de instancia, conforme a lo preceptuado por el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVE:

1. REVOCAR íntegramente la sentencia de 22 de julio de 1997 fulminada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo.

2. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

3. CONDENAR a los demandantes en las costas de primera y segunda instancia, que favorecerán a la sociedad opositora. Liquídense conforme a la ley. Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

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