Sentencia 7286 de mayo 18 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

CASACIÓN PENAL

CAMBIOS EN EL NUEVO CÓDIGO

EXTRACTOS: «En realidad, no puede pensarse que las modificaciones hechas a la reglamentación del recurso extraordinario de casación por los decretos 050 de 1987 y 2700 de 1991, lo hayan desnaturalizado de tal modo que practicamente pasó a convertirse en una instancia más, que se puede excitar sin formalismo alguno y en desarrollo de lo cual lo que antes era de competencia exclusiva del actor, haya pasado a ser de conocimiento oficioso de la Corte. Nada más alejado de la realidad normativa que esta apreciación, que por lo mismo resulta totalmente equivocada.

Si se analizan las normas atinentes al recurso extraordinario de casación plasmadas en el Decreto 050 de 1987 (art. 218 y ss.), se advierte con facilidad que tal vez la única modificación introducida a la regulación anterior que merece destacarse, sea la que consagra una excepción al principio de limitación que rige este recurso y que aparece prevista en el inciso segundo del artículo 227. En virtud de esta norma, la Corte podrá, oficiosamente, declarar la nulidad que afecte el proceso. Claro que en realidad este cambio no fue nada novedoso, porque desde mucho antes ya la jurisprudencia de esta Corte venía procediendo, de oficio, a declarar las nulidades que de manera ostensible viciaran el proceso.

El nuevo Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), en verdad, hizo más profundos cambios a la casación. Merecen destacarse los tres más sustanciales, pues varios otros se refieren exclusivamente al trámite:

a) En primer lugar, amplió la cobertura del recurso, al permitir interponerlo no sólo contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales, por delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de cinco años, sino también, aunque de manera excepcional y dejando siempre su admisión librada a la discrecionalidad de la Corte, contra sentencias de segunda instancia, así no hayan sido dictadas por los Tribunales, y sin importar la calidad ni la cantidad de la pena prevista para el delito —inciso final del artículo 218— (cfr. auto de oct. 28/92, Mag. Pte. Dr. Juan Manuel Torres Fresneda).

b) Otra modificación importante consiste en que extendió un poco más las excepciones al principio de limitación, toda vez que en virtud de lo dispuesto por el artículo 228, ahora no solamente es posible declarar de oficio las nulidades que afecten al proceso, sino que también se puede “casar la sentencia cuando sea ostensible que la misma atenta contra las garantías fundamentales”, así la demanda de casación no se haya ocupado de este aspecto. Aquí también es oportuno advertir que desde antes la Corte venía ya protegiendo las garantías fundamentales, a través de la nulidad, oficiosamente declarada.

c) Una última innovación, también importante, es la que tiene que ver con la posibilidad de formular cargos excluyentes, a condición de que el recurrente los plantee “separadamente en el texto de la demanda y de manera subsidiaria” (art. 225, inc. final).

Pues bien. Todas estas modificaciones (ampliación de la cobertura del recurso, incremento de las facultades oficiosas de la Corte y la posibilidad de formular cargos excluyentes) que ha tenido la regulación de este recurso, de ninguna manera lo han desnaturalizado, pues éste sigue siendo lo que tradicionalmente ha sido: un recurso extraordinarios, que requiere de una especial técnica para su fundamentación y decisión, y que está regido por los principios de la taxatividad, de la limitación y de la prioridad.

Se dice que es un recurso eminentemente técnico de su formulación, porque al no tratarse de una instancia más en la cual el adquem tiene la facultad para juzgar ex-novo con la misma amplitud del aquo, sino de un recurso extraordinario, en el cual se ataca la sentencia por errores in judicando o in procedendo, es preciso que en la demanda, que no es más que el escrito sustentatorio del mismo, se señale la causal de casación que se invoca dentro de las taxativamente previstas en la ley, explicando con claridad y precisión sus fundamentos.

La Corte, igualmente, con la técnica propia, deberá estudiar el contenido de la demanda para decidir si satisface los requisitos legalmente exigidos. Si la admite, al momento de entrar a resolver el recurso y en virtud del principio de limitación, no podrá ocuparse, como norma general y salvas las excepciones ya anotadas, del estudio de causales distintas de las invocadas, ni corregir o ampliar la fundamentación que de ellas se hizo en la demanda.

Tampoco podrá la Corte eludir el principio de la prioridad, en virtud del cual unas causales deben resolverse con prelación sobre otras y en orden diferente del de su enunciación legal, no obstante que la prosperidad de una cualquiera de ellas invalida el fallo impugnado. Ello sucede con la causal tercera, que, ordinariamente, de prosperar dejaría sin valor no sólo la sentencia, sino también parte del proceso, razón por la cual es obligatorio para la Corte resolver lo atinente a esta causal en primer término, sin importar el orden establecido en la demanda y prefiriendo dentro de ella los cargos según el mayor grado de irradiación que sus efectos alcanzarían a producir en caso de prosperar el ataque. No hacerlo así y resolver la prosperidad de otras causales sin respetar este principio, implicaría proferir una sentencia, la de sustitución, en un proceso viciado de nulidad, incurriendo así en el mismo vicio imputado al fallo recurrido. ¡Qué paradoja!

Si la demanda de casación hubiera quedado desprovista de sus requisitos técnicos, pues desde luego que el legislador habría abolido el auto admisorio, y con él, la posibilidad de su rechazo in limine. Pero no fue así. Hasta el nuevo Código de Procedimiento Penal exige un pronunciamiento expreso sobre este punto y faculta a la Corte para declarar desierto el recurso, “si la demanda no reúne los requisitos” (art. 226)».

(Sentencia de casación, mayo 18 de 1993. Radicación 7286. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz).

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