Sentencia 7288 de mayo 21 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7288, mayo 21 de 2002

Magistrado Ponente:

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

EXCLUSIONES EN EL CONTRATO DE SEGURO

LA BUENA FE DEL TOMADOR NO HACE INEFICAZ UNA CLÁUSULA OBJETIVA

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia de fecha 12 de junio de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso ordinario de mayor cuantía adelantado por María Doris Piedrahita Restrepo contra la compañía Suramericana de Seguros S.A.

I. El litigio

1. De modo principal, se pidió en la demanda que se declare que durante la vigencia de la póliza de seguros Nº 34126 expedida por la compañía demandada, ocurrió el siniestro consistente en el hurto de un vehículo de propiedad de la demandante, y, en consecuencia, que se ordene a aquélla pagar la suma de dinero correspondiente a la indemnización proveniente del amparo otorgado, así como los perjuicios moratorios originados por la negativa a cubrir el importe del seguro, más los intereses y la indexación a partir del 8 de mayo de 1994.

Subsidiariamente, solicitó que se declare responsable “extracontractualmente” a la sociedad aseguradora por los perjuicios derivados de “una culpa en el período precontractual, imputable a la demandada es la causa de que la demandante se creyera asegurada y existía riesgo asegurable, cuando no lo estaba”; que, en consecuencia, se le condene a pagar los perjuicios consistentes en la suma de $ 22.000.000 por concepto de daño emergente, y $ 13.860.000 por lucro cesante en monto reajustado “mes por mes” conforme a la pérdida del poder adquisitivo, desde mayo 8 de 1994 hasta la fecha de pago, más los intereses de mora.

2. Las anteriores pretensiones se basan, en síntesis, en los hechos y afirmaciones siguientes:

a) La demandante figura como tomadora, asegurada y beneficiaria de una póliza de automóviles expedida por la compañía demandada, cuya vigencia se estableció en el contrato de seguro contenido en ella entre el 11 de febrero de 1994 e igual fecha de 1995, la cual “amparaba el vehículo de placas ADK 055, motor 3688676, chasís y serie RN 1067004253, marca Toyota Hilux, modelo 1993, contra hurto y otros amparos”;

b) El 8 de abril de 1994, cuando se encontraba vigente la citada póliza, varios “pistoleros asaltaron a la señora Piedrahita Restrepo, en la calle 33 con carrera 78 de la ciudad de Medellín y la despojaron de este automotor huyendo con rumbo desconocido”;

c) La asegurada dio aviso inmediato a la compañía e hizo la correspondiente reclamación, la cual fue objetada por la sociedad demandada, quien adujo que el vehículo asegurado era de dudosa procedencia; que faltaba identificar técnicamente su numeración y seriales; que la documentación del mismo era irregular; y que, por ende, no se había cumplido con los requisitos exigidos para asegurar esa clase de riesgo;

d) La compañía aseguradora antes de otorgar la respectiva póliza efectuó la correspondiente inspección del vehículo, confrontándolo con la información suministrada por la asegurada, y no hizo ningún reparo, “o sea que la aseguradora tuvo conocimiento de las condiciones generales del vehículo, su documentación, estudio técnico antes de celebrar el contrato y que fueron relevantes para contratar";

e) La demandante pidió que se reconsiderara el caso, pero la compañía demandada no solo mantuvo su posición, sino que se negó a devolver la documentación presentada por la reclamante, aduciendo después su pérdida y dilatando el trámite subsiguiente; además, “dio por terminado el contrato de seguro en forma abrupta, irregular, arbitraria y, lo peor, a posteriori, interpretó el contrato y la reclamación en forma acomodaticia y parcializadamente”, tanto que devolvió la mencionada póliza apenas el 10 de abril de 1996, “cuando se creyó que operaba el fenómeno prescriptivo”, y

f) La suma asegurada se determinó en $ 22.000.000 “y la póliza se pagaba por instalamentos en la compañía Sufinanciamiento con cargo a la obligación 00210031912. Por lo tanto, la aseguradora retardó injustificadamente el pago de la indemnización”, razón por la cual en los recientes seguros que la demandante y su familia han contratado con esa misma sociedad no ha adquirido el de hurto, “por falta de credibilidad en la compañía”.

3. Surtido el traslado, la demandada se opuso a las pretensiones y adujo que el bien respecto del cual se contrató el seguro, ya había sido también hurtado a comienzos de ese mismo año de 1994, época en la que tenía placas diferentes y era propiedad de Gabriel Jaime Henao Jaramillo, quien lo había registrado en la dirección departamental de tránsito de Antioquia; “por tanto el posterior registro ante la autoridad de Andes es irregular e ilegal”; a ese respecto propuso numerosas excepciones, entre las cuales, por ser aquí pertinente, se encuentra la de “exclusión de amparo”.

4. Concluido el trámite de la primera instancia, el juzgado de conocimiento declaró infundadas las excepciones propuestas, condenó a la compañía demandada apagar la suma de $ 22.000.000 como indemnización por la pérdida del vehículo de conformidad con lo pactado en la póliza 349126, más sin indexación ni intereses. Apelaron ambas partes y, en lo suyo, el tribunal, confirmó la negativa de las excepciones y la condena impuesta a la compañía para el pago de la indemnización del vehículo siniestrado; en cambio, revocó el rechazo de la indexación y los intereses, en cuyo lugar condenó a la demandada apagar intereses moratorios sobre el valor de la condena, “a la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago, a partir del 17 de mayo de 1994”.

II. Fundamentos del fallo del tribunal

En lo de fondo, son los siguientes:

1. Se da por demostrada la existencia del contrato de seguro, así como la ocurrencia del siniestro; además, se le concede razón a la demandante respecto de que aportó, junto con la reclamación, la documentación requerida para el efecto, aspecto sobre el cual la aseguradora había afirmado que no recibió el original de la póliza.

2. En cuanto a la objeción a la reclamación consistente en se hallaba excluido del amparo si el vehículo asegurado no se halla matriculado de acuerdo con las normas de tránsito o si ha sido objeto de un ilícito, “sean estas circunstancias conocidas o no por el tomador”, afirma el tribunal que para armonizar los preceptos protectores de la libertad contractual con las normas de orden público, es apenas natural entender que la compañía aseguradora se proteja contra la mala fe de los tomadores, asegurados o beneficiarios, y defina “como no amparado el vehículo automotor que haya sido objeto material de un ilícito contra el patrimonio de las personas”.

Con todo, esa cláusula tiene viabilidad cuando dicha circunstancia “fue conocida o debió conocerse previamente por el tomador, asegurado o beneficiario”; por lo tanto, “es injusto que esta misma protección se preste a la aseguradora en dicha cláusula, definiendo como no amparado el vehículo automotor que haya sido objeto material de un ilícito contra el patrimonio de las personas, antes de asegurarse, sin importar que esta circunstancia no haya sido conocida o debido ser conocida, previamente por el tomador, asegurado o beneficiario, es decir, haciendo caso omiso de la buena fe del otro interesado en el mencionado contrato”.

3. Esa injusticia debe sanearse mediante la aplicación preferente de las normas de orden público sobre dicho acuerdo de carácter privado que transgrede el interés general; así, pues, mediando, como aquí sucedió, la buena fe presunta de la asegurada le corresponde a ésta únicamente demostrar la ocurrencia del siniestro y a la compañía demandada la causal eximente de responsabilidad.

Ciertamente que ante la exclusión del amparo por haber sido el vehículo objeto de un acto delictivo precedente a la celebración del contrato de seguro, la sociedad demandada no tendría la carga de demostrar la mala fe de la demandante, “pero esta cláusula, que es un acto privado que igualmente desconoce el principio de presunción de buena fe, debe ceder frente a éste principio en el artículo 835 Código de Comercio que, como se dijo, es norma de orden público o de interés general”; tal primacía, la del interés general por aplicación de los principios de la buena fe y de la presunción de buena fe, sobre el interés particular emergente de la autonomía de la voluntad privada, se halla autorizada por el artículo 230 de la Constitución Política, según el cual “la equidad, que es justicia aplicada al caso concretó, es criterio auxiliar de la actividad judicial”.

4. De otro lado, tampoco se demostró que el vehículo respecto del cual se contrató el seguro haya sido objeto de algún hecho ilícito acaecido antes de la expedición de la referida póliza, por cuanto el automotor objeto del primer hurto aparece inscrito con la matrícula BWT 435 de la dirección de tránsito departamental de Antioquia, inicialmente como de propiedad de Gabriel Jaime Henao y después de la aseguradora “Agrícola de Seguros” que le pagó al anterior dueño la indemnización del valor asegurado, sin que se haya presentado su sustracción material, compañía que a su vez lo vendió el 3 de febrero de 1997 a Héctor Francisco Celis.

En cambio, el automotor de que aquí se trata tenía la matrícula ADK 055, y fue vendido por el concesionario “Cardaza Ltda.” a José Mauricio Suárez el 3 de febrero de 1994, y así fue inscrito en la Secretaría de Tránsito de Andes; después pasó a ser propiedad de María Doris Piedrahita desde el 5 de marzo de 1994, a quien finalmente la despojaron de él por hurto del que fue víctima el.8 de abril siguiente; por lo tanto, cabe afirmar que aunque ambos vehículos “son portadores de idéntico serial”, la existencia de matrículas diferentes, el hecho de encontrarse el primero en poder de su actual propietario y la circunstancia por la cual la matrícula del que figuró como propiedad de la asegurada no ha “sido impugnada ni tachada de falsa”, permite concluir “que son dos los vehículos y que mientras el uno tiene matrícula vigente, el segundo, el de la demandante asegurada, ha sido objeto de hurto y ha de encontrarse en manos del agente activo de ese delito”.

5. Otro soporte de la conclusión referida, radica en el hecho de que la compañía aseguradora Agrícola de Seguros S.A., tuvo en su poder el vehículo con placas BWT 435, desde el 22 de febrero de 1994 (sic) hasta el 3 de febrero de 1997 sin que durante este lapso haya sido objeto de sustracción alguna, de manera que cuando despojaron a la demandante del vehículo por cuyo seguro reclama, el otro automotor continuaba en poder de la compañía de seguros referida “y con inscripción vigente al punto de que lo enajenó en el año de 1997. O sea que en tales condiciones, resulta indemostrada la afirmación de que el vehículo de la actora aquí, fue objeto de un ilícito antes de asegurarlo la demandada”, inferencia que confirma, además, el estudio técnico por el cual se determinó que los sistemas de información del vehículo hurtado a la actora son originales de fábrica.

6. En ese orden de ideas, como la actora demostró la ocurrencia del siniestro, e igualmente la cuantía de la pérdida, y como la compañía demandada no demostró ninguna causal de exoneración de responsabilidad, ésta debe asumir el pago de la indemnización incrementada con los intereses moratorios a partir del mes siguiente a la fecha en que la asegurada acreditó su derecho, es decir, desde el 17 de mayo de 1994 y hasta que se efectúe el pago total de la obligación, por lo que sólo en tal aspecto se revoca la decisión de primer grado.

III. La demanda de casación

Dos cargos fórmula el recurrente, ambos con respaldo en la causal primera de casación, los cuales se deben integrar, cuanto que se complementan, pues atacan sendos pilares del fallo impugnado.

Cargo primero:

1. Se acusa a la sentencia del tribunal de haber quebrantado, en forma directa y por falta de aplicación, el artículo 1602 del Código Civil; y, por aplicación indebida, los artículos 835, 871, 1053, 1077 y 1080 del Código de Comercio.

2. La sentencia desconoció la intención de las partes contratantes al negar valor a la cláusula que entre las exclusiones del amparo contempló el hecho de que el automotor sobre el cual recae el seguro hubiera sido objeto de un ilícito, aunque de ese hecho no tuviera conocimiento el asegurado, tomador o beneficiario, con apoyo en que la aplicación de tal acuerdo contraría, por sí misma, el principio de la buena fe del contratante y de la presunción que en ese sentido cobija a éste, según las normas que sobre el particular contempla la ley mercantil; sin embargo, los artículos 835 y 871 del Código de Comercio que el fallador hizo actuar no regulan “de manera alguna la cuestión controvertida”, lo que pasa a demostrar en los siguientes términos:

a) El artículo 871 del Código de Comercio no es aplicable al caso debatido, toda vez que dicho precepto se refiere a la buena fe que debe imperar en materia contractual, no sólo al momento de celebrarse el contrato sino también al del cumplimiento de las obligaciones que de él dimanan, pero no como premisa en orden a la interpretación o alcance de las cláusulas contractuales, “las cuales se rigen por otras disposiciones";

b) Tampoco se puede entender incluido el artículo 835 de ese estatuto que “no es sino la expresión de la manera como ha de ser entendida la llamada buena fe exenta de culpa, esto es, aquella buena fe que en el ejercicio de ciertos derechos y en particular el de propiedad, no puede consistir en la simple creencia de tenerse la cosa por medios legítimos, exentos de fraude, sino que ha de estar acompañada de una mayor diligencia encaminada a impedir que sea aquella buena fe una simple actitud pasiva”, y

c) Desconoció, en cambio, el artículo 1602 del Código Civil, aplicable en materia mercantil por remisión que al efecto hace el artículo 822 del Código de Comercio, cuyo tenor demarca el principio por el cual el contrato es ley para ellas y no puede desconocerse sino por mutuo acuerdo o por causas legales “entre las cuales no se cuenta, ciertamente, dice el impugnante, el arbitrio judicial"; a ese respecto, no pueden los jueces desconocer la voluntad de las partes “porque aquellos crean, como ocurre en el caso, de esta litis, que el acuerdo de las partes vulnera principios tomados de disposiciones legales que nada tienen que ver con las razones que tuvieron en cuenta las partes para establecer una o varias exclusiones”, concepto equivocado que llevó al tribunal a ordenar la indemnización en favor de la parte demandante, la cual, en esas condiciones, causa un “injusto agravio a la compañía aseguradora demandada",

Cargo segundo:

1. En él se acusa la sentencia impugnada de haber quebrantado, de modo indirecto y como consecuencia de errores manifiestos de hecho en la apreciación de las pruebas, los artículos 1053, en el numeral 3º; 1077 y 1080 del Código de Comercio.

2. En resumen, el recurrente aduce lo siguiente:

a) La identidad entre uno y otro vehículo, que el tribunal encuentra diferentes, se demuestra con la factura de venta 1605 expedida el 25 de septiembre de 1993 por la concesionaria Autoamérica S.A. en favor de Gabriel Henao Jaramillo; la carta en la que dicha concesionaria confirma esa venta a la oficina de tránsito de Medellín y la denuncia del hurto de ese vehículo, camioneta Toyota Hilux RN106, tipo Pickup, color beige clarometal, chasís RN1 a continuación 067004253, motor 3688676 y año 1993;

b) Igualmente, la resolución de la fiscalía delegada en la que se ordena la apertura de investigación por la ocurrencia de ese ilícito; la Resolución 513 de la Secretaría de Gobierno de Antioquia “por medio de la cual se ordena levantar sellos de anulado por hurto y cancelación y se ordena rematrícula del vehículo de placas BWT 435, el 22 de agosto de 1996”; Resolución 95 mediante la cual se cancela la licencia de tránsito de la camioneta objeto de hurto y oficio 99-141 de la Fiscalía General de la Nación, unidad segunda de investigación, por la cual se solicitó al jefe de sección archivo parque automotor de Medellín abstenerse de autorizar cualquier clase de transacción con respecto a dicho vehículo;

c) También el oficio 99-147 de la Fiscalía Delegada 99 de Medellín dirigido al jefe de grupo de automotores en el que se solicita la inmovilización de la camioneta en mención; el oficio 99-148 de esa misma fiscalía dirigido a la unidad de automotores; ampliación de la denuncia de Gabriel Henao Jaramillo; resolución de la fiscalía mediante la cual reactiva la investigación con base en esa misma ampliación; póliza de seguro expedida por Agrícola de Seguros en la que Gabriel Henao Jaramillo figura como tomador y beneficiario del amparo que posteriormente la citada compañía pagó, y

d) Lo mismo el oficio 10114 POAUT-997 de la dirección de policía judicial, sección automotores de Bogotá, mediante el cual se informa que la camioneta fue recuperada en la ciudad de Cartagena el 15 de noviembre de 1994 con placas ADK-055 y puesta a disposición de las autoridades de la ciudad de Medellín; informe del estudio técnico por el cual se constató la identificación del vehículo recuperado con el que fuera objeto de hurto y en el que se estableció que los sistemas de identificación eran los originales de fábrica; las constancias relacionadas con la reactivación que se dio al proceso iniciado con base en la denuncia formulada por la ahora demandante a raíz de la recuperación del vehículo y las que hacen relación con los informes dados por los investigadores, mediante los cuales determinan que uno y otro vehículo son el mismo, así como la ampliación de la denuncia de la acá demandante, “en la que relata la forma como adquirió el vehículo con placas ADK-055” y cuyos apartes transcribe la censura; el informe de un segundo resultado técnico en el que se concreta que el vehículo recuperado es el mismo que le fuera hurtado inicialmente a Gabriel Henao Jaramillo y luego a María Doris Piedrahita Restrepo; y, finalmente, el acta de entrega del vehículo en mención a la compañía Agrícola de Seguros S.A. “propietarias con posterioridad al pago del siniestro” del vehículo tantas veces mencionado.

3. Las pruebas antes referidas fueron pedidas por la compañía demandada para demostrar las excepciones, y, de haberlas apreciado, el tribunal habría concluido que el vehículo que le fue hurtado a la demandante es idéntico al que antes había sido objeto de similar ilícito, “y no, como contra toda verdad lo quiere el fallador de segundo grado, que se trata de dos vehículos diferentes"; a consecuencia tales yerros manifiestos de hecho, el fallador aplicó indebidamente las normas relacionadas en el cargo, y dejó de aplicar la cláusula de exclusiones de amparo, causándole “injustificado agravio a la compañía aseguradora” por lo que debe casarse la sentencia para que la Corte en sede de instancia revoque el fallo de primer grado y absuelva a la compañía demandada de las pretensiones formuladas en su contra.

IV. Consideraciones de la Corte

1. Adelantadamente puede advertirse en un plano estrictamente jurídico que el tema de la exclusión disputada por las partes, y defendido por el casacionista, atañe fundamentalmente con el arbitrio que le asiste al asegurador de delimitar los riesgos, por el cual se halla habilitado, salvo restricciones legales que no vienen al presente caso, para “asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”, según dispone el artículo 1056 del Código de Comercio, ejercicio que resulta extraño, en principio, a la buena fe contractual, en el sentido de que ésta no se contradice, por regla general, cuando se obra en ejercicio de una facultad legal o contractual.

En la especie de este proceso, ciertamente que la demandada asumió el riesgo de hurto de un vehículo que no estuviera envuelto en situaciones irregulares precedentes constitutivas de un ilícito o que se hubieran presentado en perjuicio de terceros, las que de darse no quedaba cubierto aquel ni ningún otro amparo, lo cual a la luz de la norma citada, corresponde a un pacto válido y a una conducta correcta y, por tanto, libre de reproche, mucho más si en cumplimiento de claros preceptos legales que hoy rigen la actividad aseguradora la cláusula de exclusión aparece en la póliza no solo adelante, sino en caracteres visibles para el tomador.

2. Hecha la anterior precisión, sin embargo observa la Corte, por ser aquí pertinente, que en materia de aplicación e interpretación de las cláusulas de un contrato se conjuga una compleja investigación, pues, a la par que exige escrutar sus términos y la verdadera intención de las partes contratantes para encontrarle a aquéllas su fuerza y eficacia, no puede perderse de mira, entre otros aspectos, el postulado de la buena fe con que deben obrar los sujetos participantes en la creación del vínculo; todo con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de éste, y de evitar que pueda presentarse un menoscabo patrimonial injustificado en contra de alguno de ellos y en favor del otro; en esa tarea, el juez debe desempeñar un papel activo en grado sumo, sobre todo tratándose de contratos que por imperativo de la masa de relaciones económicas que suele cubrirse con ellos, se hallan preestipulados, imponiéndose sus cláusulas a quienes lo celebran por adhesión, o sea sin mediar una genuina y libre discusión de aquéllas, cual acontece, de ordinario, en el contrato de seguro.

3. Con todo, en desarrollo de esa función activa no se halla facultado el sentenciador para obrar a su antojo, ni para dejar sin efecto previsiones de orden contractual en las que, aun dispuestas bajo el concepto de condiciones generales, las cuales, por serio, corrientemente escapan a un análisis previo y detallado de quien se adhiere a ellas, si tampoco aflora la intención del otro sujeto contratante de sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones cuando sea la oportunidad de acatarlas; en particular, le está vedado al fallador, so capa de obrar en equidad, erradicar la convención o una de sus cláusulas a fuer de sobreponer principios que, como el de la buena fe, no habilitan, per se, para obrar de ese modo.

4. En verdad, cuando esta corporación ha acudido a la equidad, lo ha hecho a falta de disposición legal o contractual que regule el caso, y “entendida (hoy) no como un principio general del derecho, sino, en acatamiento de lo previsto por el artículo 230 de la Constitución Política, como un instrumento auxiliar de la interpretación judicial que permite ahondar en las normas jurídicas (igual cabe predicarlo de las cláusulas de un contrato) en búsqueda de justicia” (Sent., sep. 9/99, Exp. 505), sin que por su aplicación se abra paso a un ejercicio judicial ad libitum, sino con el rigor que cada caso exige y de acuerdo con las regulaciones de la ley y del contrato.

Y desde luego cuando, según obró el tribunal, se acude a la equidad como instrumento auxiliar para desalojar del contrato una cláusula. cuya ineficacia la deduce el juzgador con el propósito de proteger el principio de la buena fe, no se pueden traer a colación las normas legales que se refieren a este fenómeno, concretamente los artículos 835 y 871 del Código de Comercio, como si en todos los casos fueran derogatorias de las reglas contractuales, ni desfigurarlo hasta el punto de aplicarlo cuando no corresponde y, sobre todo, sin comprender su exacto y pleno sentido.

5. Basta recordar, a manera de marco teórico, que el postulado de la buena fe contractual “es bipolar, en razón de que ambas partes, deben observarla, sin que sea predicable, a modo de unicum, respecto de una sola de ellas”, como expresó esta corporación en Sentencia de 2 de agosto de 2001, expediente 6146, lo que en este caso se traduce en que debe ser examinado el comportamiento de ambos contratantes, y particularmente, desde el punto de vista de la aseguradora, cumple verificar si la cláusula cuestionada por el tribunal alcanza a ser vejatoria o abusiva de su parte, pues en caso de serio se impone excluir la disposición contractual, lo que sucedería de resultar con ella lesionados “los requerimientos de buena fe negocial, vale decir, que se quebrante este postulado rector desde una perspectiva objetiva: buena fe probidad o lealtad”, y cuando su inclusión “genere un desequilibrio significativo de cara a los derechos y las obligaciones que contraen las partes” (Sent. Cas. Civil, feb. 2/01, Exp. 5670).

En ese sentido, pues, no es viable considerar únicamente la buena fe del tomador, deducida en este caso de la mera ignorancia del hecho que en últimas tornó la respectiva cláusula en su contra, si no se contrasta a su vez con el comportamiento desplegado por el asegurador, traducido éste ya en el conocimiento anterior de ese mismo hecho o en que debió haberlo conocido como profesional de su ramo, o ya por un abuso de su posición contractual que lo llevó a incorporarla para escapar de sus propias obligaciones, análisis que obvió el sentenciador con el argumento jurídico de la protección de la buena fe del tomador que, en su opinión, se sobrepone, sin más, a las disposiciones de las partes.

6. En esas condiciones, importa poner de relieve que aunque la buena fe es un postulado general que protege a cualquier persona creadora de actos con trascendencia jurídica, no puede sin embargo convertirse en cortapisa para desvirtuar condiciones contractuales que reflejan el interés de las partes, adoptadas en forma sincera y honesta, sin confusiones deliberadas u oscuras, motivo por el cual es preciso situarlo en su dimensión exacta que propende por irradiar confianza respecto de las obligaciones que emanan de la declaración de voluntad.

7. Como se dijo, en el campo de los seguros, el principio de la buena fe se magnífica, en la medida en que “a diferencia de muchos otros contratos en que la astucia o habilidad de las partes pueden llevarlas a obtener ciertas ventajas amparadas por la ley, en el contrato de seguro esta noción ostenta especial importancia, porque tanto en su formación como en su ejecución él se supedita a una serie de informaciones de las partes, que muchas veces no implican verificación previa .., se trata como ya se anotó, de exigencias legales para la contratación, tendientes a que el consentimiento del asegurador se halle libre de todo vicio, especialmente el error, para que pueda conocer en toda su extensión el riesgo que va a asumir ... No obstante, el mismo artículo 1058 en cita, establece las circunstancias que conducen a que la reticencia o la inexactitud no operen. Ellas son:

a) Cuando la aseguradora ha conocido o debido conocer antes de celebrarse el contrato los hechos o circunstancias que versan sobre los vicios de la declaración, caso en el cual no puede alegar la nulidad relativa del contrato como tampoco pretender la reducción de su obligación, porque si la aseguradora ha conocido la realidad y acepta asumir el riesgo, no ha sufrido engaño. Y si por la naturaleza del riesgo solicitado para que sea asegurado y por la información conocida y dada por el tomador, la compañía aseguradora, de acuerdo con su experiencia e iniciativa diligente, pudo y debió conocer la situación real de los riesgos y vicios de la declaración, más sin embargo no alcanza a conocerla por su culpa, lógico es que dicha entidad corra con las consecuencias derivadas de su falta de previsión, de su negligencia para salir de la ignorancia o del error inicialmente padecido ...“ (G.J., T. CCXXXVII, Sem. 2do., número 2476, pág. 1158).

8. Reflejado todo lo anterior a la especie litigiosa de la cual da cuenta este proceso, la Corte encuentra que en las “condiciones generales” de la póliza de seguro de automóviles, distinguida con el número 349126 y obrante en original a folio 20 del cuaderno 1 del informativo, póliza en la que además tiene origen la declaración de aplicación que documenta el certificado 93011680-13 del 16 de abril de 1993, se expresa en forma categórica que la “pérdida total o parcial del vehículo por hurto” es uno de los conceptos opcionales dentro del capítulo correspondiente a “amparos básicos”, e indica así mismo, en la cláusula segunda, numeral 2.4. “Exclusiones aplicables a todos los amparos de esta póliza”, que “ninguno de los amparos de esta póliza opera en los siguientes casos”, para especificar en el ordinal 2.4.1., el que sucede “Cuando el vehículo haya sido ingresado al país de contrabando, o no esté matriculado de acuerdo con las normas de tránsito o haya sido objeto material de un ilícito contra el patrimonio de las personas, antes de asegurarse, sean estas circunstancias conocidas o no previamente por el tomador, asegurado o beneficiario sin importar que estos hayan participado o no en tales hechos” (cdno. 1, fl. 49).

9. Pronto observa la Corte lo siguiente: primero, que justamente obrando de buena fe las partes, y ante la imposibilidad de comprobar previamente ninguna de ellas la preexistencia de un hecho ilícito en el cual haya estado involucrado el vehículo asegurado, previeron, con incidencia en el alcance de las obligaciones de la aseguradora y en la limitación de los derechos del asegurado, que de haber ocurrido un hecho de tal naturaleza se excluía cualquiera de los amparos contratados, incluyendo, claro está, el hurto; segundo, que en esos términos convinieron en una exclusión fundada en un hecho del pasado de carácter objetivo que, por serlo, no admite, en línea de principio, ningún reproche que hacer a las partes contratantes: tercero, que por consiguiente, la cláusula no denota ni falta de probidad ni deslealtad alguna: particularmente desde el punto de vista de la aseguradora, constituye una mera expresión del ejercicio legítimo de su derecho a delimitar los riesgos, como lo permite el artículo 1056 del Código de Comercio, según ya se explicó. En efecto, la aseguradora de modo explícito asumió el riesgo de hurto pero bajo condiciones normales u ordinarias, extrañas, por tanto, a la ocurrencia de hechos ilícitos precedentes en relación con el objeto asegurado, precaviéndose de ese modo ante un evento de ocurrencia excepcional, cuanto que por lo común el tráfico civil o mercantil de vehículos no resulta afectado por hechos de esa naturaleza; desde ese punto de vista, entonces, la cláusula en cuestión no se advierte abusiva ni demostrativa de una mala fe de ella tendiente a escapar en últimas, y casi a la fija, del pago del seguro, ni tampoco reluce entonces proclive a generar un desequilibrio manifiesto entre las partes en relación con las prestaciones derivadas del contrato de seguro; antes bien, sería incluso injusto, cuando no absurdo, que sin obrar su consentimiento, en casos como el presente, tuviera la compañía que asumir el riesgo a plenitud; tercero(sic), que si bien el tomador también actuó de buena fe, esa sola consideración no torna ineficaz la cláusula cuestionada; cuarto, que en esas circunstancias no era aplicable la equidad en la forma que la entendió el sentenciador.

10. Quiere decir lo anterior que el sentenciador al desconocer el valor del acuerdo contractual en lo relativo a las exclusiones, sobre la base de reconocer por encima de ella la buena fe del tomador y asegurado, incurrió en aplicación indebida de los artículos 835 y 871 del Código de Comercio, los cuales no venían al caso, motivo por el cual no solo quebrantó la voluntad de las partes sino los preceptos que, como el artículo 1602 del Código Civil, le otorgan al contrato la fuerza de ley.

11. No está de más considerar que los artificios de ordinario utilizados para la sustracción indebida de los automotores tornan muchas veces en inoperantes los sistemas de identificación que se emplean en orden a rastrear eventuales irregularidades cometidas en la obtención de los mismos y en los documentos que los respaldan, lo que de algún modo explica la razón de ser de la mencionada cláusula de exclusión, máxime cuando no se le puede enrostrar al asegurador que no haya efectuado una detallada y minuciosa inspección de riesgos, sino una de índole general, en orden a examinar aquellos que estaba dispuesto a asegurar.

12. En verdad, las referidas dificultades adquieren especial significación en este caso donde se aprecia la siguiente secuencia cronológica extractada del material probatorio allegado al expediente, y cuya apreciación conduce también a abrirle paso al cargo segundo propuesto en casación; de tal acervo se infiere que el automotor importado al país el 3 de septiembre de 1993 según manifiesto de aduana 0013071, identificado con “marca Toyota tipo mixto, modelo 93, color beige claro metalizado, cuatro puertas, caja de cambio mecanizada, 5 velocidades, Hilux RN 106, motor 3688676, chasís RN 106-7004253, serial rn 10670004253(sic)“ (cdno. 1, fl. 9), que adquirió Gabriel Jaime Henao Jaramillo según factura Nº 1605 expedida por Autoamérica S.A. el 25 de septiembre de 1993 (cdno. 1, fl. 7), asegurado con la compañía Agrícola de Seguros S.A. el 11 de octubre de 1993 (cdno. 1, fl. 56) y que le fuera hurtado el 24 de enero de 1994, según copia de denuncia que obra a folio 54 del cuaderno principal cuando se identificaba con las placas BWT 435, es el mismo que la demandante dijo haber adquirido de José Mauricio Suárez Naranjo, quien a su vez lo compró al concesionario “Cardaza” el 28 de enero de 1994, y que le fue hurtado el 8 de abril de 1994 luego de haberlo asegurado el 11 de febrero de ese mismo año cuando se identificaba con las placas ADK 055, e incluso idéntico al que finalmente fue recuperado en la ciudad de Cartagena el 15 de noviembre de 1994 cuando lo tenía en su poder Carlos Ignacio Viana Guerrero y portaba la placa GNB 968.

13. No existe en el plenario ningún medio de prueba que apoye las conclusiones fácticas prohijadas por el tribunal en el sentido de que son dos los vehículos de los que tratan las diligencias penales cuya copia obra en el cuaderno cuatro, y que son diferentes porque tienen matrículas diversas y uno de ellos estuvo en poder de la compañía Agrícola de Seguros S.A. durante el interregno en que el otro fue comprado por la demandante, aserto absolutamente contrario a la realidad probatorio por la que se sabe, adicionalmente a la secuencia antes detallada, que el único vehículo de que trata el proceso, hurtado a la demandante el 8 de abril de 1994, fue recuperado en la ciudad de Cartagena el 15 de noviembre de 1994 (cdno. 4, fl. 85) y después de permanecer en custodia de la policía durante todo el año de 1995, fue entregado a la compañía Agrícola de Seguros S.A. el 6 de junio de 1996.

14. Cabe resaltar, entonces, que el vehículo importado al país el 3 de septiembre de 1993 conservó los datos originales de fábrica en lo relacionado con la identificación interna consistente en los números de serie, motor y chasís, pero fue matriculado tres veces en diferentes oficinas de tránsito con igual número de placas, por lo cual tuvo inicialmente la BWT 435 hasta cuando le fue hurtado a Gabriel Jaime Henao Jaramillo, luego la ADK 055 cuando estuvo en poder de la demandante, y finalmente la GNB 968 hasta cuando fue recuperado y entregado a la compañía Agrícola de Seguro S.A.

En consecuencia, las continuas transferencias de que fue objeto el vehículo cuya primera sustracción se produjo el 24 de enero de 1993, se facilitaron con el simple hecho del cambio de placas y nueva matrícula en las oficinas de tránsito sin alterar en ningún momento la identificación que originalmente se le asignó desde su fabricación, lo que explica las razones por las cuales cada que se procedía al examen técnico no se detectaba ninguna alteración, de manera que se dificultaba en grado máximo conocer su procedencia ilícita con antelación a la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza de seguro cuyo pago reclama la demandante; y aunque tal dificultad de verificación perjudicaría o beneficiaría por igual a las partes contratantes sin estipulación en contrario, en este caso en particular fue el contratante con mayor experiencia en el manejo de dichas situaciones, quien se protegió desde la celebración del contrato para excluir todo amparo cuando se conociera la procedencia ilícita, sin importar que tal hecho fuera conocido o no por el tomador del seguro.

15. Con esa fórmula de exclusión la compañía aseguradora pactó una cláusula de contenido netamente objetivo, en el cual la buena fe de las partes no tuvo injerencia, razón por la cual no contraviene los principios generales del derecho ni las normas de orden público, como erróneamente lo vio el tribunal, cuya decisión denota no sólo el quebranto directo que el recurrente aduce en el primer cargo, sino también los yerros fácticos del segundo, al aducir que el vehículo asegurado no provenía de ilícito alguno cuando el material probatorio evidencia exactamente lo contrario.

16. Por consiguiente, en cuanto atacan con éxito los dos pilares en que se apoya el fallo impugnado: la buena fe del tomador y versar el hurto anterior sobre un vehículo distinto del asegurado, ambos cargos prosperan.

V. Sentencia de reemplazo

1. Los planteamientos que anteceden sirven de base para desestimar las pretensiones de la demanda, de manera que el fallo sustitutivo habrá de revocar la decisión estimatoria del juzgado de conocimiento, toda vez que no apreció que la excepción de “exclusión del amparo” planteada por la parte demandada, se encuentra debidamente probada, dado que las partes pactaron la posibilidad de que en el caso de ser ilícita la procedencia del vehículo asegurado, ello sería causal suficiente para negar el pago del seguro, fuera ese hecho conocido o no por la asegurada o tomadora del mismo, sin que sea admisible regular otras consecuencias patrimoniales en la medida en que quedaron al margen del presente litigio.

2. Carece, a su vez, de fundamento, la pretensión subsidiaria mediante la cual se intenta el reconocimiento de responsabilidad extracontractual sobre la base de una culpa imputable a la demandada en el período precontractual, por la cual, según la demanda, ésta le hizo creer a la demandante que iba a quedar asegurada y que existía riesgo asegurable cuando no era cierto, pretensión que decae por fuerza de las mismas consideraciones efectuadas al despachar los cargo que descartan cualquier proceder reprochable a la aseguradora. En realidad se evidencia que el demandante con apoyo en unos mismos hechos, aunque presentados de distinta manera, pretendió deducir ya la pretensión principal, como contractual; o ya la subsidiaria, como extracontractual.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada en el proceso de la referencia el día 12 de junio de 1998, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

En su lugar, dispone:

Primero. REVOCAR la Sentencia de fecha 17 de septiembre de 1997, proferida en este proceso por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado de Medellín, que estimó la pretensión de condena, en cuyo lugar se dispone:

1.(sic) Declarar probada la excepción que la compañía demandada denominó “exclusión del amparo” y , por ende, se declara su total absolución.

2. Condénase en costas de ambas instancias a la parte demandante, las cuales deben tasarse en su oportunidad.

No hay lugar a costas en casación ante la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

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