Auto 7288 de octubre 6 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS GASTOS DEL PROCESO

NO ORIGINA PERENCIÓN

EXTRACTOS: «El auto recurrido, de fecha 29 de junio de 1995, centra su decisión de declarar la perención del proceso en el argumento de que la parte actora no dio cumplimiento a lo ordenado en el numeral 3º del auto admi-sorio de la demanda, es decir, no canceló el valor de las expensas necesarias para sufragar los gastos del proceso.

Es de anotar, que el artículo 207 del CCA permite al juez que en el auto admisorio de la demanda ordene al actor el depósito de una suma determinada de dinero para efectos de costear los gastos ordinarios del proceso, carga ésta que debe ser cumplida dentro del término que para el efecto se le imponga.

Ahora bien, es cierto que dicha orden no ha sido cumplida hasta ahora por el demandante, pero también lo es, que tal incumplimiento no tiene por sí mismo la virtualidad de conducir a la perención del proceso, pues la ley no ha previsto tan drástica sanción al demandante por dejar de cumplir con esa precisa carga procesal y desatender la orden judicial que la concreta.

De otra parte, no acierta el tribunal al considerar que precisamente por el hecho de que el demandante no haya aún cancelado la suma que se le ordenó pagar, el proceso ha permanecido inactivo por su causa, pues diligencias tales como la solicitud de los antecedentes administrativos, que según el informe secretarial no ha podido surtirse por cuanto el apoderado de la parte actora no ha efectuado el pago tantas veces mencionado, no tiene nada que ver con pago alguno, y por ende, no se explica su no realización.

Igualmente, la diligencia de notificación de la parte demandada tampoco puede condicionarse a la circunstancia de que se cancelen los gastos del proceso, pues tal y como lo ha entendido la jurisprudencia, dicha diligencia compromete directamente la actividad de las autoridades judiciales. Sobre el particular, la Sala se pronunció en providencia del 26 de mayo de 1995, expediente N º 7096, consejero ponente Guillermo Chahín Lizcano, reiterada en providencia del 4 de julio de 1995, expediente Nº 7072.

Adicionalmente, el juez dispone de poderes y facultades para hacer cumplir las órdenes que ha impartido, y que como en el presente caso han sido desatendidas.

Lo anterior quiere decir, de una parte, que no necesariamente el no pago de los gastos señalados por el a quo implican que el proceso deba detenerse, y de otra, que tal circunstancia no puede per se generar la perención del proceso, pues se reitera, el no pago de los gastos ordinarios no ha sido sancionado concretamente por la ley con tan grave medida.

Ahora bien, en relación con el argumento planteado por el recurrente en el sentido de que la perención no opera si no se ha trabado la relación jurídico procesal, la Sala reitera su jurisprudencia en el sentido de que para que ocurra la perención es menester que el proceso exista como tal, es decir, que se encuentre debidamente trabada la relación jurídico procesal a través de la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda.

Sobre el particular, la Sala, en providencia del 28 de noviembre de 1986, expediente Nº 1451, consejero ponente Hernán Guillermo Aldana Duque, expresó:

“...en todo caso, es indispensable que para que ocurra la perención del proceso, éste exista, por haberse trabado en debida forma la relación jurídico procesal (...).

Como en el caso que debe decidirse, la relación jurídico procesal no se ha trabado, precisamente por la falta de notificación de la demanda, síguese que es improcedente por este motivo decretar la pe-rención del proceso”.

Así mismo, en providencia del 30 de noviembre de 1990, expediente Nº 3141, consejero ponente Guillermo Chahín Lizcano, la Sala manifestó:

“No considera relevante al efecto, la Sala, el que se haya notificado la providencia al Fiscal, pues de lo que se trata es de establecer el inicio de la relación jurídico-procesal, la cual lógicamente no tiene su origen en dicho acto sino en la notificación al demandado según se dijo”.

Lo anterior significa que como en la presente oportunidad aún no ha sido notificado el demandado del auto admisorio de la demanda, resulta improcedente decretar la perención del proceso.

De otra parte, y en relación con el argumento del apelante según el cual el tribunal no podía decretar la perención del proceso en forma oficiosa, la Sala se permite precisar que el razonamiento antes expuesto tiene cabida en materia de procedimiento civil, pues el artículo 346 del CPC, expresamente exige que exista solicitud de parte para que dicha medida proceda.

Sin embargo, tal exigencia no se puede aplicar al procedimiento administrativo por la obvia razón de que en la norma que regula la perención del proceso en esta materia, no se prevé expresamente la necesidad de que exista solicitud de parte, ni tal conclusión se puede deducir del texto mismo del artículo 148 del CCA.

El hecho de que el artículo 148 del CCA, no hubiera exigido para la procedencia del decreto de perención la expresa solicitud del demandado, obedece a juicio de la Sala, y en un todo de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia de otras secciones, a la circunstancia de que en virtud del Decreto 01 de 1984, se le otorgaron al juez administrativo amplias facultades de impulsión de los procesos, y no a una simple omisión del legislador.

Las razones anteriores son suficientes para revocar la providencia recurrida».

(Auto de octubre 6 de 1995. Expediente 7288. Consejero Ponente: Dr. Delio Gómez Leyva).

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