Sentencia 7291 de noviembre 25 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

EFECTOS DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO

EN EL MATRIMONIO NULO EXISTE SOCIEDAD CONYUGAL Y NO SOCIEDAD MARITAL

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Octavio Munar Cadena

Rad.: Expediente Nº 7291

Bogotá D.C., veinticinco de noviembre de dos mil cuatro.

Decídese el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de junio de 1998, proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario adelantado por Graciela Rincón Mosquera frente a José Orlando Rivera Puche.

Antecedentes

1. La actora pidió que se declarase la existencia de la unión marital de hecho conformada con el demandado y que, por tanto, se ordenase disolver y liquidar la sociedad patrimonial a que tal unión dio lugar, en concordancia con la Ley 54 de 1990 y de acuerdo al patrimonio social relacionado. Reclamó, además, que se dejase a su hija Carolina del Rocío bajo su cuidado, y a su hijo José Orlando al cuidado de su padre, el demandado.

2. Aseveró, para fundar lo pretendido, en síntesis, que el 14 de septiembre de 1963 contrajo matrimonio católico con Luis Enrique Rueda Acevedo, de quien se separó por sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga dictada el 28 de septiembre de 1981, cuando ya estaba liquidada la respectiva sociedad conyugal, según escritura Nº 2144 del 7 de julio del mismo año. Que el 5 de febrero de 1982, contrajo matrimonio civil en el municipio Nueva Arcadia de la República de Venezuela, con el demandado, con quien, a partir de entonces, constituyó unión marital de hecho, la cual se prolongó hasta el 31 de marzo de 1995, fecha en que se disolvió a causa de los malos tratos y las amenazas contra su vida en que aquel incurrió. De esa unión, agregó, nacieron dos hijos y se adquirieron los bienes muebles e inmuebles que relaciona.

3. El demandado se opuso a las súplicas de la demanda, aceptó algunos de los hechos que la apuntalan, negó los demás y propuso las “excepciones” que denominó “inexistencia jurídica del derecho reclamado” y “falta de tutela jurídica”, las cuales sustentó, en resumen, en que dada la existencia del vínculo matrimonial que la pareja contrajo en el vecino país de Venezuela, no es posible la existencia de una unión marital de hecho entre ellos. Agregó, así mismo, que la actora desistió de la acción de divorcio de ese matrimonio, razón por la cual debe entenderse que el respectivo proceso culminó con sentencia absolutoria.

4. El Juzgado 3º de Familia de Cúcuta culminó la primera instancia con sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demanda, decisión que, además de confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, fue adicionada para declarar de oficio la nulidad del matrimonio contraído por las partes del proceso.

La sentencia del tribunal

Tras puntualizar que para declarar la unión marital de hecho se requiere que entre el hombre y la mujer exista un lazo permanente, sin que medie matrimonio, porque esa comunidad de vida se origina en la simple voluntad de las partes, el fallador discurre que, una vez constituida tal relación, puede abrirse paso la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, de la cual distingue la formada por personas sin ningún impedimento legal para casarse y aquella en la que uno o ambos compañeros tienen un vínculo existente. La primera surge, dice, con el único requisito de haber transcurrido dos años; la segunda, además de los dos años, reclama que la sociedad conyugal anterior se encuentre disuelta y liquidada con no menos de un año de antelación.

Encuentra el tribunal que Graciela Rincón contrajo matrimonio católico con Luis Enrique Rueda Acevedo, el 14 de septiembre de 1963; que la sociedad conyugal de allí surgida fue liquidada por escritura pública el 7 de junio de 1981, y que en este mismo año se dictó la sentencia de separación de cuerpos. El 5 de febrero de 1982, agrega, Graciela Rincón contrajo matrimonio en Venezuela con el demandado José Orlando Vera Puche, sin haberse divorciado aún de su consorte.

Con apoyo en la doctrina el fallo infiere que en este caso no se presenta el problema de la coexistencia de dos sociedades conyugales por cuanto el artículo 1820 del Código Civil prescribe que en el segundo matrimonio no se forma sociedad conyugal, como una sanción para el bígamo. En consecuencia, sigue, de acuerdo al numeral 1º de la Ley 54, para que pueda configurarse la unión marital de hecho es necesario que no exista vínculo matrimonial; existiendo en el caso un vínculo que es anulable y que solo “una vez anulado” permitirá hablar de sociedad marital, siempre que cumpla los presupuestos de dicha ley, no puede accederse a la declaración pedida en la demanda.

Así, pese a constatar la disolución y la liquidación de sociedades conyugales anteriores, el juzgador reitera que “no se demostró la existencia de la sociedad marital de hecho por cuanto entre demandante y demandado existe un vínculo matrimonial”, afectado de la nulidad señalada en el artículo 140 numeral 12 del Código Civil, que no es subsanable y que debe declarar de oficio, según lo impone el artículo 15 de la Ley 57 de 1887, por obrar en autos los registros civiles correspondientes, inclusive el del segundo matrimonio, que fue inscrito en la Notaría Primera de Bogotá. Esta declaración oficiosa de nulidad producirá solo efectos inter partes, concluye, por no haberse citado al Ministerio Público en interés de la moral y de la ley, y en defensa de los intereses de los hijos.

La demanda de casación

En cargo único, se acusa la sentencia impugnada de violar directamente, por interpretación errónea, el artículo 1º de la Ley 54 de 1990; además, por falta de aplicación, los artículos 2º literal b, 3º y 7º de la Ley 54 de 1990; 1820, modificado por el artículo 25 de la Ley 1ª de 1976, 1781 a 1789, 1792 a 1804 del Código Civil.

Asevera el recurrente que el tribunal quebrantó los aludidos preceptos en cuanto entendió que los contendientes no podían conformar unión marital de hecho por estar unidos con vínculo matrimonial preexistente, el que debía invalidar de oficio, como lo hizo, por considerarlo afectado de nulidad absoluta e insubsanable. Para refutar aquella inferencia, la censura se vale de doctrina cuyo tenor postula que el artículo 1º de la citada Ley 54 de 1990 prevé como requisito para poder establecer la unión marital de hecho, que los compañeros permanentes no se encuentren casados entre sí, porque, de estarlo, “será este matrimonio el que rija su relación e imposibilite la formación de una relación marital de hecho”.

No halla el impugnante reparo alguno en la existencia del matrimonio civil celebrado por las partes en la República de Venezuela. Mientras no se decrete la nulidad de dicho matrimonio se presume válido, puntualiza, pero bajo el entendido de que es un matrimonio ineficaz por los vicios de que adolece, y, por tanto, añade, la sola presencia del segundo matrimonio no puede entenderse como un obstáculo legal atentatorio del artículo 1º de la Ley 54 de 1990, pues para que lo fuera debería tratarse de un matrimonio eficaz y no con mera presunción de validez. Así debe ser si se atiende la interpretación teleológica del precepto y la función que debe cumplir la unión marital de hecho, la cual se justifica en la circunstancia de que la pareja no esté casada entre sí, pues de estarlo eficazmente serán cónyuges y la conformación del patrimonio social se regirá por las reglas de la sociedad conyugal.

Erró el tribunal al dejar de ver que si el matrimonio que impedía la unión marital era ineficaz, ese vínculo no se erigía en obstáculo para formarla, por inane, dado el carácter insubsanable y de orden público de la nulidad que lo afectaba. En todo caso, prosigue la censura, el aparente obstáculo lo levantó el tribunal al declarar nulo ese vínculo matrimonial, motivo por el cual dejó de presumirse válido y eficaz. Así, removido dicho obstáculo se abre paso la unión marital de hecho porque los contendientes no eran verdaderamente casados y la declaratoria de nulidad solo vino a constatar la verdad; dados los requisitos para conformar la unión marital de hecho, debió declararse la existencia de la misma.

Refiere la censura que el tribunal dejó de aplicar el numeral 4º del artículo 1820 del Código Civil, con sus modificaciones, a cuyo tenor la nulidad de un matrimonio por la subsistencia de anterior vínculo impide la formación de sociedad conyugal. De haber tenido en cuenta esta norma el juzgador hubiera aplicado el artículo 2º, literal b, de la Ley 54 de 1990, presumiendo la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes, porque entre las partes del proceso no existía sociedad conyugal y la derivada del primer matrimonio ya estaba liquidada.

Con su decisión dejó el tribunal en indefensión el patrimonio de los compañeros, ya que no pueden ampararse en el régimen de la sociedad conyugal, por no existir para el matrimonio anulado, como tampoco en el de la Ley 54 de 1990. Contraría así la intención del legislador, amén que exige dos procesos, uno para declarar la nulidad y otro para declarar la existencia y resolver la unión marital de hecho, cuando basta un único proceso y una sola sentencia para resolverlas ambas. Atenta, además, contra el acceso a la justicia, derecho que se concreta en el mínimo esfuerzo en tiempo y dinero para el justiciable, amén de que, como el mismo fallador lo sugiere, pudo prescribir el derecho para pedir la disolución de la sociedad.

Se considera

1. Por prescripción del artículo 42 de la Constitución Política colombiana, la familia “se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Como es diáfano en ese texto, adopta el constituyente, en lo relativo a su conformación, un criterio abierto y dúctil que se contrapone a los principios férreos y cerrados que otrora caracterizaron el ordenamiento jurídico nacional en el punto; por supuesto que, sin ambages de ninguna especie, se admite que la familia se forma, no solo a partir del vínculo matrimonial, sino, también, por la voluntad libre y responsable de la pareja de conformarla, sin mediar, en este caso, ningún ligamen jurídico de aquellos que surgen para ella cuando está unida por matrimonio. Circulan de ese modo, pues, por cauces constitucionales, los principios orientadores de disposiciones legales de diverso orden, entre ellas, fundamentalmente, la Ley 54 de 1990, por medio de la cual se definieron las “uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros”.

La unión marital de hecho, al tenor del artículo 1º de la citada ley, es la “formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida, permanente y singular”. Destácase en tal definición que las uniones de esa especie se caracterizan porque: a) son de carácter heterosexual, requisito que salta a la vista y que se aviene con las exigencias constitucionales según las cuales la familia se forma por la decisión de dos personas de sexo opuesto de conformarla; b) por la ausencia de vínculo jurídico de carácter conyugal entre los compañeros, pues el ingrediente fáctico de la institución es evidente, inclusive, en su propio nombre; c) por la comunidad de vida permanente y singular de los compañeros, es decir, que la cohabitación de la pareja —de un hombre con una mujer— no debe ser accidental ni circunstancial, sino que debe estar guiada por un criterio de estabilidad.

De todas estas peculiaridades débese destacar acá, porque el asunto así lo exige, el relativo a que los compañeros permanentes no se encuentren casados entre sí, es decir, que la aludida unión marital de hecho no debe estar precedida por un vínculo de naturaleza conyugal entre los compañeros, exigencia esta que, además de ser clara y puntual en el precepto, la impone la naturaleza de esa clase de relaciones.

Desde luego que el objetivo de la Ley 54 de 1990 no fue otro, que el de regular aquellas relaciones concubinarias (designación peyorativa que cambió con acierto) establecidas al margen de la formalidad del matrimonio. No se ocupa la ley, ni esa es su finalidad, de crear sociedades patrimoniales en aquellos casos en los cuales la ley las proscribe para las uniones matrimoniales. Subsecuentemente, si la pareja contrajo matrimonio, cualquiera que fuese su naturaleza, queda sustraída del régimen propio de las uniones maritales de hecho, debiendo someterse, por tanto, a la regulación propia del derecho matrimonial; por supuesto que las uniones maritales de hecho están signadas esencialmente por un elemento fáctico consistente en la comunidad de vida permanente y singular de la pareja, en la que, a diferencia del matrimonio, la cohabitación no es una mera finalidad que pretendan satisfacer o el cumplimiento de un deber, o un propósito que bien podría no alcanzarse sin que por ello se afecte la existencia y validez del vínculo; por el contrario, se trata de una realidad palpable y tangible de cuya existencia depende la de la unión marital de hecho. En otros términos, en el matrimonio la cohabitación de los esposos es una consecuencia y un deber recíproco que se desprende de las nupcias, las cuales le preceden, sin que, por supuesto, ella condicione la existencia o validez del vínculo; esa cohabitación, en cambio, es el presupuesto de existencia de la unión marital de hecho.

La ausencia, pues, de nupcias, cualquiera que fuese su naturaleza y la indispensable comunidad de vida entre los compañeros permanentes, son dos características de las uniones maritales que las distinguen y divorcian del régimen matrimonial.

2. En lo concerniente a los efectos de la declaración judicial de nulidad, destácase que mientras en materia contractual rige preponderantemente el principio de la retroactividad, no puede decirse lo mismo en tratándose de los efectos del matrimonio nulo. Ciertamente, este, además de considerarse válido y, por ende, generador de todas las consecuencias que le son propias, mientras no sea declarado nulo judicialmente, una vez decretada su nulidad sigue produciendo varios de los efectos del matrimonio válido, al paso que otros se extinguen únicamente hacia el futuro y, francamente, frente a los menos, se entiende como si nunca se hubiesen celebrado las nupcias.

Examinado con mayor detenimiento el asunto se tiene que respecto de los cónyuges la declaración de nulidad produce entre otros los siguientes efectos: conforme al artículo 148 del Código Civil, “anulado un matrimonio, cesan desde el mismo día entre los consortes separados, todos los derechos y obligaciones recíprocas que resultan del contrato de matrimonio...”. En consecuencia, solamente a partir de la sentencia se extinguen los derechos y deberes maritales, lo que equivale a decir, que el matrimonio, en este aspecto, tiene eficacia hasta la firmeza de la sentencia de nulidad, la cual se aplica, por tanto, sin ninguna retroactividad. Así, pues, los separados no están obligados, por ejemplo, a restituirse los alimentos pagados durante la vigencia de la unión conyugal, o los bienes o dineros aportados para “subvenir a las ordinarias necesidades domésticas” o para auxiliar al otro.

Con todo, el artículo 148 del Código Civil, consagra uno de los eventos en los que se toma en consideración la buena fe de los esposos para determinar los efectos de la nulidad del matrimonio entre los consortes, al disponer que “si hubo mala fe en alguno de los contrayentes, tendrá este obligación de indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado, estimados bajo juramento”, motivo por el cual la sentencia declaratoria de la nulidad deberá contener la condena “al pago de los perjuicios a cargo del cónyuge que por su culpa hubiere dado lugar a la nulidad del vínculo, a favor del otro, si este lo hubiere solicitado” (art. 443, num. 3º del CPC actual, que corresponde al anterior art. 411, num. 3º del CPC).

Tiénese, igualmente, que por prescripción del numeral 4º del artículo 25 de la Ley 1ª de 1976, reformatorio del artículo 1820 del Código Civil, la sociedad conyugal se disuelve “por la declaración de nulidad del matrimonio, salvo en el caso de que la nulidad haya sido declarada con fundamento en lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 140 ... En este evento, no se forma sociedad conyugal...”.

Significa lo anterior que, también como principio general, la sentencia que anula el vínculo conyugal no produce efectos retroactivos en materia de sociedad conyugal, pues esta se forma muy a pesar de la invalidez del matrimonio. En otros términos, es tal la eficacia del matrimonio nulo que, salvo la excepción que el reseñado precepto consagra, que no es absoluta como, también, lo ha precisado la Corte, se constituye entre los contrayentes sociedad conyugal que se disuelve por la sentencia que declara la nulidad.

Tampoco produce efectos retroactivos en relación con las donaciones y promesas que, por causa del matrimonio, se hubiesen hecho “por el otro cónyuge al que casó de buena fe” (C.C., art. 150), toda vez que estas subsisten a pesar de la declaración de nulidad. Pueden revocarse, en cambio, las que se hubiesen hecho al contrayente de mala fe (art. 1846, ibídem).

De otro lado, los hijos habidos en el matrimonio declarado nulo son legítimos, quedando sometidos a la potestad de ambos padres, quienes contribuirán, en proporción, a su alimentación y educación, a menos que el matrimonio se hubiese anulado por culpa de uno de los cónyuges, en cuyo caso, por mandato del artículo 149 ejusdem, “serán de cargo de este los gastos de alimentos y educación de los hijos, si tuviere medios para ello, y de no, serán del que los tenga”; luego es patente que a pesar de la nulidad del matrimonio, los hijos habidos dentro de él son legítimos, lo que, en otros términos, significa, que la sentencia no produce frente a ellos efectos retroactivos.

3. Visto lo anterior, no puede decirse, entonces, que el matrimonio nulo debe tenerse como absolutamente ineficaz, o como si no hubiese existido, pues, de un lado, como ha quedado establecido, mientras no se declare su invalidez, produce, por regla general, todos los efectos que le son propios, de modo que los contrayentes se reputan casados y son titulares de los mismos derechos y obligaciones que aquellos que no están afectados de vicio legal alguno, y no de manera aparente o artificial sino real y verdadera; y, de otro lado, porque la nulidad judicialmente declarada no produce efectos retroactivos de tal modo absolutos que pueda colegirse que se tiene por no celebrado.

En ese orden de ideas, tampoco puede decirse que el matrimonio cuya nulidad se declara por razón de existir respecto de ambos o uno de los contrayentes el vínculo de un matrimonio anterior, deba tenerse como ineficaz y, por ende, que no constituye obstáculo para que se forme entre la pareja una sociedad patrimonial similar a la de los compañeros permanentes, pues esa unión conyugal existe como tal y produce los efectos que le son propios mientras no se declare su invalidez. Más exactamente: mientras no se decrete judicialmente la nulidad, existe vínculo matrimonial y los contrayentes tienen la calidad de cónyuges y, obviamente, los derechos y obligaciones que la ley les impone.

El régimen de la Ley 54 de 1990, reitérase, aún a riesgo de fastidiar, tuvo por finalidad regular las uniones maritales que no estuviesen precedidas de vínculo conyugal, bajo el entendido de que de existir este, así no generase sociedad conyugal o estuviese viciado de nulidad, debía sujetarse a las normas que lo reglamentan, las cuales, no sobra decirlo, no fueron reformadas mediante tal estatuto.

Habiendo, pues, admitido el casacionista que la demandante y el demandado contrajeron realmente nupcias en la República de Venezuela, matrimonio que el tribunal invalidó por existir, respecto de él, vínculo conyugal no disuelto, debe concluirse que no hay lugar a la formación entre ellos de unión marital de hecho y que, subsecuentemente, se encuentran sometidos al régimen legal previsto para el enlace matrimonial, incluso, los declarados nulos.

Es que, como dijera recientemente la Corte, si el artículo 1820-4 del Código Civil consagra el principio de que la nulidad del matrimonio “carece de virtualidad para borrar la sociedad conyugal que perduró en el interregno”, y si la aplicación de tal principio no encuentra óbice en la mayoría de las causales de nulidad del matrimonio, distinto es frente a la prevista en el numeral 12 del artículo 140 del Código Civil, que la produce por la preexistencia de otro vínculo matrimonial, por cuanto entonces habría concurrencia de sendas sociedades conyugales y ello acarrearía más de una dificultad en orden a la liquidación de cada una. De ahí que la Corte dijese entonces, y lo reitere ahora, que la reforma introducida por la Ley 1ª de 1976 al numeral cuarto del artículo 1820 del Código Civil “no consistió propiamente en castigar y sancionar a quienes se casen doblemente, sino en evitar, quepa repetirlo una vez más, el tropezón de varias sociedades conyugales. Por modo que si, como acá, la sociedad conyugal anterior ya era cuestión del pasado por supuesto que había sido liquidada tiempo atrás, la colisión es imposible y solo hay una sociedad, la del matrimonio declarado nulo, tiene que seguirse de ello que la función jurídica de la norma pierde todo sentido en el caso concreto. Teleología normativa esa que se advierte a ojos vistas, y que incluso fue avizorada en el examen mismo de constitucionalidad, según puede verse en la sentencia de 31 de mayo de 1978 de esta corporación, y que el juez no solo puede sino que debe tener presente a la hora de desentrañar el espíritu y el genuino entendimiento de las disposiciones legales” (sent., oct. 1º/2004, exp. 1998-01175-01).

No puede decirse, por consiguiente, que el matrimonio anulado con sustento en el ordinal 12 del artículo 140 del Código Civil sea de tal modo ineficaz que ni siquiera da lugar a la sociedad conyugal, porque, como ha quedado visto, ello ni es posible, en los anotados términos.

En consecuencia, no se abre paso el cargo.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 30 de junio de 1998, proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario adelantado por Graciela Rincón Mosquera frente a José Orlando Rivera Puche.

Costas a cargo de la parte recurrente

Pedro Octavio Munar Cadena—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Cesar Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

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