Sentencia 7296 de noviembre 17 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

IMPUESTO PREDIAL EN BOGOTÁ

BASE GRAVABLE

EXTRACTOS: «Conoce la corporación del recurso de apelación instaurado por el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, mediante apoderado, contra la sentencia estimatoria de las súplicas de la demanda proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 8 de junio de 1995.

Se discute en esta instancia la legalidad de los artículos 2º y 4º del Acuerdo Nº 39 del 27 de diciembre de 1993 expedido por el Concejo de Santafé de Bogotá, D.C., “por el cual se expiden normas en materia de impuesto predial, impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, impuesto sobre vehículos, y se dictan otras disposiciones”.

Concretamente las disposiciones demandadas son:

“ART. 2º—BASE GRAVABLE. Quienes (sic) estén obligados a declarar a partir del año gravable de 1994, la base gravable del impuesto predial unificado, será el valor comercial del predio determinado por el contribuyente en su declaración tributaria. El valor comercial del predio no podrá ser inferior al avalúo catastral del año inmediatamente anterior y se incrementará anualmente en el 100% de las variación porcentual del índice nacional de precios del (sic) consumidor en el año calendario inmediatamente anterior, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Durante el mes de enero de cada año, la Dirección Distrital de Impuestos comunicará el porcen-taje de incremento aplicable para el respectivo período.

Cuando el predio tenga un incremento menor o un decremento, el contribuyente solicitará autorización para declarar el menor valor.

El contribuyente liquidará el impuesto con base en el autoavalúo y las tarifas vigentes. Lo hará en el formulario que para el efecto adopte la administración tributaria distrital. Si el impuesto resultante fuere superior al doble del monto establecido el año anterior por el mismo concepto, únicamente se liquidará como incremento del tributo una suma igual al ciento por ciento (100%) del predial del año anterior. La limitación aquí prevista no se aplicará cuando existan mutaciones en el inmueble ni cuando se trate de terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados.

Cuando la Dirección Distrital de Impuestos establezca que la base gravable declarada es inferior al cincuenta (50%) por ciento del valor comercial, liquidará el impuesto correspondiente tomando como base el cien (100%) por ciento de dicho valor, sin perjuicio de las sanciones que sean procedentes. A la cuantía del impuesto así determinada no le será aplicable la limitación contemplada en el numeral 2º del artículo 155 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

Para efecto de lo señalado en el inciso anterior, la Dirección Distrital de Impuestos tendrá en cuenta, entre otros, los valores establecidos por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, según las zonas homogénas geoeconómicas para metro cuadrado de terreno en cada sector, las tablas de costos de construcción establecidas por la misma entidad para metro cuadrado de construcción según estrato, sector y uso del predio o valores señalados por las entidades del sector inmobiliario de Santafé de Bogotá.

PAR.—De conformidad con el inciso tercero del artículo 14 de la Ley 44 de 1990, el autoavalúo consignado en la declaración de que trata este artículo servirá como costo fiscal para la determinación de la renta o ganancia ocasional, que se produzca al momento de la enajenación del predio” (fl. 22).

Artículo 4º, en la parte que dispone que la tarifa del impuesto predial para los predios suburbanos es del veinte por mil (20‰).

Para resolver se considera:

La Sala comparte la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el concepto del Ministerio Público, por las siguientes consideraciones:

En efecto, el artículo 155 del Decreto 1421 de 1993, establece como base gravable el valor que mediante avalúo establezca el contribuyente y el cual no puede ser inferior al avalúo catastral o autoavalúo del año anterior, incrementado en la variación del índice de precios al consumidor del año anterior según certificación del Dane, y el Acuerdo acusado establece como base gravable el valor comercial del predio determinado por el contribuyente en su declaración tributaria. En consecuencia, el Concejo de Santafé de Bogotá, D.C., excedió sus facultades, ya que éstas están supeditadas a la Constitución Política y a la ley, y en este caso está modificando el artículo 155 del Decreto 1421 de 1993, al imponer la condición de valor comercial no prevista en él.

De otra parte y en relación con la modificación de las tarifas del impuesto predial, establecida en el artículo 4º del citado Acuerdo, que determina para los predios suburbanos una tarifa del 20 por mil del avalúo, desconoce en primer lugar el artículo 10 de la Ley 9ª de 1989, que define lo que se entiende por predio suburbano, y que de ninguna manera lo identifica con los terrenos “urbanizables no urbanizados” o “urbanizados no edificados” como lo hace la norma acusada; también el artículo 4º de la Ley 44 de 1990 que señala que la tarifa del impuesto predial unificado no puede exceder del 16 por mil del respectivo avalúo a excepción, de los terrenos “urbanizables no urbanizados” y “urbanizados no edificados”’ los cuales sí pueden exceder el límite hasta el 33 por mil.

El Concejo Distrital al expedir el Acuerdo 39 de 1993 debía sujetarse a las disposiciones superiores, y no modificar las condiciones establecidas en el artículo 155 del Decreto Constitucional 1421 de 1993 ni de la Ley 44 de 1990, como en efecto lo hizo en el acto acusado. En conclusión, para la Sala son de recibo los cargos formulados por el actor por encontrar contrario el Acuerdo acusado a las disposiciones de la Constitución Política y legales mencionadas, procediendo en consecuencia a confirmar la providencia recurrida.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la providencia recurrida.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase».

(Sentencia de noviembre 17 de 1995. Expediente 7296. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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