Sentencia 73 de abril 29 de 1986 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES. CARACTERÍSTICAS. DIFERENCIA CON EL SIMPLE INTERMEDIARIO

Magistrado Ponente:

Dr. Germán Valdés Sánchez

Rad. 73

Acta Nº 12.

Bogotá, D.E., veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y seis.

El señor Alberto Zapata Tangarife instauró proceso ordinario contra Landers & Cía S.A. que fue resuelto por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín a través de sentencia fechada el 26 de mayo de 1984 por medio de la cual se resolvió:

“Absuélvese a la empresa Landers y Cía. S.A., de la petición principal formulada por el demandante Alberto Zapata Tangarife.

Se declara la excepción de pago total por indemnización por despido injusto.

Sin costas.

Absuélvese a la demandada de las peticiones subsidiarias”.

Ante apelación del señor apoderado del demandante el proceso llegó a conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que desató la segunda instancia a través del fallo dictado el 31 de mayo de 1985 por el cual se confirmó la decisión del a quo aclarando que la liberación para la demanda respecto de la indemnización por despido provenía de razones diferentes a la declaratoria de la excepción de pago.

La misma parte demandante interpuso el recurso de casación que fue concedido por parte del tribunal y admitido por la Corte que igualmente admitió la demanda extraordinaria correspondiente en contra de la cual no se presentó escrito de réplica.

El impugnante formula un cargo con base en la causal primera de casación laboral señalándole el siguiente alcance:

“Se persigue con este recurso que la honorable Corte Suprema de Justicia case en su integridad la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y para que en sede de instancia revoque el fallo emitido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el 26 de mayo de 1984, y en su lugar se condene a la demandada a las pretensiones señaladas en la demanda como principales, o sea al reintegro del trabajador al cargo que desempeñaba el 29 de marzo de 1983, a que se declare la inexistencia de solución de continuidad en el contrato de trabajo entre la fecha del despido y la del reintegro, con la condena en salarios y prestaciones legales y extralegales, con sus incrementos y aumentos dejados de percibir durante el interregno. Subsidiariamente se condene a la demandada a las peticiones señaladas en el libelo inicial como tales, es decir a la condena en el reajuste de la indemnización de conformidad con el tiempo servido, la indexación e intereses sobre la anterior suma y la pensión de jubilación proporcional cuando cumpla el actor los 60 años de edad, con la consiguiente condena en costas”.

Único cargo

Se formula así:

“Acuso la sentencia atacada por la causal prevista en el numeral 1º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo, modificada por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, por vía indirecta, a causa de la indebida aplicación de los artículos 1º a 4º del Decreto 1433 de 1983, como reglamentario de los artículos 3º y 38 del Decreto 62 de 1976, debido a evidentes errores de hecho en que incurrió el ad quem y originados en la errónea apreciación de unas pruebas y la falta de apreciación de otras, los cuales lo llevaron a transgredir los artículos 9º, 16, 22, 23, 24 y 35 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º, 3º y 8º (nums. 1º y 5º) del Decreto 2351 de 1965; 120-3 de la Constitución Nacional, 12 del Decreto 1433 de 1983 y artículo 8º (inc. 1º) de la Ley 171 de 1961”.

Demostración del cargo

Para absolver a Landers & Cía. S.A. el ad quem incurrió en los siguientes errores de hecho: 1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor prestó sus servicios a la demandada, por contrato suscrito con Sertempo Ltda. desde el mes de mayo de 1972 hasta mayo de 1983. 2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante prestó sus servicios a Landers & Cía. S.A., por contrato suscritos con Sertempo Ltda. desde el mes de mayo de 1972 hasta mayo de 1973. 3. Dar por demostrado, sin estarlo que la demandada le suscribió directamente contrato de trabajo a partir del 14 de mayo de 1983. 4. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa demandada suscribió contrato, directamente, con el actor, a partir del 14 de mayo de 1973. 5. Dar por demostrado, sin estarlo, que Sertempo Ltda. desde el mes de mayo de 1972 a mayo de 1983, era un contratista independiente. 6. No dar por demostrado, estándolo, que durante el período que el actor prestó sus servicios a la demandada, por contrato suscrito con Sertempo Ltda., esta compañía no era más que un simple intermediario. 7. No dar por demostrado, estándolo, que el actor trabajó al servicio de Landers & Cía. S.A. durante más de diez años y que el trabajador tenía derecho a las peticiones de la demanda.

Pruebas erróneamente apreciadas. 1. Folio 43 Sertempo Ltda. certifica que el actor estuvo enganchado con esa empresa entre mayo de 1972 y mayo de 1973. 2. Las declaraciones de testigos que obran a folios 31 y 32, 44 y 45, donde claramente se expresa que el trabajador laboró al servicio de la demandada desde mayo de 1972 a marzo de 1983, durante el primer año por intermediación de Sertempo Ltda. y del 13 de mayo de 1973 en adelante, directamente enganchado por el patrono.

Pruebas dejadas de apreciar. 1. Liquidación parcial de cesantías (fl. 5) donde se relaciona, en documento proveniente del patrono, como fecha de ingreso el 14 de mayo de 1973. 2. Contestación de la demanda (fls. 17 a 19) donde la empresa demandada reconoce expresamente que el actor prestó sus servicios a Landers & Cía. S.A. entre el 14 de mayo de 1973 y el 29 de marzo de 1983. 3. Contrato de trabajo (fls. 20 y 21) donde se estipuló que el actor venía prestando sus servicios a partir del 14 de mayo de 1973. 4. Carta de despido (fl. 7) con fecha del 29 de marzo de 1983, registrándose que a partir de ese día la empresa le daba por terminado el contrato de trabajo, siendo imposible, en consecuencia que el actor suscribiera contrato con la misma, en mayo de 1983.

El ad quem dio total veracidad a los testimonios que narraban cómo cuando el actor tenía suscrito contrato por intermediación de Sertempo Ltda., prestó sus servicios a Landers & Cía. S.A. En esta apreciación que el tribunal dio por probada, está totalmente de acuerdo el actor.

Sin embargo, el fallador de segunda instancia yerra cuando afirma: “La prueba oral recepcionada en el proceso indica que ciertamente el señor Alberto Zapata Tangarife prestó servicios a la Landers Mora por contrato suscrito con la empresa Sertempo Ltda. desde el mes de mayo de 1972, y que luego en mayo de 1983, celebró contrato suscrito con la demandada, no habiendo existido interrupción cuando laboró por cuenta de Sertempo Ltda. y luego bajo la dependencia directa de la empresa Landers & Cía. S.A.” (fl. 61). Igualmente apreció mal la prueba de certificación de Sertempo Ltda. al afirmar que: “... dicha empresa cubrió los salarios y prestaciones sociales pertenecientes al actor entre mayo de 1972 y el mismo mes de 1983, y así mismo estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales” (fl. 61). Más adelante incurre nuevamente en la misma equivocación (fl. 63): “... con anterioridad al 14 de mayo de 1983, fecha en que se inició la vinculación laboral con la empresa reclamada...”.

El evidente error cometido en el fallo atacado, al dar por demostrada la vinculación del actor con la demandada, mediante intermediación de Sertempo Ltda. hasta mayo de 1983 lo conllevó a aplicar indebidamente los artículos 1º a 4º del Decreto 1433 de 1983, pues si hubiera tenido como probada la intermediación hasta el 14 de mayo de 1973, habría llegado fácilmente a la conclusión que el mencionado decreto no era procedente en el caso sub judice pues entró a regir a partir de la fecha de su expedición, es decir el 20 de mayo de 1983.

La prestación personal de servicios de Zapata Tangarife a la demandada, por intermedio de Sertempo, se consumó el 13 de mayo de 1973, no pudiendo el ad quem aplicarle una disposición dictada en 1983. Se colocó el fallador, en abierta rebeldía contra el artículo 12 del mismo Decreto 1433 que dispone su vigencia desde el 20 de mayo de 1983 y el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo que preceptúa la no retroactividad de las normas laborales y la prohibición de no afectar situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores.

Por consecuencia, no aplicó el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo al no desentrañar qué son simples intermediarios, aun aparezcan como intermediarios independientes (Sertempo Ltda.) las personas que agrupan servicios de trabajadores (Zapata) para la ejecución de labores, utilizando los instrumentos del patrono, en beneficio de éste (Landers), en actividades ordinarias o conexas a la explotación de aquél. Lógicamente, se rebeló el fallador contra el artículo 1º del Decreto 2351 de 1965 que ubica a los intermediarios como simples representantes del patrono.

Al darle en la sentencia efecto retroactivo al Decreto 1433 de 1983, el fallador de segunda instancia concluyó que Sertempo Ltda. era una contratista independiente y se convertía en patrono autónomo, de conformidad con los artículos 1º a 4º de ese estatuto y por tanto no aplicó el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965 que estipula como contratistas independientes a quienes contratan la prestación de servicios en beneficio de terceros, asumiendo los riesgos, para realizar las labores por sus propios medios. Dio por demostrado la calidad de contratista independiente a la tan mencionada Sertempo Ltda., sin que exista prueba alguna que corrobore los requisitos exigidos en el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965 y por el contrario está demostrado y aceptado por el tribunal superior que el actor, en el primer año de prestación de sus servicios, laboró directamente en Landers & Cía. S.A. normalmente, como si fuera trabajador directo del patrono demandado. Ninguna prueba en sentido contrario existe.

De ahí que el sentenciador desconoció los artículos 9º, 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo y especialmente el 1º del Decreto 2351 de 1965 que establece la presunción que todo intermediario es simplemente un representante del patrono.

De no haber incurrido en los errores de hecho reseñados y de no haberle dado una aplicación indebida a los artículos 1º a 4º del Decreto 1433 de 1983, el tribunal habría llegado a la conclusión que el actor laboró al servicio de la demandada desde el 29 de mayo de 1972 al 29 de marzo de 1983, es decir durante más de diez años y le hubiese dado aplicación al numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, ordenando el reintegro del actor y a las demás peticiones principales de la demanda. Si por cualquier motivo llegase a considerar que existe incompatibilidad para reintegrar al actor, debería haber condenado al reajuste de la indemnización, a la indexación e intereses, en aplicación del artículo 9º del Código Sustantivo del Trabajo y del numeral 1º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 como perjuicios recibidos por lucro cesante y hubiese decretado la pensión restringida a que se refiere el artículo 8º de la Ley 171 de 1961”.

Se considera

Al estudiar los elementos probatorios citados por el censor como inapreciados o mal apreciados por el ad quem, se imponen las siguientes conclusiones:

a) Que la vinculación inicial a Sertempo Ltda. operó a partir de mayo de 1972;

b) Que la citada vinculación tuvo vigencia hasta mayo de 1973;

c) Que el contrato de trabajo suscrito entre las partes de este proceso tuvo como fecha de inicio el día 14 de mayo de 1973, y

d) Que la terminación de dicho vínculo operó el 20 de marzo de 1983.

Lo anterior supone que el tribunal en realidad incurrió repetidamente en un error que, ante la claridad de lo concluido antes, debe tenerse por evidente, consistente en diferir hasta mayo de 1983 la fecha en que se celebró el contrato de trabajo entre las partes enfrentadas en este litigio.

Pero este error parece más de expresión que de concepto dentro de la sentencia recurrida, pues en ella se acogen los planteamientos del a quo que parten de los supuestos inicialmente reseñados en estas consideraciones y además, en otros apartes del fallo del tribunal se recogen expresiones en las cuales sí se acepta que fue en mayo de 1973 (y no en 1983) cuando se produjo la desvinculación del demandante de Sertempo y a su vez, se consolidó el contrato con Landers y Cía. S.A. De todos modos, la confusa expresión del tribunal que cita indistintamente unas y otras fechas, plasma en su decisión una imprecisión que conduce a que se configuren los errores fácticos que cita el recurrente en los primeros cuatro numerales de la relación correspondiente.

Ahora, entre el planteamiento de la censura y la expresión de la sentencia atacada, median diferencias que deben estudiarse antes de concluir si los yerros fácticos anotados alcanzan el efecto suficiente para producir el quebrantamiento de la sentencia.

El ad quem se apoya en jurisprudencia de la Corte proferida en febrero 28 de 1985 (Rad. 11078) que alude expresamente al Decreto 1433 de 1983 y sobre el particular el censor argumenta que ello constituye un nuevo error del tribunal, por cuanto aplicó una norma de 1983 a una situación resuelta en 1973.

Ciertamente falta claridad en el estudio del tribunal en cuanto a las razones para apoyarse en la dicha sentencia y en el decreto antes citado. Sin embargo, aunque no sea por las mismas razones, la conclusión del ad quem se ajusta a la realidad procesal si se tiene en cuenta los siguientes razonamientos:

a) El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo prescribe que siempre que se dé la prestación personal de un servicio bajo la continuada subordinación o dependencia y el pago retributivo del mismo (salario), se configura una relación laboral que presupone la existencia de un contrato de trabajo;

b) En el caso presente y en lo que hace referencia a la primera fase de la relación que es materia de debate, se tiene que la vinculación del demandante se produce a Sertempo Ltda. y por indicación de ésta concurre a trabajar a Landers & Cía. S.A. para permitir el cumplimiento de un contrato entre las dos firmas por el cual la primera recibe una remuneración o precio, un lucro, que es su objetivo y que lo logra gracias al servicio que presta el trabajador, a quien retribuye directamente.

Estas son las características de la vinculación de un trabajador, con una empresa de servicios temporales, aun antes de la expedición del Decreto 1433 de 1983, y corresponden a las mismas que existieron entre mayo de 1972 y mayo de 1973 entre el demandante y Sertempo Ltda. Luego, es vínculo laboral claro, autónomo;

c) El simple intermediario, según el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, interviene en el acto de contratación de personal, pero no lo hace para sí, no percibe un beneficio proveniente de los servicios que presta el trabajador que ha enganchado, no imparte órdenes ni instrucciones al mismo, no es receptor directo de los servicios personales del empleado y no es el responsable directo de la remuneración salarial correspondiente, llegando a serlo sólo a través de la figura de la solidaridad bajo condiciones especiales y por no anunciar su condición de intermediario en el momento del enganche.

El intermediario vincula personal para un tercero y este último es quien recibe los servicios, ejerce activamente la subordinación y paga la retribución. Luego, en el caso concreto que se estudia, no se estaba consolidando esta figura jurídica, y

d) Los servicios prestados por el actor desde 1972 hasta 1983, se encuentran ligados a dos personas jurídicas diferentes, cada una de las cuales adquirió frente al empleado, la condición de verdadero patrono y por tanto, a través de la figura planteada en la censura, no puede concluirse la continuidad de una relación por más de diez años de servicios.

El recurrente concluye tal duración partiendo del supuesto de tenerse a Sertempo Ltda. como un simple intermediario que contrató al demandante para que prestara sus servicios a la demandada, lo que no resulta claramente deducible del análisis de la prueba calificada señalada en la censura, y ello supone que no hay error del ad quem en esta conclusión fáctica, o por lo menos no puede tenérselo por ostensible, y como tal conclusión es la columna vertebral del fallo, al sostenerse aquélla debe también mantenerse éste.

No se configuran los errores 5, 6 y 7 con lo cual se sostiene el fundamento básico de la sentencia recurrida que por lo tanto no puede ser quebrantada.

No prospera el cargo.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el día 31 de mayo de 1985 en el juicio seguido por Alberto Zapata Tangarife contra Landers & Cía. S.A.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Germán Valdés Sánchez—Rafael Baquero Herrera—Juan Hernández Sáenz. 

Bertha Salazar Velasco, Secretaria.

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