Sentencia 1604 de noviembre 1º de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación 73001-23-31-000-2001-2039-01(1604), nov. 1º/2001

C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros

Actor: Sanín Tafur Barrios y otros

Referencia: Demandado: Textiles Espinal S.A., Texpinal

Acción de tutela

Decídese la impugnación interpuesta por la parte actora, contra la Sentencia del 4 de septiembre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se negó por improcedente la solicitud para tutelar el derecho al trabajo, de igualdad y de asociación, alegando que la parte demandada se niega a otorgar los beneficios convencionales pactados.

Antecedentes

1. La petición. Sanín Tafur Barrios, Alfredo Bocanegra, Gilberto Álape García y Almario Padilla, instauraron acción de tutela contra la empresa Textiles Espinal S.A., invocando la protección de sus derechos fundamentales constitucionales a la igualdad (art. 13), al libre desarrollo de la personalidad (art. 18), al trabajo (art. 25), debido proceso (art. 29) y asociación sindical (art. 39); que consideran desconocidos por la entidad demandada, de acuerdo con los siguientes hechos:

1. Los actores son actualmente trabajadores de la compañía Textiles Espinal S.A., Texpinal S.A.

2. Los actores se encuentran afiliados al Sindicado Nacional de Trabajadores de la Industria de Hilados, Tejidos, Textiles y Confecciones: Sinaltradihitexco, subdirectiva Espinal.

3. A su vez, desde el 8 de junio de 2001, los actores son socios fundadores del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Textilera del Tolima: Sintratextol, perteneciendo a dos (2) sindicatos.

4. Los actores alegan que desde que la empresa se enteró que los demandados pertenecen a Sintratextol, ha desconocido los derechos que tienen adquiridos en la convención colectiva como socios de Sinaltradihitexco, argumentando que perdieron los beneficios por pertenecer a otro sindicato.

5. Que entre los beneficios en discusión se encuentran aspectos como el subsidio de alimentación a todos los trabajadores cobijados por la convención de Sinaltradihitexco.

6. Por esta situación, se presentaron sendas reclamaciones por parte del representante legal de Sinaltradihitexco y los demandantes, a las cuales la empresa respondió que los actores pertenecen a otra agremiación y ya que la empresa, no ha negociado convención con ésta, por ende, no se encuentran en la obligación de reconocer los beneficios de la convención colectiva.

7. En sentir de los actores, esta situación atenta contra sus derechos fundamentales ya citados y por lo tanto, solicitan ordenar a la empresa se otorguen los beneficios de la convención colectiva a los cuales tienen derecho.

2. Respuesta a la tutela. La entidad demandada a través de su representante legal manifestó que la empresa ha continuado reconociendo y pagando en forma legal a sus trabajadores agremiados en el sindicato Sinaltradihitexco, los beneficios convencionales pactados.

Agrega que entre la empresa y los trabajadores agremiados a Sintratextol, (sindicato mayoritario en la empresa), no se ha suscrito convención colectiva que implique para los afiliados el reconocimiento y pago de pensiones.

Por lo expuesto, solicita negar la acción de tutela.

3. Contenido del fallo. El tribunal para fundamentar su decisión de negar las pretensiones de la demanda, hizo las siguientes consideraciones:

Los actores poseen otro medio de defensa ante la jurisdicción laboral ordinaria.

Que si bien la tutela es procedente como mecanismo transitorio cuando exista un perjuicio grave e irremediable, los actores no demostraron tal calidad para que le fuera concedido el amparo de manera transitoria, por esto, el a quo negó por improcedente la acción de tutela.

4. La impugnación. Los actores impugnaron la decisión y manifestaron:

Reiteran que la Honorable Corte Constitucional ha procedido a otorgar la protección constitucional de la acción de tutela en casos de paralelismo sindical, en los cuales se afecta gravemente los derechos de los miembros de un sindicato, aspectos que se pueden predicar de la situación denunciada.

Afirman que los hechos cometidos por la empresa, violan ostensiblemente el derecho fundamental a la igualdad y reiteran la procedencia de la acción de tutela en este caso.

Consideraciones de la Sala

1. El perjuicio grave e irremediable.

Según los artículos 6º y 8º del Decreto 2591 de 1991, la tutela se puede conceder cuando el afectado está sufriendo un perjuicio grave e irremediable, en estos casos, se faculta al juez otorgar la protección como un mecanismo transitorio.

La Honorable Corte Constitucional afirmó que cada caso donde se solicita el amparo de los derechos fundamentales, debe ser evaluado de manera independiente, e individualmente identificando los presupuestos mínimos de procedencia de la acción, como es la prueba siquiera sumaria de los hechos.

Adicionalmente, la Corte Constitucional al pronunciarse sobre el particular, sostuvo que:

“Cierto es que al tenor de lo preceptuado por el artículo 18 del Decreto 2591 de 1991 “el juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho, prescindiendo de cualquier información formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho”, pero adviértase que dicha autorización tiene lugar única y exclusivamente cuando existe, dentro del proceso, al menos una prueba de la cual se pueda inferir violación o amenaza del derecho fundamental invocado...” (1) .

(1) Corte Constitucional Sentencia T-246 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández.

A su vez, la Honorable Corte Constitucional ha determinado que el perjuicio irremediable es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho, el cual, una vez producido es irreversible y por lo tanto no puede ser retornado a su estado anterior. Así mismo, ha señalado que la acción de tutela es procedente para evitar un perjuicio irremediable cuando concurren los siguientes requisitos:

“(1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo debe ser grave, esto es, que una vez que aquel que se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable” (2) .

(2) Véanse entre otras las siguientes providencias: ST-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); ST-056 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); ST-208 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); ST-476 de 1996 (M.P. Fabio Morón Díaz): ST-093 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

2. El derecho al trabajo.

En ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de la procedencia de la acción de tutela cuando se violó el derecho al trabajo. También reconoce el amparo cuando se está afectando el mínimo vital, sin que por ello la vía de la tutela se convierta en una regla de conducta que deban seguir los jueces.

La misma corporación consideró que cada caso debe ser evaluado de manera independiente, e individualmente identificando los presupuestos mínimos de procedencia de la acción, como es la prueba siquiera sumaria de los hechos en que fundamenta el derecho y el perjuicio irremediable.

3. El derecho a la igualdad.

En múltiples ocasiones la jurisprudencia sobre la acción de tutela ha reiterado al interpretar el artículo 13 de la Constitución que la igualdad está sometida a criterios bajo los cuales se reconoce que no hay criterios abstractos sino concretos para cada caso, es decir la pluralidad democrática per se entiende la existencia de desiguales ya que sus circunstancias difieren de las condiciones generales de la población (3) .

(3) “Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos.

Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática.

Hay pues que mirar la naturaleza misma de las cosas; ella puede en sí misma hacer imposible la aplicación del principio de la igualdad formal, en virtud de obstáculos del orden natural, biológico, moral o material, según la conciencia social dominante en el pueblo colombiano.

Por ello, para corregir desigualdades de hecho, se encarga al Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. En este sentido se debe adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de inferioridad manifiesta, como afirma el artículo 13 en sus incisos 2º y 3º”.

La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad. El operador jurídico, al aplicar la igualdad con un criterio objetivo, debe acudir a la técnica del juicio de razonabilidad que, en palabras del tratadista italiano Mortati, “consiste en una obra de cotejo entre hipótesis normativas que requieren distintas operaciones lógicas, desde la individualización e interpretación de las hipótesis normativas mismas hasta la comparación entre ellas, desde la interpretación de los contextos normativos que pueden repercutir, de un modo u otro, sobre su alcance real, hasta la búsqueda de las eventuales disposiciones constitucionales que especifiquen el principio de igualdad y su alcance”. Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992, Magistrados Ponentes: Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero. Octubre primero (1º) de mil novecientos noventa y dos (1992).

Ahora, es claro que al intérprete jurídico le está permitido determinar en el caso concreto la procedencia o no del amparo al derecho a la igualdad basado en medidas que siendo generales pueden resultar lesivas a los desiguales.

El cuestionario de racionalidad que ha sostenido la Honorable Corte Constitucional como criterio para amparar una supuesta vulneración al derecho a la igualdad (4) y para saber si una norma o medida desconoce la protección de individuos que son desiguales pero que necesitan de protección de acuerdo a la cláusula social de nuestro Estado, no es una regla o medida común, por el contrario debe ser aplicado en cada caso específico buscando siempre la intención de la norma y si el legislador o el acreedor de la norma tuvo a su consideración las circunstancias extraordinarias, anómalas y excepcionales que pudieran darse en un caso específico y determinado, en caso negativo, es dable al juez, como intérprete de la norma establecer que si bien la norma cobija toda clase de situaciones, hay circunstancias excepcionales que por su carácter único y casi irrepetible no fueron considerados en el momento de promulgación, pero que la realidad puede originar, creando una desigualdad a los desiguales, personas que por sus diferentes condiciones merecen una especial consideración y tratamiento. Esta posición también es válida en el derecho comparado (5) .

(4) Corte Constitucional. Sentencia C-337 de 1997, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. Julio 17 de 1997.

(5) “El principio de igualdad puede resultar vulnerado cuando los jueces y tribunales aplican la norma jurídica con un criterio interpretativo que ocasione o al menos no corrija una desigualdad de trato discriminatoria en relación en otras situaciones válidamente comparables, si la norma aplicada permite una interpretación distinta admisible en derecho, que permita eliminar el factor de desigualdad no justificado”. Tribunal Constitucional Español. Sentencia 103 de 1990.

El caso concreto

El paralelismo sindical, era una figura prohibida en el ordenamiento jurídico antiguamente.

La Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-797 de junio 29 de 2000, declaró inexequible la norma que consagraba la prohibición de ser miembro de más de un sindicato de la misma clase o actividad.

En jurisprudencia de tutela, la honorable Corte Constitucional ha otorgado el amparo constitucional, en casos en los cuales se ha afectado el derecho a la igualdad y a la asociación sindical, discutiendo la figura del pluralismo sindical.

En tales condiciones la Corte ha manifestado:

“Y, en gracia de discusión, si se hubiese podido deducir algún tipo de consecuencia jurídica del precepto legal en cuestión, la empresa presumió que las demandantes habían renunciado al sindicato Ases por haberse afiliado al nuevo sindicato —Asecomse—, aunque de igual forma también habría podido presumirse que las trabajadoras continuaban como integrantes de la primera de las mencionadas asociaciones de trabajadores y que no podían pertenecer a la segunda. Así que ningún sustento tenía la conducta de la empresa.

(...).

Aunque podría entenderse que en la actualidad no existe ni siquiera la posibilidad de plantear un debate sobre la adecuada interpretación y las consecuencias de la desaparecida disposición, lo que significaría que decidir sobre el tema planteado carecería de objeto, lo cierto es que, en la práctica, la conducta de la empresa demandada corresponde a una clara y evidente vulneración del derecho de asociación sindical, pues no se permite a los trabajadores hacer uso de los permisos indispensables sino que se presume su desvinculación de uno de los sindicatos sin que la voluntad individual de las interesadas haya sido manifestada en tal sentido, lo que comporta una abierta violación de su libertad y de su autonomía personal (6) ”. (Negrillas de la Sala).

(6) Corte Constitucional. Sentencia T-1756 de 2000, en el mismo sentido: Sentencia T-1758 de 2000.

A su vez, la Carta Magna en su artículo 53 dispone:

“ART. 53.—El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales: garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores” (negrillas y subrayas de la Sala).

En el caso concreto, los actores están en situación de subordinación ante la empresa, ésta con su conducta ha desconocido el derecho a la igualdad de los actores, dando un trato discriminatorio y desigual a los trabajadores afiliados a Sintratextol, la empresa con sus conductas no puede desconocer los derechos fundamentales de los trabajadores.

Sobre las actuaciones de la empresa, en casos de negociación colectiva con trabajadores la honorable Corte Constitucional expresó:

“Nadie duda hoy en día que el Estado tiene un interés especial en la protección de las condiciones laborales de los trabajadores y que, para ello, impone el cumplimiento de unos mínimos legales que restringen el ejercicio de la libertad patronal. En estas condiciones, la empresa se convierte en mediadora de propósitos institucionales a través de la aplicación de normas consideradas como de orden público. El empleador debe velar siempre por el estricto cumplimiento de la igualdad en la aplicación de las normas laborales...

El principio de igualdad incluye la obligación objetiva de trato semejante por parte de las autoridades públicas, así como el derecho subjetivo a ser tratado igual. Las condiciones laborales, si bien no se encuentran enunciadas de manera explícita dentro de las razones objeto de discriminación del artículo 13, deben tener un tratamiento similar si se tiene en cuenta la especial protección constitucional de la calidad de trabajador. En consecuencia, si el trabajador aporta los indicios generales que suministren un fundamento razonable sobre la existencia de un trato discriminatorio, o que permitan configurar una presunción de comportamiento similar, le corresponde al empleador probar la justificación de dicho trato” (7) .

(7) Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 1994.

De igual manera:

“Conflicto laboral colectivo. Casos en que procede la tutela: a) Cuando el patrono desconoce el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, o afiliarse a éstos, o promueve su desafiliación, o entorpece o impide el cumplimiento de las gestiones propias de los representantes sindicales, o de las actividades que competen al sindicato, adopta medidas represivas contra los trabajadores sindicalizados o que pretendan afiliarse al sindicato. Igualmente, cuando el patrono obstaculiza o desconoce, el ejercicio del derecho de huelga, en los casos en que ésta es permitida; b) Cuando el patrono obstaculiza o impide el ejercicio del derecho a la negociación colectiva. Aun cuando, tal derecho (C.P., art. 55), no figura entre los derechos fundamentales, puede ser protegido a través de la tutela, porque su desconocimiento puede implicar, la violación o amenaza de vulneración de derecho al trabajo, como también el derecho de asociación sindical, si se tiene en cuenta que una de las funciones de los sindicatos es la de presentar pliegos de peticiones, que luego del trámite correspondiente conduce a la celebración de la respectiva convención colectiva de trabajo; c) Cuando las autoridades administrativas del trabajo incurren en acciones y omisiones que impiden la organización o el funcionamiento de los tribunales de arbitramento, sean obligatorios o voluntarios, encargados de dirimir los conflictos colectivos de trabajo, que no se hubieren podido resolver mediante arreglo directo o conciliación, o el ejercicio del derecho de huelga, o cuando incumplan las funciones que le corresponden, según el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, durante el desarrollo de la huelga...

En efecto, la sumisión de los patronos a la Constitución no sólo se origina y fundamenta en los artículos 1º, 4º, inciso 2º y 95 de la Constitución, en cuanto los obligan a acatarla y le imponen como deberes respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, defender los derechos humanos y propender al logro y mantenimiento de la paz, lo cual se logra con el establecimiento de relaciones laborales justas en todo sentido, sino en el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y de las organizaciones sindicales...

En otros términos, la aludida libertad queda incólume y goza de la protección constitucional y legal, pero no puede ejercerse o utilizarse por el patrono para afectar los derechos fundamentales de los trabajadores y de la organización sindical...

Así mismo se viola el derecho a la asociación sindical, porque las aludidas diferencias en las condiciones de trabajo estimulan la deserción de los miembros del sindicato, con el resultado de que un sindicato que antes era mayoritario se puede tomar en minoritario con las consecuencias jurídicas que ello implica e incluso puede llegar a desaparecer. De esta manera el ejercicio omnímodo, absoluto y sin cortapisa de ninguna clase de la libertad patronal para celebrar pactos colectivos se traduce en violación de los derechos fundamentales de los trabajadores y de la organización sindical...

¿Cuál sería el fundamento para establecer diferencias de orden laboral entre los trabajadores afiliados al sindicato y los que no se encuentran afiliados a éste? La respuesta es que tal fundamento no existe, a no ser que se quiera esgrimir como razón para ello la libertad y la liberalidad patronal. Sin embargo, a juicio de la Corte, dicha razón no se acompasa con el respeto a los derechos fundamentales a la igualdad y a la asociación sindical, pues al patrono no le puede ser permitido, escudado en la libertad para convenir o contratar y para disponer libremente de su patrimonio, desconocer los derechos, principios y valores constitucionales” (8) .

(8) Corte Constitucional. Sentencia SU-342 de 1995.

En el caso sub lite, no se hace necesaria la valoración del cuestionario o test de igualdad, porque el trato desigual es un hecho evidente corroborado por la contestación de la demanda, la conducta asumida por la empresa vulnera el principio de a igual trabajo igual salario, establecido en el artículo 53 de la Constitución.

A su vez, la primacía de la realidad sobre las formas, hace imperiosa la necesidad de otorgar una protección a una conducta discriminatoria de la empresa que se ampara en el hecho de que Sintratextol, no ha negociado convención colectiva. Mas los trabajadores afiliados, tienen derecho a el reconocimiento de sus beneficios, ya que el ordenamiento jurídico prevee la existencia del pluralismo sindical en las empresas, conductas como la que es hoy objeto de análisis, buscan atomizar la fuerza que puede tener Sintratextol, al ser sindicato mayoritario, promoviendo su no afiliación por parte de los trabajadores.

Es un hecho evidente el perjuicio grave e irremediable que tienen que soportar los actores al tener sin justa causa un trato discriminatorio por afiliarse a Sintratextol, por lo tanto a la luz de la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, se otorgará la protección de manera transitoria, mientras los actores incoan la respectiva acción ante la jurisdicción ordinaria.

En este orden de ideas, la Sala revocará la sentencia impugnada y concederá la tutela como mecanismo transitorio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2001 por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia y en su lugar:

2. ORDÉNASE a la empresa Textiles Espinal S.A., Texpinal S.A., que dentro del término de treinta (30) días después de notificada la presente providencia dar un trato igualitario a Sanín Tafur Barrios, Alfredo Bocanegra, Gilberto Álape García y Almario Padilla, cancelando los beneficios convencionales a que tienen derecho bajo la convención colectiva firmada entre la empresa y Sinaltradihitexco.

Este amparo se concede como mecanismo transitorio por un término de tres (3) meses, contados desde el día de notificación de la presente providencia tiempo en el cual, los actores deberán demandar ante la jurisdicción ordinaria, los hechos que hoy son motivo de tutela. Si dentro de los cuatro (4) meses siguientes, los actores no incoan la respectiva acción ante la jurisdicción ordinaria, la protección otorgada por la presente sentencia cesará en sus efectos.

3. Dentro del término de ley, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

4. Enviar al a quo una copia de este proveído.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Alier Eduardo Hernández, presidente de la Sala—Jesús María Carillo Ballesteros—Germán Rodríguez Villamizar—Ricardo Hoyos Duque—María Elena Giraldo Gómez.

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