Sentencia 7303 de diciembre 13 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DIFERENCIA ENTRE OPINIÓN E INFORMACIÓN

PARA EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Ardila Velásquez

Ref.: Expediente 7303

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil dos (2002).

Decídese el recurso de casación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 30 de marzo de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario instaurado por la Sociedad Bodegas Nacionales Ltda. contra el Banco de Occidente.

I. Antecedentes

El proceso se entabló para que se declare que el banco demandado es civil y extracontractualmente responsable de los perjuicios que ocasionó a la actora “con la publicación del artículo denominado Licores baratos: prefiero vivir que apareció en la revista Credencial de propiedad del Banco de Occidente correspondiente al mes de noviembre de 1990, páginas 103, 104 y 106”, y que, por lo tanto, sea condenado a pagarle, por daños materiales la suma de cien millones de pesos o lo que se pruebe en el juicio, y por daños morales el monto equivalente a mil gramos oro.

Fácticamente se apoya la actora en lo siguiente:

— Es la demandante una sociedad cuyo objeto principal es el “envasado, fabricación, distribución y venta de bebidas alcohólicas”.

— El Banco de Occidente es el dueño de la revista Credencial, en la cual se publicó en el mes de noviembre de 1990 el artículo denominado “Licores baratos: prefiero vivir”, “dedicado a difamar de los licores que ella califica de pésima calidad”, pues que exactamente en la página 106 de ella se lee:

“En efecto, como si el contrabando no bastara, esta dependencia [el Ministerio de Salud] viene concediendo licencias sanitarias a granel, sin ninguna autoridad profesional desde el punto de vista de la calidad etílica. Lo cual también es gravísimo, porque esa calidad de los productos ciertamente deja mucho que desear. No es sino que usted lector, asome sus ojos a las fotos que acompañan a esta nota para que verifique por su propia cuenta la diversa gama de botellas raras y de tragos insólitos, que con autorización del ministerio se venden en el país, en frascos que las más de las veces pertenecen a casas importadoras conocidas de cuya seriedad en esta materia nadie se atreve a dudar”.

— Resulta que las fotos a que alude el artículo corresponden a productos de la demandante, así: la etiqueta que anuncia el: “Coctel antes de... 22% gl. especial 375 cc.” y la botella del “coctel elaborado con whisky Camos Especial 27% vol 750 ml.”.

— La actora es una empresa respetable “cuyos productos vinícolas han gozado de aceptación general por su extraordinaria calidad, amparados por la respectiva licencia del Ministerio de Salud y por lo tanto su situación económica y comercial ha ido constantemente en ascenso”. Sin embargo, “la publicación hecha por la revista Credencial”, al poner en entredicho tales productos, hizo que las ventas proyectadas se viesen reducidas en una cantidad superior a los cien millones de pesos causándole “por este hecho” un notorio perjuicio. Amén de que, con el fin de contrarrestar la mala imagen creada por el artículo, tuvo que incrementar considerablemente los gastos de publicidad.

— También se perjudicó el good will de la actora, “fabricante de los productos cuya fotografía se publica en el artículo de la mencionada revista que de esta manera se vio sometida al escarnio público de sus consumidores”. De tanta trascendencia fue la publicación que el columnista del diario El Tiempo, D’Artagnan, reprodujo allí el artículo como suyo y sin comillas el 26 de diciembre de 1990, “aumentando de esta manera la difamación y por consiguiente el perjuicio material y moral que se reclama”.

El banco demandado se opuso a las pretensiones. Cuanto a los hechos negó ser el propietario de la revista Credencial, explicando que apenas es el titular de la reserva del nombre, pues la propiedad de la revista es de varias entidades vinculadas entre sí por un contrato de cuentas en participación; anotó que aquello de que el artículo es difamatorio es un concepto de la actora “que no se comparte”, y además en la página 8 de la revista se advierte —basada en las disposiciones legales vigentes— que “el artículo compromete al autor y no a los editores”; exigió la prueba del buen nombre o good will que aduce la demandante, así como la de los demás supuestos fácticos.

Con fundamento en ello dijo excepcionar así: falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva; inexistencia de conducta dañosa; inexistencia del perjuicio alegado; ausencia de culpa en la parte demandada e inexistencia del supuesto de hecho que se presenta como causante del posible perjuicio. Simplemente que a lo ya dicho agregó que no son ciertas las afirmaciones de la demanda, porque el artículo publicado, al referirse a las fotos, no está hablando de “calidad de las bebidas, sino que se refiere al envase, y a los tragos que califica de insólitos”, dando a entender simplemente lo raros que son y la imitación de una botella.

El juzgado ordenó luego la citación de las sociedades Publicaciones Periódicas Ltda. y Ventas y Servicios Ltda., las cuales se opusieron también a las pretensiones y negaron la mayor parte de los hechos. Formularon excepciones así: la primera de ellas adujo las que denominó “ausencia de legitimación en la causa”, “ausencia de culpa”, “inexistencia del daño y del perjuicio reclamando” y “la libertad e independencia de la actividad periodística, reconocida en el artículo 73 de la Carta Política”, alegándose para esto, en general, que la publicación materia del pleito “dista lejos de ser mal intencionada o negligente, y por el contrario trae unas afirmaciones que tienen suficiente respaldo, como así habrá de establecerse a la luz del derecho marcario”; que la demanda pretende pulverizar el ejercicio de la actividad periodística, la cual goza por Constitución “de los privilegios de libertad e independencia”; que “los hechos reales que se difundan en cualquier medio de comunicación, no puede convertirse en fuente de indemnización, pues resultaría un contrasentido que la Constitución autorizara la publicación libre e independiente, y al mismo tiempo le sujetara a soportar reclamaciones indebidas”; la actora califica de difamatoria las afirmaciones hechas en la publicación “sin tomarse el trabajo de desmentirlas”, pues ni siquiera “niega el hecho contundente de que alguno de sus envases imiten otros de reconocido prestigio marcario”; no es posible pretender atribuirle a la publicación la reducción de ventas de unos productos “de los que ni siquiera se ha anunciado contar con los registros marcarios idóneos o las licencias de los titulares de los mismos, así como las expensas sufragadas para posicionar en el mercado los referidos licores”.

La otra sociedad citada, a su turno, presentó las siguientes excepciones: falta de legitimación en la causa tanto activa como pasiva, inexistencia de conducta dañosa y del perjuicio reclamado, ausencia de culpa de su parte e inexistencia de la relación causal, alegando para ello que la demandante habla de difamación “sin que en parte alguna del texto de la demanda exprese cuáles son las expresiones difamatorias del artículo y mucho menos las revate (sic) o desmiente”; el artículo publicado habla solamente de que son “raras la botellas presentadas y de insólitos los tragos que con el nombre de ‘Antes de …’ que según Bodegas Nacionales es un ‘coctel brandy’ lo cual salta a la vista no es común u ordinario lo cual lo hace insólito más no difamatorio y de otra parte no existe difamación alguna en el calificativo de ‘raras’ utilizado en la publicación al referirse a las botellas presentadas”; Ventas y Servicios S.A. no es el autor del mencionado artículo, y además la revista Credencial advierte en su página octava que “las opiniones expresadas en ella son las de sus autores y no reflejan necesariamente la posición de los editores”.

El 18 de agosto de 1995 feneció la primera instancia con sentencia desestimatoria que profiriera el juzgado octavo civil del circuito de Bogotá, decisión que confirmó el tribunal superior de Bogotá al desatar la apelación interpuesta por la actora y cuya sentencia, como desde atrás se dijo, es precisamente materia del recurso extraordinario que la Corte se apresta a decidir.

II. La sentencia del tribunal

Al encarar la responsabilidad civil deducida en el juicio, y una vez que compendió la controversia agitada dentro del mismo, señaló que los elementos a probar en este caso son: un hecho generador; que ese hecho haya causado daño al demandante; que el daño haya sido causado al titular de la acción y que quien lo haya “infringido” sea el demandado y, por último, que éste sea obligado a pagar la indemnización correspondiente.

Y averiguando por el primero de ellos, sentenció que de la lectura de la publicación cuestionada “encuentra la Sala que existe una alusión directa a los productos cuyas fotografías fueran reproducidas en el mismo artículo”, y que, por lo tanto, “no cabe la menor duda que al haber puesto de ejemplo tales productos como los que son de contrabando, los baratos, los que utilizan botellas raras y de tragos insólitos, está vinculado a ese tipo de productos que aunque, ‘con autorización del ministerio’, no se deben consumir; porque ellos atentan contra la vida o por lo menos contra la salud: ‘prefiero vivir’”, lo cual contradice la licencia otorgada al productor por el Ministerio de Salud.

También puntualizó el sentenciador que la nocividad de tal hecho generador se pone de presente con los testimonios de Álvaro Villegas Botero y Julia Mariela Buitrago de Zamora y la experticia rendida por contadores (fl. 214 del cdno. 5), daño traducido en que la actora “debió incrementar ostensiblemente su gasto en publicidad a fin de contrarrestar la publicidad dañosa que la revista Credencial le había infringido (sic)”, y en que sus productos fueron rechazados por los distribuidores, quienes adujeron la publicación fotocopiada como argumento para reducir pedidos o no hacerlos. Por lo que, dijo “se considera este elemento probado. Es decir, tal publicación sí causó un daño al productor y por ello se tendrá como probado y se desestiman las excepciones de fondo planteadas en tal sentido”.

Paso seguido encontró acreditada la legitimación en la causa por activa, pues la sociedad Bodegas Nacionales es la persona legitimada para invocar la indemnización por el daño causado.

No así legitimación por pasiva. A la pregunta que se planteó el tribunal sobre quién había causado tal daño, explicó previamente que “se trata de un artículo de revista que constituye una opinión de su creadora y de acuerdo con lo establecido y advertido en la página 8, parte superior, ‘las opiniones expresadas en ella son las de sus autores y no reflejan necesariamente la posición de los editores’”.

Posición esa que lo llevó de la mano a concluir del modo que sigue:

“Por tanto, si la opinión es sólo imputable a su autor, éste es quien debe reparar el daño que cause su opinión. Y no se puede, de ninguna manera, enrostrar dicha opinión al dueño de la reserva del nombre o a sus editores. De tal manera que quien debió ser citada a este proceso como demandada a fin de reparar el daño que causó con la creación de tal artículo fue su creadora, y no las demás personas que aquí comparecieron como personas demandadas, pues estos no han sido los generadores del hecho dañoso”.

Así que fue del parecer de que prosperaban las excepciones de fondo que resaltan la carencia de tal legitimación, y consideró innecesario estudiar tanto los demás elementos de la responsabilidad como las restantes excepciones.

Resolvió entonces confirmar el fallo apelado.

III. La demanda de casación

Bajo la égida de la primera causal de casación prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, un cargo ha sido formulado contra la sentencia del tribunal, denunciándose en él la violación indirecta de los artículos 669, 2341, 2344, 2347 y 2356 del Código Civil, y 55 y 41 de la Ley 29 de 1944, los cuales fueron inaplicados a causa del error de hecho cometido en la apreciación probatoria.

Error de hecho que a juicio de la recurrente consistió en que el sentenciador “se limitó a considerar el contenido del artículo como una mera opinión de la articulista Fernanda Barriga, haciendo caso omiso de que el mencionado artículo contiene también una información al publicar las fotografías del envase y etiquetas de los licores elaborados por la demandante denominados ‘Camos Especial’ y ‘Antes de … especial’ y referirse a ellos señalándolos como los licores de mala calidad a que se estaba refiriendo el articulista”.

Es reiterativa la impugnante en señalar que el tribunal no observó que el artículo de la revista Credencial “no solamente contiene la opinión del articulista sobre los licores baratos y de mala calidad, sino que también contiene un hecho informativo: El de aparecer publicados en el mismo el envase y etiqueta registrados ante el Ministerio de Salud de dos productos elaborados por la demandante Bodegas Nacionales Ltda. como prototipos de licores de mala calidad”. Vale decir, el sentenciador observó parcialmente el artículo y por eso llegó a concluir que la responsabilidad recaía sólo en la autora del mismo. “Otra hubiera sido la conclusión —replica el censor— si se hubiera dado cuenta de que el mencionado artículo involucra también un aspecto informativo: la publicación del envase y etiqueta distintivos de los dos productos de propiedad de la demandante señalándolos como de mala calidad”; y agrega que de no haberse publicado tales fotografías no se hubiera producido el daño reclamado. Más adelante elucida así:

“De las simples opiniones responde el autor de las mismas. Pero del hecho informativo de la publicación de la etiqueta y envases de productos concretos como prototipo de licores de mala calidad responden solidariamente con aquel el propietario del nombre de la revista Credencial, que de acuerdo con la certificación del Ministerio de Gobierno está reservado al Banco de Occidente, por haber permitido la utilización del nombre de la revista que le estaba reservado únicamente a él, a las firmas Publicaciones Periódicas Ltda. y Ventas y Servicios S.A., pues era altamente previsible que estas últimas, por falta de vigilancia, permitieran en la revista la publicación de artículos dañosos a la reputación de las personas naturales y/o jurídicas. El daño se produjo por consiguiente por la responsabilidad que le incumbe como titular del nombre de la revista Credencial, por el riesgo dañoso social previsible al permitir el uso del nombre que le estaba reservado, a las mencionadas firmas editoras”.

Consideraciones

Aconseja el caso dejar bien claro cómo para dilucidar lo concerniente a la legitimación, el sentenciador dirigió su atención a la advertencia contenida en la página 8 de la revista, con arreglo a la cual “…las opiniones expresadas en ella son las de sus autores y no reflejan necesariamente la posición de los editores”, de donde dedujo que si ello es así, quien había de ser citado al proceso como demandada era la periodista autora del artículo, mas no el “dueño de la reserva del nombre” o sus editores.

Y bien visto el cargo, el censor convendría en que ello fuere así si en verdad el asunto se quedara en el ámbito netamente de la opinión. Por eso el ataque no encierra objeción propiamente a la referida cláusula, y más bien está enderezado a demostrar que el artículo publicado fue más allá de la mera opinión en cuanto a que alcanzó rasgos informativos, sendero por el que estima que la responsabilidad no puede quedar aprisionada en el marco restrictivo de tal cláusula, sino que se extiende a sus demandados.

Por manera que el examen de la Corte estará ceñido, como no puede ser de manera diversa ante el indiscutible carácter dispositivo del recurso, a ese específico orden de ideas.

Así que, al tribunal se acusa, y en esto consiste todo el cargo, de no haber caído en la cuenta que el artículo publicado no contiene meramente una opinión sino que además existe en él un componente informativo, traducido éste en la incorporación que de unos elementos gráficos se hizo al texto escrito, el cual, de haber sido advertido, habría dejado sin piso la objeción que en punto de legitimación en la causa por pasiva adujo el sentenciador.

Pues bien. El punto debatido en los precisos aspectos que delimitados quedaron, atañadero, como se sabe, a las libertades de expresión y de pensamiento, evoca algunas puntualizaciones de carácter general, con la advertencia liminar de que aun cuando la publicación que concierne al pleito se verificó a finales de 1990, cuando aun regía la anterior Constitución, es en últimas indiferente. Esto con el fin de verificar qué tanto de razón se pone de lado de la recurrente al alegar que en el artículo de la revista hubo información.

Ciertamente, la nueva Carta Política trajo un criterio más amplio y genérico de lo que antiguamente se definía, stricto sensu, como libertad de prensa, para incrustarla dentro de la libertad de expresión y de pensamiento; precisión conceptual que, según doctrina autorizada, obedece, antes que a un cambio sustancial, a una adaptación o replanteamiento del concepto de libertad de prensa que, acuñado en sus orígenes próximos como mecanismo de equilibrio frente a la tenaza que cerníase con la censura, evolucionó al compás de los progresos experimentados por la humanidad, lo que en últimas justificaba una denominación más exacta de esa libertad. Y en lo que hace a la responsabilidad por el ejercicio abusivo de esa actividad mediática, fue materia que, en esencia, no experimentó mutación que el caso de ahora reclame como digna de subrayarse; postulado que, por lo demás, abreva en las ideas que inspiraron la Declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, y que había tenido puntual acogida en el plano aun puramente legal con el desarrollo trazado en el artículo 55 de la Ley 29 de 1944, avenido obviamente con la Carta de 1886, previéndose que, con independencia de la punibilidad que puede tener cabida por los delitos de injuria y calumnia, “todo el que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusión o del cinematógrafo, cause daño a otro, estará obligado a indemnizarlo, salvo que demuestre que no incurrió en culpa”, preceptiva que, sin ningún género de duda, engrana estructuralmente con el tipo de responsabilidad de que da cuenta el artículo 2341 del Código Civil. Total, los medios de comunicación tienen, antes y después de la Constitución de 1991, garantizada “la libertad de expresión y la de difusión de pensamientos y opiniones”, no sujetos “a previa censura sino a responsabilidades ulteriores” (art. 19, num. 3, P. I. Der. Civiles y 13, num. 2, P. de San José de Costa Rica), pero siempre dentro de un ejercicio responsable [G.J. CCLVIII, pág. 508].

Tal responsabilidad pone al descubierto que el informar libremente no es un derecho absoluto y que en un momento dado conoce límites; de ahí que si bien debe proscribirse la censura previa para que su ejercicio sea cabal, no es posible pasar por alto unas limitantes cuyo fundamento se halla en la preservación del orden democrático.

Linderos los hay:

Así en el contenido mismo de la información, en la que ha de estar actuante en el periodista la inclinación natural del hombre hacia la verdad; cómo echar al olvido, evidentemente, lo que hoy se acepta por todos, en el sentido de que el derecho de información se concibe de doble vía, y despunta allí, con ribetes de singular importancia, el derecho del hombre a estar informado, como ser que discierne y aspira legítimamente a nutrirse del conocimiento que lo haga trascendente e integrado a todo de lo que a todos incumbe; como una elongación del axioma según el cual la civilización va de la mano con la información, existe la aspiración generalizada a estar informados; más exactamente, por encima de estar informados, a estar bien informados. Y quien ejerza libertad semejante ha de procurar una información objetiva e imparcial, con todo y la dificultad que en el punto se reconozca, dado que si es el hombre el agente de la información —no se trata ya, pues, de la reproducción mecánica de sucesos—, siempre habrá allí un componente subjetivo cuya oscilación marca en últimas el riesgo de alteración de la verdad; así que, en estrictez, de lo que se trata es de evitar la parcialidad, la manipulación consciente, así en el contenido como en la presentación de la noticia.

Como también los hay por fuera de la información en sí, concretamente cuando el asunto se conecta, como lo sugiere el deber ser, con otros derechos, tales como el de la honra y el decoro de los demás, que bien pueden entrar en colisión con el ejercicio de aquel derecho.

Añádase, por otra parte, y para acercar ya del todo este marco teórico a lo que es objeto de decisión en este caso, que aun cuando la libertad de opinión y los derechos a informar y a recibir información encuentran simiente constitucional en un mismo precepto y tienen todos el mismo cariz fundamental, no constituyen una misma cosa, y hasta podría descubrirse en ellos contenidos con algo de desemejanza, lo cual se comprueba fácilmente al observar cómo, por ejemplo, lo que para la libertad de pensamiento puede constituir una limitación ilegítima, pierda en un momento dado ese carácter si es que se la mira desde la perspectiva del derecho de informar. Atendida tal precisión, puede afirmarse que la libertad de expresar las ideas y opiniones se refiere al derecho que cabe a toda persona para comunicar libremente y por cualquier medio su propio pensamiento, sus concepciones y valoraciones, sin pretender presentar hechos o sucesos de manera objetiva; en lo cual no cabría en principio demarcar algunos mojones predeterminados, aun cuando de hecho existan algunas restricciones fincadas en razones superiores dirigidas al mantenimiento de la paz o a garantizar los derechos sociales y a la defensa del Estado, todo en aras de la convivencia.

Cuanto al derecho a informar, que constituye una condición necesaria para el libre y pleno ejercicio de la libertad de expresar aquellas ideas y opiniones, tiene, por contraste, como fin garantizar la libertad de indagar, elaborar y proporcionar al público una información no reformada ni retaceada, procurándose la imparcialidad que sea posible sobre los datos, hechos o sucesos que puedan ser noticia.

En consecuencia, la veracidad y la imparcialidad, límites al derecho de informar, a los que explícitamente hace referencia la Carta, no tienen directa relación con la libertad de opinión, aunque ambos se encuentren estrechamente vinculados con el derecho a recibir información veraz e imparcial, lo que explica el trato distinto que ha de ministrárseles; entonces: no es posible prohibir que cada cual tenga y exponga sus propias opiniones.

Descendiendo al caso, y puesto que la censura finca el criterio informativo en las fotografías, quepa registrar, quizás al margen, la fuerza indiscutible que a la hora de la expresión brindan las herramientas visuales referidas a materiales gráficos (dibujos, fotografías, planos, mapas etc.), habida cuenta que su impacto ilustrativo llega tan derechamente al lector que no pocas veces, ante un mundo cada vez más atiborrado de información, recibe hasta con agrado el sentirse relevado de tener que sumergirse en el contenido totalizador de una noticia, y a la larga acaba conformándose con la inmediatez que le permite el vuelo de los acontecimientos y acaso el de su cotidianidad. Aspectos todos que bueno es no perder de mira cuando de expresar el pensamiento se trate, pues que al lado de la bondad que a tal sistema mediático justo es reconocerle, ágil y eficaz como el que más, fácilmente puede encontrar acomodo el riesgo que envuelve el juicio fugaz, que efunde precisamente de la rápida asociación de ideas entre los elementos gráficos y, verbigracia, el mero titular de una columna o artículo. Sin duda que allí el desvelo del periodista por la exactitud y precisión se hace todavía más exigente.

Con todo, examinada la publicación desde las diversas perspectivas que su contenido lo admite, establécese cómo, ya sea que se la escrute con ese criterio totalizador, sin descuido de ninguno de los elementos fusionados allí, o bien que con abstracción de esa conjunción se aprecie cada uno de ellos en desconexión de los demás, o en otros términos, se los sustraiga de su contexto evaluándolos insularmente, no hay manera de pensar que en el documento exista más que una opinión.

Y, en vía de corroborarlo, nada mejor que entrar de lleno en sus características, labor que era de esperarse, cumpliera la impugnante en la tarea demostrativa que el recurso de casación impone, dado su cariz dispositivo y extraordinario.

De ellas destaca en primer término, al margen de lo relativo a su ubicación, que el artículo comporta la mezcla de un número plural de ingredientes escritos y visuales, unos más notorios que otros debido a su disposición dentro de las páginas en que él viene, que por esa misma circunstancia los torna perceptibles a primer golpe de vista y sin mayor esfuerzo al examinar la edición, presentación tal, que permite inferir que no fue casual.

A su turno, de entre los mentados elementos resalta por obvias razones, el que resulta ser el encabezado de la nota gastronómica de la periodista Fernanda Barriga, constituido por la sugestiva frase “licores baratos”, escrita en un tipo de letra distinto y de mayor tamaño del que el texto tiene, seguida de otra no menos llamativa: “¡PREFIERO VIVIR!”, escrita en mayúsculas sostenidas y entre signos de admiración, en letras verdes, en forma diferente a la del resto del documento, con una dimensión que supera en casi la mitad la del enunciado precedente.

Luego viene el texto del artículo propiamente dicho, armado en dos columnas en la primera página y en cuatro en la segunda, cada una de 4,5 cms. y, desde luego, las imágenes, cuya dimensión es proporcionalmente equivalente a la de las hileras de texto escrito, acomodadas de tal manera bajo el encabezamiento y entre el texto, que difícilmente puede pensarse que dicho entremezclamiento obedeció a motivo distinto al de inducir al lector a que no se quedase simplemente en los polémicos enunciados, de suyo equívocos por su ambigüedad, sino que sumergiese su atención en las palabras.

Ahora, contemplado de manera general ese cuadro de cosas en el propósito señalado, no puede negarse que el mensaje que al rompe trasmite el conjunto es el de que con licores baratos, por supuesto que los de las fotografías tienen que serlo porque de lo contrario nada justificaría su coexistencia en ese plano, deben extremarse las precauciones. Y aunque la razón no aparece tan a la mano, como en estricto sentido tendría que ser, lo cierto es que esa percepción de la articulista, presentada en primera persona, cual quedó anotado, sumada al hecho de que tanto la presencia de licores adulterados en el mercado como el preocupante nivel de consumo son de palpitante actualidad, antes que difundir la idea inequívoca de que los productos vistos en las imágenes son nocivos para la salud, impone para una persona del común la necesidad de conocer en el fondo de qué se trata esa advertencia; pues decididamente, esos dos elementos no bastan para establecer si el artículo brinda información concreta acerca de aquellos licores o si simplemente está lanzando una opinión sobre un tema en particular o respecto de ellos.

Ausente, pues, el contenido informativo en ese enfoque integral de la publicación, impérase, de acuerdo con la pauta que con antelación fue fijada, establecer si es que examinando cada elemento por sí solo, desligado de una posible explicación en otro de ellos, es factible concluir con la recurrente, que realmente el artículo da cuenta en alguna parte de una información, o si en cambio, se mantiene enhiesta la conclusión del tribunal, con arreglo a la cual lo allí expresado corresponde exclusivamente a una opinión.

Y visto quedó que el encabezamiento y las imágenes no son suficientes en ese fin; el primero responde más a una parodia de un mensaje institucional que a otra cosa, y la presencia de las botellas y la etiqueta como apoyo del artículo carecen de relevancia si no se consulta el texto escrito; luego si no se va a éste, que al fin de cuentas viene a ser el último recurso al alcance para determinar a qué quiso referirse su autora al valerse de esa combinación de elementos, difícilmente puede saberse cabalmente de qué trata.

Con las advertencias que preceden, cabe denotar cómo la lectura del texto propiamente dicho, permite determinar con mayor agudeza el por qué de tan singular encabezamiento para el documento y la razón de ser de las fotografías como apoyo de la nota; en verdad, aparece en él un análisis por parte de su autora de una problemática de suyo compleja, como de hecho resulta serlo la referida al ingreso irregular de licores al país —contrabando—, en contraste con las importaciones lícitas de este tipo de bienes, en el que luego se abre un espacio para algunas apuntaciones complementarias, relativas a la calidad de ciertos productos de esa clase comercializados en el país, calidad en cuya determinación desempeñan un papel importante, además de la desidia gubernamental al autorizar su producción y expendio, la forma de sus envases, su semejanza para con los de otras casas productoras de ese tipo de bienes en el exterior, y la extravagancia de sus nombres.

Y, en punto de esto, enfatizóse en la cuestionable “autoridad profesional” y logística del Ministerio de Salud en el otorgamiento de licencias y registros sanitarios a quien los solicita y denuncióse el peligro que para la vida y la salud entraña la presencia en el comercio clandestino de licor adulterado, asuntos sobre los cuales reflexionó como sigue:

“(...) como si el contrabando no bastara, esta dependencia viene concediendo licencias sanitarias a granel, sin ninguna autoridad profesional desde el punto de vista de la calidad etílica. Lo cual también es gravísimo, porque esa calidad de los productos ciertamente deja mucho que desear. No es sino que usted, lector, asome sus ojos a las fotografías que se acompañan a esta nota, para que verifique por su propia cuenta la diversa gama de botellas raras y tragos insólitos, que, con autorización del ministerio, se venden en el país, en frascos que las más de las veces pertenecen a casas importadoras conocidas, de cuya seriedad en esta materia nadie se atreve a dudar”.

Fue, entonces, en este pasaje y nada más que allí, donde sin lugar a dudas se refirió a los productos de las fotografías. Pero no habló de que fuesen ejemplo de bienes de contrabando —temática que para ese momento habíase dado por agotada—, ni tampoco que se tratase de licores baratos, pues término semejante vino a utilizarlo en un contexto distinto, al aplicarse puntualmente al análisis del problema de la adulteración —que por antonomasia traduce precios bajos—, de lo que tornó a decir que “(...) a pesar de la casi irresistible tentación económica, no volveré a comprar licores de contrabando, entre otras razones porque la adulteración también abunda en este comercio clandestino, aunque cada vez más tolerado por las distintas autoridades. Como dice una propaganda, ¡Prefiero Vivir! No quiero quedarme ciego a punta de comprar trago barato, pero de proveedores desconocidos”.

No. Lo que con exactitud afirmó la periodista, por supuesto que sólo elucidándolo es posible concluir que apenas una opinión espetó acerca de los licores vistos en las imágenes, es que sus botellas son raras, vienen envasados en frascos de casas importadoras conocidas y se trata de tragos insólitos por sus nombres; todo lo cual, añadido a la cuestionable gestión de las autoridades de la salud en el otorgamiento de las licencias sanitarias para productos de dicha clase “deja mucho que desear” sobre su calidad.

Y, sencillo es deducirlo, ese comentario soltado sobre la calidad de esos productos, recostado en las consideraciones previas, no entraña más que una opinión de parte de su autora; de suerte que, cualquiera que sea la percepción que se tenga acerca de si fue denigrante o por el contrario, no reviste tal cariz, el hecho es que corresponde no más que a una opinión, acompañada, cual se advirtiera al describirlo, de unos elementos objetivos gráficos dispuestos con miras a hacerlo notorio y dotar la opinión de credibilidad, como para que el lector, tras un recorrido visual y sólo después de abrevar en la nota, pudiese con relativa facilidad formarse la suya propia, claro, identificable con la de la periodista.

En una palabra, a juicio de la autora de la nota, con ese cúmulo de objeciones, que a la verdad no son pocas —si se tiene en cuenta que se trata de bebidas destinadas al consumo humano—, la calidad de esos licores deja mucho que desear; sin embargo, con la presentación de los distintos elementos, quien a final de cuentas ha de decidir si aquello puede influir en la calidad es el lector.

Con lo que, abundando en este preciso aspecto, quiso dejar varios mensajes a intento de crear conciencia de la gravedad del problema, de los cuales, ni con mucho podría desentenderse quien a su contenido se enfrentase, tales como sembrar conciencia de lo pernicioso del contrabando de este tipo de productos para la economía, protestar por la ineficacia del aparato estatal en el control de bebidas de mala calidad en el mercado, y persuadir al lector de que con la adquisición de esos licores se exponen a los riesgos de que resulte adulterado o, aún peor, que a más de falsificado el licor adquirido contenga un brebaje tóxico, dañino en manera suma para la vida y la salud, cual días más tarde el director de la revista, en la reproducción que del artículo hizo el diario “El Tiempo” de 26 de diciembre de 1990, lo hubo de poner expresamente de presente.

Pero, repítese, en lo que toca estrictamente con la calidad de los productos, sólo una opinión expuso, colocándola a la consideración de cuantos leyesen la publicación; opinión que se distingue como tal, en la medida en que constituye un punto de vista libre y muy personal, susceptible de discusión en el ámbito de las ideas al no confrontar una realidad, que bien puede dar lugar a amplios o exiguos debates, si se quiere, sobre si esas peculiares características de los productos pueden afectar su calidad, en los que pueden influir directa o indirectamente múltiples variables, tales como la versación de los intervinientes en la materia, el gusto de cada uno, el estado de ánimo y en fin, tantas que no podrían llegarse a enumerar, pero que en todo caso configuraría un “(...) parecer, concepto, juicio o dictamen acerca de alguna cosa o asunto”, que, claro está, no resulta apto de control lógico en términos de verdad y exactitud, aunque de antemano se tenga que puede responder en caso de abuso (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, t. V, Ed. Heliastra, pág. 680).

Control, el referido, del que, propicio viene reseñarlo para finalizar, sí es pasible la noticia, voz del latín “notitia”, derivado de “notus”, participio de “nóscere”, que en su acepción más próxima con la temática en estudio, corresponde al “hecho divulgado” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 2001, pág. 1624) o lo que resulta ser lo mismo, información, vocablo del que a su vez, entendido para los fines que al caso conciernen como la acción y efecto de informar, se predican como condiciones básicas su veracidad y su exactitud, en cuanto que atañe a la comunicación de hechos y estos constituyen acontecimientos ocurridos en el mundo de la realidad.

De este modo, nada más se impone averiguar, pues que de hecho la formulación del cargo se cae por su base. Ciertamente, si no sale avante el aspecto informativo que creyó ver la recurrente, lo que a su juicio constituye la piedra de toque para el análisis subsiguiente en torno a la responsabilidad, es natural que, siguiendo su línea de pensamiento (como así debe ser por tratarse de un recurso dispositivo), se esfuma toda posibilidad de éxito. Sin tal cimiento, pues, ya es imposible que haga pie el fundamento de la casación.

Aunado todo, es claro que el cargo no alcanza prosperidad.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de procedencia y fecha preanotadas.

Costas en casación a cargo de la parte recurrente. Tásense.

Notifíquese y devuélvase oportunamente al tribunal de origen.

Jorge Santos Ballesteros—Manuel Ardila Velásquez—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete. 

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