Sentencia de homologación 7310 de octubre 31 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD

PAGO DE LOS TRES PRIMEROS DÍAS

EXTRACTOS: «Con esta acusación busca la recurrente que se anule el artículo vigésimo del laudo que le impuso la obligación de cancelar la totalidad de las incapacidades cuya duración sea inferior a cuatro días, pues considera que la norma desconoce la facultad que como empleadora se le otorgó desde la Ley 90 de 1946 y que no ha sido modificada por la ley 100 de 1993, “de no cubrir el valor de las incapacidades de los tres primeros días” (fl. 51, C. de la Corte).

Sostiene que porque el legislador “para efectos de organización y evitar abusos de los trabajadores” dispuso que “no se pagaran los tres primeros días de incapacidad ni por el empleador ni por el Instituto de Seguros Sociales” (ibídem), ella cuenta con la facultad garantizada por el artículo 458 del Código Sustantivo de que no se le pueda imponer esta obligación.

Considera la Corte

Ni la Ley 90 de 1946 ni la Ley 100 de 1993, ni ningún otro precepto legal, le han conferido al patrono la facultad de no pagar los primeros tres días de una incapacidad, como sin fundamento alguno lo sostiene la impugnante.

Una cosa es que el Instituto de Seguros Sociales, como asegurador de riesgos sociales y dentro de las facultades que le confiere la ley, haya establecido en sus reglamentos que no cubre los riesgos por incapacidades inferiores a un determinado lapso y otra diferente, que no tiene base constitucional o legal alguna, entender esta regulación del seguro social como una facultad patronal para no pagar el subsidio en dinero por el tiempo correspondiente a una incapacidad laboral. Por el contrario, dado que los riesgos atinentes a la seguridad social que gravan al patrono únicamente dejarán de estar a su cargo cuando la seguridad social institucional los asuma, lo lógico es concluir que dicha obligación resulta de la propia ley y que no se trata de un nuevo derecho creado por el laudo arbitral.

Obviamente que por no ser ilegal en esta parte el laudo, se homologará”.

(Sentencia de homologación, octubre 31 de 1994. Radicación 7310. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

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