Sentencia 7316 de agosto 27 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

MATRIMONIO DE COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

EFECTOS CUANDO PREEXISTE UN VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Ardila Velásquez

Ref.: Expediente 7316

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil dos (2002).

Decídese el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 30 de junio de 1998, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, en el proceso de Álvaro ... contra Mercedes ...

Antecedentes

El mentado proceso tuvo lugar con ocasión de la demanda en la que pidió el actor las declaraciones consistentes en que el matrimonio que celebró con la demandada en la República de Venezuela, “no surtió efectos ante la ley colombiana”; que la contrayente conocía que tal matrimonio “era completamente ineficaz”; que, por lo tanto, la oposición que ella formuló al matrimonio civil que el demandante pretendió celebrar después con Adriana ... en la Notaría 35 de Bogotá, es “temeraria y de mala fe”, debiendo ser condenada por ello a indemnizar los perjuicios causados al demandante.

Fácticamente se apoya en que cuando él se casó con la demandada en Venezuela (jun. 16/84), subsistía el vínculo que antes lo había unido en matrimonio con Martha .... Y que en virtud del estatuto personal, tal matrimonio no podía celebrarse en Venezuela, porque no era ese el lugar de vecindad de la mujer, que es una exigencia formal de nuestro ordenamiento jurídico, sin la cual, al tenor del artículo 115 del Código Civil, el matrimonio no produce efectos civiles ni políticos.

Adujo que si bien el Estado colombiano reconoce, en virtud de la Convención de Montevideo, la existencia y validez de los matrimonios celebrados en el exterior, no ocurre así, según se prevé allí mismo, cuando haya matrimonio anterior no disuelto legalmente. Y la demandada fue consciente de que las nupcias que contraía eran “única y exclusivamente para llenar un convencionalismo social y que dicho matrimonio no produce efectos legales de ninguna especie en la República de Colombia”.

Y aclara que no pretende la nulidad del matrimonio referido, lo cual sólo podría declarar el juez venezolano; ni tampoco la declaratoria de inexistencia del mismo, porque para la ley venezolana existió; “lo que pretendo —puntualiza— es que se declare que dicho matrimonio no produjo efectos civiles en la República de Colombia por las razones ya expuestas”.

El 29 de noviembre de 1993 se obtuvo por sentencia la cesación de los efectos civiles del matrimonio que el actor había celebrado con Martha ...; “en consecuencia de lo cual el suscrito quedaba en libertad de contraer nuevas nupcias”. Fue así como adelantó todos los trámites notariales para casarse con Adriana ..., cosa que impidió la demandada con la oposición temeraria que entonces formulara. Dicha oposición se hizo “sin ningún fundamento legal, como mecanismo de desahogo y como muestra evidente de su inmadurez”, lo cual le ocasionó a él ingentes perjuicios.

Mercedes contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, sobre la base de considerar que su matrimonio con el demandante “sí surtió todos sus efectos civiles”, desde cuando fue registrado en la Notaría Primera de Bogotá, o sea, el 27 de agosto de 1990, hasta el 6 de septiembre de 1994, fecha esta en que se decretó el divorcio del mismo. Aseveró “que el hecho de existir un vínculo anterior oculto” da pie para la nulidad de su matrimonio; pero en tanto que nunca fue pronunciada judicialmente, el matrimonio produjo sus efectos; y ya no es posible declararla porque el matrimonio está disuelto por divorcio.

El mismo actor —agrega— reconoce esos efectos civiles en cuanto que realizó varios actos que lo suponen, a saber: registro civil de matrimonio suscrito por él; registro civil de nacimiento del hijo de la pareja “sin la anotación de ser hijo natural”; separación de cuerpos, en cuya escritura pública manifestó estar casado con la demandada; protocolizó el mismo registro de matrimonio y liquidó la sociedad conyugal.

De tal suerte que la oposición que formuló al nuevo matrimonio que pretendía realizar el demandante, “no es ni temeraria, ni de mala fe, por el contrario fue el resultado del ejercicio de sus derechos de cónyuge, y en especial el respeto mínimo que la misma merecía como madre del menor .... Máxime siendo mi mandante una cónyuge que ha tenido con el actor toda clase de consideraciones en especial a nivel económico, porque la misma ha sido objeto de explotación por parte del demandante”, cual se comprueba en el punto noveno de la escritura de separación de bienes, en la que la carga de sostenimiento total del hijo la asumió ella. Y se pregunta si ésta será la mala fe que le atribuye el actor.

Manifiesta, en fin, que la oposición al matrimonio era tan legítima que el notario la aceptó. “Por el contrario, el que con temeridad acudió a la Notaría 35 de Santafé de Bogotá, el día 20 de mayo de 1994, para contraer matrimonio por tercera vez, sin legalizar ni dejar en orden, como lo establece la ley, sus dos (2) vínculos matrimoniales anteriores, fue el actor junto con su consorte Adriana ..., ambos profesionales del derecho, en quienes resulta inexcusable la conducta temeraria y de mala fe utilizada para evadir sus obligaciones legales”.

Expresó que al tiempo de su matrimonio sí estaba domiciliada en Venezuela “como se demuestra con la copia auténtica de su pasaporte que se agrega como prueba” y que el proceder del demandante fue amañado puesto que entonces manifestó no tener compromiso alguno y empleó en consecuencia toda clase de argucias, tales como los diligenciamientos posteriores que arriba quedaron anotados.

Y que su oposición matrimonial “no tuvo por objeto el hecho de causarle perjuicios al demandado (sic) o impedir que el matrimonio no pudiera celebrarse, por el contrario estuvo encaminado a que el mismo no se viera incurso en el delito bigamia”; y que, entonces, “siendo el actor el único gestor de las conductas tendientes a eludir la ley, él mismo debe responder de los posibles perjuicios que dice haber sufrido”.

Los perjuicios que alega el actor, sólo son imputables a él. En cuanto al pago que hizo al Club de Ingenieros con motivo de la recepción del fallido matrimonio explicó que es evidente “que la recepción sí se realizó; que los invitados del demandante y su consorte sí utilizaron los servicios del Club de Ingenieros y consumieron la bebida y la comida contratada por ellos; sólo que cuando hicieron uso de dichos servicios y consumo, el demandante y la señorita Adriana ... no estaban casados”.

Apoyada en todo ello formuló las excepciones que así denominó: falta de causa para pedir el reconocimiento de perjuicios; inexistencia de los perjuicios materiales y morales a que alude la demanda; inexistencia de responsabilidad civil contractual de la parte demandada, de la cual se deriven perjuicios a favor del actor; inexistencia de responsabilidad civil extracontractual de la cual puedan derivarse perjuicios y validez legal del matrimonio celebrado entre las partes.

La primera instancia fue clausurada mediante sentencia de 30 de septiembre de 1997, por la que el Juzgado Catorce de Familia de Bogotá denegó las pretensiones de la demanda, habiendo ella sido confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá al desatar el recurso de apelación interpuesto por el demandante.

La sentencia del tribunal

Luego del preludio de rigor, consistente, como se sabe, en la síntesis litigiosa, subrayó el sentenciador que el actor fue explícito al manifestar que no perseguía la declaratoria de nulidad, ni de inexistencia, del matrimonio que contrajo con la demandada; que simplemente persigue que se diga que tales nupcias no produjeron efectos civiles en Colombia.

Y previa la explicación de “que si lo contrario de lo eficaz es lo ineficaz, cuando se habla de que un acto o negocio no produce efectos, es igual a sostener del mismo que es ineficaz”, agregó que tal ineficacia admite grados, “ya porque no nace a la vida jurídica, ya porque en su nacimiento lleva el vicio que lo destruye o, ya porque una circunstancia posterior le hace perder sus efectos. De allí que se hable por la doctrina de la ineficacia por inexistencia, ineficacia por nulidad, ineficacia por inoponibilidad, etc.”.

De ellas eligió a la nulidad como la aplicable al caso controvertido, recordando al efecto “que aunque el acto sea nulo jurídicamente porque contiene un vicio generador de la misma, este acto produce sus efectos mientras la nulidad no sea declarada por el juez en el juicio en que se pida tal declaración y, en el caso concreto del contrato de matrimonio, a partir de la sentencia que lo decida tendrá los efectos señalados en los artículos 148, 149 y 150 del Código Civil”.

Concluyó de ese modo que si para la época en que las partes contrajeron matrimonio en la República de Venezuela, en Álvaro ... subsistía aún el vínculo matrimonial que tenía con Martha ..., se generó la nulidad consagrada en el numeral 12 del artículo 140 del Código Civil. Pero ese segundo matrimonio que contrajo con la acá demandada, aunque nulo, “tiene efectos jurídicos mientras por decisión judicial no se declare tal nulidad”, motivo por el cual —agregó el sentenciador— “no le asiste razón al recurrente al sostener que no pretende la declaratoria de nulidad, sino que persigue es que se declare que fue ineficaz o que no tuvo efectos en Colombia, porque como se ve, el matrimonio aludido, aunque viciado, produce sus efectos civiles hasta tanto el juez no la declare, vínculo que dicho sea de paso, está registrado debidamente en la Notaría Primera del Círculo de Bogotá”.

Criterio ese que no destruye la normatividad en que se ampara el recurrente, como es la referencia que hace al Código Civil venezolano y a algunos tratados internacionales suscritos por Colombia, que en general no reconocen efectos a los matrimonios que son contrarios a la ley, porque a juicio del tribunal, en primer lugar, si la pretensión ha sido elevada a un juez colombiano “resulta absurdo que le pida al mismo la aplicación de la ley venezolana” y, en segundo lugar, porque según el estatuto personal que opera en nuestro medio, el matrimonio que celebran los colombianos en el exterior “lo hacen bajo el amparo de la ley colombiana porque los sigue en lo relacionado con el Estado Civil” lo que significa que si el matrimonio en el extranjero se contrae habiendo “otro vínculo matrimonial vigente, este segundo matrimonio es nulo porque así lo dispone el Código Civil en su artículo 140 y produce efectos mientras no sea la nulidad declarada, nulidad que dicho sea de paso no procede declarar aquí pues no es el objeto de la pretensión”.

Así que, no hallando prosperidad en las pretensiones, resolvió confirmar el fallo de primer grado.

La demanda de casación

Dos cargos basados en la primera causal de casación del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil han sido formulados contra la sentencia del ad quem, los que se despacharán al tiempo por las consideraciones que en su momento se expondrán.

Primer cargo

Considérase que hubo infracción directa de la ley así: por falta de aplicación, los artículos 18, 76, 115, 126, 1500 y 2356 del Código Civil, Ley 40 de 1933, Ley 33 de 1992, artículo 8º (inc. segundo) del Decreto 2668 de 1988; y, por aplicación indebida, los artículos 140 (num. 12) y 1740 del Código Civil.

Su desenvolvimiento comienza por señalar que el tribunal, al hablar de ineficacia por nulidad, desconoció el artículo 115 del Código Civil que le indica que como las partes de este proceso no expresaron su consentimiento matrimonial “ante funcionario colombiano y bajo las formas, solemnidades y requisitos establecidos por la ley colombiana, dicho matrimonio no produce efectos civiles ni políticos en Colombia, lo que lo hace inexistente para la ley colombiana”. Tal afirmación del tribunal encierra un contrasentido, porque “mal puede un acto nulo ser ineficaz”, pues que solamente puede ser ineficaz el acto inexistente. Por eso, cuando el artículo 115 mencionado dice que el matrimonio en el que no se exprese el consentimiento ante funcionario competente y bajo las formalidades y requisitos expresados por la ley, no produce efectos civiles ni políticos, (...) sencillamente lo declara ineficaz”.

En conclusión, se inaplicó tal artículo, “puesto que mientras éste desconoce efectos al acto celebrado en contravía de sus previsiones, el tribunal le reconoce efectos mientras no se declare la nulidad”.

Expresa a continuación que como el susodicho matrimonio no se celebró ante el juez de la vecindad de la mujer, se inaplicó el artículo 126 del Código Civil.

Y se hizo actuar de manera indebida al artículo 140 de la misma obra, dado que la aplicación de su numeral 12 requiere que el segundo matrimonio “haya producido efectos civiles y políticos”, de manera que si el matrimonio, “como en el caso que nos ocupa, no alcanzó efectos civiles y políticos, sencillamente debemos entender que no ha existido”, agregando a este mismo respecto que “el fondo del problema está es en los efectos que produce uno y otro fenómeno y la aplicación que hace la sentencia de la ‘ineficacia por nulidad’ y no de la ‘ineficacia por inexistencia’ que es la que ha debido aplicarse” (resalta ajena al texto).

Más adelante interpreta un concepto doctrinario resaltando que su significado es el de que “el matrimonio entre colombianos debe contraerse ante el funcionario competente en Colombia y bajo las solemnidades previstas en la ley colombiana o de lo contrario resulta ineficaz por inexistente”.

Y de dicha ineficacia era consciente la misma demandada; el problema surgió cuando a ésta se le olvidó que el matrimonio en el extranjero se hizo no más que por dar apariencia de legalidad a lo que no lo tenía, y ahora pretende todo lo contrario. De ahí que se haya visto precisado “a que los jueces intervengan para declarar la inexistencia pues todo está basado en apariencias inmediatas”. Razón por la cual, “el suscrito no necesitaba de declaración judicial alguna para contraer un nuevo matrimonio, una vez que su situación con la señora Martha ... quedó liquidada. Su matrimonio con Mercedes ... era inexistente y al no producir efecto alguno en la República de Colombia, mal podía necesitarse la cesación de sus efectos civiles. Otra cosa eran los efectos del acto nulo en la República de Venezuela, pero ellos tampoco constituían un impedimento en la República de Colombia, para contraer matrimonio”.

Así mismo, fue indebida la aplicación del artículo 1740 del Código Civil, toda vez que su operancia dice relación con la omisión de los requisitos legales para la formación de un contrato, cosa diferente a la ausencia de los elementos que se estiman esenciales, caso en el cual no se trata ya de nulidad sino de inexistencia. Explícase al punto que

“...mientras la ausencia de requisitos legales puede hacer producir efectos a los contratos mientras se determina dicha ausencia y se declara su nulidad, la ausencia de algunos de los elementos que son esenciales para su validez hace que tales contratos no nazcan a la vida jurídica y por ende carezcan de efectos civiles y políticos. ¿Cómo darle validez a un matrimonio que se celebró ante funcionario carente de jurisdicción y competencia por estar fuera del país y haber aplicado leyes, procedimientos y ritualidades extrañas a las nuestras? Sencillamente tal matrimonio no existe para la ley colombiana. Y si no existe no produce ni producirá efectos de ninguna naturaleza, ni para atrás ni para adelante. Y lo grave es que para declarar su nulidad se necesitaría que existieran tales efectos. Es allí donde erró el . h. tribunal. Aplicó a un matrimonio inexistente la pretendida ineficacia por nulidad, cuando tal matrimonio sí es ineficaz pero por inexistencia. Como ya lo dijimos anteriormente lo que se denomina en la sentencia ‘ineficacia por nulidad’ no existe ni puede existir por contener un contrasentido. Si es ineficaz como lo descubrió del diccionario la misma sentencia, es porque no produjo efectos. Y si no produjo efectos es porque no nació a la vida jurídica y mal podría nacer, cuando la ley misma le está negando su nacimiento como en el caso del artículo 115 del Código Civil”.

Se dejó de aplicar, en cambio, la Ley 40 de 1933, por virtud de la cual el Congreso de la República autorizó al gobierno para adherir a los tratados de Derecho Civil Internacional y Derecho Comercial Internacional, firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1889, vigente para la fecha del matrimonio cuestionado en este proceso (aquella se declaró inexequible sólo en el año 1987), particularmente porque su artículo 11 estableció que los Estados signatarios no quedan obligados a reconocer el matrimonio que se hubiere celebrado en uno de ellos cuando se halle afectado, entre otros, del impedimento consistente en un matrimonio anterior no disuelto legalmente.

Y añade:

“... ¿Qué hubiera pasado si Álvaro ... y Mercedes ... hubieran contraído matrimonio en Colombia, estando vigente como lo estaba el vínculo matrimonial anterior? El problema lo resuelve muy fácilmente el ordinal 12 del artículo 140 del Código Civil, al señalar dicho matrimonio como nulo, en forma absoluta. Pero el problema se complica habiendo contraído dicho matrimonio en la República de Venezuela. Si ambos contrayentes hubiéramos estado solteros, la simple aplicación de la Convención de Montevideo de 1889, hubiera extendido la validez de dicho matrimonio a la República de Colombia. Pero como uno de los contrayentes tenía un vínculo anterior no disuelto, la República de Colombia no puede reconocerle validez, pues viola el contenido de la convención y por lo tanto su ley aprobatoria”.

Camino por el que concluye que el matrimonio celebrado en Venezuela “no produce efectos de ninguna naturaleza, en la República de Colombia, por ser un acto inexistente no sólo al tenor de la ley nacional, sino que también lo es para el derecho internacional”.

El matrimonio sí es nulo para la ley venezolana, pero son sus autoridades las competentes para declararlo; y su registro en la Notaría Primera de Bogotá es un acto puramente ad probationem, “que no otorga condiciones de mayor o menor validez al matrimonio”.

Apreciaciones esas que reiteró al explicar la inaplicación de la Ley 33 de 1992 (vigente para la época de la sentencia acusada), por virtud de la cual el Congreso de la República “repuso la aprobación” de los precitados tratados internacionales.

La falta de aplicación del artículo 18 del Código Civil se hace consistir en que si Álvaro ... y Mercedes ... son “ciudadanos colombianos, residentes y domiciliados en Colombia, nos encontrábamos cobijados y obligados por la ley colombiana, al punto de que para que nuestro matrimonio hubiera tenido alguna validez, hemos debido contraerlo en Colombia y ante funcionario con jurisdicción y competencia en la República de Colombia”. De manera que para ellos regía el artículo 18 del Código Civil, y no el 19 del mismo ordenamiento, pues según el concepto que de domicilio trae el artículo 76 del Código Civil, no estaban domiciliados en San Cristóbal (Venezuela) como para haber contraído allí el matrimonio; en realidad, “el lugar en que nos encontrábamos de asiento, ejercíamos nuestra profesión y teníamos además el ánimo de permanecer, era la ciudad de Bogotá, tal como se verá en el cargo correspondiente a la apreciación de la prueba sobre tal hecho”.

Dejó de aplicarse el artículo 1500 del Código Civil, porque siendo el matrimonio un contrato solemne, la falta de solemnidad significa que “dicho matrimonio carece de efectos, lo que lo hace inexistente”, y mal puede hablarse entonces, como lo hizo el sentenciador, de matrimonio nulo. En efecto al matrimonio celebrado en Venezuela inaplicó el juzgador los artículos 115, 126 y 128 a 138 del Código Civil Colombiano, “por lo cual, mal puede reclamarse la aplicación a él del artículo 140 ibídem cuando conforme al inaplicado artículo 1500 del Código Civil, no hay efectos sobre los cuales hacer recaer la nulidad”.

Significa todo —prosigue la censura— que el sentenciador pasó por alto la aplicación del inciso segundo del artículo 8º del Decreto 2668 de 1988, “en cuanto éste establece que la oposición temeraria será sancionada de acuerdo con la ley. Es claro que siendo el matrimonio inexistente y conociendo la demandada previamente de su inexistencia, la oposición que presentó a mi matrimonio con Adriana ... fue temeraria”; por consecuencia, ha debido condenarse a la demandada a la reparación que ordena el artículo 2356 del Código Civil, al consagrar éste la obligación que tiene todo aquel que cause daño que pueda imputarse a malicia.

Segundo cargo

Repróchase en éste la infracción indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 19 y 76 del Código Civil, a causa de los errores de hecho cometidos al apreciar las pruebas.

Indica el cargo que Mercedes aceptó como cierto el tercer hecho de la demanda, cuyo tenor dice que al tiempo del matrimonio celebrado en Venezuela, “nuestro domicilio siempre fue y siguió siendo la República de Colombia”. No obstante, el juzgador omite esta confesión, pues dice que el artículo 19 del Código Civil tiene operancia en el caso, dado que se aplica a los colombianos “residentes o domiciliados en país extranjero”. Estando probado que el domicilio de los contrayentes era Colombia, estaban sujetos al artículo 18 del Código Civil, y era entonces imperioso que el matrimonio se realizase en Colombia con la observancia plena de las formalidades del caso, máxime cuando “no podía el estado colombiano reconocer la existencia de dicho matrimonio por violar la convención de Montevideo, al punto e, de su artículo 11”.

Juzga entonces el impugnante que el tribunal “no podía concederle ningún efecto al matrimonio en estudio, con el agravante de que el acto de matrimonio, contraído por personas que sólo estaban en tránsito en el extranjero, no lo cobijó la Convención de Montevideo, dada la existencia de otro matrimonio anterior no disuelto legalmente, de uno de los contrayentes”.

También hubo error de hecho frente a los documentos con los cuales pretendió la demandada acreditar que a la sazón estaba residenciada en Venezuela (certificación expedida por el Banco Royal venezolano y copia de su pasaporte).

Una de las anotaciones del pasaporte señala que la demandada salió de Venezuela e inmigró a Colombia el 5 de mayo de 1984, sin que figure allí que después de esta fecha hubiese salido del país. Y la certificación del premencionado banco venezolano apunta que la demandada prestó sus servicios allí pero hasta el 13 de abril de 1984.

Agrega el impugnante que la apreciación errónea de tales pruebas significa que Mercedes regresó ilegalmente a Venezuela para contraer el susodicho matrimonio el 16 de junio de 1984, luego entendía “que su domicilio y residencia eran en la República de Colombia”. De donde concluye que “no es lo mismo tener visa de residente en un país, que residir en él, con el ánimo de tener allí su domicilio”, y el artículo 19 del Código Civil no preceptúa “que quienes tienen visa de residente en el extranjero, de hecho tienen su domicilio y residencia allí. Es donde se presenta el error al h. tribunal, no obstante que el mismo no entra en ningún análisis en particular sobre el tema, sino que considera que se nos aplica el estatuto personal, por ser domiciliados los contrayentes en el extranjero, aceptando de esta manera a pie juntillas el errado análisis que sobre el tema había hecho el juez de primera instancia, que sin ningún examen sobre los documentos en que estaba basando su decisión, resuelve que la demandada estaba residenciada en Venezuela”.

Consideraciones

El despacho conjunto de los cargos que de atrás se anunció, obedece a que las mismas motivaciones caben para ambos. Evidentemente, en cualquier caso, aun en el de admitirse que la contrayente estaba domiciliada en Colombia al tiempo de celebrar el matrimonio en territorio venezolano (cosa cuestionada en el juicio), tiene validez lo que adelante se dirá.

Conforme se ha trabado la litis, bien se aprecia que el punto a dilucidar consiste en saber si la oposición que formuló la demandada al matrimonio que pretendía celebrar el actor con Adriana ... fue en verdad temeraria y de mala fe. El demandante así lo cree, basado en la consideración de que el matrimonio en que Mercedes ... se apoyó, no produjo, por haber sido celebrado en Venezuela, efectos civiles en Colombia, lo que la privaba de legitimación en tal oposición.

Antes que todo cabe observar que por donde se mire el litigio asoma un demandante incoherente. Los hechos protagonizados por Álvaro ..., en efecto, no guardan ningún parentesco con las pretensiones de este juicio, pues al tiempo que los mismos presuponen la aceptación de que tal matrimonio venezolano sí generaba efectos en nuestro territorio, se presenta ahora pidiendo resueltamente lo contrario. No otra cosa puede concluirse luego de que él mismo lo hiciera objeto de inscripción en la notaría primera de esta ciudad y que posteriormente elevase a escritura pública la separación de cuerpos por mutuo acuerdo. Y si, a lo que parece, a ello objetara el actor que fue movido no más que por guardar la apariencia, contestaríasele que, con todo, no resulta bastante para justificar por qué después de impedirle Mercedes, a su juicio temerariamente, el proyectado matrimonio con Adriana, continuó ejecutando actos análogos, como que, paso seguido, fue él mismo quien promoviera el divorcio del susodicho matrimonio; la pregunta inevitable es la siguiente: ¿con esta acción de divorcio no estaba luego concediéndole razón a Mercedes, admitiendo tácitamente que para la época de la oposición sí era su cónyuge? Es decir, por soplar frío y caliente al mismo tiempo, ha caído enmarañado en las propias redes que tendió: se ingenia el maquillaje para luego dolerse de él. Pues es natural que si de su parte contribuyó a crear un estado de apariencia, acaso nadie más obligado que él mismo a desvanecerla, tanto más cuanto empeñoso estaba de contraer nuevas nupcias, y evitar así toda confusión en materia tan delicada como es el estado civil de las personas. En una palabra, no ha instaurado este proceso libre de reproches, y su interés en promoverlo decrece significativamente, por no decir del todo que desaparece, pues acude a la memoria el secular principio del derecho conocido con el aforismo nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Lo expresado cabalga sobre la idea de que el actor tuviese razón en torno a lo que entiende sobre el matrimonio de colombianos en el exterior. Pero, más grave aún, no la tiene.

Pretende que el matrimonio que celebró en Venezuela obre como inexistente. Una inconstancia más del actor. Porque pasando revista al expediente se halla que desde un comienzo dio voces de que no perseguía ni la nulidad ni la inexistencia del matrimonio; hoy, en cambio, particularmente en casación, busca pasar de largo ante su deseo primigenio. Es verdad que no clama de manera expresa la declaratoria de inexistencia, pero persigue todas las connotaciones de fenómeno semejante, que, a decir verdad, es lo mismo. Y lo más curioso: en conformidad a su planteamiento inicial, quería un efecto sin causa. Buscaba a ultranza que de manera aislada se dijese que matrimonio tal no produjo nunca efectos en Colombia; y antes que invocar causa que resultase apta a dicho propósito, resolvió desunirla de antemano tanto de la nulidad como de la inexistencia.

Ya en casación invoca decididamente esta última.

Sea como fuere, el caso es que el motivo sobre el que edifica el recurrente la inexistencia, no es de recibo. La tesis toral de la censura informa que las partes en contienda no podían contraer válidamente matrimonio en Venezuela porque la mujer estaba domiciliada en Colombia, resultando imperioso para ellos haberse casado en nuestro país, con la observancia plena de la normatividad pertinente, particularmente ante la autoridad legalmente competente.

Tal apreciación, que no es otra que la de que una colombiana no puede casarse en el exterior mientras esté domiciliada en el suelo patrio, hiere la idea más aceptada según la cual la decisión de contraer matrimonio es una facultad concedida por el derecho natural y, por ende, rehúsa en principio los límites que en razón del territorio pretenda interferirla; tal facultad ha de procurarse, antes bien, por todos los medios asequibles. De ahí que una mujer avecindada en el extranjero, aunque conserve su domicilio en Colombia, no tiene que fatalmente regresar a su país no más que para contraer un matrimonio que bien puede celebrar allá. En la formalización de éste, operará entonces el conocido principio locus regit actum, con los alcances y limitaciones generalmente admitidos por el derecho internacional privado; lo cual significa, como no podría ser de manera diversa, que a la hora de su celebración no es obligatorio para el país extranjero averiguar y mucho menos aplicar legislaciones diferentes a la suya; quien así lo pretendiese estaría abogando por un alargamiento territorial de la ley colombiana que el derecho internacional no dudaría en calificar de indebido y hasta de ingenuo. Tanto más cuando existen tratados internacionales como el denominado Convención de Montevideo de 1889, en virtud del cual se reconocen efectos jurídicos a los actos realizados en cualquiera de los países firmantes, en una muestra patente de la confirmación del aludido principio.

Todo se compendia fijando bien la vista en que el consabido matrimonio se celebró en Venezuela. Y que las normas colombianas que gobiernan el asunto relativo al lugar y la autoridad ante quien se ha de celebrar el matrimonio, están refiriéndose obviamente a los matrimonios a efectuarse dentro del territorio patrio.

En suma, tal evento no comporta entonces el fenómeno de inexistencia que propone el recurrente, basado, como se trae a la memoria, en que el matrimonio no se habría celebrado ante el juez competente colombiano.

Y tampoco la hay frente a la normatividad de los tratados internacionales, porque no es jurídico el sentido que la censura le atribuye a la Convención de Montevideo. En efecto, cuando el artículo 11 de tal acuerdo, tras establecer en el primer inciso el postulado de la lex loci, dispuso en el segundo que “sin embargo, los estados signatarios no quedan obligados a reconocer el matrimonio que se hubiere celebrado en uno de ellos cuando se halle afectado de alguno de los siguientes impedimentos”, entre los que se cuenta el de la preexistencia de un matrimonio no disuelto legalmente, que es el alusivo al caso que ahora decide la Corte, lejos de estar diciendo que el segundo matrimonio se considere inexistente, quiso fue consagrar las salvedades a la fuerza vinculante del tratado. Es decir, el tratado mismo reconoce que su imperio en el punto acaba cuando aparezca que el matrimonio se llevó a efecto habiendo de por medio cualquiera de los impedimentos allí mencionados, los cuales, siendo como son los más comunes en las legislaciones nacionales particulares, ponen de manifiesto que los países firmantes fueron bien conscientes de ponerse a cubierto para que no se creyese que el tratado implicaba renunciar a cosas que son tan básicas a sus organizaciones estatales, como lo es sin duda el inherente al estado civil de las personas, de tal manera que nadie pueda poner en duda que son de su completa incumbencia. De no existir tal artículo, se podría pensar, por ejemplo, que el matrimonio celebrado en cualquiera de los países firmantes se imponía a todos los demás sin miramiento alguno, así ello constituyese bigamia o maltratase de cualquier otro modo principios basilares de su misma estructura.

Y por eso mismo consagra que en todos esos casos a ningún Estado se le puede obligar a que reconozca el matrimonio tal cual como se reconoce al que haya sido celebrado sin impedimento de por medio. Acorde con esto, es muy de notar que el tratado no entró a determinar la consecuencia jurídica exacta de la celebración de un matrimonio al que le precede un vínculo matrimonial no disuelto; no tomó partido por la inexistencia del matrimonio, como lo proclama el recurrente. Limitose apenas a decir que por ese tratado no estaban obligados los Estados a reconocerlo. Lo que en lógica corresponde a decir que serán los Estados quienes decidan autonómamente si lo pasan por válido o no, de cara a la legislación nacional pertinente.

Para centrar la anterior premisa al caso concreto en estudio, es de ver que el colombiano que contrae nupcias en el exterior estando impedido para hacerlo por tener aún en vigor un ligamen anterior, quedan viciadas de nulidad, por así disponerlo expresamente el numeral 12 del artículo 140 del Código Civil. Siendo así, razones de coherencia proclaman que el matrimonio en que Mercedes ... apoyó la pluricitada oposición andaba por entonces produciendo efectos, pues es cierto que en tanto no se produzca la nulidad, el acto respectivo, aunque viciado, genera consecuencias jurídicas. Y esto traduce que ni esa norma ni ninguna otra de las señaladas en el cargo pudo quebrantar el tribunal al aplicarlas.

Total, muchas son las razones que señalan la improsperidad de los cargos.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia materia de impugnación, esto es, la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, el 30 de junio de 1998, arriba identificada.

Costas en casación a cargo del recurrente. Tásense.

Notifíquese y retórnese en oportunidad al supradicho tribunal.

Nicolás Bechara Simancas—Manuel Ardila Velásquez—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno. 

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