Sentencia 7321 de noviembre 17 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

PÉRDIDA DE LIBROS DE CONTABILIDAD

COMO JUSTIFICACIÓN PARA NO PRESENTARLOS

EXTRACTOS: «Como quiera que la actora ha insistido en que en el sub lite existieron fuerza mayor y caso fortuito, justificantes de la no presentación de los libros de contabilidad y que las mismas fueron acreditadas con la copia de la denuncia respectiva, por lo que a su juicio únicamente existe discrepancia acerca de la oportunidad para probar el hecho alegado, una vez más, precisa la Sección que la sola denuncia sobre la pérdida de los libros de contabilidad no demuestra, por sí sola, la fuerza mayor o el caso fortuito, como eximente de las consecuencias de carácter probatorio, derivadas de la no presentación de los libros en la oportunidad señalada por la ley, esto es, “cuando la administración lo exija”.

En efecto, prevé el artículo 781 del estatuto tributario:

“ART. 781.—La no presentación de los libros de contabilidad será indicio en contra del contribuyente. El contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la administración lo exija, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra. En tales casos se desconocerán los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamente. Únicamente se aceptará como causa justificativa de la no presentación, la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.

La existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que la ley impone la obligación de llevarla”.

De conformidad con el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, consiste la fuerza mayor o el caso fortuito, en el imprevisto a que no es posible resistir, siempre y cuando que quien lo invoca en su beneficio aparezca exento de culpa o dolo. Estas circunstancias eximentes no aparecen probadas en el proceso, pues el hecho alegado por la actora, extravío o hurto de los libros de contabilidad, respaldado con la correspondiente denuncia, es un hecho que por lo general es previsible y su sola ocurrencia no tipifica la fuerza mayor, como desacertadamente lo sostiene la recurrente, pues para aceptarse tal hecho deben también probarse las circunstancias ex-cluyentes de culpa de la actora, demostrando que no obstante haber tomado las previsiones del caso, para la guarda y conservación, fue imposible evitar el suceso.

Respecto de la oportunidad para alegar las razones justificantes y allegar las correspondientes pruebas, la que a juicio del tribunal está limitada al momento en que se solicite la exhibición de los libros, no comparte la Sala el criterio anterior, porque la ley no establece tal restricción, prevé que la no presentación de los libros, comprobantes y documentos cuando la administración los exija “será indicio en contra del contribuyente”, quien no podrá invocarlos posteriormente como prueba a su favor, con los consiguientes desconocimientos fiscales, a menos que éstos se prueben plenamente. Pero a renglón seguido y desde luego con posterioridad a la ocurrencia del hecho, y de manera liberatoria, señala que “únicamente se aceptará como causa justificativa de la no presentación, la comprobación plena...”.

Considera entonces la Sala, que no existe fundamento legal para limitar la oportunidad probatoria, no por la interpretación analógica favorable reclamada por el apelante, sino porque la norma no la precluye. Sin embargo, las razones y pruebas argüidas deben demostrar que el hecho justificativo ocurrió antes del requerimiento administrativo para la presentación de los libros y demás documentos, a fin de que puedan justificar la no exhibición.

No obstante lo anterior, resulta innecesario ahondar en esta problemática, como quiera que en la forma como antes se advirtió, en el asunto que se atiende no se demostró en ninguna oportunidad, en la actuación gubernativa ni ahora ante la jurisdicción, el efecto liberatorio que pretende la actora, por lo que subsisten las consecuencia jurídicas establecidas por el artículo 781 del estatuto tributario, por la no presentación de los libros de contabilidad, esto es, la existencia de indicio en contra del contribuyente y la imposibilidad de invocar como prueba a su favor los libros y demás documentos integrantes de la contabilidad de la actora, así como el desconocimiento de los costos correspondientes.

En efecto, reiteradamente la Sala ha precisado que el artículo 781 del estatuto tributario, le resta todo valor probatorio a los libros, comprobantes, etc., que no sean presentados cuando la administración lo exija, a menos que el contribuyente compruebe plenamente que la no presentación de tales libros y comprobantes obedeció a hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, y que la misma disposición permite que los costos, deducciones, descuentos y pasivos, pueden probarse plenamente, al expresar que se desconocerán tales costos, deducciones, etc., “salvo que el contribuyente los acredite plenamente”.

Si no se prueban plenamente las circunstancias de no presentación de tales documentos por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, es lógico que carecen de valor probatorio, por disposición de la ley, los documentos emanados de la propia contabilidad del contribuyente. No obstante, es de adviertir que la contabilidad es sólo uno de los medios probatorios existentes, de manera que el contribuyente puede acudir a los demás, a efecto de comprobar su derecho al reconocimiento de los correspondientes costos, deducciones, etc.

Para la Sala es claro el despropósito de la apelante al pretender que no obstante la carencia absoluta de valor probatorio de la contabilidad de la actora, la determinación de los costos debiera efectuarse precisamente con fundamento en documentos internos integrantes de la misma, cuando justamente, por no ser idóneo el medio por estar la actora inhabilitada para invocarlo, debía acudir a otras pruebas, dado que no exhibida sin justificación la contabilidad y sus comprobantes, según las voces del artículo 15 del Decreto 3803 de 1982 (E.T., art. 781), procede el desconocimiento de los respectivos “costos, deducciones...”, salvo que el contribuyente los acredite plenamente.

Así mismo, vistos los documentos obrantes en el expediente, para la Sala es evidente que las pruebas aportadas con la respuesta al requerimiento y al recurso gubernativo, no constituyen propiamente “la plena prueba” que exige el artículo 781 del estatuto tributario, como quiera que las copias de unos extractos bancarios, así como de algunos comprobantes de contabilidad y la relación de los beneficiarios de los pagos por concepto de compras, no tenían la señalada condición para demostrar los costos y deducciones que la sociedad pretendió imputar a unos ingresos que tampoco fueron declarados y para cuyo efecto, debía acudir a otros medios probatorios diferentes a su contabilidad, como documentos emanados de terceros con quienes se efectuaron las operaciones, la demostración de que el beneficiario los recibió en su provecho, los declaró, etc., actividad probatoria que en el sub lite no se cumplió, pues la actora desde la vía gubernativa centró la prueba en su propia contabilidad».

(Sentencia de noviembre 17 de 1995. Expediente 7321. Consejero Ponente: Dr. Julio E. Correa Restrepo).

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