Sentencia 73235 de mayo 6 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 3

Rad.: 73235

Magistrada Ponente:

Dr. Patricia Salazar Cuéllar

Aprobada acta número 131

STP5703-2014

Bogotá, D. C., seis de mayo de dos mil catorce.

Se pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela propuesta por Orlando Alveiro Traslaviña Díaz, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Cocuy (Boyacá), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

Antecedentes y fundamentos de la acción

1. Mediante sentencia proferida el 31 de agosto de 2011 el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Cocuy condenó al accionante a la pena de 480 meses de prisión como responsable del delito de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo, decisión confirmada el 29 de abril de 2013 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, pero reduciendo la pena la cual fijó en 360 meses de prisión.

2. Según el demandante, a pesar de que el tribunal redujo el monto de la pena, cometió un “error aritmético” en tal ejercicio, pues “(…) omitió que el delito de persona protegida, art. 135 Ley 599/2000 es de 30 años a 40 años, como era un concurso aplicó el art. 31 ibídem, pero omitió que este artículo prevé una pena máxima en prisión de 40 años o lo mismo que 480 meses y luego sí realizar el descuento de 1/3 parte por aceptar cargos”, por lo que le solicitó corregir el citado yerro.

3. Expone que el tribunal remitió la petición al juzgado de primer grado que contestó mediante auto de 17 de marzo de 2014, negándose a corregir el supuesto error, aduciendo la cosa juzgada de la sentencia y la falta de agotamiento de los medios de defensa de la casación y la revisión.

4. Se expresa inconforme con la anterior respuesta pues, en su criterio, es el juez de conocimiento quien debe resolver sobre el supuesto “error aritmético” y no así el de ejecución, el cual, además, aún no ha sido designado, sin que para atender tal asunto se requiera del agotamiento previo del recurso extraordinario de casación.

Respuesta a la demanda

Como respuesta a la demanda, los accionados allegaron copia de los pronunciamientos atacados en la demanda.

Consideraciones de la Corte

1. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Siendo la tutela un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de “ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad”(1) que implican una carga para el actor, no solo en su planteamiento, sino también en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional(2).

Tan exigente es, que según la doctrina constitucional los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ameritan:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. “Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible”(3).

f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Los anteriores requisitos, se insiste, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido ratificados por la Corte Constitucional, primero en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mentadas providencias, en el sentido que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida “(…) si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto” (C-590 de 2005).

Su cualidad habilitadora, en el caso de los primeros, hace que su ausencia repercuta en la declaratoria de improcedencia de la acción.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales no es excepcional, sino excepcionalísima.

Para la Sala, no está por demás indicar que cuando la acción de tutela se dirige contra providencias judiciales, su procedencia no es excepcional, sino excepcionalísima, pues corre el demandante con la carga de demostrar la presencia de una o varias de las causales de procedibilidad que esta corporación ha venido acogiendo, en posición compartida con la Corte Constitucional, que en reciente pronunciamiento expresó:

La eventual procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene connotación de excepcionalísima, lo cual significa que procede siempre y cuando se cumplan unos determinados requisitos muy estrictos que la jurisprudencia se ha encargado de especificar —Negrillas y subrayas fuera del original - Sentencia T-780 de 2006, M. P. Nilson Pinilla Pinilla—.

Baste entonces con que se incumpla uno de los requisitos de habilitación tan profusamente expuestos en esta providencia, para relevar al juez de tutela del estudio de fondo del asunto puesto a su conocimiento.

3. Problema constitucional propuesto.

De otrora esta Sala ha venido sosteniendo que si bien la tutela procede contra providencias judiciales, en aplicación de los anteriores criterios de procedibilidad —ya expuestos en extenso— incumbe a quien la ejercite no solo conformarse con realizar exposiciones aisladas de argumentos que cuestionen su validez, sino también demostrar de forma irrefutable que las mismas solo están envueltas en un manto de legalidad, mas en el fondo no son otra cosa que la expresión grosera o ilegal de la judicatura, disfrazada de declaración de justicia.

La situación anterior amerita, por ello, que quien proponga una demanda de tutela contra providencias judiciales especifique las razones por las cuales el asunto planteado involucra directamente derechos fundamentales y, la única forma de hacerlo, en esas condiciones, es con la demostración de los defectos que, fuera de la órbita de la autonomía e independencia que caracteriza la función judicial —artículo 228 de la Constitución Política— configuran una decisión que en realidad solo esconde la expresión grosera, arbitraria o ilegítima del órgano judicial.

En sentido contrario, cuando en la demanda lo único que se hace es insistir en puntos que fueron resueltos de fondo por otros jueces en virtud de sus específicas competencias, la acción de tutela pierde su carácter autónomo procesal y se convierte en un recurso ordinario; en ese sentido, la doctrina ha expuesto los factores que permiten identificar cuándo una demanda de tutela camufla un recurso ordinario:

La pretensión y la resistencia interpuestas en la demanda y en la contestación son las mismas que continúan en el recurso; el actor que pidió la condena del demandado, la estimación de la pretensión, si es el que impugna la sentencia de instancia sigue pidiendo en el recurso lo mismo; el demandado, que pidió su absolución, sigue por medio del recurso pidiendo lo mismo. Los tres elementos de la pretensión (partes, hechos y petición) no cambian cuando se trata de los medios de impugnación en sentido estricto, es decir, de los recursos(4).

Y en este caso, se tiene que la demanda involucra un problema de estricto contenido constitucional, que merece ser atendido de fondo por la Sala. En efecto, el actor en su sencillo escrito, sostiene de forma concreta que el tribunal, al corregir la dosificación punitiva del a quo, superó los límites máximos que se permitían en razón del concurso, para luego aplicar el descuento punitivo por sentencia anticipada, con lo cual se acredita que no intenta seguir discutiendo el mismo objeto del proceso penal, esto es, su posible responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo, aspecto sobre el cual no presenta ninguna discusión.

Lo anterior, refleja también que la causa que convoca al juez de tutela hace relación con el posible vicio cometido y su trascendencia constitucional, sin ninguna conexión con la causa propia del proceso penal, elementos todos que descartan que la tutela se interponga como recurso ordinario y, por el contrario, resaltan la necesidad de que se realice un pronunciamiento de fondo sobre el asunto.

4. Sobre el cumplimiento de las causales genéricas de procedibilidad.

Si bien se ha dicho que el agotamiento del recurso extraordinario de casación constituye condición de procedibilidad para acudir luego ante el juez de amparo, también ha expuesto la Sala que, si se constata un vicio de tal contundencia y con la capacidad de prolongar sus efectos en el tiempo, como cuando se aplica una dosificación de pena más drástica a la que, de seguir los causes legales, correspondía, entonces el amparo sí procede, no obstante el incumplimiento de la citada causal. En ese sentido, en la última de las decisiones que en esa dirección se han dictado, la STP 72514 de 1º de abril de 2014, indicó:

3. De otra parte, es del caso aclarar que si bien el libelista no promovió el recurso de impugnación ni de casación y la sentencia de segunda instancia data del 2012, esta Sala ha sido del criterio que frente a la existencia de un error legal o constitucional objetivo, como el señalado en este caso, tiene cabida el amparo, claro está, sin que ello implique remover la ejecutoria de la providencia. Esto último, en tanto que:

(…) la morigerada flexibilización de la cosa juzgada en el Estado constitucional que dio cabida a la acción de tutela contra providencias judiciales, es precisamente para privilegiar ponderadamente la realización del derecho sustancial con un mínimo de justicia material, sobre las rígidas formas que eventualmente podrían esconder decisiones judiciales inaceptables desde una perspectiva realista y humanizada del ordenamiento jurídico, enfoque del que no puede ser ajeno el operador —judicial— como juez constitucional —de tutela— ni como fallador ordinario, pero de ninguna manera, so pretexto de defender los derechos fundamentales, la acción constitucional puede servir de instrumento para generar impunidad, propiciar la prescripción de la acción penal, promover la incuria o negligencia de las personas frente a los procesos ordinarios, o habilitar los recursos no ejercidos en tiempo.

Posición que tiene respaldo en las sentencias de tutela proferidas por esta Sala el 9 de marzo de 2010, rad. 46583; 18 de mayo de 2010, rad. 48065; 9 de octubre de 2013, rad. 69613 y 21 de enero de 2014, rad. 71200, mediante las cuales fueron amparados los derechos fundamentales de los entonces accionantes, no obstante que estos no ejercieron la totalidad de los recursos, por observarse en todos esos casos defectos objetivos de carácter puramente jurídico con efecto en el quantum de la pena —como en este asunto—, sin remover la ejecutoria de las sentencias.

Bajo este contexto, debe la Sala atender el asunto constitucional propuesto, pues de comprobarse su ocurrencia implicaría una afectación punitiva para el accionante con serias repercusiones frente a su derecho a la libertad, lo que corroboraría, adicionalmente, la actualidad del perjuicio sufrido.

5. Sobre el vicio constitucional propuesto.

De forma escueta el accionante planteó que el juzgado de conocimiento se resiste a corregir un error que califica de “aritmético”, en tanto en la sentencia condenatoria, específicamente en segunda instancia, se procedió a redosificar la sanción sin respetar el máximo de pena que permite el concurso, esto es, 40 años de prisión.

Verificado lo expuesto, se aprecia que el tribunal reajustó la pena a partir del siguiente análisis:

Además, siguiendo ejemplos de la Sala Penal de la Corte, desde hace un buen tiempo el tribunal ha acuñado la fórmula en virtud de la cual a la pena mayor se le hace un incremento no mayor al 50% de la que corresponda a los delitos concursales debidamente dosificados.

Descendiendo al caso, si para uno de los dos homicidios en persona protegida, se le aplicó la pena (mínima) de 630 (sic) meses de prisión, y si se consideró que para el otro homicidio correspondía una pena igual, a los primeros 360, aplicando el criterio expuesto, se le hará un incremento del 50% de la otra pena, es decir, 180 meses, para un total de 540 meses [45 años], y ahora sí, de este monto, por el sometimiento a sentencia anticipada se descuenta la tercera parte, con lo cual la pena de prisión queda en 360 meses.

De otra parte, se aprecia que los hechos que fundaron la condena tuvieron ocurrencia el 23 de julio de 2002 —según se lee en las dos decisiones—. En esa medida, la norma vigente en materia de concursos, artículo 31 del Código Penal, explicaba que “(e)n ningún caso la pena privativa de la libertad podrá exceder de cuarenta (40) años”, por lo que no podía aplicarse el máximo de 60 años que posteriormente introdujo el artículo 1º de la Ley 890 de 2004.

En ese orden de ideas, se constata que el tribunal, tras corregir un yerro en la dosificación punitiva aplicada por el ad quo, incurrió en otro, pues tomó el mínimo de pena de uno de los homicidios y lo aumentó, en razón del otro, en la mitad, pero al hacer esa operación obtuvo un monto de 540 meses, es decir, de 45 años, que superaba el máximo permitido para el concurso, esto es, 40 años de prisión.

En tales condiciones y no obstante que luego redujo la sanción en una tercera parte, por la sentencia anticipada, lo cierto es que el monto que tomó en cuenta para esa operación superó el límite legal vigente determinado por el legislador —es decir, 40 años—, situación que constituye un error objetivo que, como se indicó en las decisiones antes citadas, debe ser corregido por el juez de conocimiento, sin que ello afecte la firmeza de la sentencia, pues se trata de una vía de hecho que no constituye base jurídica de la decisión.

Respecto a las otras penas, sobre las cuales el accionante no expresa ningún tipo de protesta, no observa la Sala vulneración alguna que configure una vía de hecho, pues la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas se fijó en 240 meses de prisión y, por su parte, la de multa fue objeto de pronunciamiento por el tribunal que por respeto al principio de prohibición de reforma peyorativa, dejó incólume la fijada en primer grado.

Bajo el anterior contexto, sin necesidad de remover la ejecutoria de la sentencia, como antes se indicó, se concederá amparo a los derechos fundamentales del debido proceso y a la libertad del accionante, para ordenarle al juzgado demandado corregir la sentencia condenatoria proferida en su contra.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal – en Sala de Decisión de Acciones de Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

AMPARAR los derechos fundamentales del debido proceso y a la libertad del accionante.

ORDENAR a Juzgado Promiscuo del Circuito de El Cocuy (Boyacá) que en el improrrogable término de 15 días contados a partir de la notificación de esta decisión, corrija mediante sentencia complementaria la dosificación punitiva impuesta a Orlando Alveiro Traslaviña Díaz. Se aclara que la ejecutoria de la decisión condenatoria permanecerá incólume.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Patricia Salazar Cuéllar—José Leonidas Bustos Martínez—Eugenio Fernández Carlier

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

(1) Fallo C-590 de 08 de junio de 2005 y T-332 de 2006.

(2) Ibídem.

(3) Ibídem.

(4) Montero Aroca, Juan, El sistema de tutela jurisdiccional de derechos fundamentales, En: Proceso (civil y penal) y garantía, el proceso como garantía de libertad y responsabilidad, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, p. 475.