Sentencia 7325 de agosto 12 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7325

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil tres

EXTRACTOS: «Decídese el recurso de casación interpuesto por Luis Castillo de la Parra contra la sentencia de fecha octubre 24 de 1996 proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso ordinario por él promovido contra Carlos Alberto Oliveros Gómez.

I. Antecedentes

1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, el actor promovió proceso ordinario, en el que solicitó se declarara resuelto por incumplimiento del demandado, un contrato de promesa de compraventa, celebrado el 11 de julio de 1975, respecto de un bien inmueble denominado “San Martín”, actualmente “Esparta”, ubicado en el municipio de Suesca, departamento de Cundinamarca, cuya ubicación, cabida y linderos fueron precisados en la demanda consecuencialmente, se decretara su restitución con sus anexidades, mejoras, dependencias y frutos naturales y civiles desde la fecha en que fue recibido, hasta el momento de su entrega; se le condenara al pago de los perjuicios causados con el incumplimiento y se ordenaran las restituciones mutuas correspondientes, incluyéndose dentro de estas, el valor de los perjuicios y frutos, considerando al demandado como poseedor de mala fe.

Subsidiariamente, solicitó se declarara disuelto por “mutuo consenso tácito” el referido contrato de promesa; se ordenara la restitución del inmueble al demandante inmediatamente ejecutoriada la sentencia, junto con sus anexidades, mejoras y dependencias, y con los frutos naturales y civiles que haya debido producir, con mediana diligencia y cuidado, desde la fecha en que fue recibido por el demandado y hasta el momento de la entrega y que en las restituciones mutuas a que hubiera lugar se descontara previamente el valor de los frutos que el bien hubiera podido producir.

2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, se afirmó en síntesis, lo siguiente:

2.1. El actor prometió en venta al demandado, el inmueble “San Martín” antes referido, según consta en contrato celebrado el 11 de julio de 1975.

2.2. En el documento pertinente se determinó que el precio de la venta consistía, de una parte, en la “subrogación” que el prometiente comprador —demandado— efectuaba al asumir las obligaciones a cargo del prometiente vendedor —demandante—, “...que surjan del proceso ejecutivo que actualmente cursa en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, referencia: Ejecutivo del Banco Ganadero contra Luis E. Castillo de la Parra e Irmgard Murrle de Castillo...“ y, de la otra, en el pago de la suma de $ 400.000, que serían cancelados de la siguiente manera: $ 100.000 a la firma del contrato de promesa, $ 50.000 en un cheque para el día 1º de agosto de dicho año 1975, sumas estas que se tendrían como arras, y el saldo de $ 250.000 a la firma de la respectiva escritura.

2.3. El demandado no cumplió con lo estipulado en el contrato de promesa, en relación con el pago del precio, por cuanto no hubo, ni existió subrogación de las obligaciones que había contraído el demandante con el Banco Ganadero; y “...más aún, Castillo de la Parra pagó dicha obligación al Banco Ganadero según recibo que acompañó en copia al carbón... por un total de ($ 974.106.69) pesos m/cte; con dicho pago terminó el proceso ejecutivo que cursó en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá” (fl. 29).

2.4. La entrega del lote materia de la negociación, fue realizada por el demandante al demandado el día 12 de julio de 1975, sin que hasta la fecha de la presentación de la demanda (enero 22 de 1985), lo haya devuelto a su propietario.

2.5. Adicionalmente, el señor Oliveros había promovido proceso ejecutivo contra el actor para que otorgara la respectiva escritura pública que perfeccionara el contrato de promesa, juicio que cursó en el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, y que concluyó con sentencia que, entre otros pronunciamientos, declaró probada la excepción de contrato no cumplido formulado por el allí demandado, Castillo de la Parra, fallo que fue confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá.

2.6. Ante el incumplimiento de sus obligaciones como prometiente comprador, emanadas del contrato de promesa, este se encuentra en mora para hacer la entrega del inmueble desde el 11 de septiembre de 1975, tal como se estipuló en la cláusula sexta del citado contrato.

2.7. La escritura pública por medio de la cual se perfeccionaría el contrato de promesa, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula sexta de este, no se firmó nunca, por santo el demandado no pagó el precio convenido, tal como se dice en el fallo proferido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito dentro del proceso ejecutivo antes señalado.

3. El demandado dio contestación a la demanda, oponiéndose a sus pretensiones, pronunciándose sobre los hechos y proponiendo las excepciones que denominó: “contrato no cumplido”, “prescripción adquisitiva de dominio o usucapio” (sic), “falta de notificación de la demanda en debida forma” y “violación al debido proceso y al derecho de defensa”; que fueron oportunamente replicadas por el actor.

4. Cumplidas las etapas procesales correspondientes, la primera instancia culminó con sentencia que despachó favorablemente las súplicas principales contenidas en la demanda, providencia que fue revocada por el Tribunal de Bogotá mediante la suya de 24 de octubre de 1996, en la que además, se declaró probada la excepción de contrato no cumplido propuesta por el demandado; se denegaron las pretensiones principales y subsidiarias y se condenó al actor al pago de las costas de primera instancia.

5. El demandante, como se anticipó, interpuso contra el fallo de segundo grado, recurso extraordinario de casación.

(...).

Consideraciones

1. Potísimos y arraigados motivos, tales como la preservación del orden público, la seguridad jurídica y la paz social, entre otros más, han conducido al legislador, de antiguo, a impedir que las controversias decididas en forma definitiva por las autoridades jurisdiccionales, sean ventiladas, ex novo, por los mismos sujetos procesales que han intervenido en el correspondiente proceso judicial, según da cuenta la historia del derecho, en general, testigo de excepción de la vigencia milenaria de este instituto, de indiscutida etiología romana (Vid LVI, 307, CLI, 42).

Si lo anterior no fuere así, como en efecto no lo es, nada impediría a la parte desfavorecida en un litigio, plantear de manera indefinida —y sistemática— la cuestión o asunto sometido a composición judicial, hasta que su pretensión o excepción, finalmente, encontrara eco en una determinada providencia (espiral de libelos), dando lugar a la floración de fallos contradictorios en el universo judicial. Por lo demás, no se justificaría —ni se justifica—, el palmario e inconsulto derroche jurisdiccional, que implicaría examinar, una y otra vez, una materia sobre la que existe ya un pronunciamiento, previo y definitivo (anterius), con sujeción al cual, es la regla, debe tenerse como clausurado el debate y, por ende, sellada la suerte de la controversia sometida a composición (agotamiento procesal).

Ello justifica, entonces, que la sentencia en firme, en línea de principio rector, se encuentre cobijada por la autoridad —o fuerza— de la cosa juzgada (1) , por manera que “...decidida la cuestión conflictiva con la plenitud de las formalidades procedimentales y el ejercicio de los recursos establecidos por la ley, con el propósito de garantizar la mayor certeza en las determinaciones de los jueces, se repute [que] ...la manifestación de voluntad de estos en ejercicio de la competencia que el derecho positivo del Estado le ha conferido es la verdad misma y como tal lleva en sí la fuerza legal necesaria para imponerse obligatoriamente, ya dentro del grupo de personas que intervienen en la querella, o bien en todos los miembros de la colectividad, según la naturaleza del litigio y de la decisión que le pone término” (CLXVI 64).

(1) Entendida como “... la cuestión jurídica discutida plenamente en juicio y resuelta por sentencia que deba cumplirse” (G.J. XLIX, 103), o como la “...indiscutibilidad de la esencia de la voluntad concreta de la ley afirmada en la sentencia”. Chiovenda, Giuseppe, Principios de derecho procesal, T. II, Madrid, Reus, pág. 460.

2. Ahora bien, en la esfera preceptiva, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, se ocupa del principio de la cosa juzgada, en los términos siguientes: “la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que la anterior, y que entrambos procesos haya identidad jurídica de partes”, norma contentiva de la trilogía que estereotipa, tradicionalmente, en materia civil, su conocida estructura, a saber: objeto, causa y partes.

El objeto, según la jurisprudencia de esta corporación, consiste en “...el bien corporal o incorporal que se reclama, o sea, las prestaciones o declaraciones que se piden de la justicia (CLXXII, 21), o en “... el objeto de la pretensión” (cas. civ. 30 de octubre de 2002, exp. 6999) y la causa, en “... el motivo o fundamento inmediato del cual una parte deriva su pretensión deducida en el proceso” (CLXXVI, 153, reiterada en cas. civ. 24 de julio de 2001, exp. 6448).

Los dos elementos antes mencionados, constituyen entonces “... el límite objetivo de la cosa juzgada, que comprende dos aspectos: el objeto decidido, de un lado; y del otro, la causa invocada para lograr la decisión, que si bien están entre sí íntimamente relacionados, responden sin embargo a dos cuestiones diferentes: sobre qué se litiga y por qué se litiga” (negrilla, CLXXII, 20 y 21).

3. Explicitado brevemente lo que antecede, en orden a establecer si la fuerza que emana de la cosa juzgada de una determinada sentencia judicial, esteriliza o torna inviable el nuevo juicio, es menester que el juez examine si en los dos procesos, hace presencia o confluye el precitado trinomio que delimita objetiva (causa y objeto) y subjetivamente (partes) la res judicata, verificación —se ha resaltado— que “....exige hallar en la sentencia pasada las cuestiones que ciertamente constituyeron la materia del fallo, pues entre ellas se centra la fuerza vinculante de este, como la ha expuesto la Corte. Desde luego, que aunque técnicamente de conformidad con el artículo 304 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, estas serían parte del contenido resolutivo, nada obsta para que esas cuestiones integren o se ubiquen en otro sector o pasaje del contenido material del acto jurisdiccional, bien como desisum propiamente dicho, o como ratio dedidendi o razón de la decisión que inescindiblemente queda integrada a la resolución misma y participa del carácter vinculante de la cosa juzgada (cas. civ. junio 15 de 2000, exp. 5218).

Aunque el examen valorativo de los supraindicados elementos, resulta en ocasiones de fácil realización, como ya lo ha realzado la Sala, existen situaciones, por el contrario, en las que aflora cierta dificultad para determinar si existe la eadem res, o para escindir, “... lo que es materia de decisión en la sentencia, o sea su objeto en sí mismo considerado, y la razón o causa de pedir el reconocimiento del bien jurídico” (CLXXII, 21).

Esta corporación, en cuanto atañe a la eadem res, claramente precisó en casación civil del 27 de octubre de 1938, que “... Siempre que por razón de la diferencia de magnitud entre el objeto juzgado y el del nuevo pleito se haga oscura la entidad de ambos, esta se averigua por medio del siguiente análisis: si el juez al estatuir sobre el objeto de la demanda, contradice una decisión anterior, estimando un derecho negado o desestimado un derecho afirmado por la decisión precedente, realiza la identidad de objetos. No así en el caso contrario, o sea cuando el resultado del análisis dicho es negativo” (negrilla, XLVII, 330). Y en cuanto a la separación entre el objeto y la causa para pedir, “...como se trata en rigor jurídico de dos aspectos íntimamente relacionados, las más de las veces será prudente examinarlos como si se tratara de una unidad, para determinar en todo el conjunto de la res in judicium deductae tanto la identidad de objeto como la identidad de causa. Así podrá saberse que el planteamiento nuevo de determinadas cuestiones, y las futuras decisiones acerca de estos puntos, solamente estarán excluidas en cuanto tengan por resultado hacer nugatorio o disminuir de cualquier manera el bien jurídico reconocido en la sentencia precedente” (CLXXII, 21).

En este orden de cosas, luego de efectuada la confrontación o verificación entre los dos procesos, el juez puede concluir, bien que existe identidad plena entre lo que ha sido fallado en el primer proceso y lo pretendido en el segundo, o apenas una coincidencia parcial, o aislada. En el primer caso, emergerá la imposibilidad de adelantar —con éxito— otro juicio y, en el segundo, el proceso podrá promoverse pero al juez le estará vedado pronunciarse sobre los aspectos materia de debate en el juicio precedente —primus— y que han sido auscultados y desarrollados en la providencia anterior.

4. Resta manifestar, por tener relación directa con el asunto sometido a escrutinio de la Corte, que en la hora de ahora, el instituto de la cosa juzgada, per se, no se torna refractario al proceso ejecutivo. Es así como en relación con la eficacia de la sentencia dictada en un proceso de ejecución artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 271 del Decreto 2272 de 1989, establece que “La sentencia que resuelva las excepciones de mérito hace tránsito a cosa juzgada, excepto en el caso previsto en los numerales 3º y 4º y del artículo 333”.

La norma anterior, no sobra recordarlo, fue introducida como novísirna en el Código de Procedimiento Civil de 1971 y supuso un giro radical respecto al Código Judicial de 1931 (2) , que denegaba la fuerza de cosa juzgada a la sentencia dictada en un proceso ejecutivo, permitiendo que fuera avisada en un juicio posterior.

(2) El artículo 1030 del citado código imperaba que “la sentencia de excepciones y la de pregón y remate no fundan la excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, pueden revisarse por la vía ordinaria”.

Es apodíctico, entonces, que a partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1971, la sentencia ejecutoriada proferida en proceso ejecutivo que resuelva las excepciones de fondo propuestas por el ejecutado, tiene fuerza de cosa juzgada (Vid. cas. civ. sep. 10/2001, exp. 6771), salvo que declare probada una excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento o que —tal providencia— sea inhibitoria.

Ello significa, que la cuestión que fue debatida y decidida primigeniamente en el proceso ejecutivo, en línea de principio, se encuentra cobijada por la fuerza de la cosa juzgada que fluye de la sentencia dictada en el correspondiente juicio y no puede, por tanto, ser desconocida o eclipsada en un proceso posterior.

5. Descendiendo al caso sub examine una vez realizadas las precedentes consideraciones de carácter general, necesarias para el cabal despacho del cargo enrrostrado, no se remite a duda que las partes aquí contendientes, lo fueron previamente también, en un proceso ejecutivo instaurado por el —acá— demandado en contra del actor, pues a folios 7 a 21 del cuaderno uno, se encuentran las copias de las sentencias de primera y segunda instancia del referido juicio “encaminado a obtener la ejecución del hecho debido”, que efectivamente fueron denegatorias de las pretensiones, por haberse declarado próspera la excepción de contrato no cumplido.

Examinadas tales decisiones, es dable afirmar que en el presente asunto concurren, además de la identidad de sujetos, los dos presupuestos restantes que para el reconocimiento de la cosa juzgada establece el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, precedentemente esbozados.

En efecto, hay identidad —o simetría— de objeto, por cuanto lo pedido por el señor Castillo de la Parra al formular la excepción correspondiente, dentro del proceso ejecutivo adelantado en su contra por el señor Oliveros, fue la declaratoria de incumplimiento de este último, medio exceptivo que, como antes se memoró, fue —irrestrictamente— próspero de cara al referido juicio, al punto que se declaró probada la llamada excepción de “contrato no cumplido” (fls. 12 y 20 vto. cdno. 1). Y el mismo incumplimiento, a su turno, está inmerso —como detonante— e la pretensión de resolución de contrato, contenida en la demanda con la que —ex post— se inició el proceso ordinario que, en lo pertinente, ahora conoce la Sala.

Finalmente, media identidad de causa por cuanto el motivo en que se fundó la excepción formulada en el proceso ejecutivo consistió en que el ejecutante (Oliveros), no se subrogó en las obligaciones y derechos que el Banco Ganadero exigía al prometiente vendedor en el proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, y el mismo hecho, explícitamente, fue alegado también en el ulterior proceso ordinario (hecho 4, fl. 29 cdno. 1), a manera de basamento del petitum resolutorio.

6. Existiendo —como existe— entre los dos procesos, identidad de sujetos, de objeto y de causa, es palmario que el tribunal desconoció la autoridad de cosa juzgada que emanaba de las sentencias dictadas dentro del proceso ejecutivo, pues el segundo contradice, abierta y paladinamente, al primero, pues mientras en este se decidió —después de auscultarse el entramado contractual— que la obligación a cargo del señor Oliveros, relativa a la subrogación [término en tal proceso], debía cumplirse en forma previa a cualesquiera otra, en el segundo, se expresó lo contrario, juicio que no era dable al tribunal desconocer, a posteriori, pues ello implicaba rasgar el sello de la cosa juzgada que cobijaba la decisión proferida en el proceso precedente, con todas las secuelas que de ello se derivan.

Efectivamente, en la sentencia de 23 de julio de 1981, emanada del Tribunal Superior de Bogotá, para resolver el recurso interpuesto en contra de la dictada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito, en el juicio ejecutivo, se dijo que “En la especie de esta litis, los contratantes establecieron en la cláusula quinta de la promesa, al aludir al precio, una obligación de previo cumplimiento por el prometiente comprador, señor Carlos Alberto Oliveros, consistente en subrogarse este en todas las obligaciones a cargo del prometiente vendedor, señor Luis E. Castillo de la Parra, que emerjan del proceso ejecutivo que contra el mismo y su señora esposa adelante el Banco Ganadero, ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito...”, obligación que “...debió cumplirse por el precitado Oliveros con antelación a cualesquiera otras, en razón de que en la promesa se señaló el orden en que debía cumplirse las obligaciones contraídas por las partes...”, reiterándose, en el folio siguiente, que “Esta obligación —la de subrogarse... debía se cumplida por Oliveros, se repite, con antelación a la concurrencia de las partes a la notaría, a elevar a escritura pública la promesa de compraventa”, porque... “del cumplimiento de la subrogación a que se comprometió Oliveros, con el cual este pagaba a Castillo de la Parra parte del precio, nacían las obligaciones contraídas por el prometiente vendedor Castillo de la Parra, al suscribir la promesa” (fl. 19 vto. cdno. 1), obligación que “...No fue cumplida en modo alguno por el mencionado Oliveros, según se desprende del examen minucioso que la Sala ha hecho del expediente contentivo del juicio de ejecución...”, consideraciones estas que, en lo sustancial, condujeron al tribunal a confirmar la sentencia dictada por el juez a quo.

Por su parte, en la sentencia materia del presente recurso, se expresó que “...no le asiste razón al a quo cuando afirma en su sentencia que la subrogación en las obligaciones a cargo de Luis Castillo de la Parra, ante el Banco Ganadero o el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá, debía cumplirse antes de elevar a escritura pública el contrato convenido entre las partes en litis”, y folios adelante, el juzgador de segundo grado, reiteró que “...como quedó ya visto, no existió subrogación, sino asunción de deuda ajena y tal obligación no era de previo cumplimiento a la suscripción de la escritura pública (negrilla; fls. 395 y 397 cdno. 8).

7. Es incontestable, entonces, que mientras en el juicio ejecutivo, la jurisdicción ordinaria, después de escrutar el contrato que promesa de compraventa, las obligaciones contraídas por las partes y su conducta, determinó, con fuerza de cosa juzgada, que la “subrogación” del prometiente comprador era de “previo cumplimiento” a cualesquiera otras que tuvieran su fuente en el pluricitado negocio jurídico, en el presente y ulterior proceso, el tribunal concluyó que “no era de previo cumplimiento”, lo que evidencia su rebeldía —o inobservancia— frente a los pronunciamientos —en el punto en cuestión— dictados en el primer proceso, concernientes al régimen prestacional derivado del mencionado contrato preparatorio, materia de auscultación previa.

Si el tribunal hubiera aceptado —como era lo debido— que el señor Oliveros debía cumplir primero con la referida obligación —como otrora se había sentenciado— y que el demandante no estaba obligado a honrar las suyas, hasta tanto ello no ocurriera, ha debido concluir que se reunían los requisitos necesarios para decretar la resolución del negocio jurídico, como acertadamente lo había ordenado el a quo, desde luego que no podía ignorar que “...si el demandado fue quien determinó, con su hecho, el incumplimiento del contrato del que surge la acción resolutoria, puede ejercitarla legítimamente el otro contratante, sin que para ello obste que a su vez haya dejado de cumplir después con sus obligaciones, esto porque la culpa del primero es la que motiva el derecho del segundo e invariablemente ha puntualizado la doctrina jurisprudencial que no es inejecución antijurídica, impedimento para entablar con éxito dicha acción, la que esta autorizada, justificada si se quiere, por el primer incumplimiento” (negrilla, cc, 130), ya que “En los contratos bilaterales en que las recíprocas obligaciones deben efectuarse sucesivamente, esto es, primero la de uno de los contratantes y luego las del otro, el que no recibe el pago que debía hacérsele previamente sólo puede demandar el cumplimiento dentro del contrato si el cumplió o se allanó a cumplir conforme a lo pactado, pero puede demandar la resolución si no ha cumplido ni se allana a hacerlo con fundamento en que la otra parte incumplió con anterioridad” (negrilla CLVII, 299; CCXXXIV, 688 y cas. civ. 4 de septiembre de 2000, exp. 5420).

9. En apretada síntesis, en el presente proceso se demostró con los fallos dictados en el juicio ejecutivo, que el demandado debía cumplir —con la que se denominó en estos— obligación de “subrogación” antes de otorgarse la escritura pública correspondiente y que tal obligación fue incumplida, pruebas con apoyo en las cuales, el actor ulteriormente solicitó la resolución del negocio jurídico que lo ligaba con aquel, de tal suerte que la pretensión resolutoria en sí misma, ha debido abrirse paso, sin que fuera necesario examinar en este caso —por las razones expuestas— si el actor había o no cumplido con sus obligaciones. Empero el tribunal, en forma contraevidente, declaró probada la excepción de contrato no cumplido y denegó, sin razón fundada, las pretensiones contenidas en la demanda.

Se desprende de lo señalado, por lo tanto, que el sentenciador de segundo grado, cometió los yerros que le enrrostraba el casacionista —trascendientes además en la decisión tomada— y que quebrantó, de paso, las normas sustanciales indicadas por la censura, lo cual exige casar la sentencia impugnada.

No obstante la prosperidad del recurso, la Corte no proferirá el correlativo fallo de reemplazo que correspondería, por cuanto considera pertinente, de oficio, decretar la práctica de una prueba, que se indicará en la parte resolutiva de la presente providencia, de acuerdo con el inciso 2º del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.

IV. Decisión

En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y porautoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha 24 de octubre de 1996 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por Luis Castillo de la Parra contra Carlos Alberto Oliveros Gómez y antes de dictar la sentencia de reemplazo con fundamento en el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil,

RESUELVE:

1. Decrétase la práctica de un dictamen pericial, a fin de establecer: a) El valor de los frutos naturales y civiles producidos por el inmueble, desde el 12 de julio de 1975 hasta la fecha de rendición de la experticia, y no solamente los percibidos, sino también los que el dueño hubiere podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, 2) Los deterioros sufridos por el inmueble desde la misma fecha, 3) las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa, 4) las mejoras realizadas al inmueble, las que se describirán por su calidad, cantidad, antiguedad, estado de conservación y valor actual. El perito tendrá en cuenta al realizar su labor, los bienes y mejoras descritos en la diligencia de inspección judicial llevada a cabo el 24 de noviembre de 1978 [fls. 250, 251, 251(sic), vto. 272 cdno. 1], 5) La actualización de la suma de 150.000 pesos con la correspondiente corrección monetaria e intereses legales del 6% anual así: $ 100.000 a partir del 11 de julio de 1975 y $ 50.000 desde el 1º de agosto de ese año y 6) El valor de los perjuicios que el incumplimiento del contrato ha ocasionado al demandante [fls. 34 y 101 vto.].

Para que rinda la experticia así ordenada, desígnase a Héctor lbañez Sandoval a quien se le comunicará el nombramiento en la forma señalada por el artículo 9º numeral 8º del Código de Procedimiento Civil, haciéndole saber que debe tomar posesión del cargo el día 25 de agosto del año en curso, a las once de la mañana. El término para rendir el dictamen será de veinte (20) días.

No hay lugar a condena en costas por la prosperidad del recurso».

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