Sentencia 7328 de mayo 21 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7328

Magistrado Ponente:

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil dos.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 10 de marzo de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario seguido por la sociedad Corredor, Mejía Productos Béisbol S.C.A., contra Jacesco Ltda.

I. El litigio

1. El litigio versa sobre la declaración judicial sobre la realización de actos de competencia desleal imputables a la demandada, en los términos de la ley comercial, y, subsecuentemente, la orden de conminación para que se abstenga de repetirlos, bajo multas sucesivas hasta de 50 millones de pesos, y la solicitud de condena al pago de perjuicios.

2. La causa para pedir admite el siguiente resumen:

a) Productos Béisbol, constituida como sociedad desde el año 1958, tiene como objeto social la fabricación de ceras para piso, betún para calzado, y la línea completa de aseo y otros para diferentes usos, dentro de los cuales se destacan el ácido muriático, el varsol, los ambientadores y blanqueadores a base de hipoclorito de sodio; productos todos de reconocido prestigio nacional y que se encuentran hace muchos años a la vista del consumidor en tiendas, supermercados, autoservicios y almacenes de cadena;

b) La sociedad Jacesco Ltda., constituida en 1991, tiene como objeto social establecer y explotar en Colombia laboratorios o factorías con el fin de fabricar productos químicos para el consumo de la industria nacional o del exterior, y fabricar productos de aseo; en esta línea se destacan el ácido muriático, el varsol, ambientadores, blanqueadores a base de hipoclorito de sodio y ceras para pisos;

c) Jacesco Ltda. ha imitado completamente la forma del envase, los colores, los tipos de letra y los textos de las etiquetas, la indicación de su utilidad, los dibujos explicativos y las instrucciones de uso del ácido muriático, la cera plástica emulsionada, el varsol, el blanqueador y el ambientador en pasta, cosa que no ha sucedido con las otras empresas del mismo ramo mercantil;

d) La situación descrita tiene su origen en que el profesional Jairo Salvador Barragán Moreno, quien conocía la totalidad de los secretos inherentes a la producción de las líneas de mercadeo de la empresa demandante, se retiró sorpresivamente de ésta y pasó a ser uno de los socios gestores de la sociedad demandada;

e) Es más, cuando Barragán Moreno había constituido a su nombre el 50% del capital de Jacesco Ltda., ejercía la doble función de empleado de confianza de Productos Béisbol y comerciante competidor desleal de su patrono; a ello se suma el haber vinculado al señor Elmer Marín Zea a su empresa, quien también fue empleado de confianza de la sociedad actora y como gerente nacional de ventas estuvo vinculado a ésta por más de nueve años, por lo que conocía todos sus secretos comerciales;

f) La empresa demandada fija precios inferiores a los de la demandante en un 20% aproximadamente y utiliza como promociones la consistente en vender dos productos por el precio de uno. Estas conductas indebidas han causado graves perjuicios económicos a la sociedad actora, derivados de la desviación de la clientela, y

g) Adicionalmente, la sociedad demandada utiliza una máquina pastilladora comprimida para producir ambientador en pasta, igual a la que utiliza Productos Béisbol, y emplea facturas cambiarias de compraventa similares a las de Productos Béisbol, con lo cual ha incrementado la confusión en supermercados, autoservicios, tiendas y almacenes de cadena.

3. Oportunamente la demandada se opuso a las pretensiones arriba descritas, y propuso como excepciones de fondo que dio en llamar de ausencia total del motivo alegado por la sociedad demandante y de inexistencia de causa para pedir.

4. Cumplido el trámite de primera instancia, el juez declaró probadas las excepciones propuestas y negó las pretensiones de la demanda. Inconforme, la sociedad demandante apeló infructuosamente, pues el tribunal la confirmó.

II. Fundamentos de la sentencia del tribunal

En el plano jurídico se alude a cuáles son los actos de competencia desleal, y para el efecto transcribe algunos apartes de jurisprudencia de esta corporación, luego de lo cual responde negativamente cada una de las imputaciones de competencia desleal reseñadas en la demanda, así:

1. Respecto de la utilización de medios o sistemas encaminados a crear confusión entre los productos Béisbol y los Nix, por haberse imitado la forma del envase, los colores, las etiquetas y las instrucciones de uso en detrimento de las ventas de la empresa actora, a lo cual se opone la demandada, el fallador realiza un análisis probatorio de conjunto que comprende los testimonios de Julio César Castaño Rodríguez, José Lisandro Villaquirán Ordóñez, José Édgar López Martínez, Fernando Illera Trujillo y Jairo Salvador Barragán; el interrogatorio de parte de César Viveros Jaramillo, representante legal de la sociedad demandada; el primero de los dictámenes de peritos y el segundo practicado con ocasión de las objeciones por error grave; particularmente responde negativamente cada una de éstas, para concluir en la firmeza y precisión del primer dictamen, el cual halla fundado y practicado por expertos publicistas quienes concluyeron que los productos de las empresas en contienda son diferentes en sus marcas, colores y diseños gráficos.

Sobre el particular afirma el sentenciador lo siguiente: la referencia efectuada por los peritos a otras marcas tuvo “fines didácticos” para explicar en qué consisten la similitudes que se pueden presentar en dos productos desde el punto de vista del diseño gráfico, pero explican claramente lo concerniente a los productos de ambas partes; que el aporte realizado por ellos de las marcas comerciales fraccionadas no demerita el examen porque “ni siquiera estaban obligados a presentarlos, bastaba con que se hubieran referido a ellos”, y en cuanto a la supuesta ausencia de análisis respecto a otros productos diferentes de los de las partes, esos hechos en sí mismos no dan pie a una objeción por error grave sino para hacer una solicitud de aclaración o complementación del dictamen.

Resalta la firmeza y precisión del dictamen para otorgarle pleno valor probatorio y acotar que el nuevo dictamen pericial practicado en virtud de la objeción propuesta no desvirtuó las conclusiones del primero, toda vez que aunque detallaron similitudes en el tipo de letra y en las instrucciones utilizadas en los productos objeto de discusión, la conclusión consistente en que la base o forma del diseño de los productos analizados no crea confusión entre los consumidores, no sufrió mengua.

Además, los segundos peritos aceptan que el tipo de letra o fuente es de libre uso, concepto reiterado por Fernando Illera, cuyo testimonio se estima a pesar de haber sido tachado por las partes, por cuanto se trata de un testigo altamente calificado cuya vinculación con las partes no afecta su credibilidad e imparcialidad; y aunque así fuera, su versión es clara, coherente, explicativa y concordante con lo expuesto en los dictámenes.

Hace ver que en el segundo dictamen se tuvieron en cuenta versiones de consumidores del producto que no comparecieron al proceso, quienes adujeron que la presentación de los artículos de ambas marcas mercantiles les generaba confusión para la compra, lo cual resulta discutible porque no comparecieron al proceso y porque resultan totalmente antagónicos a los recibidos en el plenario de Julio César Castaño, José Édgar Martínez y Fernando Illera, de tal manera que para establecer la verdad era menester un dictamen de publicistas, “el que a juicio de la Sala y al ser apreciado en su integridad junto con el practicado en el trámite de la objeción conduce a demostrar que los actos que se le imputan a la demandada no son idóneos para crear confusión entre los productos de esta última y los de la actora”.

1. Tampoco está acreditada la utilización de medios o sistemas tendientes a desorganizar internamente la empresa demandante y a obtener sus secretos o a privarla de sus empleados de confianza, puesto que el simple hecho de que Jairo Salvador Barragán Moreno hubiera constituido una empresa dedicada a una actividad económica idéntica a la de la empresa en que aún laboraba, no constituye competencia desleal; en efecto, constitucionalmente se protege “la libre y leal competencia de los particulares en el mercado”, de suerte que para transformar esa situación fáctica en acto generador de sanción habría de configurarse un acto concreto de competencia desleal que en este caso no se vislumbra porque la empresa demandada inició ventas tan sólo en agosto de 1992, y la vinculación que se hizo de Elmer Marín Zea ocurrió luego de su retiro de la empresa demandante.

Adicionalmente, no se pudo demostrar la utilización por parte de la empresa demandada de una máquina pastilladora igual a la de la demandante, porque la firma demandada no la tenía al momento de la inspección judicial y se encontraba absolutamente averiada la de propiedad de la actora.

3. Respecto de los medios encaminados a desviar la clientela o a crear desorganización del mercado, los cuales se hacen consistir en la rebaja de precios y promociones que efectivamente encontró probadas el tribunal, dice éste que dicha práctica “no es desleal”, toda vez que la competencia comercial genera la posibilidad de múltiples ofertas de los productores o vendedores con el ánimo de atraer a los compradores, quienes son finalmente los directamente beneficiados con dichas promociones.

Con todo, sostiene que puede existir abuso en la práctica reseñada, el que de todos modos no se ve que haya sucedido en este caso, pues el límite de los medios que pueden emplearse para desplazar a los competidores está fijado por la rectitud o corrección de los mismos y que cuando se supera ese límite (empelando (sic) medios censurables) se cae en el ámbito de la competencia desleal”, lo que no sucede con las rebajas de precio y promociones.

III. La demanda de casación

Cargo único

Con fundamento en la causal 1ª de casación, se acusa a la sentencia de violar en forma indirecta, por falta de aplicación, los artículos 75, numerales 1º, 3º, 4º, 5º, 6º y 9º del Código de Comercio y 20 y 21 de la Ley 59 de marzo 25 de 1936, como consecuencia de manifiestos errores de hecho en la apreciación de las pruebas que a continuación se describen.

1. No se tuvo en cuenta la prueba directa dimanante de las fotografías que se tomaron en distintos establecimientos de comercio a los productos objeto de análisis, en la que se advierte la confusión entre ellos derivada de las imitaciones que se le imputan a la sociedad demandada; dicha prueba ofrece un vigor tal que por su presencia no se pidió en la demanda la práctica de un dictamen pericial en la demanda.

2. No se apreció el hecho notorio “del diario vivir” que impone la necesidad de mercar y de hacerlo en poco tiempo, del cual se puede deducir que puede ser fácilmente confundible un producto si con habilidad se distribuyen los colores de los productos, de tal forma que generan confusión por ilusión óptica, y bien se sabe que “el color prevalece a la forma”, tal como se desprende de las mencionadas fotografías; de manera que para demostrar los actos de competencia desleal denunciados en la demanda no era necesario acudir a medios de prueba técnicos, bastaba el hecho notorio por el que a (sic) “a simple vista” se aprecia la confusión por los colores empleados en los referidos productos.

3. La prueba pericial era absolutamente innecesaria porque la confusión de los productos derivada de su presentación publicitaria constituye un hecho notorio; además, los primeros expertos alteraron la verdad, pues se refirieron a las etiquetas de los productos indicando colores diferentes a los que en realidad ostentan los productos y sin presentar los empaques en forma completa, lo que constituye un fraude procesal.

Igualmente es completamente errado afirmar, como hizo el tribunal, que la alusión de los peritos a otro tipo de producto comercial fuera únicamente de carácter didáctico, toda vez que tal referencia fue el pilar fundamental para que dichos expertos concluyeran que la forma prevalece sobre el color, “lo cual es absurdo”.

4. De otro lado, el tribunal le dio crédito a las fotografías presentadas por los peritos en forma fraccionada, sin tener en cuenta que los compradores observan la totalidad del empaque en el producto; de allí que se equivocó cuando, para contestar la objeción propuesta en ese sentido, dijo que inclusive los peritos no tenían que presentar las fotografías de la totalidad de los productos objeto de análisis, en tanto que ellas se encontraban en el expediente, pasando por alto que fue con base en ese material parcial o fraccionado que los expertos produjeron su dictamen, cuyas conclusiones finalmente fueron prohijadas por el tribunal.

5. El censor se duele de que sobre otras objeciones propuestas contra el dictamen haya respondido que ellas no son constitutivas de error grave, y que por tanto debió acudirse al trámite de la adición o complementación, cuando debió proceder de oficio en ese sentido, toda vez que el juez “no es un convidado de piedra”.

6. El tribunal le restó importancia al hecho de que el tipo de letra empleado por la empresa demandada en sus productos sea idéntico al que utiliza la empresa demandante en los suyos, tras de aducir que el tipo de letra es genérica y su uso es universal, sin considerar que ello aunado al hecho de utilizar los mismos colores, da lugar a la confusión constitutiva de una práctica clara de competencia desleal.

Por otra parte, “los dibujos de Jacesco son calcados de los de Béisbol”, motivo por el cual no eran necesarios peritos para apreciar tal evidencia, lo que hace manifiesto el error del tribunal por haber desconocido tales circunstancias.

7. También incurre en error de hecho por aducir que la desvinculación de los empleados de confianza adscritos a la empresa demandante para crear y laborar en la sociedad demandada no representa ningún acto generador de competencia desleal, cuando lo cierto es que Jairo Salvador Barragán Moreno utilizó los conocimientos obtenidos en la empresa demandante para crear una sociedad con idéntico objeto social y emplear en desarrollo de éste rótulos o empaques idénticos destinados a crear confusión en el mercado, sin lo cual no habría podido competir con la famosa marca demandante, “consolidándose sin la menor duda la competencia desleal”.

8. Otro error reside en el hecho de haber afirmado la sentencia que los productos de la empresa demandada salieron al mercado en agosto de 1992 y que por ello es un desacierto de la demanda sostener que con la constitución de la compañía demandada se inició la competencia desleal, a pesar de que se demostró que la sociedad referida se creó para competir con la demandante y por ello vinculó a los empleados Elmer Marín Zea y José Hebert Serna.

9. No se apreció debidamente el interrogatorio de parte de Salvador Barragán, “socio y gestor de toda esta trama”, y por ello dejó de valorar la serie de mentiras que él adujo cuando manifestó que había contratado personas especializadas para elaborar la publicidad de sus productos, siendo que dicha labor la efectuaron los empleados que atrajo de la sociedad demandante.

En fin, tampoco vio que admitió haber utilizado los mismos colores e idéntica letra en la elaboración de las etiquetas de sus productos a los empleados por la firma actora, y que confesó haber contratado para el correspondiente diseño gráfico a la misma que persona que prestó servicios semejantes a la demandante.

IV. Consideraciones de la Corte

1. En la especie de este proceso, el quid del asunto estriba en determinar si, como concluyó el sentenciador, no están demostrados los actos de competencia desleal que desde distintos ángulos describe la parte demandante con respaldo en las normas comerciales que a la sazón regulaban ese fenómeno, las cuales, valga decirlo, fueron derogadas por la Ley 256 de 1996, cuya aplicación aquí no viene al caso; o si por el contrario ellos aparecen acreditados, lo que no fue detectado por el sentenciador por causa de manifiestos errores de hecho en que incurrió, como propone el censor; cuestión que amerita, a modo de preámbulo, hacer algunas precisiones que atañen con la correcta formulación del cargo, a las cuales ciertamente no se ciñó el impugnante.

2. Cuando con respaldo en la causal primera de casación se denuncia la violación indirecta de las normas sustanciales que regulan el caso, a consecuencia de haber incurrido el sentenciador en errores de hecho, debe el censor ajustarse a unos principios y a unas reglas de técnica de la impugnación, cuyo acatamiento se hace imprescindible para que sea exitosa la acusación; a ese respecto resulta pertinente recordar algunas directrices a ese respecto:

Como es sabido, la sentencia impugnada llega a la Corte amparada con la presunción de acierto y en principio no pueden ser examinadas en casación los fundamentos de hecho que le sirven de respaldo, salvo ante la presencia de error de hecho en la apreciación de una o varias pruebas que tengan el carácter de manifiesto, es decir que sea detectable a simple golpe de vista, y de tal magnitud que emerja como única posibilidad la estimación que propone el censor; no resulta idóneo, entonces, presentar una acusación de modo panorámico o significativa del replanteamiento general del litigio, como que ya no se está en el campo de las instancias; ni basta con exponer una mera disparidad de criterios sobre cómo debieron apreciarse los distintos medios de convicción, y menos si ellos son de índole subjetiva y, por ende, carentes de sustentación material, por lógicas o razonables que aparenten ser. Y que sea un error trascendente, esto es, que de no haberse incurrido en él, otra hubiera sido la definición judicial del caso.

Ahora bien, la demostración de un error de esa naturaleza exige del censor determinar exactamente las pruebas sobre las cuales recae; sustentar la acusación de cara al fallo impugnado, lo cual se traduce en que no debe limitarse a levantar un argumento paralelo a los expuestos por el sentenciador que, por serlo, prescinda de las apreciaciones efectuadas por éste, o que su fuerza no alcance a excluirlos; y tratándose de la apreciación de las pruebas en conjunto, la censura no puede recaer apenas sobre la apreciación de uno o varios de los elementos de convicción que integran ese conjunto apreciado, dejando libre de reparo la estimación de los demás.

3. Traídas esas pautas al presente caso, observa la Corte que el cargo único propuesto evidencia la estructura de un alegato de instancia, donde los criterios subjetivos del recurrente presiden la impugnación, sin mediar un efectivo contraste o confrontación con lo que extrajo el fallador de las pruebas supuestamente mal apreciadas, y con menosprecio de que el fallo acusado se ampara en una apreciación conjunta de la prueba, integrada por distintos elementos de convicción y muy variados razonamientos, en torno a los cuales se presenta una opugnación parcial, y, en lo que se combate, no se hace técnicamente o no alcanza a verificarse la existencia de un error manifiesto de hecho.

4. En efecto:

1. El tribunal concluyó en que la demandada no incurrió en actos de competencia desleal, fundamentalmente con apoyo en la prueba testimonial y pericial, la primera con énfasis en la exposición del testigo Fernando Illera Trujillo, quien trabajó en el diseño gráfico de la presentación de los productos de las dos empresas enfrentadas, cuyo testimonio halló convincente, a pesar de la tacha de que fue objeto por ambas partes, dado que su versión, destinada a señalar la diferencia existente sobre el particular y a afirmar que no inducía a la confusión de la clientela, fue “clara, coherente, explicativa y concordante con lo expuesto en los dos dictámenes y por lo tanto debe dársele pleno valor probatorio”; apreciación esta frente a la cual ningún reparo hace el censor.

Y respecto de los dictámenes, no sólo acudió al valor demostrativo de la inicial experticia, sino al de la que fue practicada después en el trámite de la objeción por error grave, en la cual los peritos, después de aceptar rasgos comunes en la presentación de algunos productos, como el tipo de letra y las instrucciones de uso, que no encuentran sean restrictivos, advirtieron que los diseños gráficos no crean confusión en el consumidor porque lo que éste registra es la forma; experticia sobre la cual el impugnante no combate suficientemente, en tanto se dedica principalmente a rescatar las objeciones que formuló en instancias contra el primero. Omisión semejante ocurre frente a la consideración del tribunal relativa a la necesidad de la prueba técnica, ante el antagonismo que revelan terceros, unos convocados al proceso y otros no, pero mencionados estos en la segunda experticia.

Sobre lo último, dijo la sentencia: “De tal manera que para ello era menester un dictamen pericial realizado por publicistas, el que a juicio de la Sala y al ser apreciado en su integridad junto con el practicado en el trámite de la objeción conduce a demostrar que los actos que se le imputan a la demandada no son idóneos para crear confusión entre los productos de esta última y los de la actora” (fl. 172 cdno. principal del tribunal); punto sobre lo cual el censor guarda silencio.

2. De ese modo, fluye que el acusador se sustrajo de la apreciación conjunta de la prueba efectuada por el sentenciador, y se distrajo en sostener su propia apreciación, un tanto antojadiza, con la cual no supera las omisiones anotadas, esencialmente sobre dos aspectos que no superan sus omisiones: el primero, censura que el fallador no haya tenido en cuenta las fotografías que obran en el expediente, en las cuales aparecen los artículos que producen las compañías en conflicto en los diferentes estantes de algunos de los establecimientos de comercio donde se expenden, las que el recurrente califica de directas y de ser expresivas de un hecho notorio, en tanto emerge de ellas a simple vista la confusión que la similitud de la presentación de los productos genera entre los compradores, a lo cual añade la tesis de que en ese sentido no era necesaria la práctica de la experticia; y el segundo, consiste en refutar apenas algunos aspectos del dictamen pericial inicial, y eso, como se dijo, de modo aislado, particularmente para hacer valer su criterio meramente subjetivo de que incide en la confusión de la clientela más el color de los empaques y etiquetas de los productos que su forma o diseño, sin hacer referencia a las pruebas por las que el sentenciador debió extraer esa conclusión y erradicar la que prohijó.

3. Sobre la prueba de fotografía, en la que pone especial empeño el recurrente, encuentra la Corte equivocada la proposición consistente en que ella era la única posible para este caso, prevalido de la supuesta notoriedad que arroja como elemento demostrativo de la equívoca presentación de los productos inductivos a la confusión de los consumidores, pues parece apartarse del principio de la libertad de medios probatorios entronizado, de manera general, en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil ; mas si lo que fuera dable entender es que el censor critica que no se haya observado que los elementos inductivos a la confusión de la clientela plasmados en las fotografías configuran un hecho notorio y por tanto exento de prueba, aunado al comportamiento de las personas en su diario vivir, según las voces del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil siendo superfluas entonces las demás practicadas en el proceso, la verdad es que de ellas no fluye un hecho de esa significación, amén de que no se invocó en las instancias como tal, sea lo que fuere que haya querido plantearse en el cargo, no se ve cómo de la prueba fotográfica se pueda deducir que era un hecho notorio la equívoca presentación de los productos y la observación de la misma era suficiente para deducir que ésta se prestaba para confundir a los potenciales consumidores, puesto que para que se advierta un hecho notorio como medio de prueba con las consecuencias que esa calificación implica, se exige, por lo menos, que sea conocido por la generalidad de las personas pertenecientes a un determinado medio local, regional o nacional, y que el juez tenga certeza de esa divulgación, aspectos que, por su naturaleza, no pueden verse reflejados a partir de la comentada prueba documental.

Otra cosa es que eventualmente tal prueba sirva para constatar un acto de competencia desleal, caso en el cual sería una prueba más dentro del conjunto probatorio que, aun apreciándola como eficaz, no alcanza a desvirtuar el análisis integral efectuado por el tribunal, desde luego que éste adujo que también los peritos basaron su análisis en las fotografías y que si presentaron otras con el dictamen reveladoras sólo de aspectos parciales, lo hicieron para abundar en explicaciones; apreciación esta que, por lo menos, no puede ser calificada de contraevidente.

Por esa razón, no es errada la apreciación de la sentencia cuando da crédito al dictamen pericial que se adoptó contando con la presencia física de los productos objeto de análisis, y frente a dicho argumento carece de significación que la sentencia no se haya referido a cada una de las fotografías aportadas, dado que el fallador dejó en manos de expertos la correspondiente valoración de los diferentes elementos que conforman la presentación de cada producto. En ese sentido no existe vacío u omisión en la apreciación de la prueba documental de que se trata.

4. También la censura se dedica, como se dijo, a opugnar la apreciación del primer dictamen pericial y esencialmente a rescatar las objeciones por error grave; sobre el particular además de formularse una acusación sustraída del conjunto de pruebas apreciadas por el sentenciador, no se advierte la existencia de un error en su apreciación que pueda ser tildado de evidente.

Así, en cuanto al análisis comparativo efectuado por los peritos en relación con otro producto comercial sustancialmente diferente de los que aquí se trata, el tribunal entendió que ellos lo hicieron por simple utilidad didáctica, pues “en la realidad el dictamen se refiere a los productos de ambas partes y se encamina a establecer si el consumidor podría ser confundido por la presentación de los mismos”, lo que deja sin ningún sustrato la acusación formulada en el mismo sentido.

Igualmente no alcanza a constituir error mayúsculo por haberse acogido la experticia en cuanto que le dio mayor significación a la forma de los diseños de los productos que a los colores, ni menos por haber prohijado la tesis de que tanto estos como las letras son elementos genéricos de uso universal; aspectos sobre los cuales el impugnante pretende hacer valer únicamente su propio criterio en contrario.

Tampoco es de recibo la censura que imputa falsedad a la primera pericia y por ende error al tribunal por acogerla, basada en que los colores que se presentaron fueron distintos a los utilizados por la empresa demandada en sus productos y en que las etiquetas se fragmentaron en las fotografías presentadas por los peritos, porque como lo explicó el sentenciador, en el expediente hay prueba sobre la real y total presentación de los mismos y, además, aquéllos concluyeron que “los textos informativos y promociones por hacer referencia al producto mismo y sus beneficios pueden ser parecidos”, premisa esta de la que tampoco se ocupa el censor.

5. La circunstancia de quedar en pie los pilares probatorios que condujeron a la decisión impugnada, como lo son la totalidad de los argumentos que tienen como sustento la prueba pericial, de algún modo le resta trascendencia a las demás acusaciones que tienen que ver con la forma en que acogió el tribunal la constitución de una nueva empresa por un ex trabajador de productos Béisbol o el traslado de personal de confianza de la empresa demandante a la demandada, o la competencia por precios y promociones.

Con todo, debe anotarse que las conductas imputadas “a la demandada como dirigidas a desorganizar internamente la empresa competidora, tales como la constitución de otra empresa con igual o semejante objeto social y la contratación de empleados de confianza de aquélla, no fueron consideradas por el sentenciador como actos de competencia desleal porque el simple hecho de que el trabajador compita con el empleador no es suficiente para calificarlo de tal para lo cual es necesario demostrar además de la concurrencia de la actividad comercial que dicho empleado desarrolla actos de competencia desleal, mientras tanto sólo se evidencia el libre ejercicio de la libertad de empresa que es un principio protegido por el ordenamiento jurídico, conclusión que tampoco aparece combatida eficazmente, pues el censor se vale de sus propios juicios para concluir lo contrario; de modo semejante se aborda el hecho de la contratación de personal de la otra empresa, sin desvirtuar el hecho de que ocurrió en fecha posterior a la época en que salieron los nuevos productos al mercado; y ni qué decir de la competencia por precios y promociones que no encontró desmedida el sentenciador, no dando argumentos el recurrente de índole objetiva que permitan encontrar desaciertos en esa discreta apreciación.

En síntesis, pues, sobre tales aspectos conservan firmeza las consideraciones del sentenciador, en la medida en que “si un mismo hecho admite una o más interpretaciones que no pugnen con la evidencia, las circunstancias de que el tribunal elija la que en el sentir del recurrente y aun de la Corte no sea la más atendible, no sería constitutiva de error pues el requisito de la evidencia excluye toda argumentación que se fundase en las probabilidades y no en la certidumbre” (G.J.T. CXLII, p, 245; CCLII, Nº 2491, volumen II, p. 1643).

6. En cuanto a la indebida apreciación del interrogatorio de parte de Jairo Salvador Barragán, cabe agregar que las mentiras que de allí pretende extractar son tales en la medida en que la interpretación de la prueba se ajuste al criterio del censor, y ya se vio que el análisis probatorio en conjunto que efectuó el tribunal se ha encontrado razonable, de donde fluye que aunque se apreciara dicha versión en la forma pretendida por el censor, ella constituiría, entonces, no sólo una prueba aislada sino también absolutamente contraria al restante material probatorio.

5. Se sigue de todo lo discurrido que el cargo único propuesto no está llamado a prosperar.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia adiada el 10 de marzo de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el proceso arriba referido.

Condénase en costas del recurso de casación a la parte recurrente, las cuales serán tasadas en su oportunidad.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

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