Sentencia 7342 de noviembre 17 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Rad. 7342. Apelación sentencia de 9 de junio de 1995 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Impuesto sobre las ventas del 3er. bimestre período impositivo de 1989.

Consejera Ponente:

Dra. Consuelo Sarria Olcos

Actor: Ashe y Cía. S.A.

Santafé de Bogotá, D.C., noviembre diecisiete de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Fallo:

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto mediante apoderado por la sociedad Ashe y Cía. S.A., la actora, contra la sentencia de 9 de junio de 1994, desestimatoria de las súplicas de la demanda, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el contencioso de restablecimiento fiscal referente al impuesto sobre las ventas del 3er bimestre de 1989, promovido por Ashe y Cía. S.A., contra la liquidación de revisión Nº 051 de junio 8 de 1992 y la Resolución 10014 de julio 6 de 1993, expedidas por la unidad de liquidación y la división jurídica de la Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cali.

Sobre el recurso, cumplido el trámite propio de la instancia, procede a resolver la Sala.

Antecedentes

Previos inspección tributaria y requerimiento especial, el acto liquidatorio impugnado adicionó, en suma de $ 16.281.346, los ingresos brutos declarados en el período; rechazó impuestos descontables por $ 21.190; y aplicó sanción por inexactitud en cuantía de $ 2.613.114, pues, según la facturación exhibida, se habrían efectuado “ventas de sus productos a un valor inferior al corriente en plaza”. La actuación se mantuvo al resolver el recurso gubernativo.

La demanda

El apoderado de la actora consideró vulnerados los artículos 6º, 29 y 228 de la Constitución Política; 170 del Código Contencioso Administrativo y, 90, 453 y 683 del estatuto tributario.

El concepto de la violación se sintetiza así:

La actuación acusada, no estuvo presidida por el espíritu de justicia que disponía la ley tributaria, porque un grupo de funcionarios de la administración pretendió forzar la corrección de la declaración del período, para “incrementar unos ingresos”, sin documento alguno que desvirtuare la contabilidad de la contribuyente, derivándose en la improcedencia de la liquidación oficial.

La administración denegó la práctica de inspección con intervención de peritos contadores, solicitada con la contestación del requerimiento especial y la interposición del recurso gubernativo, argumentándose la inconducencia de la misma, por obrar ya verificación directa de los funcionarios impositivos, pero sin advertir que la constatación documentaria era de cargo de los peritos y la elección del derecho aplicable, de cuenta del juez; sobre el valor probatorio de la inspección tributaria y la “omisión del cuestionamiento de la prueba pericial”, se reproducen apartes de la sentencia de esta corporación, de 4 de junio de 1993, dictada en el proceso Nº 4467, con ponencia del consejero Dr. Jaime Abella Zárate.

Se desestimó la certificación del revisor fiscal, “sobre la conformación de la contabilidad de la compañía del período en cuestión, aportada con ocasión de la respuesta al requerimiento”, que comprobaría, “que no se habían dado ni una razón ni un hecho que permitiera modificar la liquidación privada y adicionar ingresos”, obrándose negligentemente y con grave desmedro del principio de economía.

La adición de ingresos en cuestión, se habría basado, no en certificación oficial, que la administración dijo que no existía ni era necesaria al efecto, sino en cotizaciones del mercado local de otras compañías que desplegaban actividad similar en el período, como si el mismo estuviera constituido sólo por éstas, infringiéndose los artículos 90 y 453 del estatuto tributario (sobre “determinación de la renta bruta en la enajenación de activos” y “valor de las operaciones subfacturadas o no facturadas”) y 6º y 29 de la Constitución, pues los “cruces” con terceros sólo servirían para cotejar información, no para “derivar precisiones”.

Finalmente, niega que existiera igualdad de las actividades de la sociedad con las de las compañías, “Distribuidora de Papeles S.A. y Suministradora de Papel Ltda.”, según se desprendería de los respectivos certificados de existencia y representación legal.

La oposición

La apoderada de la entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que la administración en los actos impugnados confirmó lo establecido a través de la visita de sus funcionarios, referente a la venta de los productos de la actora a un valor inferior al corriente en plaza, determinándose tales valores por el sistema de cruces de información, la que originó una adición de ingresos, de conformidad con lo establecido en los artículos 453 y 463 del estatuto tributario.

Finalmente afirmó que las glosas planteadas por los funcionarios de la administración no podrán ser desvirtuadas por la actora, toda vez que por medio de las mismas no fueron desconocidas la oferta y la demanda existente en materia comercial, ni la costumbre mercantil, que tiene fuerza de ley siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente.

La sentencia

El Tribunal Administrativo del Valle mediante la sentencia apelada denegó las súplicas de la demanda por considerar, con fundamento en la sentencia del Consejo de Estado de marzo 10 de 1995, expediente 5927, que la actuación de la administración se ajustó a lo previsto en los artículos 453 y 463 del estatuto tributario porque se estableció que el valor facturado por la sociedad actora era inferior del corriente en plaza, situación no desvirtuada por la demandante, y no era necesario acudir a las exigencias contenidas en el artículo 90 del estatuto tributario, referentes a la certificación del valor comercial por parte de una entidad gubernamental.

El recurso de apelación

El apoderado de la sociedad actora interpuso oportunamente recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, y lo sustentó argumentando que la prueba idónea para demostrar el valor comercial de los bienes está constituida por las certificaciones a que se refiere el artículo 90 del estatuto tributario, no siendo admisible por lo tanto el que los funcionarios administrativos y judiciales tengan como prueba documentos supletorios no autorizados por la ley tributaria.

Señaló que los datos estadísticos pueden producirse por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pero el carácter de “estadísticos” requiere un proceso más complejo que el simple “cruce de información”.

Finalmente afirmó, con fundamento en los certificados de existencia y representación legal, que no existe igualdad de las actividades de la actora con las de las compañías Distribuidora de Papeles S.A. y Suministradora de Papel Ltda.

Alegatos de conclusión

El apoderado de la administración, luego de realizar un resumen de la actuación, solicitó, con fundamento en las sentencias del Consejo de Estado de marzo 10 de 1995, expediente 5927 y agosto 4 del mismo año, expediente 5991, la confirmación de la sentencia de primera instancia, alegando que tratándose del impuesto a las ventas no era aplicable el artículo 90 del estatuto tributario, que constituye norma especial del impuesto sobre la renta, sino los artículos 453, 463, 756 y 762 del estatuto tributario, referentes a la determinación de las operaciones subfacturadas o no facturadas, tomando como base el “corriente en plaza”.

No hubo pronunciamiento de la parte actora, ni del Ministerio Público.

Consideraciones de la Sala

En ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación que le concede la ley, la Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cali, estableció que la actora, por el período discutido (3er bimestre de 1989), efectuó ventas por valores inferiores al “corriente en plaza” a las sociedades Distribuidora de Papeles y Tintas Ltda., Papeles Ltda., Vapa Ltda. y Criva Industrial Ltda., encontrando una diferencia entre el precio de venta y el precio corriente en plaza del orden de $ 16.281.346.

La administración, con fundamento en lo establecido en los artículos 756 del estatuto tributario, referente a la autorización otorgada a los funcionarios competentes para adicionar los ingresos, y 453 en concordancia con el 463 ibídem, aplicó la presunción consagrada en esta norma, tomando como valor de las operaciones por ventas, el “corriente en plaza”.

La sociedad actora, en la vía gubernativa y en la jurisdiccional, insistió en que para la procedencia de la adición de ingresos eran necesarios los datos estadísticos oficiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del estatuto tributario, y no el simple cruce de información realizado por la administración.

Como los aspectos planteados en la apelación y en el alegato de conclusión, sobre los cuales debe decidir la Sala, fueron materia de análisis en otros procesos entre las mismas partes y por idénticos motivos, pero por bimestres diferentes al discutido en esta oportunidad, la Sala reitera las consideraciones expuestas en los fallos de marzo 10, expediente 5927, y agosto 4 de 1995, expediente 5991, en los cuales se precisó:

“como lo advierte la apelante, en el curso de la actuación la administración realizó “cruces de información” y produjo pruebas referentes a la disparidad de precios de mercado para productos de la misma especie, necesariamente tales pruebas debían tenerse por “oficiales”, además, enteramente ajustadas a las autorizaciones de los artículos 684, 688 y 779 del estatuto tributario, entre otras normas, y cuya desvirtuación sólo era previsible mediante plena prueba contraria. No es cierto, por tanto, que la única prueba “oficial” admisible la constituyeran las “certificaciones” que, supuestamente, debían expedir los entes que se relacionan en el inciso 5º del artículo 90 ibídem, pues aun en el hipotético caso de que la norma pudiera tener alguna aplicación en el punto de que se habla, en parte alguna dispone la misma que el funcionario deba obtener determinadas “certificaciones” previas; lo que dispone dicha norma es que éste puede fijar un precio de enajenación acorde con la índole, caracteres y estado de los activos, “atendiendo” a la información estadística producida por las entidades de que el inciso hace mención, que es disposición distinta de la de exigir, imperativamente, las “certificaciones” de tales entidades, haciéndole decir a la norma lo que, evidentemente, no dice; si el funcionario, al señalar el precio de enajenación, no “atendió” a los aludidos datos estadísticos, es asunto que, en todo caso, no aparece probado en el proceso ni, por ende, puede ser objeto de controversia.

“Tampoco es cierto que la norma en cuestión, según se pretende en la demanda y la sentencia, fuera aplicable al caso, pues se oponía a ello el principio de especificidad, del artículo 5º de la Ley 57 de 1887.

“El artículo 90 del estatuto tributario que reprodujo los artículos 18 y 19 del Decreto 2053 de 1974 y 76 del Decreto 2247 de 1974, entre otros, era, claramente, una norma de carácter general en materia del impuesto sobre la renta que, por ningún motivo, podía preferir a las normas especiales del impuesto sobre las ventas o “impuesto al (sic) valor agregado”, que dice la demandante, contenidas en los artículos 453 y 463 del mismo estatuto tributario, las cuales reprodujeron, respectivamente, los artículos 47 y 11 del Decreto 3541 de 1983, estatuto específico del impuesto sobre las ventas.

“Así las cosas, habiendo establecido la administración que las facturas o documentos equivalentes exhibidos en el curso de la inspección tributaria, mostraban, “como monto de la operación, valores inferiores al corriente en plaza”, se hallaba plenamente autorizada por el artículo 453 antes citado, para “considerar”, como importe de dicha operación, “el corriente en plaza”, sin ninguna clase de “certificaciones” o de investigaciones especiales de mercado, no previstas por tal norma, precisamente, por preverse en ésta el medio de defensa de la “prueba en contrario”, que jamás utilizó la demandante en debida forma. El experticio contable practicado en la instancia, no permitía "abundar" en el campo de prueba, sencillamente por no ser conducente en lo que tocaba al valor “real” de mercado de los productos en materia de las ventas glosadas, toda vez que, como acertadamente lo anota la parte demandada, se limitaba a testimoniar sobre la corrección de los valores contabilizados, que eran los mismos declarados, pero sin que se desvirtuara el valor de mercado establecido por la administración, que demostraba, objetivamente, que los valores facturados, contabilizados y declarados, se hallaban por debajo de los reales”.

De conformidad con las anteriores consideraciones la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada, no estando llamado a prosperar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia de 9 de junio de 1995, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el contencioso de restablecimiento fiscal promovido por Ashe y Cía. S.A., en relación con lo actos de liquidación y resolución del recurso existente, referentes al impuesto sobre las ventas del 3er bimestre de 1989.

Se reconoce al doctor Enrique Guerrero Ramírez como apoderado de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del memorial anexo.

Cópiese, publíquese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

___________________________________