Sentencia 7346 de agosto 12 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE HECHO DAÑINO

EFECTOS DE LA ABSOLUCIÓN DEL DEMANDADO EN EL PROCESO PENAL

EXTRACTOS: «1. La fuerza de cosa juzgada que se reconoce a ciertos pronunciamientos de los jueces penales en lo que concierne a la acción criminal, sobre el proceso civil indemnizatorio, no surge de la simple aplicación de los principios que gobiernan el instituto de la cosa juzgada en materia civil, pues las diferencias que ontológicamente caracterizan la actividad jurisdiccional en uno y otro proceso, determinadas fundamentalmente por el bien jurídicamente tutelado, descartan la coincidencia de los elementos procesales en los cuales subyace el instituto mencionado.

El fundamento de tal autoridad, como lo precisa la doctrina “...reside en un motivo de orden público sumamente simple. Los tribunales represivos, cuando resuelven la acción pública, fallan dentro de un interés social; no juzgan entre dos partes determinadas, sino entre una parte y la sociedad entera. Lo que deciden para fallar sobre la acción pública debe, pues, imponerse a todos. Nadie puede ser llevado a discutir las disposiciones penales de la sentencia, incluso en sus consecuencias sobre los intereses civiles. Por eso, la autoridad de la cosa juzgada en lo criminal es absoluta sobre lo civil; se impone sean cuales sean las partes, sean cuales sean el objeto y la causa de la demanda civil”. (Henri y León Mazeaud, André Tunc, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual, Tomo Segundo, Volumen II, pág. 354).

Mientras que la sentencia condenatoria penal comporta un valor absoluto de cosa juzgada, la absolutoria o liberatoria de la responsabilidad penal del procesado, en cuanto a sus efectos en el campo civil, estaba sujeta a la reglamentación establecida por el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal (hoy ídem art. de la L. 599/2000), el cual consagraba que la acción civil no puede iniciarse ni proseguirse, cuando en providencia que haya adquirido firmeza, el reo ha sido eximido de responsabilidad penal, bien porque el hecho investigado no existió, ora porque el sindicado no lo cometió, u obró en legítima defensa o en estricto cumplimiento de un deber. De manera que al momento de decidir, dado el valor relativo que a la sentencia absolutoria le atribuye la ley, el juez civil debe verificar si el pronunciamiento del juez penal encaja en alguna de las hipótesis que taxativamente se consagran en dicho precepto, pues sólo en tales supuestos puede argüir su influjo sobre la acción civil.

Como tuvo oportunidad de precisarlo la Corte en su sentencia del 12 de octubre de 1999, al fijar el sentido y alcance del artículo 55 del Decreto 50 de 1987, en el cual se consagraban hipótesis semejantes a las previstas por el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal y por el actual artículo 57 de similar codificación, “...una norma de corte tal, con esa singular y perentoria orden, traducido en que en dichos eventos los jueces civiles no pueden ensayar siquiera la ponderación de la conducta del sindicado absuelto por la justicia penal, deja al descubierto que su hermenéutica necesariamente debe estar guiada por un criterio de derecho estricto, cuyo significado, bien conocido por cierto, es el de que impedido está el intérprete para presionar sus límites y hacer que en ella quepan más hipótesis de las que precisamente contempla, porque como desde antaño y frente a normas análogas que rigieron en el pasado viene diciendo la jurisprudencia, el juez civil a la hora de aplicarlas “debe indagar previamente si se contempla alguno de los casos limitativamente previstos en dicha disposición” (Cas. Civ. jun. 17/48, G.J. LXIV, pág. 450)”.

2. El punto en el presente caso está en definir, si la absolución del demandado en el proceso penal impedía la acción civil que contra éste posteriormente se formuló.

Para abrirle paso a la acción indemnizatoria deducida por los demandantes, el tribunal consideró que el fallo penal que absolvió de responsabilidad criminal al demandado, por hallarlo libre de culpa (probada), no hizo tránsito a cosa juzgada en materia civil, porque la responsabilidad civil por actividades peligrosas que de él se reclama en este proceso, no subyace en el linaje de culpa de aquél, pues si la absolución penal tenía venero en la ausencia de culpa del reo, resultaba viable “...promover la acción de responsabilidad civil con fundamento en actividades peligrosas, pero no con base en una culpa probada”.

El recurrente critica que se le haya dado cabida a la precitada acción, denunciando que se pasó por alto que dentro del proceso penal los demandantes reclamaron el abono de los perjuicios causados con el delito, apoyados en la misma clase de responsabilidad que finca la acción civil, como lo demuestran la demanda de constitución de parte civil presentada en tal proceso y el alegato de la apoderada de dicha parte dentro de la audiencia pública, yerro que a su juicio lo condujo a inadvertir que el demandado “...ya fue juzgado y absuelto penal y civilmente por la justicia penal y, por tanto, no se le puede encausar civilmente por la misma causa, o sea por supuesta presunción de culpa en el ejercicio de actividades peligrosas, pues, como se vio, tal imputación ya se le formuló expresamente ante la justicia penal y la sentencia respectiva ya lo exoneró de toda culpa, probada o presunta, con indudable característica de cosa juzgada”.

En la demanda de constitución de parte civil en la cual tiene estribo la precedente imputación, se llamó a “Fabio Salazar Jaramillo”, a responder de las consecuencias patrimoniales derivadas del delito investigado, en su condición de tercero civilmente responsable, por ser el propietario del automotor con el cual se produjo el accidente, a raíz del cual falleció Juan Torres, con fundamento en el artículo 2356 del C.C. (fls. 202 a 210, c. 7).

En la sentencia proferida el 29 de marzo de 1996, se absolvió al procesado, “Jorge Iván Salazar Alzate”, de responsabilidad criminal por el delito de homicidio culposo agravado que se le imputó, pues se consideró que su conducta se subsumía en la causal de inculpabilidad prevista por el artículo 40-3 del Código Penal, llamada por la doctrina defensa putativa, consistente en obrar bajo la equivocada convicción de estar amparado por una causal de justificación.

Frente a esa realidad, es claro que el tribunal no incurrió en el yerro que le achaca el impugnador de pasar por alto que el demandado en este proceso fue “...juzgado y absuelto penal y civilmente por la justicia penal y, ...por tanto, no se le puede encausar civilmente por la misma causa, o sea por supuesta presunción de culpa en el ejercicio de actividades peligrosas”, porque aunque es cierto que fue liberado de responsabilidad penal por el delito cuya autoría se le imputó, tal absolución no se extendió a la responsabilidad civil emergente del mismo hecho, pues dicho aspecto no fue abordado por el juez penal, dado el carácter absolutorio de la decisión, porque como bien se sabe la resolución sobre el resarcimiento del daño pende de una condición de procedibilidad, cual es la sentencia penal condenatoria. En otras palabras, si no hay condena penal, no hay decisión sobre la obligación indemnizatoria civil dentro del proceso penal.

Ahora, la absolución penal en favor del demandado, fue constatada fielmente por el ad quem, quien consideró que no inhibía el proceso civil indemnizatorio, porque se cimentó en la ausencia de culpa probada del agente, en tanto que la acción de responsabilidad civil por actividades peligrosas, deducida en el asunto sub judice, se fundamenta en la culpa presunta del mismo.

En tales condiciones, es evidente que el cuestionamiento que se le formula resulta carente de razón, porque no es cierto, como asegura el impugnador, que en dicho proceso se hubiere absuelto de responsabilidad penal y civil al procesado Jorge Iván Salazar Alzate, con autoridad de cosa juzgada y que por tal razón a la justicia civil le estaba vedado el conocimiento de una pretensión concerniente a la responsabilidad civil emergente del hecho dañino, pues como se anotó, en dicho proceso no existió pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad civil de aquel, por cuanto se absolvió de la responsabilidad punitiva. Por supuesto que tampoco hizo caso omiso de la absolución penal del procesado, la cual apreció, pero desconociendo su incidencia en el presente proceso civil por la razón anteriormente expuesta, la cual ineficazmente combate el recurrente.

3. Sin embargo, aunque por este aspecto el cargo no está llamado a tener éxito, la Corte debe corregir la errónea motivación propuesta por el ad quem para desechar la cosa juzgada penal sobre la acción civil, pues como se expuso ab initio, la decisión absolutoria penal sólo cierra el camino para pretender ante los jueces civiles la indemnización del daño proveniente del delito, cuando se adecua en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal. De manera que no era la disimilitud de causa entre uno y otro proceso la determinante de la ausencia de cosa juzgada, sino que bastaba verificar el motivo de la absolución penal del demandado y confrontarlo con las causas taxativamente diseñadas por el legislador, para concluir que por no presentarse esa subsunción la cosa juzgada debía descartarse, específicamente, porque la causa de inculpabilidad conocida como defensa putativa, consagrada por el artículo 40 numeral 3º del Código Penal, vigente para entonces, no puede asimilarse a la inexistencia del hecho, como lo afirma el recurrente, es decir, que éste física y fenomenológicamente no tuvo ocurrencia. Punto este que técnicamente no aparece controvertido por el recurrente».

(Sentencia de casación, 12 de agosto de 2003. Expediente 7346. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

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