Sentencia 7353 de abril 2 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7353

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Ardila Velásquez

Bogotá, D.C., dos de abril de dos mil tres.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

1. Por la demanda que generó el presente proceso, solicitaron los demandantes que se declarase que el testamento cerrado otorgado por Carlos Sierra Palacios es nulo absolutamente por la pretermisión de formalidades sustanciales insubsanables, o, en subsidio, que es inexistente; o, en últimas, que es nulo a causa de la demencia del causante al momento de testar.

Y como consecuencia de cualquiera de estas peticiones, decretar la cancelación de la protocolización y registro del testamento en cuestión y declarar que los únicos herederos de Carlos Sierra Palacio son sus hijos, actuales demandantes.

2. Los hechos pueden a su vez sintentizarse así:

Los demandantes son hijos habidos en el matrimonio de Carlos Sierra Palacio y Mireya Cadavid de Sierra, esta última fallecida el 16 de agosto de 1991. El 21 de diciembre de 1992, poco antes de morir, Carlos Sierra contrajo segundas nupcias con Lida Cifuentes Neira.

Para 1993, a causa de su edad, de un cáncer que le aquejaba y de los medicamentos para su tratamiento, el testador había perdido el uso de sus facultades mentales. Fue en estas precarias condiciones que decidió otorgar el testamento cerrado; el que estaba previamente elaborado a máquina, no por él mismo, y que aparece innecesariamente firmado por cinco testigos, lo que atenta contra su esencia; por lo demás, contiene una “mala disposición” del patrimonio en detrimento de los legitimarios.

El pliego contentivo del testamento fue introducido en una “cubierta cerrada, lacrada y sellada por un pegante y ganchos metálicos, primero en una cubierta de manila color café y luego en una hoja de papel de seguridad, que hizo de cubierta, cerrada y lacrada (papel documentario, distinguido con letras y números CA 1774909)”. Dicho sobre no tiene clara ni la fecha en que se otorgó el testamento, ni el lugar en que ello aconteció, y no obstante la constancia en contrario que aparece allí, no se encuentra en él la firma del testador, cual lo impera el artículo 1080 del Código Civil en su inciso 5º, lo cual conduce a la nulidad absoluta o a la inexistencia del acto.

Solicitada por Alba Lida Cifuentes la apertura del testamento, el notario de Restrepo (V.) profirió para esos efectos un auto en el que omitió determinar el mes en que se dictaba, fijando como fecha de la diligencia el 4 de junio —sin especificar de que año—, y, además de ello, la escritura pública contentiva del acta de apertura (núm. 149) fue otorgada, no en la fecha indicada, sino el 4 de mayo de 1993. Así, no se cumplieron las formalidades legales para tal fin.

En el momento de la apertura el heredero Fabio Antonio Sierra, quien se hallaba presente, luego de observar la cubierta del testamento cerrado dijo al notario que en ella no aparecía la firma del testador; ante lo cual aseguró el funcionario que al finalizar haría la salvedad pertinente, cosa que no cumplió.

3. Fanny, Olga y Jairo Cadavid no contestaron la demanda; Donaldo Sierra se allanó a las pretensiones. El curador ad litem, por su parte, se opuso a las pretensiones, e hizo hincapié en que el notario “dice que la cubierta del testamento aparece firmada por el testador, afirmación que tiene todo su valor mientras no se demuestre lo contrario”.

Igual actitud de oposición asumieron los demás demandados, proponiendo como excepción la de la validez jurídica de la carta testamentaria.

4. Culminó la primera instancia con fallo por el que, en lo fundamental, se declaró la nulidad del testamento cuestionado. Arribado el asunto al tribunal en consulta del fallo así como en virtud de la apelación formulada por la codemandada Alba Lida Cifuentes, lo revocó y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda incoativa.

(...).

Consideraciones

1. Claramente resulta de la lectura del anterior resumen que la controversia ha quedado circunscrita al hecho de si el testador firmó la cubierta del testamento cerrado objeto del presente litigio, pues no hay refriega en torno a la circunstancia de que, efectivamente, la carencia de la mentada firma conduciría irremediablemente a la invalidez del acto testamentario.

Cierto es que la doctrina se ha pronunciado con insistencia a favor del reconocimiento de la declaración testamentaria “que bajo los auspicios de un mínimo de formalidades típicas, rezumadas en la práctica y estatuidas legalmente, se ofrece como acto espontáneo, serio y auténtico, dentro de un enérgico empleo del principio de conservación del negocio jurídico, en la conciencia de que sólo así se cumple la misión de preservar y patrocinar el ejercicio de la autonomía privada en campo de evidente delicadeza, de por sí inasequible a refrendación, defensa o impugnación por parte del único autor (...)”. Recordándose a ese respecto que “el negocio testamentario, instrumento público de origen o convertido en tal por acto de la justicia, se ofrece dentro de un halo de seguridad, propicio a su ejecución inmediata, desestimable únicamente por el éxito de impugnación con fundamento en motivo calificado, valedero y cierto” (Sent., feb. 20/68).

Pero así mismo, por sus condiciones de acto indefendible e inimpugnable por su único autor, la carta testamentaria ha sido rodeada por el legislador de un gran número de requisitos que son de su esencia de manera que aquel testamento en que “(...) se omitiere cualquiera de las solemnidades a que debe ... sujetarse..., no tendrá valor alguno”, cual lo estatuye el artículo 11 de la Ley 85 de 1990; de allí que pueda sentarse como principio el de que dicho acto para ser válido no ha de carecer de ninguna formalidad legal, de tal manera que sólo pueden faltarle, conservando su validez, aquellas a que se refieren el inciso 2º de la citada norma, a saber, las anotadas en los artículos 1073, 1080 (inc. 4º) y 1081 (inc. 2º) del Código Civil, por supuesto en las circunstancias allí especificadas.

Previsiones todas estas por demás explicables si, como expresó la Corte en la providencia atrás citada, “de siempre el testamento ha sido formal como corresponde a la importancia concedida al ejercicio postrero de la autonomía privada y el empeño puesto en rodear esa conducta de un ambiente de solemnidad que estimule la reflexión del disponente, garantice su total independencia y espontaneidad, acredite la autenticidad de la declaración y provea a conservar la íntegra y fidedigna para su ejecución póstuma”. O, como algo más lacónicamente decía Jaubert, citado por Fernando Vélez, “los testamentos se otorgan frecuentemente en el último momento de la vida, y por esto es útil multiplicar las precauciones en favor de un individuo que puede estar sitiado por la intriga y la codicia” (Estudio sobre el Derecho Civil, tomo 4, libro 3º, pág. 176).

En este orden de ideas, para el estudio de los yerros fácticos denunciados debe partirse del supuesto, indiscutido en el caso, de que la carencia de la firma del testador en la sobreescritura o cubierta del testamento secreto, formalidad exigida por el numeral 5º del artículo 1080 del Código Civil, es omisión que indudablemente acarrea su invalidez.

2. Pues bien, cuando el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil en punto a la viabilidad de la causal primera de casación por la denominada vía indirecta exige que los errores de hecho en la apreciación de la prueba atribuibles al juzgador sean rutilantes, está ratificando dos de los postulados fundamentales de la casación, como son la presunción de acierto que ampara al fallo impugnado y la apreciable autonomía de que goza el juzgador de instancia en su labor valorativa del material probativo, pues no otra cosa puede inferirse de la circunstancia de que no cualquier error sino aquél que sea a más de trascendente, notorio, puede eventualmente conducir al quiebre de la sentencia recurrida.

Viene bien al caso el reiterar estas nociones en la medida en que la conclusión del juzgador relativa a que el testador ciertamente firmó la cubierta del testamento cerrado, que a hoy es el único tema materia de debate, se encuentra sin duda fuertemente apuntalada; parte aquél, en efecto, de dos atestaciones notariales que dan fe de esa firma, (en su orden, fls. 10 y 18 del cdno. 1º, otorgamiento del testamento y apertura del mismo), las cuales halla acorazadas de presunción de veracidad con apoyo en el contenido del primer inciso del artículo 264 del Código Civil, en cuyo texto se lee que “los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha, y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza”.

Mas, aparte de esa presunción, que bien le parecía bastante, vino a sumar el tribunal otras razones probatorias encaminadas al mismo efecto; así con las declaraciones de cuatro de los testigos del testamento: Yamile Mejía, José Omar Herrera, Jaime Ramírez Montoya y Guillermo Carvajal, a más de la declaración del notario, destacando en relación con este último su manifestación en cuanto a que el testador había firmado la sobreescritura o cubierta precisamente “donde se produjeron los destrozos al momento de la apertura”, con lo que explica la “desaparición” de dicha firma.

3. Ahora, para remontar semejante caudal persuasivo no dispuso de más el recurrente que de un lánguido ataque contra la prueba testimonial y añadir a ello una relación de hechos que en su concepto apuntan a que el testador no firmó la cubierta del testamento; en realidad, es factible desde el umbral afirmar que el acusador, antes que denunciar preterición o suposición de la prueba por parte del juzgador, dedicó su esfuerzo a denotar cómo la solución del litigio habría sido una diferente si se hubiese analizado la situación desde su particular punto de vista, de manera que todo quedó reducido a una confrontación entre su criterio y el del tribunal, con el inevitable triunfo de éste, vistos los supuestos de autonomía y certeza que lo escoltan; memórase justamente sobre el punto, que en casación, según es ampliamente conocido, “no basta con simplemente exponer un criterio disímil o destacar unas posibles equivocaciones, pues que de lo que se trata en estos terrenos es de mostrar que las pruebas en su materialidad difieren ampliamente de lo que en ellas observó el fallador” (Cas. Civ., sent., dic. 7/2000, Exp. 5885).

4. Así las cosas, atendiendo a un orden lógico, lo procedente es estudiar adelante las críticas atinentes a la apreciación de la prueba testifical, la cual, en concepto del fallador, fortalece las atestaciones notariales relativas a la existencia de la firma en cuestión; particularmente se apoya el ad quem en el dicho de Yamile Mejía y José Omar Herrera, quienes, reza la sentencia, “en forma categórica, puntual y coincidente refirieron no sólo que don Carlos Sierra Palacio estampó su firma en el sobre o cubierta del testamento, sino que al momento de la diligencia de apertura y publicación, el sobre o cubierta estaba tal como quedó el día del otorgamiento, y sobre él, claramente observables las firmas del testador, el notario y los cinco testigos”.

Pero a ese respecto asegura el censor que el tribunal no cayó en la cuenta de que los citados Yamile y José Omar, al igual que el notario, expresaron que el testador firmó “sobre la cubierta de papel manila”, lo que crea una “incertidumbre notoria”, pues el notario había dejado constancia de que la carta testamentaria se guardó en un principio en un sobre de oficio y luego, todo en la cubierta de papel documentario “Minerva”.

Sin duda, sólo tomando fuera de contexto algunos apartes de esas declaraciones es posible hacer aseveración semejante; en efecto, Yamile sí dijo que el causante firmó, a más del testamento, un “sobre de manila” donde “colocaron unos sellos”; pero a lo largo de su versión, en forma por demás precisa y contundente y en repetidas ocasiones refiere que la firma se estampó en el sobre que cubría la carta testamentaria; así, por ejemplo, expresó: “(...) la abierta del testamento o sobre nos mostraron el sobre y nos indicaron que al abrir dicho testamento, la firma de don Carlos quedaba rota”; y luego: “Si el sobre sí tenía la firma entonces como tenían que romper, al romper dicha firma no quedaba nada”; y algo más adelante cuando se le interrogó acerca de “si don Carlos Sierra firmó la cubierta del sobre en el cual reposaba el testamento”, respondió: “Si como no él la firmó”.

Otro tanto puede decirse del testimonio de José Omar Herrera; éste, efectivamente, al preguntársele si don Carlos Sierra firmó el sobre que contenía el testamento, contestó: “Si, Carlos Sierra fue el que firmó el sobre”; y cuando se le averiguó respecto de si en el acto de apertura se les puso de presente el sobre que contenta el testamento con el fin de reconocer las firmas, dijo: “sí reconocimos todas las firmas, y reconocí mi firma, la de don Carlos estaba en el sobre pero se veía muy poco porque por ahí fue que lo rompieron”, agregando ante nueva pregunta: “Si nos manifestaron que donde estaba la firma de don Carlos Sierra, por ahí era que había que abrir el sobre”.

Y el notario, a su turno, si bien aludió al sobre de manila, simultáneamente se refirió al papel de seguridad, pues se expresó así: “la apertura se hizo ante los testigos (...). Hago una salvedad, al abrir aclaro el testamento estaba cerrado en un sobre de manila, se procedió a abrir el sobre, también hago una salvedad que al pegar el acta le puse demasiada lacra entonces estaba muy pegada y al abrirla se quedó pegada y se perdió parte de la hoja de papel de seguridad (...)”. Por otra parte, este funcionario en su testimonio ratificó permanentemente aquello que constaba en las actas notariales, a saber, la rúbrica del testador en la sobreescritura del testamento.

En esta forma, lo que surge con evidencia es que ningún yerro, y menos manifiesto, puede atribuirse al juzgador cuando encuentra en los aludidos testimonios prueba corroborativa de que el testador firmó la cubierta de la memoria testamentaria, constituida por el papel de seguridad cuya copia obra al folio 10, ya que eso y no otra cosa fue lo que efectivamente manifestaron.

También fustiga el recurrente al fallador por haber pasado por alto que Guillermo Carvajal no dice que en su presencia se hubiere estampado la firma en la cubierta del testamento; y que Jaime Ramírez no puede precisar si en esa cubierta faltó o no la susodicha firma y si el acto testamentario culminó con ella; y que el notario es testigo sospechoso en razón del perjuicio económico que para él podría surgir si la actuación cuestionada resultase inválida.

La verdad, frente a las atestaciones notariales acerca de la firma del testador, reafirmadas por las declaraciones de Yamile Mejía y José Omar Herrera y del mismo notario, que se bastan para sustentar la decisión del juzgador, poca trascendencia tiene la actitud dubitativa e imprecisa de los testigos Carvajal y Ramírez que el impugnador resalta.

No obstante, tampoco por ese aspecto puede achacarse yerro al tribunal, que por el contrario, al resumir las versiones en comento remarcó (cual lo hace el acusador) la indecisión de los testigos, anotando que ellos “son los únicos que expresan no recordar con precisión cuántas veces firmó el causante”; añadiendo, eso sí, que “con todo, en el acápite final de su declaración, Carvajal Osorio puntualiza que “hasta donde yo recuerdo él firmó el testamento y el otro era el sobre” ...” (fl. 23, cdno. tribunal); y en el punto el tribunal insiste cuando advierte que dichos deponentes no recordaron con precisión “la naturaleza y número del documento o documentos que firmaron el testador, el notario y los demás testigos”, pero que tampoco desmienten las constancias notariales ni lo expresado por quienes intervinieron en esos actos.

Quizá podría criticarse al sentenciador en tanto pluraliza cuando asegura que los mentados exponentes recordaron “de manera más o menos puntual” lo allí ocurrido, “en particular la firma del causante... en la cubierta o sobre”, pues ello sólo tendría fundamento en relación con Carvajal Osorio, conforme a la transcripción que de su declaración se hizo, mas ello, se repite, resulta intrascendente ante la otras circunstancias apuntadas.

Por otra parte, tachar de sospechoso el testimonio del notario en tanto ratifica lo que en su calidad atestó en los actos notariales, se traduce nada más que en vano intento de ignorar la fe que hacen las declaraciones que de dichos funcionarios se hallan contenidas en los documentos públicos por ellos autorizados (CPC, art. 264). La presunción de veracidad con que la ley protege tales declaraciones, en efecto, no se menoscaba desde luego a través del fácil expediente de llamar al notario a testificar sobre los hechos que como funcionario presenció.

En todo caso y en síntesis, lo evidente es que el apoyo básico de la sentencia, constituido por los actos notariales y los dos testimonios primeramente analizados, no sufrió la menor mengua con este aparte del ataque del censor.

5. La otra zona de la acusación está conformada por una serie de circunstancias que el censor tilda de sospechosas y que en su concepto acreditan que la firma del señor Carlos Sierra no se estampó en la cubierta de la carta testamentaria; se trata, sin embargo, de situaciones por demás equívocas, sin gravedad unas, sin fundamento robusto otras, y que, en cualquier caso, carecen de la contundencia requerida para desvirtuar la prueba en que forjó el juzgador su criterio. Se comentan, no obstante, a continuación:

a) Se aduce que la diligencia de apertura del testamento se llevó a cabo el 4 de mayo de 1993, según consta en la escritura 149 de esa fecha, esto es, un mes antes de lo indicado en la providencia notarial que para esos efectos señaló el 4 de junio.

Pero fácil es descartar la sospecha que de allí se quiere hacer surgir si se tiene en cuenta cómo todo hace presumir que simplemente hubo un error del notario al fechar el aludido título; en efecto, el poder otorgado al abogado para la diligencia de apertura, con base en el cual formuló la respectiva petición, fue presentado apenas el 26 de mayo de dicho año; el proveído que fijó el 4 de junio para llevar a cabo la diligencia, se notificó por edicto los días “29, 31 y 1º de junio” y se desfijó el 4 de ese mes de junio a las 9 a.m.; las boletas de citación para los testigos del testamento se elaboraron el 2 de junio y en ellas se les avisó de presentarse el 4 siguiente (fls. 6 a 8 y 13 a 16, cdno. 1), y por si todo ello fuera poco, para el 4 de mayo el testador no había muerto, que su deceso se produjo el 10 de ese mes. Y si se quiere, agréguese todavía a esto que al acto de apertura se presentaron, además del heredero y hoy demandante Fabio Antonio Sierra Cadavid, el abogado que al poco asumiría la vocería de la parte actora, el primero de los cuales firmó pacíficamente la escritura cuestionada y quienes, a no dudarlo, de haberse incurrido en el escandaloso exabrupto de abrir y publicar la carta testamentaria antes del fallecimiento del causante, así lo habrían proclamado para que constase de alguna forma;

b) En lo atinente al orden en que se firmó el acta, debe anotarse que la seguidilla acostumbrada de testador, testigos y notario que echa de menos el censor no es de imperioso cumplimiento y que la suspicacia originada en que el primero —el testador— hubiese firmado en último lugar, precisamente donde el documento se desgarró al abrirlo, se desvanece al pasar revista a otras circunstancias, tales la de que el espacio para estampar las firmas era bien exiguo (véase fl. 10) y que el referido orden no se trastocó sólo en cuanto al otorgante del testamento, como que el notario, que normalmente firma de último, lo hizo de primero, sobre el texto del acta inclusive;

c) De otro lado, nada extraño puede inferirse de la circunstancia de que ni la escritura 099 de 13 de abril de 1999 ni el sobre o cubierta hubiesen precisado el lugar que ocupaba entre las otras la firma del testador, o de que en este último documento no se hubiese puesto a máquina el nombre correspondiente a cada firma. Es cierto que lo ideal en actos de este linaje sería el extremar las precauciones, pero el hecho de que algunos detalles deseables (no obligatorios) hayan escapado al ojo del notario, no autoriza la sospecha sobre la certeza del acto.

Lo mismo puede predicarse del hecho de que, cual lo reclama el censor, en la escritura 149 de “4 de mayo de 1993” se hubiese dejado constancia, no sólo de que la cubierta del testamento sufrió destrozos, sino también de la magnitud e incidencia de los mismos, pues omisión tal no pasa de indicar que faltó acuciosidad al funcionario encargado de dirigir la diligencia.

Como también deviene indiferente la circunstancia de que según el testimonio del notario, fuese ante pregunta formulada por el funcionario que el testador manifestó que ese que se le mostraba era su testamento cerrado; pues amén de que ni el derecho colombiano ni por ende el artículo 1080 del Código Civil consagran términos sacramentales, no se ve cómo de que la aludida declaración se hubiese realizado en una u otra forma puedan extraerse sospechas sobre la realidad de la firma estampada en la cubierta de la carta testamentaria.

En suma, según se advirtió en un comienzo, los hechos y situaciones anotados por el impugnante no acreditan ese error manifiesto que en la apreciación de la prueba se achaca al sentenciador; y como así mismo fracasó el recurrente en su intento de demostrar tales yerros respecto de la valoración de la prueba testimonial, sólo resta concluir que el cargo no adviene exitoso.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de procedencia y fecha anotadas.

Costas en casación a cargo de la parte recurrente. Tásense.

Notifíquese y devuélvase oportunamente al tribunal de procedencia.

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