Sentencia 7360 de junio 7 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7360

Magistrado Ponente:

Silvio Fernando Trejos Bueno

Bogotá, D.C., siete de junio de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 12 de agosto de 1998 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por Andrés y Natalia Perry Turbay contra Aerovías Nacionales de Colombia S.A. “Avianca”.

I. El litigio

1. Piden los demandantes que se declare que como consecuencia de la muerte trágica de su padre Guillermo Perry Ferreira, la demandada ha obtenido un enriquecimiento sin causa que los nombrados demandantes han sufrido un empobrecimiento correlativo, y, consecuentemente, que se obligue a Avianca a reparar el daño causado a los últimos y se le condene a pagar la suma de $ 250.000.000, más el valor de la corrección monetaria desde la fecha de presentación de la demanda y hasta el momento en que se efectúe el pago.

2. Los hechos en que se fundan tales pretensiones, se pueden compendiar así:

a) Guillermo Perry Ferreira falleció trágicamente el 27 de noviembre de 1983, en la localidad de Mejorada del Campo de España, a consecuencia del accidente del avión Jumbo 747, HK 2910 de Avianca, cuando realizaba el trayecto París-Madrid-Bogotá; a la sazón él tenía 44 años de edad, ocupaba el cargo de gerente de Inversiones Bogotá S.A. y era el padre legítimo de Andrés y Natalia Perry Turbay, quienes ostentaban 16 y 14 años de edad, respectivamente, y dependían moral y económicamente de su progenitor.

b) En el informe que presento la Comisión de la Aeronáutica Civil Española concluyó que el accidente aéreo se produjo por una falla humana cuando “el comandante, sin tener conocimiento preciso de su posición, se dirigió a interceptar el ILS con una trayectoria incorrecta, sin iniciar la maniobra de aproximación instrumental publicada; descendiendo por debajo de todos los márgenes de seguridad del área, hasta colisionar con el terreno”; dicho informe fue suscrito por dos funcionarios de la Aeronáutica Civil de Colombia y conocido por la demandada, pues “ha sido aportado como prueba en los diversos procesos de responsabilidad que se iniciaron contra la aerolínea por causa del accidente”, los cuales condujeron a que Avianca indemnizara “los perjuicios sufridos por los familiares de gran mayoría de los pasajeros cuando fue demandada ante diferentes países del mundo”.

c) Los nombrados hijos de la víctima, por conducto de su madre, instauraron demanda de responsabilidad civil contractual iniciándose el respectivo proceso en cuyo trámite la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar el recurso de apelación, decretó la perención del mismo, la que se produjo “por causa imputable a los funcionarios judiciales del citado despacho judicial” y ajena por lo tanto a culpa o hecho de los demandantes, a quienes se les impidió que “por un tecnicismo procesal, promovieran un nuevo proceso judicial dentro de los dos años siguientes contados a partir de la notificación del auto que la decretó”.

d) En esas condiciones la demandada se ha enriquecido sin justa causa como secuela del accidente en el que perdió la vida Guillermo Perry Ferreira, puesto que ha dejado de pagar a los demandantes “una cuantiosa indemnización a la que se encontraba legalmente obligada” y, estos, a su vez, se han empobrecido pues han visto “disminuido su patrimonio por cuanto dejaron de recibir la indemnización de los perjuicios sufridos” por la muerte de su progenitor, no sólo como herederos de éste sino los daños padecidos directamente “derivados de la privación de la asistencia económica que recibían en ese momento y la que recibirían en el futuro de no haber fallecido su padre”.

3. La sociedad demandada se opuso a las pretensiones; en esencia alegó que no le cabe ninguna responsabilidad en la ocurrencia del accidente aéreo, y en tal sentido dice que no acepta las conclusiones del informe emitido por las autoridades aeronáuticas españolas; que no se ha enriquecido sino que, por el contrario, ha sufrido cuantiosas pérdidas; y que la perención del proceso de responsabilidad contractual seguido en su contra por los mismos demandantes se debió a la “inactividad de la parte demandante” y no “por causa imputable a los funcionarios judiciales” del despacho de conocimiento, como sin fundamento se afirma en la demanda. Finalmente propuso las excepciones de fondo que, en su orden, denominó de “inexistencia de la obligación demandada” y “petición de más de lo debido”, pero sin sustentarlas.

4. Culminado el trámite de la primera instancia, la juez dictó fallo en el cual declaró probada la primera de tales excepciones, negó las pretensiones, absolvió a la demandada y condenó en costas a la parte actora. Ésta apeló y el tribunal confirmo el fallo absolutorio, no obstante que revocó el reconocimiento de la excepción de fondo por no tener este carácter.

(...).

Consideraciones de la Corte:

1. El tribunal, para desestimar la procedibilidad de la acción de enriquecimiento sin causa aducida por los demandantes y confirmar, en consecuencia, la sentencia de primera instancia proferida en el mismo sentido, consignó dos argumentos centrales: 1. La citada actio in rem verso no procede cuando la persona que la instaura tuvo a su disposición otra acción para hacer la reclamación del derecho pretendido, con prescindencia de la razón por la cual no se haya ejercido o se haya frustrado la misma; y 2. Aun en el supuesto de que pudiera superarse el escollo consistente en la presencia de otra acción, en este caso no se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la misma, particularmente porque no se ha demostrado el enriquecimiento de Avianca ni el empobrecimiento de los demandantes, en tanto que no hubo un desplazamiento de patrimonio de estos hacia aquélla. El cargo primero apunta por la vía directa a desquiciar ambos fundamentos, y el otro por la vía indirecta únicamente el último, lo cual amerita su despacho integrado.

2. Sobre la acción de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, de antaño la jurisprudencia de esta corporación ha precisado los requisitos que la estructuran, e invariablemente los ha considerado bajo la idea de que son acumulativos o concurrentes, y por lo tanto todos deben estar presentes para que esa acción pueda resultar exitosa. Tales son:

“1. Que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o negativa. Esto es, no sólo en el sentido de adición de algo sino también en el de evitar el menoscabo de un patrimonio”.

“2. Que haya un empobrecimiento correlativo, lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a expensas de éste se haya efectuado el enriquecimiento. Es necesario aclarar que la ventaja del enriquecido puede derivar de la desventaja del empobrecido, o, a la inversa, la desventaja de éste derivar de la ventaja de aquél”.

“Lo común es que el cambio de la situación patrimonial se opere mediante una prestación hecha por el empobrecido al enriquecido, pero el enriquecimiento es susceptible de verificarse también por intermedio de otro patrimonio”.

“El acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe relacionar inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensión de enriquecimiento, lo cual equivale a exigir que la circunstancia que origina la ganancia y la pérdida sea una y sea la misma”.

“3. Para que el empobrecimiento sufrido por el demandante, como consecuencia del enriquecimiento del demandado, sea injusto, se requiere que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica”.

“En el enriquecimiento torticero, causa y título son sinónimos, por cuyo motivo la ausencia de causa o falta de justificación en el enriquecimiento, se toma en el sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no haya sido generada por un contrato o un cuasi-contrato, un delito o un cuasi-delito, como tampoco por una disposición expresa de la ley”.

“4. Para que sea legitimada en la causa la acción de in rem verso, se requiere que el demandante, a fin de recuperar el bien carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos”.

“Por lo tanto, carece igualmente de la acción de in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho. Él debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia”.

“5. La acción de in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley” (G.J.T. XLIV, págs. 474 y (sic) 474).

Dicha jurisprudencia ha sido reiterada en múltiples oportunidades como dan cuenta, entre otras, la Gacetas Judiciales XLVIII pág. 130, L pág. 40 y LXXXI pág 731; y en el mismo sentido pero especialmente en torno al carácter subsidiario de la acción, más recientemente en la Sentencia 124 de 10 de diciembre ce 1999 y en la sentencia de 28 de agosto de 2001, expediente 6673.

3. Ante la exigencia inevitable de la concurrencia de los anteriores requisitos para el éxito de la acción invocada, la Sala se detendrá en el estudio del carácter subsidiario de la acción de enriquecimiento, cuya consideración constituye el pilar fundamental del fallo impugnado, y del cual se dedujo el sentenciador que como los demandantes tuvieron a su alcance otra acción no se abre paso la propuesta para dar inicio a este proceso.

En efecto, está plenamente demostrado que la parte actora promovió en su momento un proceso de responsabilidad civil contractual, también contra Avianca S.A., con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios que se le irrogaron por el trágico deceso de su progenitor durante la ejecución del contrato de transporte aéreo internacional; e igualmente que a ese proceso se le puso fin porque se decretó la perención, cuyo efecto, por la primera vez, era el de impedir que dicha parte iniciara uno nuevo durante los últimos dos años siguientes, contados como dispone el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

Lo anterior significa, sin duda alguna, que aun haciendo abstracción de la causa o motivo que dio lugar a la perención, que los demandantes no carecían de acción para hacer valer la reparación del daño que ahora pretenden rescatar, y que si la misma abortó por causa de abandono imputable a aquéllos, hecho que no es disputable en este proceso, puede afirmarse que si como consecuencia de tal fenómeno procesal no pueden ya entablarla porque cumplidos los dos años de sanción ha caducado, no hay lugar a proponer la acción in rem verso, en la medida en que ésta no es de carácter alternativo sino subsidiario, y en que tampoco puede servir de medio evasivo de las consecuencias de la perención; no se trata de la posibilidad de escoger entre dicha acción y la de responsabilidad civil, en este caso simplemente se acude a aquélla con ocasión del fracaso de ésta.

4. Sobre lo último, debe llamarse la atención en el sentido de que la razón de ser de la perención no se traduce en un tecnicismo procesal de poca monta ni generador de oprobio ni injusticia; se trata de una sanción contra el litigante descuidado, que cuando se decreta por primera vez, se impone que la demanda sólo puede volverse a presentar después de dos años, dándose sus efectos procesales y sustanciales a partir de ella como si nunca se hubiera presentado la anterior; tanto es así que pueden proponerse legítimamente contra la segunda demanda, si llegare a ser instaurada, la excepción de prescripción y la de caducidad, en la medida en que el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil dispone que no se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad, a pesar de haberse notificado oportunamente la demanda del antiguo proceso, entre otras hipótesis, “Cuando se produzca la perención del proceso”.

De allí que no le asista la razón a la parte impugnante, quien ha acudido a la acción de enriquecimiento sin causa, alegando que ya no puede ejercer las acciones de responsabilidad civil contra Avianca, prevalida de que éstas caducaron en los términos previstos en el Pacto de Varsovia, pero sin parar mientes en que si ello sucede de ese modo no es por nada distinto de las consecuencias de la sanción procesal que antes le había sido impuesta, de cuyos efectos letales no puede escapar, bajo el entendimiento equivocado de que el carácter subsidiario de la acción in rem verso, se da también cuando fracasan por cualquier motivo, incluso imputable al demandante, las acciones que tuvo a su alcance.

Es obvio que, si así fuera, de nada valdría que se establecieran otras acciones, como inane devendrían las reglas de la prescripción y la caducidad establecidas para éstas, las cuales quedarían borradas o por lo menos serían fácilmente burladas, en la medida en que siempre quedaría el sucedáneo de la acción de enriquecimiento sin causa.

Y no viene al caso acudir a la manifestación legal de la llamada acción de enriquecimiento cambiario establecida en el inciso final del artículo 882 del Código de Comercio, prevista para cuando el acreedor deja caducar o prescribir el título valor que le ha sido entregado en pago de una obligación anterior, la cual, si bien igualmente se extingue, no impide que se instaure acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de tales fenómenos extintivos; se trata justamente de una disposición expresa de la ley constitutiva de una excepción, la que, justamente por serlo, reafirma la tesis de que la regla general consiste en que cuando prescribe un derecho o se extingue una acción por caducidad no superviven sus efectos mediante el ejercicio de la acción inrem verso.

5. Situada la Corte, como le corresponde, únicamente en la perspectiva que propone el recurrente, según la cual el Convenio de Varsovia consagra una caducidad corta de las acciones de responsabilidad “bien de naturaleza contractual o extracontractual”, resulta preciso concluir lo siguiente:

a) Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1874 del Código de Comercio, el contrato de transporte internacional aéreo se regula por lo dispuesto en Convenio de Varsovia establecido para la unificación de algunas normas relativas al transporte aéreo internacional, el cual fue aprobado por la Ley 95 de 1965, en virtud del cual los demandantes tenían el derecho de proponer las acciones de responsabilidad civil de cualquier índole, las cuales están sometidas a un término de caducidad de dos años fijado por el artículo 29 del citado convenio, contados “a partir de la llegada a su destino, o del día en que la aeronave debiera haber llegado, o a partir de la suspensión del transporte”.

b) Que en aplicación de lo anterior, los demandantes iniciaron oportunamente un proceso de responsabilidad civil contractual contra Avianca S.A., el cual se frustró por causa del decreto de perención de cuyos efectos legales y sustanciales se ha dado cuenta atrás; de allí que en la especie del presente proceso no ostenten legitimación en la causa para invocar la acción in rem verso, en la medida en que siendo ésta subsidiaria no procede por el simple hecho de que fracase otra vía instituida para el efecto y escogida precisamente por los demandantes, y menos si ello ocurrió por causa de una sanción imputable a ellos.

c) Que en esos términos, la solución del caso en favor de los demandantes no puede dimanar de la aplicación del principio de la equidad, como lo pretende el recurrente, en tanto que no puede hacerse abstracción de la regulación legal existente en lo que concierne a la acción de enriquecimiento sin causa y a los efectos de la perención, sin la cual, valga decirlo, los impugnantes no hubieran tenido que acudir a este proceso; ni tampoco es dable sostener que haya inequidad por el hecho de que a otras personas colocadas en similares circunstancias fácticas les hayan sido reconocida cuantiosas indemnizaciones por danos derivados del mismo accidente aéreo, bien directamente por la sociedad demandada o por medio de fallos judiciales, puesto que, tal como ha quedado demostrado y lo dedujo con acierto el tribunal, los demandantes tuvieron a su alcance, desde cuando falleció su padre, emprender las acciones de responsabilidad civil surgidas del contrato de transporte internacional, o las de índole extracontractual.

d) Que el carácter subsidiario objeto de la acción objeto de examen, entonces, no fluye de que se haya presentado una circunstancia de orden procesal, en este caso la perención de la acción contractual iniciada oportunamente, por la que se frustró transitoriamente ésta y de modo definitivo después como consecuencia de la caducidad que la afectaría al momento de instaurarse una nueva demanda; en verdad, la verificación sobre la presencia de otras acciones ocurre cuando nace el respectivo derecho, y no después cuando fracasan o se frustran; la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento sin causa no consiste en que existiendo otras acciones, el fracaso de éstas admite la provocación de aquélla.

e) Que en los términos de la jurisprudencia de esta corporación, no se ha reconocido la posibilidad de ejercer la acción in remverso de modo concurrente con otras acciones, ni como ajena a la participación del accionante en el devenir infructuoso de éstas.

f) Que como la acción de enriquecimiento sin causa no es procedente, y ese argumento cardinal y primero del fallo impugnado se mantiene en pie, resulta superfluo que la Corte extienda su análisis a fin de establecer el cumplimiento de los restantes requisitos de dicha acción, punto sobre el cual, recae el cargo tercero; con todo, el concepto de lo que constituye enriquecimiento y el empobrecimiento correlativo, encuentra respuesta en la descripción de los elementos de la acción de enriquecimiento que ha efectuado tradicionalmente la jurisprudencia.

g) Que en las circunstancias que ofrece el presente caso, el sentenciador no quebrantó ninguna de las normas sustanciales reseñadas en la acusación.

6. Por consiguiente, los cargos primero y segundo tampoco prosperan.

Decisión:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia adiada el 12 de agosto de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario promovido por Andrés y Natalia Perry Turbay contra Aerovías Nacionales de Colombia S.A. “Avianca”.

Condénase en costas del recurso de casación a la parte recurrente, las cuales serán tasadas en su oportunidad.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

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