Sentencia 7365 de enero 29 de 1993

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 7365

Consejero Ponente:

Dr. Juan De Dios Montes Hernández

Actor: Ana Delia Bohórquez Martínez

Santafé de Bogotá, D.C., veintinueve de enero de mil novecientos noventa y tres.

Resuelve la Sala el recurso de apelación propuesto por el demandando en contra de la sentencia que profirió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Boyacá el 19 de febrero de 1992, por virtud de la cual adoptó estas decisiones:

“1. Declárase administrativamente responsable al Departamento de Boyacá —Secretaría de Hacienda—, por falla presunta en el servicio en la que con el vehículo y agente oficial se causó la muerte al señor Ciro Antonio Morales Bohórquez.

“2. Como consecuencia, condenase al Departamento de Boyacá —Secretaría de Hacienda— a pagar a cada uno de los siguientes demandantes las sumas de dinero que se fijan en seguida:

“a) Para Ana Delia Bohórquez de Martínez, C.C. 40.020.927 de Tunja, en su nombre y para Lady Johana Morales Bohórquez y Willington Morales Bohórquez, menores de edad, representados por su progenitora, el valor equivalente a un mil (1.000) gramos de oro para cada uno, según certificación que al respecto expida el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segundo grado;

“b) A favor de Antonio Morales López, C.C. 11.709.85 de Tenza, y a favor de Alejandrina Bohórquez de Morales, C.C. 241.545.96 de Tenza el equivalente en moneda nacional a un mil (1.000) gramos de oro para cada uno, según lo certifique el Banco de la República a la fecha de ejecutoria del fallo de segundo grado.

“3. Condénase igualmente al departamento de Boyacá —Secretaría de Hacienda— a pagar los valores que resulten a favor de Ana Delia Bohórquez Martínez y de los menores Lady Johana y Willington Morales Bohórquez, representados por su progenitora, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y conforme a la liquidación que se practicará atendiendo las pautas fijadas en la parte motiva de esta sentencia.

“4. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

“5. Las sumas aquí decretadas se harán efectivas conforme a las previsiones establecidas por el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

“6. Si esta sentencia no fuere apelada consúltese con el Superior.

“7. En firme la sentencia procédase a comunicarse a la entidad demandada y al Ministerio Público para efectos de su ejecución y cumplimiento” (fls. 180 a 182, cdno. l).

Antecedentes procesales

1. La muerte de Ciro Antonio Morales Bohórquez ocurrida en la ciudad de Tunja el 16 de diciembre de 1988 originó dos procesos que posteriormente se acumularon y cuya segunda instancia, de conjunto, se resuelve hoy.

El primer proceso se inició por demanda que instauró Ana Delia Bohórquez Martínez, en su nombre y en el de los menores Lady Johana y Willington Morales Bohórquez (fls. 79 a 85 y 101 - 102 del cdno. l); en ella y en la aclaración efectuada oportunamente, los demandantes pidieron declarar” que la Gobernación de Boyacá es civilmente responsable de los perjuicios” que les ocasionó dicha muerte; en consecuencia reclamaron:

“1. La suma equivalente a los sueldos mensuales incluida la prima de antigüedad y subsidios, desde la fecha en que ocurrió su muerte hasta cuando de acuerdo con el promedio de vida que señale Medicina Legal o que haya establecido el DANE, se hubiere prolongado su existencia, liquidados dichos sueldos de acuerdo con los incrementos anuales en los Salarios que se hayan hecho y se hagan a partir de la fecha del deceso, hasta cuando tenga lugar el fallo, así como los aumentos en la prima de antigüedad y de subsidios.

“2. La suma equivalente a los dineros que el muerto hubiera podido recibir durante el resto de su vida, si hubiere existido lo normal, por concepto de primas semestrales, teniendo en cuenta los incrementos de que se habló en el inciso anterior.

“3. Las cantidades equivalentes a la que el occiso hubiera podido recibir por concepto de pago de vacaciones y prima vacacional, durante los años que hubiera existido, con los incrementos atrás dichos.

“4. La suma correspondiente a las primas que el señor Ciro Morales B., habría recibido si hubiese podido vivir el resto de años, de acuerdo con el cálculo ya dicho, también con los aumentos anuales de Salarios.

“5. La cantidad que le hubiera podido corresponder al occiso por concepto de cesantías, de acuerdo con los años que hubiera podido vivir, con los correspondientes aumentos.

“Al hacer las liquidaciones anteriores solicito se las efectúe con la correspondiente corrección monetaria, es decir, teniendo en cuenta la devaluación de la moneda.

“Quinta. Como consecuencia igualmente de las declaraciones arriba dichas, condenar a la Nación, —departamento de Boyacá— (Secretaría de Hacienda) al pago de la suma equivalente en dinero nacional, a mil gramos oro, a la cónyuge sobreviviente Ana Delia Bohórquez Martínez y mil gramos oro a cada uno de sus hijos: Lady Johana y Willington Morales Bohórquez por concepto de perjuicios morales” (fls. 101 a 102, cdno. 1).

El segundo proceso lo iniciaron Antonio Morales López, Alejandrina Bohórquez de Morales, Blanca Lilia, Luis Raúl, Edilberto y Gloria Janeth Morales Bohórquez, quienes solicitaron se declarase la responsabilidad del Departamento de Boyacá —Secretaría de Hacienda—, por los perjuicios morales y materiales que sufrieron con la muerte del mencionado Ciro Antonio Morales Bohórquez y se lo condenase a pagarlos; para ello reclamaron, por los perjuicios morales, una suma equivalente al valor de 6.000 gramos de oro.

2. Son comunes los hechos que sirven de sustento a las pretensiones; en la segunda de las demandas se narran así:

“2.1. El día del luctuoso acontecimiento, 16 de diciembre de 1988, se celebraba en esta ciudad una fecha más de las festividades tradicionales de Tunja, llamadas Aguinaldo Boyacense, durante las cuales las Entidades Públicas y privadas participan en las festividades a través de las llamadas ´carrozas´, que constituyen vehículos acondicionados con motivos alusivos a los más variados aspectos.

“2.2. Para ese día, fecha de iniciación de las festividades, el Servicio Seccional de Salud de Boyacá participó con una carroza y cuando se encontraba en el sitio de los acontecimientos fue embestida por la parte de atrás, de una manera absurda, por el vehículo oficial perteneciente a la Secretaría de Hacienda de Boyacá, de placas 0X - 4598, conducido por el señor Jorge Enrique Vela, chofer asignado por la Secretaría de Hacienda de Boyacá, para la conducción de ese vehículo.

“2.3. Como resultado de la absurda colisión, resultaron heridos de gravedad, al ser atropellados, los señores Jaime Hernando Martínez Cifuentes, Benedicto Bautista, Eduardo Ortega, Luis José Ochoa Guerrero, Olga Lucía y Marcela Canaria y muerto en el acto y por el mismo hecho, el señor Ciro Antonio Morales Bohórquez.

“2.4. Del hecho conoció inicialmente la Policía Nacional, que se hizo presente en el lugar de los hechos y detuvo al conductor causante del accidente, en razón a su imprudencia, beodez e irresponsabilidad. Luego lo hicieron las autoridades de tránsito quienes determinaron, finalmente, que el vehículo no se encontraba en condiciones mecánicas, eléctricas, ni de frenos (sic) al momento del accidente. Por último el Juzgado Primero Superior de Tunja, llamó a responder por el delito de homicidio y lesiones personales al conductor Jorge Enrique Vela, en la causa radicada al número 413 de ese Juzgado.

“2.5. El señor Ciro Antonio Morales Bohórquez, se encontraba en perfecto estado de salud hasta el momento de ocurrir el lamentable accidente. El fallecimiento se produjo según la necropsia, a causa de un trauma severo en cráneo y cara con graves lesiones en el cerebro de naturaleza mortal” (fls. 13 y 14, cdno. 2).

3. El departamento de Boyacá contestó las demandas (fls. 95-99, cdno. 1 y 24-27, cdno. 2); se opuso a las pretensiones deprecadas; aceptó la ocurrencia del accidente por cuyos efectos murió Ciro Antonio Morales Bohórquez pero arguyó que su ocurrencia se debió a causa extraña imprevisible e irresistible para el demandado el cual observó la máxima diligencia en la revisión previa del vehículo participante en el desfile y en la escogencia del conductor más idóneo para dichos menesteres.

4. El apoderado de los demandantes del primer proceso alegó de conclusión aduciendo que estaban demostrados los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del demandado: un hecho dañoso constitutivo de falla del servicio, tan daño v el nexo causal entre ellos, e invocando el régimen de la falla presunta por razón del instrumento con el cual se ocasionó el perjuicio.

Los apoderados del Departamento alegaron en los dos procesos; coincidieron en argumentar la inexistencia de falla del servicio imputable al demandado el cual, por el contrario, ordenó las revisiones necesarias del vehículo automotor antes del desfile; esta circunstancia, de acuerdo con el pensamiento de uno de ellos, desvirtúa la presunción que obra en contra del ente oficial; subrayan la presencia de causa extraña, que califican de caso fortuito, como la generadora del accidente y la invocan como eximente de responsabilidad; uno de los alegatos añade que el vehículo y el conductor cumplían una misión diferente al servicio y a las funciones que se les había asignado.

5. El Tribunal encuentra errores protuberantes en la formulación de las pretensiones en las dos demandas; pese a ello, hace uso de sus facultades de interpretación para resolver el fondo de la litis; encuentra demostrada la legitimación en causa de los demandantes, la muerte de Ciro Antonio Morales, el accidente de tránsito que la causó, la condición de servidor público departamental del conductor y el carácter oficial del vehículo comprometido.

Sobre estas bases y con apoyo en la jurisprudencia de la Sala expresa:

“Queda claro que los elementos que aporta la sentencia últimamente traída, la presencia de una evolución jurisprudencial notoria que se marca por la exclusión de caso fortuito como causal de exoneración de responsabilidad estatal, que según quedó visto, a la luz de la antigua jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Negocios Generales, a pesar de haber abierto la dogmática imperante al manejo de la presunción de culpa en actividades peligrosas, prescribía como argumento exonerante al caso fortuito.

“Desde luego, la acepción ontológica de la figura la inhabilita para conseguir operatividad en el régimen de presunción de la culpa en función del onus probandi, toda vez que, el caso fortuito es precisamente el evento en el que el ente demandado se halla frente a una causa desconocida, totalmente imprevista que por lo uno y otro está en incapacidad de mostrar. Fluye por consiguiente, que en esos términos el damnificado obtiene la declaración de responsabilidad con la mera afirmación probatoria del daño y con la demostración de la relación causal entre éste y el servicio.

“Retomando pues las precisiones que se dejan de esta forma acreditadas, en caso que plantea la demanda, aparece inequívocamente probado el hecho del daño, y su conexión con el servicio pues nadie ha discutido que el causante del mismo no haya sido un empleado oficial, conduciendo un vehículo de propiedad del departamento y adscrito a la Secretaría de Hacienda. La especie propuesta por uno de los procuradores judiciales de la entidad demandada, en el sentido de proclamar la no relación del daño con el servicio en vista de la extrañeza que vierte la participación de la Gobernación en unos festejos de carácter popular, con el servicio constitucional, legal y reglamentariamente ajenos al funcionamiento del ente departamental, debe la Sala decirlo con toda claridad carece de fundamento.

“Lo que aquí se mira no es la circunstancia relativa al acaecimiento del daño dentro del marco normal de las funciones públicas. No precisamente el desborde de esas funciones normales y la contención en aquellas del hecho dañoso en sí misma la situación de la falla, puesto que aquí podría decirse con toda razón que el vehículo siniestrado, por sus especificaciones resultaba totalmente inapropiado por distraerle de su servicio normal para atribuirlo a una actividad que implicaba un mejor comportamiento mecánico, es decir máquinas de mayor versatilidad, etc.

“Pero en fin, teniendo plenamente establecido en este proceso la entidad del daño y su vínculo con el servicio, resulta inane, por el antedicho, detenernos a disgregar el fenómeno de la presencia, de la culpa o falla del servicio, toda vez que, debe recordarse, la administración quiso enervar la pretensión responsabilizante invocando el caso el fortuito que por lo examinado, carece de poder exonerante de la responsabilidad estatal en esta clase de régimen de responsabilidad” (fls. 169 a 171, cdno. 1).

Los perjuicios materiales reclamados recibieron este tratamiento:

“Al fijar la extensión del petitum de la demanda, en uno y otro proceso, dejó la Sala precisado la inutilidad de la presunción por perjuicios materiales en lo que respecta a demandantes que no figuran como cónyuge e hijos de la víctima; además dicha circunstancia armonizada a la orfandad probatoria de tal extremo, acarrea necesariamente que deba negarse cualquier petición de indemnización por este particular rubro, a favor de quienes demandan atribuyéndose la condición de padres y hermanos del fallecido.

Ahora bien, y como consecuencia del esfuerzo interpretativo de la demanda, la indemnización por perjuicios materiales causados a los demandantes que dependían económicamente de la víctima por ser su esposa e hijos menores, respectivamente, se liquidará en incidente posterior de acuerdo con las bases siguientes:

“Se tendrá en cuenta que Ciro Antonio Morales Bohórquez, devengaba al momento de producirse su fallecimiento, un Salario de cuarenta y siete mil quinientos setenta y nueve pesos mensuales ($ 47.579.00) como Auxiliar de Mecánica Automotriz en el Servicio de Salud de Boyacá.

“Igualmente, para determinar la indemnización a favor de la viuda se considerará el tiempo probable de vida que le hubiese quedado a la víctima, según las tablas de supervivencia aceptadas por la Superintendencia Bancaria y/o por el Instituto de Seguros Sociales.

“Similar operación en lo que concierne a la vida probable de la demandante Ana Delia Bohórquez Martínez.

“La edad de 18 años de los menores Lady Johana y Willington Morales Bohórquez. Es decir, la indemnización futura se extenderá, respectivamente hasta la fecha en que uno y otro menor alcancen la edad mencionada.

“Para los efectos de concretar las modalidades indemnizatorias en los extremos de indemnización debida o consolidada e indemnización futura, se aplicarán las fórmulas de matemática financiera aplicadas por el Honorable Consejo de Estado, así:

“Para indemnización debida:

sent0006
 

“Donde: S = Capital por averiguar.

r = renta conocida (mensual base de la indemnización).

I = porcentaje anual ipc

n = número de meses que se liquidan.

“Para indemnización futura:

sent0007
 

“Donde: P = valor presente (pagar hoy).

r = renta mensual.

i = % técnico (6% anual).

h = número de meses para liquidar”.

(fls. 171 a 173, cdno. 1).

Reconoce, por presunción, el daño moral sufrido por los hijos, padres y cónyuge y niega el que alegan los hermanos por carencia probatoria; sobre este particular reflexiona con esta lógica:

“En síntesis el fallador desconoce la realidad que matizó el trato amoroso, solidario que pudo haber caracterizado el desarrollo de la vida de la víctima antes del deceso, con sus hermanos ahora demandantes en calidad de perjudicados, y al desconocerse la certeza sobre esa realidad, el reconocimiento de perjuicios por un presunto daño moral no equivaldría a cosa diferente que al prejuzgamiento sobre el mismo, para convertir a esta clase de acciones en una rutina bien asemejada a los sistemas sucesorales en donde para ejercer la acción hereditaria basta con acreditar el parentesco con el causante para de ahí derivar la transmisión del derecho, cuando es sabido hasta la saciedad que en los procesos por responsabilidad, lo que se discute son los derechos autónomos y legales cuya existencia, a no ser que se admita algún régimen de presunción, tiene que ser debidamente acreditado. Esta la razón para que la Sala niegue la pretensión indemnizatoria que deprecan quienes se reputan como hermanos de la víctima” (fl. 179, cdno. 1).

6. La impugnación del fallo descrito se fundamenta con estas razones:

“l. La sentencia impugnada se ha motivado sobre la base de que el caso fortuito no configura una causal de exoneración de la responsabilidad cuando se trata de actividades peligrosas. Este concepto del Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá representa, en últimas desconocer el imperio de la ley al cual están sometidas todas las providencias de los Jueces de la República por expreso mandato constitucional, corroborando por nutrida y unánime jurisprudencia, pues es verdad averiguada que la existencia y demostración de un caso fortuito es una clara causal que exonera la responsabilidad administrativa del Estado o sus agentes.

“II. La sentencia impugnada está sustentada en que existió una falla en la prestación del servicio a cargo de la Gobernación de Boyacá, desatendiendo el claro criterio fáctico y probatorio de que el vehículo automotor oficial no guarda relación alguna con la falla en la prestación del servicio imputable a la Gobernación.

“III. La sentencia omite el análisis de la causal excluyente de responsabilidad consistente en la Fuerza Mayor, argumentando que no fue planteado expresamente, con lo cual el Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá omite su deber legal de interpretar tanto la demanda y pretensiones de todo demandante como las excepciones de todo demandado.

“IV. La sentencia omite el análisis de la culpa de la víctima y de terceros como causal excluyente de la responsabilidad de la demandada.

“V. La sentencia incurre en grave error metodológico al establecer la fórmula matemática para liquidar la posible indemnización debida a algunos de los demandantes, pues desconoce el indudable hecho de que la víctima tenía necesariamente que dedicar parte considerable de sus ingresos a su propio sustento.

“IV(sic). La sentencia releva ilegalmente a los demandantes de la prueba necesaria sobre la existencia del perjuicio moral reclamado, omitiendo, en consecuencia, el obligatorio principio del onus probandi inherente a toda reclamación de perjuicios.

“VII. La sentencia impugnada confunde en su parte motiva conceptos legales totalmente disímiles como lo son la 'Teoría del riesgo' y la 'actividad peligrosa', generando de su análisis las bases para la condena impuesta a mi representado.

“VIII. La sentencia impugnada confunde gravemente en la parte motiva de esta providencia la presunción de culpa de que trata el artículo 2356 del Código Civil con una imaginaria presunción de responsabilidad ajena a la ley.

“Con base en los anteriores fundamentos preliminares, muy respetuosamente solicito se me conceda el recurso de apelación ante el Honorable Consejo de Estado, con el fin de que esta Corporación, previo el trámite legal correspondiente revoque la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá con fecha 19 de febrero de 1992 y en su lugar se nieguen las pretensiones de los demandantes con costas a su cargo” (fls. 184 y 185, cdno. 1).

7. El Fiscal Décimo de la corporación, luego de transcribir apartes de la sentencia que pronunció la Sala el 19 de diciembre de 1989, concluye:

“... se hace evidente en el caso presente, la falla presunta de la Administración, al haber destinado en condiciones no optar para participar en las festividades navideñas, un vehículo que no reunía las condiciones que ofrecieran seguridad para la comunidad, y que debido precisamente a eso, se debió el accidente fatal. Si la Administración, por intermedio de sus mecánicos hubiese procedido a efectuar una revisión previa de los vehículos que esa noche iban a participar en las fiestas decembrinas, llevando carrozas, seguramente no se hubiese producido la tragedia que acabó con la vida del señor Morales Bohórquez. Por esto, no puede tampoco afirmarse que se está frente a un fenómeno conocido como fuerza mayor, ya que ésta supone que la administración no ha cometido ni incurrido en falla, por cuanto la causa de esta última se debe a un hecho irresistible e imprevisible, lo que no se da precisamente en este caso, pues fue la falta de previsión de la Administración, al no proceder a la revisión y mantenimiento de sus vehículos automotores, lo que en últimas ocasionó la tragedia.

“Respecto de la liquidación por concepto de perjuicios materiales a favor de la esposa e hijos de la víctima, se tomarán en cuenta las bases que la sentencia del Tribunal a quo estableció, pero con la siguiente aclaración: El sueldo que devengaba la víctima se tomará para efectos de la respectiva liquidación, pero obviamente y de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia, disminuido en un 25%, suma ésta que se considera necesaria para los gastos personales de la víctima.

“Por último y teniendo en cuenta que en una de las demandas acumuladas se demandó no sólo al Departamento de Boyacá, sino también a la Nación, este despacho comparte las apreciaciones del Tribunal a quo expresadas en la sentencia (págs. 22 y 23 de la sentencia), en el sentido de que si bien, el petitum de dicha demanda no se ajusta en un todo a la técnica jurídica formal, también es cierto que se trabó la relación jurídico procesal con quien debía entablarse. Lo anterior, sumado a la circunstancia de que en tratándose de acciones de reparación directa y cumplimiento por responsabilidad extracontractual, el juez tiene cierta amplitud en la interpretación de la demanda, y prevaliéndose del principio de la iura novit curia.

“Por todo lo anterior, se solicita de esa Honorable Sala la confirmación de la sentencia apelada, modificando las bases para la liquidación de los perjuicios materiales, en la forma como quedó dicha” (fls. 199 y 200, cdno. 1).

8. El apoderado judicial del Departamento estima equivocada la apreciación del a quo según la cual el régimen de la falla presunta significa la inversión de la carga de la prueba; arguye que, entre los servicios departamentales no se cuenta el del “aguinaldo Boyacense” razón que encuentra suficiente para excluir su responsabilidad; en este último aspecto concluye:

“...si no se presenta el daño dentro del servicio, no hay responsabilidad de la administración y por tanto la sentencia del Tribunal debe revocarse y el Departamento que estoy representando debe ser absuelto, como respetuosamente lo estoy solicitando” (fl. 229, cdno. 1).

La Sala considera

A. Los demandantes en los dos procesos prueban plenamente su condición de damnificados, circunstancia que los legitima para formular las pretensiones que reclaman jurisdiccionalmente; en efecto, es sabido que tal condición se presume respecto de los cónyuges entre sí; de los hijos respecto de los padres y viceversa; y entre hermanos, de modo que, en tales eventos, es suficiente con demostrar el parentesco o el matrimonio para que, por presunción, surja la legitimación en la causa por activa; dicha presunción, claro está, es de aquellas que admiten prueba en contrario; por manera que correrá a cargo del demandado probar cómo, a pesar del parentesco alegado y demostrado, el actor no sufrió daño alguno con los hechos que fundan la controversia.

En el sub lite aparece probado:

1. Que Ana Delia Bohórquez Martínez es la cónyuge sobreviviente del difunto Ciro Antonio Morales Bohórquez (fl. 76, cdno. 1) y que, en su matrimonio, procrearon a Lady Johana y Willington Morales Bohórquez (fls. 77 y 78 del mismo cdno.).

2. Que Antonio Morales López y Alejandrina Bohórquez son los padres del occiso (fls. 6 y 7, cdno. 2); y que Blanca Lilia, Luis Raúl, Edilberto y Gloria Janeth Morales Bohórquez son sus hermanos (fls. 8-11 del mismo cdno.).

Se presume, pues., la legitimación de los actores sin que se haya aportado ninguna prueba para desvirtuarla.

B. De otra parte, de las actas de defunción (fl. 29, cdno. 1)y de levantamiento del cadáver (fls. 1-6 ibíd.); del informe que rinde el comandante de la Estación de Policía Vial de Boyacá (fl. 7 del mismo cdno.), de los croquis del accidente que levantaron las autoridades de policía (fls. 9 y 10); de la certificación que expide el Instituto de Tránsito de Boyacá respecto del camión causante del accidente (fl. 19, cdno. 3); de la constancia que suscribe el Jefe de la División de Recursos Humanos de la Gobernación de Boyacá (fl. 14 del mismo cdno.); así como de los testimonios de Jorge Orlando Murcia Se queda (fl. 18, cdno. 4) y de Luis Antonio Jiménez Orjuela (fl. 7, cdno. 5), se deduce con suficiente claridad que Ciro Antonio Morales Bohórquez murió hacia las 11: 30 p.m. del 16 de diciembre de 1988, atropellado por el camión de placas OX 45-98, modelo 1973, perteneciente a la Gobernación de Boyacá, en la carrera 9 entre calles 23 y 24 de la ciudad de Tunja, en desarrollo del desfile de carrozas organizado con ocasión del denominado “aguinaldo Boyacense”; el camión era conducido por Jorge Enrique Vela quien, para esa época, desempeñaba el cargo de chofer mecánico nivel operativo grado 8, dependiente de la Secretaría de Hacienda de dicha Gobernación.

C. De tiempo atrás, la indemnización de los daños causados con vehículos automotores de propiedad oficial se ha venido manejando con aplicación del sistema de presunción de falla del servicio, lo cual no es exclusivo de esta jurisdicción, pues la jurisdicción ordinaria hace otro tanto buscando apoyo en la interpretación del artículo 2356 del Código Civil; el Juez Administrativo, en cambio, si bien ha tomado en consideración la peligrosidad que reviste la actividad generadora del daño, no ha sido este el único criterio que lo ha orientado para deducirla presunción de falla.

Por consiguiente no hay error en el a quo cuando decide aplicar el criterio jurisprudencias en la tarea de interpretar las disposiciones legales, conducta que se conforma con la exigencia constitucional del artículo 230 de la Carta Política.

Más aún; el Departamento demandado no logró demostrar causal alguna de exoneración; por el contrario, según el dicho de Roberto Hernando Molano Fajardo (fls. 38 y ss., cdno. 2), quien empezó a trabajar como mecánico del departamento seis meses después de ocurrido el accidente, “encontré defectuoso el sistema de frenos del vehículo y posteriormente hice cambiar todo el sistema de frenos para mayor seguridad porque tenía un sistema inadecuado y viejo, inseguro (destaca la Sala); esta versión adquiere complemento con el testimonio de Arcadio Segundo Abello Cantor (fls. 4 y ss., cdno. 6), persona encargada de hacer el mantenimiento al camión de marras para la época del accidente; según él “se le reparó el motor no me acuerdo si fue en agosto o en junio (se refiere al año 1988) después de un poco de tiempo lo llevaron para volverle a cambiar los frenos de mano, no recuerdo si fue más o menos en junio de 1988” (se destaca); es claro entonces que para el desfile de carrozas del Aguinaldo Boyacense no se practicó sobre el automotor ninguna revisión especial como lo imponían las delicadas circunstancias a que se iba a someter la máquina así como la antigüedad de la misma.

No existió, pues, la diligencia necesaria y deseable de la entidad pública para adoptar las medidas de seguridad tendientes a garantizar la realización del desfile de carrozas sin incidentes trágicos.

De otra parte, enfatiza la defensa que ni el vehículo oficial ni el conductor se encontraban desarrollando funciones propias del Departamento de Boyacá, pues el aguinaldo Boyacense no está consagrado como tal y que, por lo tanto, no existe la falla del servicio.

Esta argumentación es más idónea para condenar que para defender al ente, administrativo demandado; en efecto, si se considera que el Departamento destinó un vehículo oficial en condiciones mecánicas deficientes y un conductor de la nómina oficial para participar en un desfile en el cual no debía hacerlo, esa sola circunstancia es suficiente para deducir la falla del servicio que tanto echan de menos los apoderados del demandado. La Sala, sin embargo, no condena con tanta severidad, la participación departamental en el desfile mencionado; es costumbre en las diversas regiones que componen la Nación, la participación activa de las entidades oficiales en los festejos y en la celebración de tradiciones populares, lo cual incentivo su conocimiento y el descubrimiento y cultivo de su propia identidad cultural; de manera que la tarea de incentivar este noble propósito no puede ser extraña a los organismos de la administración pública.

Esta precisión, sin embargo, debe correr pareja con la guarda de otras obligaciones administrativas como son, para el caso, la seguridad de las personas; no se puede atender la una y descuidar la otra pues únicamente de su acción complementaria pueden resultar frutos positivos para la colectividad.

D. Hechas las consideraciones anteriores resulta casi innecesario detener la atención sobre el caso fortuito que alega el demandado, pues de ellas fluye con claridad que fue una falla de] servicio la causante del daño; sin embargo, dada la insistencia de la defensa en este punto, vale la pena hacer algunas breves precisiones:

Si bien la ley ha identificado los fenómenos de fuerza mayor y de caso fortuito (L. 95/890, art. 1º), la jurisprudencia nacional ha buscado distinguirlos; en cuanto a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, concierne, dos concepciones se han presentado a saber:

1. La de considerar “el caso fortuito... (como) … el suceso interno, que por consiguiente ocurre dentro del campo de actividad del que causa el daño, mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo, ajeno a esa actividad...”, y

2. La que estima que hay caso fortuito cuando la causa del daño es desconocida.

Para los eventos en los que se haya de aplicar el régimen de falla presunta no se ha aceptado el caso fortuito, en cualquiera de las nociones descritas, como causal exonerativa de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Luego, carece de razón el recurrente al cuestionar el fallo de primera instancia por haber desechado el caso fortuito como eximente de responsabilidad dado que, como se ha visto, primero, fue una falla del servicio la que originó el daño y, luego, en los regímenes de responsabilidad por falla presunta, el caso fortuito carece de fuerza exonerativa.

Hay que advertir, además, que la jurisprudencia de la Sala, luego de esmerarse en hacerla distinción entre fuerza mayor y caso fortuito, ha tornado a identificarlos; a esa tendencia corresponde el fallo de 30 de junio de 1989, actor: Javier de Jesús Ángel Herrera, en el que se lee:

“... Se llama fuerza mayor o caso fortuito —dice artículo 1º de la Ley 95 de 1980— al imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

“Los tratadistas y la jurisprudencia se han enfrascado en la tarea de distinguir el caso fortuito de la fuerza mayor diciendo algunas veces que el caso fortuito es el evento imprevisible y la fuerza mayor el irresistible, y otras que el caso fortuito constituye un obstáculo relativo que interviene en la conducta del agente, mientras que la fuerza mayor es un obstáculo absoluto y definitivo, en últimas, que el caso fortuito es un suceso interno, que por consiguiente ocurre dentro del campo de la actividad del que causa daño, mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo, ajeno a esa actividad, todo para llevar a sostener, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia, un fallo de su Sala de Casación Civil de 7 de marzo de 1939, que el elemento relativo que condiciona el caso fortuito, determina que no siempre que existe o se presenta éste, se llegue indefectiblemente a la exoneración del deudor, la cual no se produce sino cuando militan además ciertas circunstancias especiales, que debe demostrar quien las alega”.

“La distinción en derecho colombiano carece de toda importancia y es meramente académica, porque si lo que quiere significarse con ella es que hay casos fortuitos que por ocurrir dentro del campo de actividad del responsable no pueden haber sido imprevistos o imprevisibles y por consiguiente no tener carácter liberatorio, nada nuevo se está diciendo, pues lo que sucede en este evento es que el caso no es fortuito. El caso será fortuito como la fuerza mayor, cuando reúna las condiciones de imprevisto, es decir improbable, fuera de lo común, e irresistible, es decir que el autor del hecho dañoso no haya podido evitarlo con la diligencia, el cuidado, la prudencia y la pericia que la actividad ejercida requiera”.

Sobre esta base, menos aún se puede hablar de una causal exonerativa en el presente caso, pues dadas las condiciones de vetustez del automotor y del especial esfuerzo a que se somete el sistema de frenos en un desfile de carrozas, una falla en el mismo no puede jamás calificarse como imprevisible. “La falla de los frenos —ha dicho la Sala— no constituye un caso fortuito. No se ha demostrado que haya sucedido algo sobrenatural o irresistible e imprevisible. Simplemente aparece que “los frenos se fueron”, como se dice por el chofer, pero la “causa” no ha sido esclarecida, y ello era necesario para que la exoneración de la responsabilidad pudiera tener asidero jurídico. A falta de tal prueba “la culpa anónima” implica falla del servicio...” (sent., abr. 29/80 - Actora: Ana de Dios Ríos Osorio).

El recurrente reclama también el análisis de la culpa de la víctima como causal exonerante de responsabilidad; sin embargo es una censura al vacío pues no existe ningún medio de prueba que deje entrever siquiera la culpa del occiso en los hechos debatidos.

E. Los perjuicios morales están correctamente reconocidos y apreciados; la presunción del daño moral que, de antiguo, favorece a padres, hijos y cónyuges, se ha extendido a los hermanos; esta presunción, como todas las presunciones, produce el inmediato efecto de invertir la carga de la prueba, de modo que corre a cargo del demandado la demostración de la inexistencia del daño moral o de las circunstancias que disminuyan su cuantía; dicha prueba no obra en el expediente razón por la cual la decisión del Tribunal merece confirmarse.

F. El reconocimiento de los perjuicios materiales en favor de la viuda Y los hijos del difunto se hará en concreto, tomando como base el sueldo mensual que devengaba al momento de su muerte, el cual ascendía a $ 45.579 (fl. 10, cdno. 3), actualizado a la fecha de este fallo según la fórmula:

sent0008
 

La suma resultante se disminuirá en un 25% que, se presume, el occiso destinaba a la atención de sus necesidades personales; el 75% restante se distribuirá en dos partes iguales, una para la viuda y la otra, también por partes iguales, entre los dos hijos. La indemnización comprenderá dos períodos: uno por la indemnización consolidada y otro por la futura.

El primero corre entre la fecha de la muerte y la de esta sentencia y se calcula con aplicación de la fórmula:

sent0009
 

El segundo parte de la fecha de esta sentencia y se extiende hasta la vida probable menor del occiso y de la viuda y el menor período entre la vida probable del primero y la mayoría de los segundos; la fórmula aplicable es la siguiente:

sent00010
 

Desarrollando el procedimiento descrito, se tiene:

sent00011
 

25% = 31.513.95

75% = 94.541.85

50% = 47.270.92

Indemnización para Ana Delia Bohórquez Martínez:

1. Indemnización consolidada:

sent00012
 

S = 1.911.321.20

2. Indemnización futura:

sent00013
 

S = 8.839.967.71

3. Indemnización total = $ 10.751.288.91

Indemnización para Lady Johana Morales Bohórquez:

1. Indemnización consolidada:

sent00014
 

2. Indemnización futura:

sent00015
 

S = 1.867.830.65

3. Indemnización total: $ 2.823.491.25

Indemnización para Willington Morales Bohórquez:

1. Consolidada: Igual que la anterior, $ 955.660.60.

2. Futura:

sent00016
 

S = 2.465.985.33

3. Indemnización total: $ 3.421.645.93

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia apelada, con excepción del ordinal 3 el cual quedará así:

Condénase al Departamento de Boyacá a pagar, por concepto de perjuicios materiales, los siguientes valores:

— En favor de Ana Delia Bohórquez Martínez la suma de diez millones setecientos cincuenta y un mil doscientos ochenta y ocho pesos con 91/100 ($ 10.751.288.91 ) m / l.

— En favor de Lady Johana Morales Bohórquez la suma de dos millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos noventa y un pesos con 25/100 ($ 2.823.491.25) m / l.

— En favor de Willington Morales Bohórquez la suma de tres millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos cuarenta y cinco pesos con 93/100 ($ 3.421.645.93) m / l.

Expídanse copias de la sentencia con constancia de su ejecutoria con destino a las partes.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de fecha veintiocho (28) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993).

Magistrados: Juan de Dios Montes Hernández, Presidente de la Sala —Carlos Betancur Jaramillo—Daniel Suárez Hernández—Julio Cesar Uribe Acosta.

Ruth Stella Correa Palacio, Secretaria.