Sentencia 7369 de abril 27 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONDENA EN PERJUICIOS EN EL PROCESO PENAL

IMPIDE LA RECLAMACIÓN CONTRA EL ESTADO

EXTRACTOS: «Los agentes de policía Mauro González y Gerardo Gómez Cabrera fueron condenados por el Juzgado 24 Superior por los hechos de que da cuenta el libelo introductorio en este proceso; en efecto, la sentencia de octubre 10 de 1989 resolvió lo siguiente:

“1. ACOGER en su integridad el veredicto emitido por el jurado de conocimiento que intervino en la presente causa.

2. CONDENAR a Gerardo Gómez Cabrera y a Mauro González, de condiciones civiles y personales ampliamente conocidas en autos a la pena principal de 240 meses de prisión, como coautores de los punibles de tentativa de homicidio agravado por las circunstancias y hurto agravado en concurso y de los cuales hicieron víctimas en su orden a Fernando Forero Reyes y Helman Antonio Reina Sogamoso (q.e.p.d.); hechos ocurridos en la noche del 17 de agosto de 1985 (...).

5. CONDENAR igualmente a Gómez Cabrera y González al pago de los perjuicios materiales y morales ocasionados con sus delitos, cuyo monto se estableció oportunamente y obra en autos” (fl. 192).

El Juzgado 68 Penal del Circuito en oficio de fecha diciembre 16 de 1994, certificó que los señores Fideligno Reina Hernández y Ana Delia Sogamoso de Reina se hicieron parte civil dentro del proceso penal número 1586, por los delitos de homicidio agravado y hurto agravado en las personas de Helman Antonio Reina Sogamoso y tentativa de homicidio en la persona de Fernando Forero Reyes (fl. 167). Precisamente las personas que se hicieron parte civil en el proceso penal, son las actoras en el caso sub examine.

A folios 139 y ss. del cuaderno 2, obra la experticia con su respectivo traslado, aclaraciones relacionadas con los perjuicios materiales y morales por la muerte de Helman Antonio Reina Sogamoso.

La constitución de parte civil dentro del proceso penal determina para la víctima del hecho punible, de una parte la posibilidad de influir procesalmente para que el infractor de la ley penal sea condenado en razón del delito y, de otra la de que el mismo juez penal se pronuncie sobre los perjuicios morales y materiales que le infligió el ilícito.

Cuando esta hipótesis se realiza, es decir, cuando la víctima reclama en la jurisdicción penal el reconocimiento de los perjuicios, según ha dicho la Sala(*), ha ejercido la opción legal que le otorga tanto el Código de Procedimiento Penal como el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo y queda despojada de la posibilidad de acudir, con posterioridad, ante esta jurisdicción formulando reclamación frente al Estado.

Es perfectamente aceptable, porque así lo disponen entre otros, los artículos 90 de la Constitución Nacional y 78 del Código Contencioso Administrativo, que la condena en favor de la víctima y a cargo del Estado desencadene la repetición contra el funcionario; situación distinta se presenta, si dentro de un proceso penal la víctima constituida en parte civil es beneficiaria de la condena en perjuicios, no podrá posteriormente obtener una segunda condena, por los mismos perjuicios, contra el Estado en esta jurisdicción»

(Sentencia de abril 27 de 1995. Expediente 7369. Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández).

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo respeto salvo el voto a la decisión mayoritaria de abril 27 del presente año.

Cabe recordar que frente a este tipo de eventos, la Sala ha venido sosteniendo que cuando el hecho dañoso genera dos tipos de responsabilidad (la personal del agente y la administrativa de la entidad), si la víctima se constituye como parte civil en el proceso penal seguido contra el primero, para reclamar el pago de los perjuicios recibidos con el hecho y obtiene sentencia favorable, debe atenerse a los resultados de dicho fallo, el cual constituye cosa juzgada, en la medida en que los perjuicios que se reclamen son los mismos.

Así mismo, se ha sostenido que cuando el juez penal oficiosamente hace la condena al pago de perjuicios, la sentencia en este extremo le será inoponible al perjudicado, quien podrá así formular demanda de responsabilidad civil o administrativa, según el caso.

Estimo que esta posición requiere precisiones, para evitar equívocos.

Sea lo primero advertir que el juez penal podrá condenar al delincuente al pago de perjuicios cuando el hecho ilícito los haya producido. Y podrá hacerlo en forma oficiosa o a petición de parte mediante la constitución de parte civil. En el primer evento esa condena oficiosa será inoponible al perjudicado, quien podrá no sólo hacer caso omiso de ella, sino formular demanda de responsabilidad contra el delincuente, ante la jurisdicción civil, sin que pueda hablarse de cosa juzgada.

En el segundo evento, la condena al pago de perjuicios hecha dentro del proceso penal, tendrá el efecto de cosa juzgada en relación con el delincuente. Instaurada la demanda de parte civil no podrá iniciarse acción de responsabilidad ante la jurisdicción del mismo nombre y si se hace, la excepción, si se prueban sus supuestos, aún podrá declararse de oficio.

Lo precedente porque en el proceso penal y en el de responsabilidad las partes serán las mismas y habrá identidad de causa y de objeto (CPC, art. 332).

Varía la situación cuando no es el delincuente el demandado en acción de responsabilidad administrativa, sino la administración a la cual estaba vinculado. Aquí no se da esa identidad de sujetos ni de causa; por ende, no cabrá hablar de cosa juzgada.

Estimo que cuando el afectado formula demanda de parte civil y obtiene condena a su favor, sí podrá demandar a la administración, pero sólo para reclamar aquella parte que no le fue reconocida por el juez penal al decidir la demanda de parte civil.

Con todo respeto,

Carlos Betancur Jaramillo. 

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