Sentencia 7370 de mayo 16 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

ALLANAMIENTO A LA DEMANDA

EN EL PROCESO LABORAL

EXTRACTOS: «1. El estatuto procesal civil vigente entiende por allanamiento la aceptación expresa por parte del demandado de las pretensiones de la demanda y de sus fundamentos fácticos. Una vez presentado en debida forma debe el juez proceder a dictar sentencia de conformidad con los pedimentos oportunamente impetrados, dado que en principio su cabal formulación por parte del demandado comporta la aquiescencia con la postura jurídica del demandante, y por virtud de ello lo que era conflictivo deja de serlo, deviniendo fútil la controversia pretérita.

Igualmente se prevé que la oportunidad procesal para proponerlo es en la contestación de la demanda o en cualquier momento anterior a la sentencia de primera instancia.

El allanamiento debe ser rechazado por el juez cuando advierta fraude o colusión, evento en el cual podrá decretar pruebas de oficio, o a petición de un tercero que intervenga en el proceso como parte principal.

En últimas, nace de un acto unilateral del demandado con el propósito de extinguir una controversia jurídica, mediante la aceptación total o parcial no solo de los hechos de la demanda sino también de las pretensiones, el que debe ser aceptado por el juez de primer grado, si no militan los impedimentos contemplados en la ley. Difiere de la mera confesión que se reduce a la admisión de un hecho que debe perjudicar a quien lo admite como cierto, pero que no implica forzosamente la aceptación de la pretensión. No obstante lo anterior, no siempre esta figura procesal es procedente ya que la propia ley enumera aquellos eventos en que es ineficaz (art. 94, CPC).

2. Si bien en el proceso laboral opera el allanamiento por remisión a las normas del proceso civil, su admisión por el juez, en los casos en que es procedente, no comporta per se inexorablemente el fenecimiento de la litis, por cuanto el juzgador que conoce en primer grado tiene la potestad de ordenar el pago de emolumentos laborales distintos de los pedidos, siempre y cuando los fundamentos fácticos hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados, o también le asiste la facultad de condenar al pago de sumas de dinero a que tenga derecho un trabajador por valores superiores a los impetrados, todo ello con arreglo al artículo 50 del Código Procesal del Trabajo.

En el asunto sub examine el allanamiento que hiciera el demandado antes de la sentencia de primera instancia, comportaba su aceptación tanto de los hechos como de las pretensiones de la demanda y de su adición, su admisión por el juez no conllevaba renuncia de derechos del trabajador, y tampoco podría ir en detrimento de la facultad que tiene el juzgador de primera instancia en asuntos del trabajo para proferir un fallo extra o ultra petita, porque se trata de dos institutos procesales con finalidad y consecuencias jurídicas distintas, sin que sea prevalente uno sobre el otro ni exista antinomia entre ellos.

Mediante el allanamiento se procura extinguir una controversia que deviene superflua por la persuasión de la parte demandada de la posición jurídica del demandante, y se endereza a evitar un desgaste inoficioso del aparato judicial estatal sobre hechos y pretensiones respecto de los cuales se produjo una claudicación procesal. Pero aún logrado este derrotero, del examen de los hechos debidamente acreditados y controvertidos por las partes hasta ese momento puede colegirse que ellos sean el soporte de derechos ciertos del trabajador por concepto de salarios, prestaciones o indemnizaciones no pretendidos inicialmente, hipótesis en la cual el juez está facultado para ordenar su pago de conformidad con el artículo 50 del CPL, que es norma especial que no excluye el allanamiento como ya se anotó.

No se deriva de lo anterior que el allanamiento presentado por el colegio demandado sea totalmente ineficaz, como lo entendió el Tribunal; lo que ocurre es que dicho fenómeno surtirá sus efectos plenos dentro del alcance señalado por quien lo propuso y las reglas anteriormente expuestas, sin perjuicio de que el sentenciador de primer grado pueda reconocer eventuales derechos extra o ultra petita que reúnan los presupuestos del artículo 50 del estatuto procesal laboral, aspecto en el cual sólo él tiene plena potestad, asistiéndole al demandado el derecho de apelar tal determinación».

(Sentencia de casación, mayo 16 de 1995. Radicación 7370. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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