Sentencia 7386 de noviembre 7 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7386

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Bogotá, D.C., siete de noviembre de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Decídese el recurso extraordinario de casación interpuesto por Álvaro Ceballos Gómez, respecto de la sentencia proferida el 27 de julio de 1998 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso adelantado por el recurrente contra Claudia Patricia Molina Arango.

Consideraciones

1. La sentencia impugnada, ello es total, parte de una premisa fáctica: el contrato de promesa de permuta dejó de existir y, por ende, de constituir fuente —o manantial— de obligaciones. Y de ello el fallador de segundo grado deduce la siguiente conclusión: el demandante no tiene posibilidad de ejercitar ninguna de las acciones alternativas consagradas en el artículo 1546 del Código Civil.

En la censura, bien se recordará, se ataca tanto la premisa, como la conclusión en referencia. De allí que no acepta el censor que el negocio jurídico hubiere dejado de existir, por cuanto la demandada no cumplió con la totalidad de las prestaciones —primigeniamente— a su cargo y, por tanto, se señala, tiene el actor a su alcance la posibilidad de pedir el cumplimiento o la resolución, con la correspondiente indemnización de perjuicios.

En el cargo, en suma —no obstante aludirse a manera de refuerzo o argumento de más, o complementario, a una inconsonancia en relación con los avalúos practicados—, se evidencia con claridad que el casacionista, en esencia, no comparte la apreciación que de los hechos hizo el tribunal con apoyo en las pruebas decretadas en las instancias, lo que lo torna idóneo en el campo casacional, desde la perspectiva indicada.

2. Adentrándose, pues, en el estudio del cargo en mención, reitera la Sala que en el ordenamiento positivo colombiano —a la par que en el derecho comparado, en general—, el examen o auscultación del comportamiento del deudor constituye uno de los pilares en los que descansa la responsabilidad contractual, que se configura, al tenor del artículo 1613 del Código Civil, tanto por no haberse cumplido la obligación —y más exactamente el deber de prestación a su cargo—, como por haberse cumplido de modo imperfecto o tardíamente. Si el acreedor —o accipiens— recibe la prestación debida en la forma y en la manera acordadas, ex ante, el vínculo que los ligaba —relatio—; el derecho crediticio y la correlativa obligación emanada del negocio jurídico pertinente, quedarán extinguidos, en virtud del pago realizado, en un todo de acuerdo con lo previsto en el artículo 1625 del Código Civil, ordinal primero.

Por el contrario, el incumplimiento injustificado del deudor está sancionado por la ley misma y “… tal comportamiento, por ende, habilita al contratante inocente para solicitar, por una parte, se ordene su cumplimiento forzado o se disponga su resolución y, por otra, cuando la infracción le ha ocasionado un daño, que se le indemnice, reparación que puede reclamar en forma accesoria a la petición de cumplimiento o resolución o en forma directa, si lo anterior no es posible, como cuando el contrato ya ha sido ejecutado” (Cas. Civ. mar. 9/2001, exp. 5659).

Puestas de tal manera las cosas, compréndase, entonces, que paralelo al concepto de “cumplimiento”, referido a la actividad del deudor, más específicamente al pago o ejecución de su deber de prestación (C.C., art. 1626), corre —en el otro vértice— el de “incumplimiento”, que genera la frustración del acreedor por no haberlo recibido, “bajo todos los respectos de conformidad al tenor de la obligación” (C.C., art. 1627). Ahora bien, cuando tal incumplimiento aflora o se presenta, el artículo 1546 del Código Civil autoriza al acreedor para que por intermedio de las autoridades judiciales correspondientes, obtenga de manera forzada: (i) el cumplimiento de la obligación, si ello es posible —claro está— o, en su lugar, la satisfacción por equivalente, o (ii) la resolución del contrato, en cualquier caso, con el condigno resarcimiento de los perjuicios causados con tal incumplimiento.

En desarrollo de antigua y reiterada jurisprudencia en torno al alcance del artículo antes mencionado (C.C., art. 1546) esta corporación ha puntualizado, que “... el acreedor de una obligación lesionado por la inejecución de ella, puede obtener el aniquilamiento de la convención que le dio vida, a fin de no ser constreñido a pagar la obligación que él contrajo si no la ha hecho todavía o con el objeto de repetir sus propias prestaciones si ya las satisfizo. Todo ello, además junto con la indemnización de los perjuicios sufridos” (XLVII, 242), anotación que resulta plenamente aplicable al contrato de promesa de permuta, que como negocio bilateral que es, hace nacer prestaciones recíprocas para las dos partes, y queda sujeto —por participar de tal naturaleza— a lo dispuesto en el artículo antes citado, autorizando al contratante cumplido a ejercer el derecho legal de resolución solicitando —de ser posible— que se le deje en la misma situación que tenía al momento de contratar.

Expresado en términos más concisos, el contrato preparatorio de permuta, al igual que todos los contratos de tal naturaleza en general, son pasibles, en lo pertinente, de las mismas reglas y principios que estereotipan los contratos definitivos, específicamente del artículo 1546 en cuestión. No en vano, el contrato preparatorio, en sí, es un negocio jurídico del que dimanan los efectos consustanciales a dicha categoría volitiva, con prescindencia de que tenga “... un peculiar cariz provisional y transitorio en cuanto es un convenio preparatorio de otro cuyo resultado no pueden o no quieren alcanzar de inmediato las partes, pero a cuya realización se comprometen mediante un vínculo jurídico previo que les impone la obligación recíproca y futura de concertarlo con posterioridad, agotándose en él su función económico-jurídica, quedando claro, entonces, que como “no se trata de un pacto perdurable, ni que esté destinado a crear una situación jurídica de duración indefinida y de efectos perpetuos, la transitoriedad indicada se manifiesta como de la propia esencia de dicho contrato“” (G.J., CLIX, 283), rasgo este, empero, que no erosiona, o menoscaba su carácter privativamente negocial, por manera que su arquitectura, en lo basilar, es la misma asignada a todos los negocios jurídicos.

3. En el asunto sub judice, no hay discusión entre las partes en relación con la celebración del contrato, denominado por ellas —exprassis verbis— como “promesa de permuta de inmueble” [aún cuando en el texto del mismo, ulteriormente, se utilizan las expresiones: “contrato de permuta”, “promitente vendedor” y “promitente comprador”], pues en la contestación del correspondiente libelo, la demandada reconoció ser cierto lo afirmado en el hecho primero de aquel, en el sentido de que el señor Ceballos Gómez lo celebró y se obligó a transferir el apartamento de su propiedad, ubicado en la ciudad de Cartagena, en el edificio Palos de Moguer, para recibir a cambio de parte de la señora Molina Arango, un vehículo Chevrolet Luv, un apartamento y un local situados en la ciudad de Medellín, más la suma de diez millones de pesos.

Ni tampoco la hay, en relación con el cumplimiento de las obligaciones del actor, pues en el expediente obra copia de la escritura pública 3865 de 1992 de la Notaría Veinte de Medellín (fls. 6º, 10, 11, cdno. 1º), que da cuenta de la transferencia del derecho de dominio sobre el inmueble situado en la ciudad de Cartagena en favor de la señora Claudia Patricia Molina, hecho que también fue aceptado en la contestación de la demanda (fls. 19 y 35 ib.).

Ya en cuanto tiene que ver con el incumplimiento de la demandada, el casacionista afirma que se encuentra acreditado con la confesión de la demandada rendida en el proceso, que fue ignorada por el tribunal. En tal prueba, en el pasaje esencial que interesa a los fines del presente cargo, se interrogó a la demandada así: “Preguntado: Siendo cierta y reconocida su firma, informe al juzgado el motivo por el cual se incumplió de su parte dicho contrato de permuta con la entrega y escrituración del apartamento 302 del edificio Palmar de la Concha, al señor Álvaro Ceballos Gómez. Respondió: Eso fue porque cuando yo le iba a entregar el apartamento, la dueña del apartamento decidió no entregarlo y le dije a él que yo le daba el valor del dinero de lo que costaba el apartamento, esto se lo dije a Álvaro Ceballos, pero él no aceptó” (se resalta, fl. 6º vto., cdno. 2º). En adición a lo anterior, observa la Sala que tal inejecución se encuentra corroborada con el certificado de tradición de libertad del referido apartamento, expedido el 27 de mayo de 1997 (fls. 57 a 59, cdno. 4º), en el que se aprecia, que ninguna de las partes intervinientes en el presente proceso, figura como titular del derecho real de dominio, circunstancia de la cual puede inferirse que las prestaciones que tienen su fuente en el pluricitado negocio jurídico no fueron agotadas en su totalidad.

Dicho de otra manera, las pruebas anteriores, fehacientemente, demuestran contra lo que de manera equivocada concluyó el tribunal, el incumplimiento del contrato de promesa de permuta por parte de la demandada, pues allí se reconoce que el derecho de dominio sobre el apartamento ubicado en la ciudad de Medellín —uno de los bienes que debía recibir el señor Ceballos Gómez como contraprestación por el entregado en la ciudad de Cartagena— no fue transferido a este.

De lo anterior, ab initio, se desprende que si las prestaciones que tienen su fuente en el negocio jurídico ajustado entre las partes, no fueron cumplidas por la demandada en la forma acordada en este, conforme se acreditó con las pruebas antes referidas, no puede —quedando, como queda, pendiente de cumplimiento una de aquellas— considerarse extinto o agolado el contrato y, consecuencialmente, desprovisto el contratante cumplido de las acciones que, en guarda de preservar sus derechos, han sido previstas en el artículo 1546 del Código Civil, como de manera peculiar y equívoca —por decir lo menos— sostuvo el fallador de segundo grado.

Es que la liberación del deudor de cara a su vínculo contractual, acorde con el acerado postulado de la fuerza vinculante de los negocios jurídicos (pacta sunt servanda), sólo se producirá cuando se cumpla con todas y cada una de las obligaciones a su cargo —y no antes—, esto es en el momentum iuris en que se satisfaga el derecho crediticio radicado en cabeza de su titular, de suerte que desde esta perspectiva no resulta acertado sostener, como lo aseveró el tribunal, que el contrato feneció, sino todo lo contrario, tal negocio jurídico —pendiente el cumplimiento de una de la obligación que de él nacieron— pervive, pues no se ha agotado y en tal condición permanecerá hasta tanto no se extinga el correspondiente deber de prestación por alguno de los medios previstos en el ordenamiento legal, entro ellos, el pago o solución efectiva.

En este orden de ideas, se evidencia que el yerro del tribunal fue paladino, pues aún cuando afirmó que “... los permutantes agotaron en su mayoría las prestaciones objeto del contrato prometido” (fl. 30 vto., cdno. 7º), concluyó que el contrato preparatorio había fenecido, privando al actor, de paso, de la acción resolutoria del contrato, prevista en el artículo 1546 del Código Civil, que fue la ejercida en la demanda y que implicaba la renuncia del señor Ceballos al intercambio de las prestaciones recíprocas que tuvieron su origen en el pluricitado negocio jurídico, resolución esta que, en sede judicial, debe ser concedida, en tanto y en cuanto se rinda “... prueba concluyente de esa situación de hecho antijurídica que es el incumplimiento el que, por principio, se produce ante cualquier desajuste entre la prestación debida y la conducta desplegada por el obligado, desajuste que a su vez puede darse bajo una cualquiera de las tres modalidades que con el propósito de definir las causas posibles que dan lugar al resarcimiento de perjuicios en el ámbito contractual, describe el artículo 1613 del Código Civil, refiriéndose al incumplimiento propio o absoluto, al cumplimiento imperfecto que también suele denominarse “incumplimiento impropio” y en fin, al cumplimiento tardío o realizado por fuera de la época oportuna” (Cas. Civ., ene. 26/94, no publicada, transcrita en G.J. CCLV, 653).

No está de más, agregar, que examinado el asunto desde la óptica del interés económico del negocio jurídico, la jurisprudencia de la Sala, ha puntualizado que cuando este ha sido parcialmente cumplido y el demandado muestra su voluntad de satisfacer el interés del acreedor, no es posible “... el aniquilamiento de la relación material, de un lado por quedar eliminada la idea de desistimiento, y de otro, en consideración a la irrelevancia del incumplimiento frente al interés económico del contrato (CCLXVI, 162), doctrina que no puede ser aplicada al presente asunto, toda vez que el incumplimiento de la señora Molina era sustancial o relevante, si se tiene en cuenta que el bien inmueble dejado de entregar fue avaluado, pericialmente en 1997, en la suma aproximada de 100 millones de pesos, equivalente al 53% del valor del apartamento del actor, establecido, con prueba similar, en 185 millones de pesos.

La tesis del tribunal, en el fondo, así aplicada propicia o estimula el resquebrajamiento del equilibrio negocial originado a raíz de la inejecución —diáfana— por parte de la demandada de la obligación de entregar el apartamento en la ciudad de Medellín, y soslaya, además, la íntima interdependencia que existe entre las prestaciones en cabeza de cada una de ellas, a la par que socaba el justiciero derecho del actor a obtener la extinción retroactiva de los efectos contractuales emergentes del negocio jurídico, fundada en el incumplimiento de las obligaciones de la señora Molina Arango, no obstante haber cumplido él, se itera, con la prestación a su cargo, en claro quiebre de la apedillada justicia contractual, con todo lo que ello supone.

Se concluye, pues, que el tribunal quebrantó las normas que la censura indica, toda vez que, de un lado, incurrió en el yerro de considerar agotado el contrato pasando por alto la prueba que acreditaba su incumplimiento relevante y, de otro, por cuanto estimó que el contratante cumplido no podía ejercitar ninguna de las acciones alternativas consagradas en el artículo 1546 del Código Civil, “y que las únicas que asisten al demandante son las que corresponden a las convenciones solemnes celebradas”, en desarrollo del contrato de promesa (fl. 30, vto.), lo cual no es de recibo, pues justamente no se celebró el negocio jurídico prometido concerniente al apartamento de la ciudad de Medellín. Ya quedó examinado, que tanto la acción de resolución, como la de cumplimiento, en estrictez, se encontraban al alcance del señor Ceballos, motivo por el cual su denegación contravino caros axiomas que disciplinan el equilibrio contractual, rectamente entendido.

Por tanto, debe casarse la sentencia recurrida y, decretar oficiosamente, la práctica de las pruebas que se indicarán en la parte resolutiva de esta providencia, que la Sala considera necesarias para dictar la sustitutiva correspondiente.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 27 de julio de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso ordinario de la referencia, y antes de dictar la sentencia de reemplazo con fundamento en el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil,

RESUELVE:

1. Decrétase la práctica de un dictamen pericial, a fin de establecer: a) el valor actual de los bienes que aparecen descritos en el contrato de promesa de permuta celebrado, entre las partes; b) El valor de los frutos naturales y civiles producidos tales bienes, desde la fecha en que fueron o han debido ser entregados y hasta la fecha de rendición de la experticia, y no solamente los percibidos, sino también los que el dueño hubiere podido percibir con mediana inteligencia y cuidado; c) Los deterioros sufridos por los mismos desde la misma fecha; d) Las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa; e) Las mejoras realizadas, las que se describirán por su calidad, cantidad, antigüedad, estado de conservación y valor actual, y f) La actualización de la suma de diez millones de pesos con la correspondiente corrección monetaria e intereses legales del 6% anual, desde la fecha en que fueron recibidos, hasta la rendición de la experticia.

Para que rinda la experticia así ordenada, desígnase a Rafael Núñez Bueno a quien se le comunicará el nombramiento en la forma señalada por el artículo 9º numeral 8º del Código de Procedimiento Civil, haciéndole saber que debe tomar posesión del cargo el día 19 de noviembre del año en curso, a las 2:30 p.m. El término para rendir el dictamen será de veinte (20) días que empezará a correr una vez se incorporen al expediente los certificados de libertad y tradición que se ordenan en el párrafo siguiente.

2. Líbrense oficios a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena y Medellín, con el objeto de que remitan con destino a este proceso copia de los folios de matrícula inmobiliaria 060-0101219 y 001-137656, 001 137657, 001-494410, respectivamente.

No hay lugar a condena en costas por la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

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