Sentencia 7393 de octubre 7 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

REFORMATIO IN PEJUS

AUMENTO DE LA CONDENA POR PERJUICIOS

EXTRACTOS: «Por razón de los efectos que producirla la prosperidad de un cargo por nulidad, se procede a examinar el elevado con fundamento en la causal tercera del art. 226-3 del CPP recientemente derogado, consistente en la pretendida violación de las formas propias del juicio por contravención del art. 31 de la C.N., debido a la realización de una “reforma desfavorable” por el ad quem al aumentar la condena por concepto de daños y perjuicios.

No comparte la Corte la tesis de la delegada de carecer de competencia para conocer de esta precisa impugnación por ausencia de legitimación del recurrente al no lograr la cuantía de los perjuicios por los que se condenó, el tope que exige la reglamentación procesal civil ($ 19.600.000), porque:

1. La demanda fue declarada por la Corte ajustada a las prescripciones de ley. Y,

2. El cargo que por este concepto eleva el casacionista no está dirigido en el fondo a discrepar de la cuantía impuesta por perjuicios (CPP, art. 221), sino a plantear una nulidad por infracción al debido proceso.

Ahora bien: la doctrina y la jurisprudencia dentro del general concepto de “consecuencias jurídicas del delito”, ubica las penas privativas de libertad, penas privativas de derechos, penas pecuniarias y consecuencias civiles derivadas del hecho punible. A estas últimas se les señala con precisión las siguientes nítidas diferencias con la pena:

a) Se reduce a una disminución del patrimonio pero no impone el sacrificio de bienes esenciales como la libertad.

b) Tiene por objeto la tutela de un derecho o interés privado.

c) Es modificable por medio de un negocio jurídico privado (cesión, transacción, renuncia).

d) Se refleja sobre los herederos.

e) Implica un comportamiento activo, hacer algo, resarcir.

f) Pretende una ventaja patrimonial para el perjudicado.

g) Es una prestación que se debe a alguien que está en condiciones de igualdad con el imputado.

h) Es indeterminada (hechos dolosos o culposos, quántum del resarcimiento) (Cas. mar. 10/1992, M.P. Juan Manuel Torres Fresneda).

El apartado normativo de la C.N. sobre el que apoya el actor este acápite de la impugnación (art. 31), prohibe al superior “agravar la pena impuesta”, que no es la situación presentada en el evento sub exámine puesto que lo incrementado fue el monto de las consecuencias civiles derivadas de la ilicitud, instituto de naturaleza bien distinta al concepto jurídico-penal de “pena”, de donde se proclama el fracaso del ataque.

Además, equivocó el censor la causal a invocar puesto que al estar en vigencia el art. 31 C.N., debió acudir a la primera, cuerpo primero (violación directa de la ley sustancial) y no a la que consagra la nulidad, como ha venido sosteniendo esta Corporación, razón complementaria de apoyo para llegar a la anterior conclusión».

(Sentencia de casación, octubre 7 de 1992. Radicación 7393. Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas).

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