Sentencia 7393 de septiembre 18 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

INDEMNIZACIÓN MORATORIA

NO ES EXIMENTE LA CRISIS ECONÓMICA DE LA EMPRESA

EXTRACTOS: «El ad quem, para absolver de la sanción por mora consideró:

“Aunque la iliquidez de la empresa demandada, pregonada por los testigos, no la exime del pago de los salarios y prestaciones debidos a sus trabajadores, sí constituye motivo suficiente para tenerle como de buena fe al abstenerse de pagar esos emolumentos a sus servidores, o sea, que no se advierte en la persona jurídica demandada, una manifiesta intención de incumplimiento de sus obligaciones para con los trabajadores, sino que a dicha situación se ha visto impulsada por sus precarias condiciones económicas, razones suficientes para eximirla del pago de la indemnización moratoria que consagra el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo” (fl. 115 cuaderno de instancia).

La indemnización moratoria y sus eximentes: 

Con arreglo al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo si a la terminación del contrato de trabajo el empleador no cancela al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos en que la ley o el convenio lícito de las partes autoricen retención, a éste corresponde el derecho de percibir un día de salario por cada día de retardo a título de indemnización.

En caso de que este derecho indemnizatorio sea reclamado por vía judicial, la jurisprudencia ha precisado que el juzgador no debe proferir condena automática ante el hecho de la falta de pago, sino que ha de examinar la conducta patronal y si de ésta emerge la buena fe exonerar al patrono.

Dicha buena fe alude a que el empleador que se abstenga de cancelar los derechos laborales a la finalización del nexo, entienda plausible-mente que no estaba obligado a hacerlo, siempre y cuando le asistan serias razones objetivas y jurídicas para sostener su postura de abstención, es decir que sus argumentos para no haber pagado resulten valederos.

Como ejemplo típico de buena fe puede mencionarse que el patrono haya estado convencido de que no existió contrato de trabajo, porque la relación laboral ofrecía tales características externas de independencia que la ubicaban en una zona gris respecto del elemento de subordinación. También es dable citar la hipótesis en que se haya dejado de cancelar el monto pretendido de un derecho cuyo valor es discutible, como cuando se debate con razones admisibles si determinado pago constituye o no salario para efectos de la liquidación prestacional.

Debe distinguirse, en todo caso, la buena fe como circunstancia exonerante de los llamados salarios caídos, de otros factores externos que impiden el cumplimiento de las obligaciones y, en principio, también liberan al deudor de responsabilidad por incumplimiento como el caso fortuito o fuerza mayor. En estos eventos el obligado no desconoce su compromiso, sino que alega insuperables hechos impeditivos de su cumplimiento. Verbigracia, si el empresario, a punto de efectuar el pago final de los derechos de determinados trabajadores, no lo puede hacer porque un incendio imprevisto, imprevisible e irresistible consume el dinero destinado a la cancelación, por obvios motivos no debe responder por la demora razonable en volver a conseguir los respectivos medios de pago.

Desde luego, si se pretende alegar fuerza mayor o caso fortuito en materia laboral y particularmente como eximentes de la indemnización moratoria, han de aparecer comprobados los requisitos de la figura, vale decir que el hecho no sea imputable al deudor, que sea irresistible en el sentido de que el empleador no haya podido impedirlo y quede en imposibilidad absoluta de cumplir la obligación a tiempo, y que el hecho haya sido imprevisible, esto es, que el obligado no haya podido precaver su ocurrencia, de acuerdo con las circunstancias del caso.

La iliquidez de la empresa como eximente de mo ratoria: 

Conforme a lo explicado, en sentir de la Sala la iliquidez o crisis económica de la empresa no excluye en principio la indemnización moratoria. En efecto, no encuadra dentro del concepto esbozado de la buena fe porque no se trata de que el empleador estime que no debe los derechos que le son reclamados sino que alega no poder pagarlos por razones económicas; y es que por supuesto, la quiebra del empresario en modo alguno afecta la existencia de los derechos laborales de los trabajadores, pues éstos no asumen los riesgos o pérdidas del patrono conforme lo declara el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo, fuera de que como lo señala el artículo 157 ibídem, subrogado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990, los créditos causados y exigibles de los operarios, por conceptos de salarios, prestaciones e indemnizaciones, son de primera clase y tienen privilegio excluyente sobre todos los demás.

De otra parte, si bien no se descarta que la insolvencia en un momento dado pueda obedecer a caso fortuito o de fuerza mayor, circunstancia que en cada caso deberá demostrarse considerando las exigencias propias de la prueba de una situación excepcional, ella por sí misma debe descartarse como motivo eximente por fuerza mayor o caso fortuito, pues el fracaso es un riesgo propio y por ende previsible de la actividad productiva, máxime si se considera que frecuentemente acontece por comportamientos inadecuados, imprudentes, negligentes e incluso dolosos de los propietarios de las unidades de explotación, respecto de quienes en todo caso debe presumirse que cuentan con los medios de prevención o de remedio de la crisis. Y no debe olvidarse que la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones, entre las cuales ocupan lugar primordial las relativas al reconocimiento de los derechos mínimos a los empleados subordinados que le proporcionan la fuerza laboral (C.N. art. 333).

Prosperidad del cargo y consideraciones de instancia: 

Con arreglo a lo expuesto, le asiste razón al censor, en cuanto a que el fallador incurrió en interpretación errónea del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, al excluir la indemnización moratoria por la iliquidez de la empresa accionada.

El cargo, por tanto, prospera y se impone quebrantar el fallo impugnado en tanto se abstuvo de reconocer la indemnización moratoria al señor Gustavo Alonso Varón Palacio.

Como consideraciones de instancia se observa que en el informativo no obran razones eximentes, por buena fe, de la indemnización por falta de pago deprecada. Antes por el contrario, aparecen elementos indicadores de que la compañía A.C.A Ltda. adujo como excusa para prescindir de los servicios de sus trabajadores “las grandes pérdidas”, “la falta de desarrollo del objeto social” y “la poca aceptación de los productos” (ver, fls. 13 y 14), y no discutió los derechos laborales reclamados ni tampoco se disculpó de su pago por razones de caso fortuito o fuerza mayor.

Proceden, por ende, conforme al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, los salarios caídos en favor del actor Gustavo Alonso Varón Palacio a razón de $ 16.666.66 diarios (ver, fl. 11) desde el 24 de noviembre de 1992 (extremo temporal que estableció el a quo y no fue objetado). Hasta que le sean cancelados los salarios y prestaciones sociales reconocidos en el fallo de primer grado».

(Sentencia de casación, septiembre 18 de 1995. Radicación 7393. Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez).

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