Sentencia 7396 de noviembre 1º de 1996

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

PÓLIZAS DE SEGUROS

REQUISITOS DE LA CARÁTULA

EXTRACTOS: «Mediante el numeral 1º de la Circular Externa 056 de 1995, el acto acusado, la Superintendencia Bancaria instruyó a las entidades aseguradoras en el sentido de que dichas entidades, a partir del 1º de septiembre de 1995, debían consignar en la carátula de la póliza la información referente a los datos del intermediario involucrado, señalando: clase de intermediario, nombre completo o la razón social, valor a pagarse por el tomador o asegurado, discriminando el total, el valor de la prima sin comisión, el impuesto al valor agregado y la comisión, aspecto éste sobre el cual radica esencialmente la inconformidad de los coadyuvantes, toda vez que a su juicio, la Superintendencia Bancaria carecía de competencia para exigir la inclusión de información especial en las carátulas de las pólizas de seguros.

El contrato de seguro es un contrato solemne y como tal consta en un documento privado, el cual, de conformidad con la ley, no sólo recoge los elementos esenciales del contrato como son el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador a que se refiere el artículo 1045 del Código de Comercio, sino que también permite establecer el origen del contrato, su formación, su evolución, su contenido y su terminación y por ello el artículo 1048 ibídem dispone que también debe expresar la razón o denominación social del asegurador, el nombre del tomador, los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de su identificación si fueren distintos del tomador, la calidad en que actúe el tomador, la identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se contrata el seguro, la vigencia del contrato, con indicación de fechas y horas de iniciación y vencimiento o el modo de terminar unas y otras, la suma asegurada o el modo de precisarla, la prima o el modo de calcularla, la forma de su pago, los riesgos que el asegurador toma a su cargo, la fecha en que se extiende, la firma del asegurador y las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes.

Además, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 45 de 1990, las pólizas deben redactarse de tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado e imprimirse en caracteres fácilmente legibles y los amparos básicos y las exclusiones deben figurar en caracteres destacados, en la primera página de la póliza y según el artículo 82 ibídem en la carátula de la póliza deberá incluirse en caracteres destacados que “la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato”.

Según las normas mencionadas, en relación con el documento en el cual consta el contrato de seguro, se hace referencia al documento en su totalidad o póliza para precisar cuál debe ser su contenido, se mencionan algunos aspectos que deben incluirse en la primera página como son las exclusiones y los amparos básicos y se habla de la carátula de la póliza al exigir que en ella se incluya lo relativo a los efectos de la mora en el pago de la prima.

Para la Sala es claro que la ley establece cuál debe ser el contenido de la póliza y se refiere al documento en su integridad para exigir algunos requisitos y dentro de éstos específicamente los que deben aparecer en la primera página del documento, pero en ninguna norma, ni el Código de Comercio, ni la Ley 45 de 1990, ni el estatuto financiero definen o exigen la carátula como requisito de la póliza, ni como formalidad adicional al documento contentivo del contrato de seguro.

Ante la ausencia de definición legal y de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, carátula, en la acepción que más se aproxima, la número 5, significa “cubierta o portada de un libro o de los estuches de discos, casetes, cintas de video, etc.” lo que indica, en el caso de las pólizas a que se hace referencia, que su carátula no forma parte del documento en el cual consta el contrato de seguro y normalmente se elabora con posterioridad a la celebración del negocio jurídico contenido en la póliza.

Para la Sala la carátula de las pólizas de seguros es un documento voluntario que la costumbre puede haber implantado como una forma de mejor presentación del documento contentivo del contrato, distintivo de cada compañía y tal vez como medio de publicidad, pero que jurídicamente carece de relievancia, a menos que se convirtiera en un instrumento equívoco, o exagerado, que indujera a error a los usuarios, caso en el cual podría intervenir la Superintendencia Bancaria.

De acuerdo con lo anterior, considera la Sala que no es posible, al instruir sobre el contenido de las pólizas, que la Superintendencia Bancaria regule y establezca requisitos para las carátulas, cuando éstas no constituyen una exigencia legal. Y por lo demás, si la póliza está estrictamente regulada por la ley, como formalidad ad solemnitatem, ésta puede ser objeto de instrucciones por parte de la Superintendencia Bancaria, pero dicha facultad de dar instrucciones no puede extenderse a un documento que es voluntario y jurídicamente no forma parte de la póliza de seguros.

Es cierto que según el transcrito artículo 184 del estatuto orgánico del sistema financiero el contenido de las pólizas debe ajustarse a las normas que regulan el contrato de seguro, al estatuto orgánico del sistema financiero y a las demás normas imperativas que resulten aplicables, pero entre éstas no pueden considerarse incluidas las circulares mediante las cuales la Superintendencia Bancaria instruye a las entidades sometidas a su vigilancia, salvo cuando éstas contengan disposiciones imperativas de ley.

De la normatividad contenida en el estatuto orgánico del sistema financiero, que fue invocada como motivación por la Superintendencia Bancaria para expedir la circular demandada y a la cual se hizo referencia al comienzo de estas consideraciones, se establece que: las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen (art. 97, num. 1º); que la Superintendencia Bancaria debe proteger la libertad de tomadores y asegurados para decidir la contratación de los seguros y escoger sin limitaciones, a la aseguradora y al intermediario (art. 100, num. 2º, párrafo 2º); que el contenido de las pólizas debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro al estatuto, y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables (art. 184, num. 2º, lit. a)), y que la Superintendencia Bancaria dentro de sus objetivos debe, entre otros, asegurar la confianza pública en el sector financiero y velar porque las instituciones financieras que lo integran mantengan permanente solidez y liquidez, así como velar por la adecuada prestación del servicio financiero exigiendo el cumplimiento de las normas que lo rigen, y procurando especial atención a las prelaciones que trace el Gobierno Nacional, a través de la autoridad correspondiente, para el manejo de la política monetaria, crediticia, financiera y de cambio exterior (art. 325, num. 1º, lits. a), c) y e), respectivamente), pero todas esas facultades se deben ejercer siempre dentro del ámbito de sus competencias de policía administrativa enmarcadas por el principio de legalidad.

Si, por una parte la carátula no es obligatoria para cubrir las pólizas de seguros, por cuanto no hay norma que así lo disponga y si por otra parte no existe norma imperativa que exija que en la carátula de las pólizas debe incluirse la comisión de los intermediarios, de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, considera la Sala que la Superintendencia Bancaria no tenía facultades para establecer las exigencias cuestionadas.

Por lo demás, y en relación con la exigencia de incluir la comisión de los intermediarios, la Superintendencia Bancaria también invocó como fundamento de la circular acusada los artículos 1045 numeral 2º y 1047 numeral 8º del Código de Comercio, los cuales prevén que la prima o precio del seguro constituye uno de los elementos esenciales del contrato de seguro, y que además de las condiciones generales del contrato, la póliza de seguro debe expresar la prima o el modo de calcularla y la forma de su pago.

En este aspecto la Sala observa que la prima como valor del seguro no contiene el valor de la comisión de los intermediarios y por lo tanto tampoco puede considerarse que cuando en la circular demandada se exige que se incluya la comisión, se está instruyendo sobre el requisito de carácter legal de que en la póliza debe constar la prima.

En efecto, si bien es cierto que la prima es el valor mismo del contrato de seguro, y a ella hay que agregarle aquellos aspectos que como la promoción, colocación, administración, tributación y otras erogaciones que se conocen como los recargos y que sumados a la prima pura dan lugar a la denominada prima comercial, entre dichos recargos no es posible considerar las comisiones toda vez que éstas son un elemento de otro contrato celebrado entre la compañía aseguradora y los intermediarios.

Los anteriores aspectos indican que la Superintendencia Bancaria no tenía competencia para establecer requisitos de las carátulas de las pólizas de seguros y entre ellos el de la comisión de los intermediarios lo cual resulta suficiente para dar prosperidad a las peticiones de las demandas, sin que sea necesario el análisis de los demás cargos propuestos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Anúlase el numeral primero, inciso 1º de la Circular Externa 56 de 1995, expedida por la Superintendencia Bancaria el cual dice textualmente:

“1. En el sentido señalado en el literal a) del numeral 2º del artículo 184 del estatuto orgánico del sistema financiero, a partir del 1º de septiembre de 1995, las entidades aseguradoras consignarán en la carátula de la póliza los datos relacionados con el intermediario involucrado, señalando: clase de intermediario, esto es, si se trata de agente, agencia o corredor; el nombre completo o la razón social de intermediario o intermediarios que intervienen; y, el valor a pagarse por el tomador o asegurado, discriminando el total, el valor de la prima sin comisión, el impuesto al valor agregado, IVA, y la comisión (...)”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y archívese, cúmplase».

(Sentencia de noviembre 1º de 1996. Expediente 7396. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

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