Sentencia 741 de noviembre 28 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: AP-4100123310002002001001, nov. 28/2002

M.P. Alier E. Hernández Enríquez

Número interno: 741

Actor: Isidro Nieto Soto

Demandado: Electrificadora del Huila S.A. ESP.

Resuelve la Sala la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 30 de julio de 2002, en la que se decidió:

“Primero: Proteger el Derecho colectivo a la seguridad pública (L. 472/98, art. 4º, lit. 9), el cual se halla amenazado por la Electrificadora del Huila S.A. ESP en cuanto al daño contingente que se deriva de la existencia de postes que sostienen los cables de conducción de la energía eléctrica, que por su deterioro pueden caerse, ubicados en la vereda Patía del municipio de Baraya, conforme lo motivado y respecto a la demanda presentada por el señor Isidro Nieto Soto.

Segundo: Como consecuencia se ordena a la Electrificadora del Huila S.A. ESP realice los trabajos de reposición de los postes de la Vereda Patía del municipio de Baraya, lo cual debe iniciar dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia, si aún no lo ha efectuado.

Tercero: Nombrar a la personería del municipio de Baraya para que verifique el cumplimiento de lo ordenado. Para al fin se le enviará copia del presente fallo y quien comunicará sobre su cumplimiento.

Cuarto: Fijar en favor del demandante, Isidro Nieto Soto, el derecho a recibir como incentivo el valor de diez (10) salarios mínimos legales mensuales actualmente vigentes, esto es, tres millones noventa mil pesos ($ 3.090.000) m/cte. los cuales deberán ser cancelados por la demandada Electrificadora del Huila ESP dentro del término de sesenta días (60) a partir de la ejecutoria del presente fallo”.

Antecedentes

La demanda.

El 29 de enero de 2002, el señor Isidro Nieto Soto, por medio de apoderado, interpuso acción popular solicitando la protección de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, específicamente en relación con la prestación del servicio público de energía eléctrica (fl. 1).

Manifestó que la Electrificadora del Huila presta el servicio público de energía en la Vereda El Patía, municipio de Baraya, y que, en diferentes sitios de la vereda mencionada, se encuentran ubicados postes de la luz en muy mal estado, que amenazan caer sobre las viviendas cercanas ocasionando graves perjuicios.

Agregó que, en algunos sectores, la electrificadora instaló postes de cemento sin que aún se haya realizado la conexión de la red eléctrica por lo que, los antiguos postes instalados, también amenazan caer sobre las personas y animales que se encuentren cerca.

Adujo que, a pesar de haber solicitado a la electrificadora el cambio de los postes en mal estado y la realización de la conexión del alambrado donde ya se encuentran instalados postes de cemento, la empresa sólo ha contestado con evasivas, postergando una solución concreta.

Conforme a lo anterior, solicitó ordenar a la Electrificadora del Huila, cambie los postes que se encuentran dañados y realice la nueva conexión en los lugares donde ya se instalaron postes de cemento. Adicionalmente, solicitó al juez tomar las medidas cautelares necesarias para evitar el perjuicio irremediable que puede ocasionar la caída de los postes y redes en mal estado.

Contestación de la demanda.

El 4 de marzo de 2002, la Electrificadora del Huila contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones (fl. 55).

Argumentó que, en cumplimiento de los deberes que le impone la ley, ha creado programas de reposición para el departamento del Huila pero, afirmó, no ha podido cambiar todos los postes necesarios por falta de presupuesto. Al respecto manifestó:

“Como consecuencia de la anterior, se tiene que efectivamente la Electrificadora del Huila S.A. ESP ha instalado postes, pero no se puede reponer toda la postería de una vez como así lo desea el usuario, debido a que no existen postes suficientes, por la sencilla razón que no se cuenta con suficiente presupuesto para ello, pero es de aclarar que cuando se cuente con dicho elemento, se procederá a la reposición, pero dentro de una programación que para tal efecto elabore el jefe de la respectiva zona, para el caso concreto la zona norte.

(...).

Quiero insistir una vez más que los trabajos se llevan a cabo de acuerdo a la programación que para tal efecto realizan los ingenieros jefes de zonas de acuerdo a las necesidades que se presenten en las comunidades y que éstas se pueden alterar sólo cuando las necesidades del servicio así lo indique por razones de fuerza mayor o caso fortuito y no por omisión o negligencia como lo quiere hacer ver el accionante”.

Audiencia de pacto de cumplimiento.

El 29 de abril de 2002, se celebró audiencia de pacto de cumplimiento. A pesar de la concurrencia de las partes, la audiencia se declaró fallida pues no se llegó a acuerdo alguno (fl. 94).

Medida cautelar.

El 27 de junio de 2002, el tribunal decidió decretar la medida cautelar solicitada por el actor (fl. 97).

Manifestó que ante el inminente peligro al que se encuentran expuestos los habitantes de la vereda El Patía, resulta necesario decretar la medida cautelar solicitada en la demanda. Al respecto afirmó:

“Librar oficio al señor gerente de la Electrificada del Huila ESP para que en el término de diez (10) días siguientes al recibo del mismo, realice las labores necesarias para efectuar la reposición y mantenimiento de postes que sostienen las redes eléctricas así como el mantenimiento de las mismas redes, ubicadas en las fincas “El Refugio” —de propiedad de la señora Rosalba Castro—, “Potrero Alto” —de Delfín Losada— “El Granizo” —de Jesús Herrera—, “El Hato” —de Nafer Andrade—, “El Cruce deI Patía” —de las familias de Jairo García y Reinaldo Ramírez, la finca de Teódulo Cleves— donde las redes eléctricas se encuentran a muy baja altura: “La Florida” de Ismael Díaz y la finca de Isidro Nieto, predios ubicados en la vereda Patía Baja y Patía del municipio de Baraya”.

Alegatos de conclusión.

La parte demandante.

El 16 de julio de 2002, la parte actora presentó alegatos de conclusión (fl. 116).

Manifestó que es obligación del Estado garantizar que los servicios públicos sean prestados de manera eficiente y continua, y que, por lo tanto, en este caso deben responder a las necesidades sociales de la región del Patía. Agregó que, en el caso de vereda El Patía, con la inspección judicial se demostró que existe un sinnúmero de postes de energía que se encuentran en mal estado y que pueden causar graves perjuicios a la comunidad.

Por lo anterior, solicitó ordenar a la electrificadora realizar las obras necesarias para evitar que los postes causen un perjuicio irremediable.

La parte demandada.

El 16 de julio de 2002, la entidad demandada presentó alegatos de conclusión (fl. 121).

Reiteró que, desde 1999, la empresa ha ejecutado labores, en la vereda El Patía, encaminadas a cambiar los postes de la luz que se encuentran en mal estado. Adicionalmente, pidió tener en cuenta que el municipio de Baraya no es el único que requiere trabajos de mantenimiento y prevención, por lo que los trabajos requeridos se realizan de acuerdo con la programación establecida por la empresa.

Por otra parte, afirmó que el plazo de 10 días establecido por el tribunal, en la medida cautelar, para realizar las obras no son suficientes, pues para su ejecución requiere gran despliegue técnico y presupuestal. Por último concluyó:

Por lo tanto el honorable magistrado respetuosamente solicitó que al momento de proferir el fallo que en derecho corresponda, se desestimen las pretensiones, por cuanto se ha demostrado que la Electrificadora del Huila S.A. ESP ha realizado trabajos en dicha zona y que sino (sic) los a (sic) terminado es precisamente a (sic) la necesidad de darle cobertura a todo el departamento, porque también existen otras comunidades que han solicitado labores de la empresa y a las cuales hay que atender en virtud del principio de igualdad y neutralidad ya referenciado”.

El fallo apelado.

Mediante sentencia del 30 de julio de 2002, el Tribunal Administrativo del Huila accedió a algunas de las pretensiones de la demanda (fI. 121).

Manifestó que, conforme a la inspección judicial realizada y a las fotos aportadas por el actor con la demanda, es posible establecer que en la vereda El Patía “se viene presentando un peligro inminente por la existencia en mal estado de conservación de los postes que sostienen las redes eléctricas que conducen la energía a tales edificaciones”.

Adujo que la acción es procedente ante “la evidente posibilidad de que se produzca la caída de los postes que sostienen las redes eléctricas sobre los predios relacionados, lo que generaría no solamente daños en el servicio de energía eléctrica sino en las viviendas y aun en la integridad de las personas”. Agregó que la Electrificadora del Huila, entidad que presta el servicio público domiciliario de energía eléctrica, es la encargada de proveer los medios necesarios para que dicho servicio se preste a los usuarios de manera segura.

Por último, manifestó que en el proceso no se encuentra prueba idónea para demostrar que la prestación del servicio para la zona no es eficiente y suficiente, por lo que no es procedente analizar la vulneración del derecho colectivo por la razón mencionada.

La impugnación.

Parte demandada.

En escrito presentado el 8 de agosto de 2002, la parte demandada impugnó el fallo de primera instancia (fl. 139).

Manifestó que el a quo tomó la decisión teniendo en cuenta únicamente la inspección judicial. Adujo que la prueba mencionada no resulta suficiente para condenar a la entidad demandada, pues el juez no contó con la asesoría técnica que a su juicio requería y se limitó a realizar manifestaciones subjetivas del estado en que se encontraban los postes y las redes de energía.

Agregó que la Electrificadora del Huila, como empresa prestadora de servicios públicos, es de naturaleza jurídica privada por lo que, en su caso, la competencia para conocer de las acciones populares iniciadas en su contra es de la jurisdicción ordinaria. Este hecho, en su parecer, genera una nulidad insaneable que debe ser decretada por el juez de segunda instancia.

Por último, afirmó que el a quo no atendió la solicitud presentada en el sentido de prorrogar el término para dar cumplimiento a la medida cautelar.

Parte demandante.

El 13 de agosto de 2002, el apoderado de la parte actora presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la providencia de primera instancia (fl. 141).

Solicitó condenar en costas y agencias en derecho a la empresa demandada, pues, la misma, tuvo una actitud omisiva en cuanto a sus obligaciones legales y dilatoria en el trámite del proceso.

Consideraciones de la Sala

La Ley 472 de 1998 establece los siguientes requisitos para la procedencia de la acción popular:

1. Que exista un interés colectivo que se encuentre amenazado, en peligro o vulnerado por una acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.

2. Que la acción se promueva durante el tiempo en que subsista la amenaza o peligro al derecho y/o interés colectivo.

3. Que la acción se dirija contra el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza o viola el interés colectivo.

Este requisito supone que tal acción u omisión sea probada por el actor, o que del expediente sea posible deducir de qué acción u omisión se trata, pues de lo contrario, el juez de la acción popular no podrá impartir mandamiento alguno en la sentencia.

Jurisdicción competente.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 472 de 1998, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos que se inicien con ocasión del ejercicio de las acciones populares originadas en actos, acciones, u omisiones de:

— Entidades públicas.

— Personas privadas que desempeñen funciones administrativas.

En el presente caso, la acción popular se presentó contra la Electrificadora del Huila S.A. ESP. Esta empresa es una sociedad anónima del orden nacional, adscrita al Ministerio de Minas y Energía y sometida al régimen previsto para las empresas de servicios públicos mixtas, pues la Nación tiene una participación del 83.02% en el capital accionario de la empresa (1) . Conforme al artículo 32 de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos mixtas se rigen por el derecho privado, sin embargo, en el caso de las acciones populares, las demandas presentadas en su contra serán de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues la misma debe considerarse una entidad pública, en virtud de la participación de la Nación, la función que desempeña y su lugar en la estructura del Estado.

(1) Departamento de Planeación Nacional, documento Conpes de excedentes financieros 2000.

Algunos doctrinantes opinan que las entidades públicas “son aquellas de origen estatal y cuyo capital también es estatal o público, sin que el régimen jurídico aplicable sea necesariamente el derecho público, a pesar de que ésta sea la regla general” (2) . De tal manera que la determinación del carácter público de una entidad depende de varios criterios, tales como el de la creación estatal —es la creada por uno o varios Estados—, el criterio económico —es la que cuenta con patrimonio público y recibe fondos legal o normativamente asignados—, el criterio de control —está sometida a vigilancia administrativa— y el criterio de responsabilidad del Estado (3) . En el mismo sentido, la doctrina nacional (4) ha considerado que, en resumen, la definición de ente público se determina por la “suma de factores que permiten clasificar a una persona determinada”, dentro de los cuales están los criterios de creación, forma de adhesión o vinculación a ellas, fines asignados y actividad cumplida, medios utilizados y prerrogativas.

(2) Rodríguez R. Libardo. Derecho Administrativo General. Editorial Temis. Novena Edición. (Bogotá - 1996), pág. 38.

(3) Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. Editorial Ciudad séptima edición. (Argentina. Buenos Aires – 1998), págs. 536 y ss.

(4) Tafur Galvis, Álvaro. Las Entidades Descentralizadas. Editorial Temis. Tercera Edición. (Bogotá – 1984), pág. 44 y ss.

Para mayor claridad sobre la naturaleza de la entidad demandada (5) , se debe tener en cuenta que, conforme al artículo 39 de la Ley 489 de 1998, la administración pública está integrada “por entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano”. En este sentido, también vale la pena señalar que, conforme al artículo 39 citado, “los organismos y entidades adscritos o vinculados a un ministerio o un departamento administrativo que gocen de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente conforman el sector descentralizado de la administración pública nacional”.

(5) Es preciso señalar que el objeto principal de la empresa Electrohuila es la prestación del servicio público de energía eléctrica, mediante las actividades de generación y distribución de energía, Departamento de Planeación Nacional, documento Conpes de excedentes financieros 2000.

En el caso concreto, se observa que la Electrificadora del Huila es una empresa de servicios públicos mixta, adscrita al Ministerio de Minas y Energía cuyo capital se conforma, en un 83.02%, con recursos de la Nación; por ello, es claro que, conforme al artículo 15 de la Ley 472 de 1998, de las acciones populares que se ejerciten en su contra, debe conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que para tal conclusión sea relevante, por todo cuanto se ha dicho, que su régimen jurídico sea de derecho privado.

Los derechos colectivos comprometidos en este caso.

La parte actora invocó como derechos colectivos vulnerados los consagrados en los literales g), h) y j) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, es decir, los derechos a la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

La Sala se referirá, de manera breve, a cada uno de los derechos colectivos señalados, con el fin de determinar si, en el caso concreto, se presenta vulneración alguna.

Derechos a la seguridad y a la salubridad públicas.

En diferentes ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha afirmado:

“Las restricciones a las libertades ciudadanas encuentran fundamento en el concepto de orden público, entendiendo por tal, las condiciones mínimas de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que deben existir en el seno de la comunidad para garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad. Para que estas condiciones mínimas se cumplan es necesario, por parte del Estado, a través de las respectivas autoridades, adelantar una labor preventiva que las haga efectivas: la seguridad, con la prevención permanente de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas; la tranquilidad, con la prevención de los desórdenes en general ya se traté de lugares públicos o privados: la salubridad, con la prevención de factores patológicos que pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad física de los ciudadanos; la moralidad, con la prevención de manifestaciones externas de conducta que no se ajusten a ciertos principios mínimos de respeto entre las personas y que, en algunos casos, se encuentran expresamente prohibidas por la ley” (6) (resalta la Sala).

(6) Corte Constitucional, Sentencia T-066 de 1995.

En relación con su protección la Corte Constitucional ha afirmado que, por tratarse de derechos colectivos, la misma corresponde a las acciones populares (7) . De esta manera, se puede concluir que la salubridad y seguridad públicas son derechos colectivos y, por tanto, se deben proteger a través de las acciones populares. Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos.

El derecho al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

(7) Corte Constitucional, Ibídem.

En relación con este derecho se ha afirmado que: “implica sólo la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los centros y servicios de salud, tanto preventivos como de rehabilitación mediante una red hospitalaria y centros de atención” (8). Sin embargo, la Sala considera que este derecho no puede restringirse a la infraestructura en salud propiamente dicha. En efecto, la norma se encuentra redactada de manera general por lo que, con la misma, se pretende asegurar que la infraestructura de servicios, cualquiera de ellos, garantice la salubridad pública.

(8) Camargo, Pedro Pablo. “Las acciones populares y de grupo”. Grupo Editorial Leyer, Bogotá – 2000), pág. 139.

Así las cosas y a manera de ejemplo, podría pensarse que se vulnera este derecho cuando no existe una infraestructura que garantice la salubridad sino que, por el contrario, atente contra la misma. De manera general, se puede entonces afirmar que se vulnera este derecho cuando la infraestructura con la que se presta cualquier servicio puede afectar, de manera negativa, la salud de los ciudadanos.

Derecho al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

De acuerdo con el artículo 365 de la Constitución, es finalidad y obligación del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, los cuales podrá prestar de manera directa o a través de sus agentes, pero conservando el control y vigilancia sobre ellos. En este mismo sentido, los artículos 2º y 3º de la Ley 142 de 1994, 3º y 4º de la Ley 143 de 1994 señalan que al Estado, a través de los diversos agentes públicos y privados que presten el servicio, le corresponde alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país que, a su vez, deberán ser eficientes y oportunos.

Se debe resaltar que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la importancia que tiene la prestación de los servicios públicos, de la siguiente manera:

“La finalidad social del Estado colombiano adquiere plena vigencia mediante la prestación de los servicios públicos que son inherentes a ella, para asegurar en forma eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, la prosperidad general, la convivencia pacífica y el servicio a la comunidad, en forma adecuada y permanente, permitiendo además la realización de los derechos fundamentales de las personas, y el mejoramiento de la calidad de vida de la población (C.P., arts. 2º, 365 y 366)” (9) .

(9) Ver, Corte Constitucional, Sentencia T-380 de 1994.

Se entiende la eficiencia y oportunidad con la que deben ser prestados los servicios públicos, si se tiene en cuenta que la prestación de los mismos es una finalidad inherente al Estado y que, a través de ellos, se propende por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Así mismo, es importante señalar que la prestación de los servicios debe responder a criterios de calidad del servicio que, conforme al artículo 367 de la Constitución, deben ser señalados por la ley.

Específicamente, en relación con el servicio público de energía, la Ley 143 de 1994 establece lo siguiente:

“ART. 4º—El Estado, en relación con el servicio de electricidad tendrá los siguientes objetivos en el cumplimiento de sus funciones:

a) Abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país;

b) Asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector;

c) Mantener y operar sus instalaciones preservando la integridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente y manteniendo los niveles de calidad y seguridad establecidos.

PAR.—Si los diversos agentes económicos desean participar en las actividades de electricidad, deben sujetarse al cumplimiento de los anteriores objetivos.

“ART. 6º—Las actividades relacionadas con el servicio de electricidad se regirán por principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad.

El principio de eficiencia obliga a la correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico.

En virtud del principio de calidad, el servicio prestado debe cumplir los requisitos técnicos que se establezcan para él.

El principio de continuidad implica que el servicio se deberá prestar aun en casos de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las empresas responsables del mismo, sin interrupciones diferentes a las programadas por razones técnicas, fuerza mayor, caso fortuito, o por las sanciones impuestas al usuario por el incumplimiento de sus obligaciones.

El principio de adaptabilidad conduce a la incorporación de los avances de la ciencia y de la tecnología que aporten mayor calidad y eficiencia en la prestación del servicio al menor costo económico.

El principio de neutralidad exige, dentro de las mismas condiciones, un tratamiento igual para los usuarios, sin discriminaciones diferentes a las derivadas de su condición social o de las condiciones y características técnicas de la prestación del servicio,

Por solidaridad y redistribución del ingreso se entiende que al diseñar el régimen tarifario se tendrá en cuenta el establecimiento de unos factores para que los sectores de consumo de mayores ingresos ayuden a que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los consumos de electricidad que cubran sus necesidades básicas.

Por el principio de equidad el Estado propenderá por alcanzar una cobertura equilibrada y adecuada en los servicios de energía en las diferentes regiones y sectores del país, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población”.

Conforme a lo anterior, es claro que el derecho consagrado en el literal j) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, que se refiere al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, implica el cumplimiento de los principios de eficiencia, calidad y oportunidad que debe respetar la prestación de los servicios y, en el caso de la energía eléctrica, adquieren especial importancia el principio de calidad, así como los requisitos de seguridad que deben concurrir en la prestación del mismo.

Responsabilidad por vulneración de los derechos colectivos en el caso concreto.

En este caso el a quo consideró que con la inspección judicial realizada se demostró el peligro inminente al que estaban sometidos los habitantes de la vereda El Patía ante el mal estado de los postes que sostienen las redes eléctricas. En la impugnación, la entidad demandada sostuvo que la prueba mencionada no resultaba idónea para determinar dicho peligro, pues la misma no contó con el análisis técnico que, a su juicio, era necesario.

La Sala debe recordar que el objeto de la inspección judicial es, conforme al artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, la verificación de hechos materia del proceso; por ello, en esta clase de prueba el juez debe dejar constancia de las circunstancias de hecho que objetivamente pueda apreciar. En relación con el valor probatorio que tiene la inspección no debe olvidarse que éste debe ser determinado por el juez conforme a las reglas de la sana crítica, artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta que “la inspección es el medio idóneo para probar los hechos susceptibles de percepción directa por el juez”. En relación con el valor probatorio de este medio, la doctrina ha afirmado:

“Es decir, debe dársele fe a la relación que el juez hace en el acta y a su capacidad de percepción y apreciación, de los hechos y cosas examinadas por él. Es por ese motivo la prueba directa por excelencia y la que mejor lleva al juez la certeza, por su percepción inmediata de los hechos” (10) .

(10) Devis Echandía, Hernando. “Compendio de Derecho Procesal”, Tomo II. Pruebas judiciales. Editorial ABC. (Bogotá – 1982), pág. 395.

En este caso, se observa que la comprobación realizada por el juez que realizó la inspección permite, de manera clara y contundente, advertir el peligro al que se encuentran expuestos los habitantes de la vereda señalada. En efecto, en la diligencia realizada se consignó, entre otras, la siguiente descripción:

“(...) se nos informa de la existencia también de 3 postas (sic) a punto de caersen (sic), lo cual efectivamente se constata por el despacho. Se deja constancia que uno de los postes ubicado a una distancia de 10 metros del lugar de la habitación del señor Jesús Herrera. se encuentra sostenido por un templete de alambre de púas viejo amarrado a un árbol, obras que realizaron los moradores del lugar.

(...).

A continuación nos trasladamos a la finca de Teódulo Cleves, en la cual hallamos la necesidad que se requiere de hacer los pases de la red que se encuentra en un posta (sic) de madera a un posta (sic) de cemento el cual ya está ubicado en el lugar, por cuanto se aprecia que las redes eléctricas están a muy baja altura aproximadamente a un metro con 50 centímetros (1.50 cms) de la tierra.

(...).

Distante de este lugar aproximadamente 200 metros, observamos un posta de alta tensión en madera con una abertura en la parte superior donde está soportada la cuerda central”.

Conforme a los apartes de la inspección judicial trascritos, es evidente que no se requería de concepto técnico alguno para demostrar el mal estado en el que se encontraban los postes, la gran posibilidad de que éstos se cayeran y el peligro que esta situación implica para la población que vive en las zonas aledañas. Por otra parte, no sobra recordar que, conforme al artículo 246 del Código de Procedimiento Civil, la entidad demandada tuvo la oportunidad de manifestar su inconformidad con la prueba practicada, derecho que no ejerció en su momento oportuno.

Conclusión

Conforme a lo expuesto, la Sala considera que debe confirmarse la decisión proferida por el a quo, pues con la actitud omisiva de la Electrificadora del Huila, en relación con el mantenimiento y reparación de los postes que sostienen las redes eléctricas, se violan los principios de calidad y seguridad que deben gobernar la prestación del servicio.

Con la actuación señalada también se vulnera el derecho a la seguridad pública, en el entendido de que el mal estado de los postes de la luz puede causar un accidente que ponga en peligro la vida y la integridad de los habitantes que residen donde se encuentran instalados los postes; así mismo, se vulnera el derecho al acceso o los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, pues como se expuso, este derecho debe tener en cuenta la calidad con la que se presta el servicio y, en el caso concreto, la empresa demandada no ha garantizado la calidad y seguridad en la prestación del servicio.

Condena en costas

En la impugnación el actor solicita condenar en costas a la entidad demandada por cuanto, a su juicio, es clara su conducta omisiva y, en el trámite del proceso, asumió una actitud dilatoria. La Sala considera que no es procedente la solicitud del actor por las razones que expondrá a continuación.

En relación con las costas, el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 establece lo siguiente:

“ART. 38.—Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar”.

Conforme a la norma trascrita se observa que para condenar en costas o para imponer, a cualquiera de las partes, multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, es necesario que las partes hayan actuado de mala fe, actuación que no se observa en el presente proceso.

En efecto, a lo largo del proceso, la entidad demandada ejerció su derecho a la defensa presentando los escritos y aportando las pruebas que consideró necesarias para ello pero, en ninguna de estas actuaciones, observa la Sala que haya intentado engañar al juez o manipular la información. Por esa razón, no es procedente la solicitud de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 30 de julio de 2002.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Ricardo Hoyos Duque, Presidente de la Sala—Alier E. Hernández Enríquez—Jesús M. Carrillo Ballesteros—María Helena Giraldo Gómez—Germán Rodríguez Villamizar.

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