Sentencia 7420 de julio 7 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

OBEDIENCIA DEL TRABAJADOR

NO ES UN DEBER ABSOLUTO

EXTRACTOS: «Conviene precisar, como consecuencia de lo atrás visto, que si bien en desarrollo de la subordinación propia de toda relación laboral, es deber de los trabajadores el acatar las órdenes e instrucciones que le impartan sus superiores jerárquicos dentro del marco obligacional del contrato, por ser el empleador quien en principio asume los riesgos, no es menos cierto que ese postulado debe acomodarse al sentido común, al conjunto de tales obligaciones y especialmente al deber de colaboración que le incumbe a las partes en todo vínculo jurídico.

Por lo anterior, el deber de obediencia no es absoluto o ilímite, por lo que es errado entender como subordinación del trabajador, la llamada terca obediencia, que le imponga al prestador del servicio la obligación de acatar de manera ciega o autómata, con una obstinación irracional, toda orden de cualquier superior jerárquico, como si se tratara de un robot; pues la ley concibe al trabajador en toda su dignidad ontológica, como sujeto capaz de discernir y de razonar. De suerte que al empleado le asiste el derecho de rehusar las órdenes que lo induzcan a cometer hechos punibles, o que sean ilícitas o irreglamentarias, o que claramente pongan en peligro su integridad física o que manifiestamente puedan ocasionar daños al empresario, pues en tales casos en rigor —frente a la ley— no se configura un desobedecimiento, sino el ejercicio de un derecho, pero ante todo del cabal cumplimiento de sus deberes legales de colaboración y lealtad.

En tal virtud, la obligación especial de cumplimiento de órdenes estatuida en el numeral primero del artículo 58 del código, en manera alguna excluye las de “comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes para evitarle daños y perjuicios” y “prestar la colaboración posible en caso de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa o establecimiento”, consagradas en los numerales 5º y 6º ibídem.

Dicho deber de colaboración, como lo anota Ernesto Krotoschin, existe en todas las relaciones jurídicas y “obliga a cada una de esas personas a omitir todo lo que sea perjudicial a la otra y al objeto de la colaboración, y, además, positivamente, a procurar el logro de este objeto”. Y más específicamente en lo que atañe al caso bajo examen agrega el prenombrado autor:

“Estas obligaciones del trabajador, a falta de convenio expreso, se fundan en el deber genérico de colaboración y en el especial de fidelidad. Pero el trabajador tiene también otras obligaciones que derivan de este deber. Ej: debe avisar al patrono —o al representante de éste— cualquier inconveniente que impida la ejecución normal del trabajo (desperfectos en las máquinas, otras instalaciones, materias primas, etc.); debe tener cuidado con los elementos del trabajo (LCT, art. 86, par. 2º), no inducir a otros trabajadores a cometer negligencias, no difundir noticias desfavorables sobre la empresa o el empleador (a menos que un deber superior justifique una actitud contraria, p. ej., en caso de graves irregularidades), etc. El contenido del deber de fidelidad se determina en gran parte también por la posición que el trabajador ocupa en la empresa. Cuanto más alta o importante es la categoría o la función “o la índole de la tareas”, mayor es también el grado de fidelidad. Sobre todo, el personal de dirección o de vigilancia tiene deberes más amplios al respecto que el personal común”. (Tratado práctico de derecho del trabajo. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 4ª edición).

Concuerda con todo lo dicho lo expresado sobre el asunto bajo examen por esta Sala de la Corte Suprema de Justicia:

“El deber de lealtad o de obediencia, como expresión de una dependencia jurídico-personal, no exige que el trabajador esté siempre y en todo de acuerdo con sus superiores. Éstos se pueden equivocar, como humanos que son, y es deber del inferior llamar la atención en tales casos. La dignidad del trabajador le impide alquilar su conciencia y renunciar a su personalidad propia, mientras que de otra parte el sentido finalista que justifica toda autoridad, para que no sea despótico —incluyendo lógicamente la autoridad patronal— debe tener en cuenta el bien común del grupo humano de que se trate, que en el caso que se estudia es el interés de la empresa como comunidad de trabajo”. (CSJ, cas. Laboral. Sentencia de septiembre 21 de 1982)».

(Sentencia de casación, julio 7 de 1995. Radicación 7420. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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