Sentencia 7428 de mayo 6 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 7428

Actor: Jhon Jairo Mejía y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional

Consejero Ponente:

Dr. Julio Cesar Uribe Acosta

Santa Fe Bogotá D.C., seis de mayo de mil novecientos noventa y tres.

I

Agotada la tramitación procesal de ley, sin que se observe causal de nulidad que vicie la actuación, procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por el procurador judicial de la parte actora, contra la sentencia calendada el día veinticinco (25) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que en su parte resolutiva DISPUSO:

“1. Se declara administrativamente responsable a la Nación Ministerio de Defensa, de las lesiones sufridas por John Jairo Meneses Mejía en accidente de tránsito ocurrido el 18 de noviembre de 1990 en el municipio de Pueblo Rico (Rda.).

“2. En consecuencia se condena en concreto a la Nación Ministerio de Defensa a pagar por concepto de perjuicios morales a John Jairo Meneses Mejía con cédula 15.522.091, el equivalente a mil (1.000) gramos de oro; Miriam Mejía de Meneses con cédula 21.554.672, José María Meneses Arboleda con cédula 767.723, Clara Isabel Jaramillo con cédula 21.461.560, al menor John Alejandro Meneses Jaramillo representado por sus padres John Jairo Meneses Mejía y Clara Isabel Jaramillo, el equivalente a quinientos (500) gramos de oro a cada uno;

Carlos Alfonso Meneses Mejía cédula 15.524.789, Jesús Alberto Meneses Mejía cédula 15.526.805, Arley de Jesús Meneses Mejía cédula 15.528.739 y José Félix Meneses Mejía cédula 70.514.793, el equivalente a doscientos cincuenta (250) gramos de oro cada uno.

“Los valores de las condenas se determinarán por el valor del oro a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, valor que certifique el Banco de la República. Las sumas así determinadas devengarán intereses comerciales durante seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia y de ahí en adelante devengarán intereses moratorias.

“3. En consecuencia se condena en abstracto a la Nación Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar por concepto de perjuicios materiales a John Jairo Meneses Mejía con cédula 15.522.091, para que su liquidación se haga conforme al artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, siguiendo para ello las pautas señaladas en la parte motiva. Las sumas así determinadas devengarán hasta su pago, intereses comerciales durante seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia y de ahí en adelante devengarán intereses moratorias.

“4. A la presente sentencia se le dará cumplimiento dentro del término señalado en el artículo 176 Código Contencioso Administrativo. Para su efectividad se enviará copia al representante del Ministerio Público (CCA, art. 177).

“5. Si no fuere apelada esta sentencia por la parte demandada (sic), una vez vencido el término de ejecutoria envíese en Consulta al Honorable Consejo de Estado” (fls. 144 - 146, c. l).

Para la mejor comprensión jurídica de todas las circunstancias legales, generales y particulares del caso, se transcribe a continuación lo pertinente del fallo, en el cual se razona judicialmente dentro del siguiente temperamento:

“1. John Jairo Meneses Mejía y otros presentaron demanda de reparación directa contra la Nación Ministerio de Defensa, con las pretensiones acumuladas de obtener indemnización de los perjuicios que alegan se les causó con hechos ocurridos el 18 de noviembre de 1990, en área rural de Pueblo Rico (Rda.), al accidentarse el camión TM-0652 conducido en ese momento por un oficial del Ejército Nacional, accidente en el cual resultara lesionado John Jairo Meneses Mejía.

“Los demandantes son: John Jairo Meneses Mejía y Clara Isabel Jaramillo quienes obran a nombre propio y en representación del menor Alejandro Meneses Jaramillo; José María Meses Arboleda, Miriam Mejía de Meneses; Carlos Alfonso, Jesús Alberto, Arley de Jesús y José Félix Meneses Mejía.

El petitum lo integran estas pretensiones:

“Que se declare a la Nación Ministerio de Defensa, administrativamente responsable de las lesiones e incapacidad sufridas por John Jairo Meneses el 18 de noviembre de 1990 y los perjuicios con ellos ocasionados a los demandantes.

“Que en consecuencia se condene a la Nación Ministerio de Defensa, a pagar los perjuicios materiales ocasionados a John Jairo Meneses Mejía, por concepto de daño emergente futuro por los gastos que deba realizar para conservar su estado de salud, servicios de un fisiatra, medicamentos que deba consumir, servicios durante el término de supervivencia del lesionado, de una persona experta en el manejo de este tipo de enfermos, servicios de un siquiatra. Por concepto de lucro cesante por la pérdida total de su incapacidad (sic) laboral. Por de perjuicios fisiológicos. Que a falta de prueba del valor de los perjuicios materiales se fijen en el equivalente a 4.000 gramos de oro.

“Que en consecuencia se condene a la Nación Ministerio de Defensa, a pagar a cada uno de los demandantes el valor de 1000 gramos de oro por concepto de perjuicios morales.

“Que se disponga el pago de intereses sobre las sumas a pagar.

“2. Como hechos causa petendi, se expusieron en la demanda:

“El teniente del Ejército, Néstor Germán Siachoque Jarro, era por la época del accidente, el comandante de un destacamento militar con base en área rural de pueblo Rico (hechos 1 - 2) base que no podía abandonar sin permiso de su superior, el comandante del Batallón San Mateo (hecho 7).

“El 17 de noviembre de 1990 el citado oficial Siachoque se dirigió a la cabecera municipal” y después de adelantar varias gestiones de tipo personal, se dedicó a consumir bebidas embriagantes, vistiendo el uniforme camuflado, portando el armamento y acompañado de varios soldados... (hecho 3). En la madrugada del 18 de noviembre, el teniente Siachoque obligó a John Jairo Meneses a entregarle las llaves del camión de placas TM-0652, que estaba bajo el cuidado de Meneses, con el fin de utilizarlo en el transporte del citado teniente y demás militares que lo acompañaban, a la base del destacamento (hechos 4 y 5).

“Por el estado de embriaguez, por la impericia y por el exceso de velocidad, el teniente Néstor Germán Siachoque Jarro perdió el control de la máquina produciéndose un choque violento” que produjo su muerte y la del suboficial de la Armada Pedro Enrique Casallas Valbuena, y le ocasionó a John Jairo Meneses heridas de gravedad por las que se le amputaron sus dos piernas. Las lesiones de Meneses fueron, causadas por típica falta o falla en el servicio, dándose entre esta y los perjuicios nexo de causalidad (hechos 7, 8 y 14).

“John Jairo Meneses Mejía es hijo matrimonial de los demandantes José María Meneses y Miriam Mejía, y hermano legítimo de los demandantes Carlos Alfonso, Jesús Alberto, Arley de Jesús y José Félix Meneses Mejía, (hechos 9 y 10).

“John Jairo Meneses sostenía relaciones concubinarias con Clara Isabel Jaramillo, fruto de las cuales fue el niño John Alejandro Meneses Jaramillo (hecho 11).

“Bajo los numerales 12 y 13 (fls. 36 a 48) se hacen en la demanda las descripciones de lo que se dice sufrieron los actores, y fundamentalmente se hacen alegaciones de tipo jurídico que no son hechos ...

“Consideraciones

“1. El asunto por su naturaleza, lugar de ocurrencia de los hechos y cuantía estirada en la demanda para cada una de las pretensiones en el valor de 1.000 gramos de oro, que a la fecha de la demanda valían $ 7.036.220, según certificación del Banco de la República (fl. 14, c. 2), es de competencia en primera instancia de ese tribunal. No se advierte ningún defecto procesal que impida dictar sentencia de mérito.

“2. Las pruebas obrantes en el proceso dan cuenta fehaciente de los hechos siguientes:

2.1. En la madrugada del 18 de noviembre de 1990 en el área urbana de Pueblo Rico (Rda.) el subteniente Néstor Germán Siachoque Jarro, solicitó a John Jairo Meneses Mejía le proporcionara un camión, de que éste era conductor, para utilizarlo en el transporte del citado oficial y otros militares, a la base respectiva situada en el área rural.

“Obtenido el camión, el oficial se encargó de conducirlo, habiéndose accidentado el vehículo en la vereda El Indio.

“El accidente se debió a la impericia con que fue conducido el camión que estaba cargado con 12 toneladas de madera, carga que al chocar el vehículo contra un barranco se desplazó sobre la cabina. En el accidente resultaron muertos el subteniente Siachoque, un suboficial de la Armada, y resultó seriamente lesionado John Jairo Meneses.

“El señor comandante del batallón de artillería San Mateo, en su informe sobre los hechos, al señor comandante de la octava brigada, suministra la siguiente versión de lo ocurrido: “Con el presente me permito informar al señor coronel comandante de la octava brigada, los hechos sucedidos el día 180300 - nov. - 90, en la vereda El Indio Jurisdicción del municipio de Pueblo Rico, donde perdieron la vida el señor ST. Siachoque Jarro Néstor German 8617424 y el suboficial segundo Pedro Enrique Valbuena, así:

“Siendo aproximadamente las 14:00 del día 17 - nov. - 90, el señor ST. Siachoque salió de la base en dirección al municipio de Pueblo Rico, en compañía de los soldados. SL. Reyes García José Eiber, SL. Reina Francisco Javier, SL. Vallejo Vera Raúl, cuando éste iba llegando al caserío se encontró con un suboficial que venía de comprar víveres frescos y le ordenó que le dejara al SL. Arce Plazas José Remigio, para él completar 04, para que le sirvieran de escolta y le ordenó al cabo que siguiera para la base, que él no se demoraba puesto que iba a hacer una llamada a la novia.

“Al llegar al municipio se dirigió a Telecom e hizo una llamada y por versión del SL. Arce Plazas, no encontró a la novia. Saliendo de este sitio se fueron a dar una vuelta por el pueblo y hay el ST. Siachoque entró a una casa de una supuesta amiga donde se encontraban celebrando una fiesta de 15 años. Los soldados se quedaron en la parte exterior de la casa, cerca de las 19:00 aproximadamente el ST. Siachoque volvió a salir con los soldados en dirección a Telecom y volvió a hacer una llamada al parecer a la novia de acuerdo a la versión del soldado Arce Plazas pero que no la había encontrado.

“Una vez salieron de Telecom se dirigieron hacia el parque, donde se encontró con el suboficial segundo de la Armada Casallas Valbuena, quien lo invitó a tomar, este suboficial se encontraba ingiriendo licor desde temprana hora puesto que por versión de los soldados se encontraba bastante embriagado. El suboficial se encontraba acompañado por el señor John Jairo Meneses identificado con cédula de ciudadanía Nº 15.522.091 de Andes (Ant.), de profesión conductor, a quien le pidieron que los llevara a la base y como éste no accedió fue obligado a entregar las llaves del camión Marca internacional Placas TM-0652 afiliado a Transportes Sierra y Osorio de Medellín (Ant.), que se encontraba cerca al lugar donde estaban ingiriendo licor y el cual estaba cargado con 12 toneladas de madera.

“Ante esta acción el ST. Siachoque cogió las llaves del camión, lo prendió y se dirigieron hacia la base a eso de las tres de la mañana y en la bajada que de Pueblo Rico conduce a Villa Claret, el conductor del vehículo (ST. Siachoque) perdió el control del mismo por peso y velocidad, chocando contra un barranco quedando aprisionados dentro del carro por la madera muriendo instantáneamente el ST. Siachoque y el suboficial segundo y quedando herido el señor John Jairo Meneses conductor del vehículo...” (fl. 66, c. 2).

“La prueba testimonial recaudada en este proceso y el penal que se adelantó para investigar lo ocurrido, corroboran las versiones que atrás se han reseñado.

‘Se recibió declaración a José Eiber Reyes (fl. 103) Raúl Vallejo (fl. 107) quienes por la época de los acontecimientos prestaban servicio militar, e integraban el pelotón bajo el mando del subteniente Siachoque y lo acompañaban en la madrugada del 18 de noviembre de 1990. Los testimonios a más de coincidir con lo atrás expuesto, señalan que el oficial Siachoque y los soldados que a sus órdenes le acompañaban, estaban uniformados y portaban armas oficiales de dotación.

“2.2. La calidad de militar del subteniente Siachoque aparece acreditada con copias; del Decreto 2430 de noviembre 24188 que le confiere el grado en mención del acta de su posesión, y el informe en que se le dio de baja por defunción, por la Resolución 09/91 (ver fls. 16 a 19, c. 2).

“2.3. Según reconocimiento practicado a John Jairo Meneses Mejía por medicina legal de Pereira y Medellín, y concepto de esta última (fls. 64, 164 y 166), como consecuencia del accidente sufrió “amputación de ambos miembros inferiores entre el tercio distal y medio del muslo. Múltiples cicatrices heridas de antebrazos, mano izquierda, brazo derecho hasta 6 cm” (fl. 166). “Le quedan como secuelas la pérdida del órgano de la locomoción y una deformidad física, todas de carácter permanente” (fl. 166), para el manejo de sus secuelas no requiere de tratamiento con drogas, ni la esperanza de vida se ve afectada por las secuelas y “le correspondería 35,6 años de esperanza de vida”. “e) para su rehabilitación requiere los servicios de un médico especialista en esta materia además de unas prótesis adecuadas. f) Dada la pérdida anatómica de los miembros inferiores hay un cambio en la auto imagen corporal y la auto estima, sentimiento de minusvalía y auto depreciación que consolidan un estado de depresión reactiva, que se activa constantemente cuando se debe confrontar a eventos y a estilos que impliquen la presencia de los miembros perdidos. Por tanto requiere la atención de un médico siquiatra para efectos de elaboración del duelo que le permita llevar una vida social adecuada y satisfactoria dentro de sus limitaciones físicas. g) En el estado en que se encuentra puede valerse para realizar él mismo sus necesidades primarias (fl. 166 fte y vto).

“3. En la demanda y el alegato de conclusión respectivo, se invoca el régimen de responsabilidad estatal de la falla en el servicio.

“La nueva Constitución en su artículo 90 establece que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”. El constituyente no sólo consagró explícitamente el principio de la responsabilidad del Estado, sino que señalo, por vía general, los supuestos de tal responsabilidad, a saber: la antijuridicidad del daño, y el vínculo causal entre el daño y la conducta (acción u omisión) de las autoridades.

“El concepto de daño antijurídico ha de entenderse como lo señala el H. Consejo de Estado (Sentencia de octubre 31/91, sección tercera Consejero Ponente Julio César Uribe Acosta, exp. 6515. Actor Fabio Ruiz, demandada la Nación - Ministerio de Obras Públicas - Fondo Vial Nacional): “Para LEGUINA, Un daño será antijurídico cuando la víctima del mismo no está obligada por imperativo explícito del ordenamiento a soportar la lesión de un interés patrimonial garantizado por la norma jurídica. ...Dentro del anterior perfil, la responsabilidad se toma OBJETIVA, como lo enseña este último tratadista. ... No se trata de ningún perjuicio CAUSADO antijurídicamente, sino de un PERJUICIO ANTIJURÍDICO EN SI MISMO; por otra parte, se desvincula de la licitud o ilicitud de la actuación de la que se deriva la lesión, con lo que se hace capaz de abarcar la totalidad de los supuestos de responsabilidad posibles. ...Más adelante agrega la providencia citada: “Siempre que se produzca un daño o perjuicio en el patrimonio de un particular, sin que este venga obligado por una disposición legal o vínculo jurídico a soportarlo, encontrando su causa desencadenante precisa en el mencionado funcionamiento, mediante un nexo de efecto o causa, ha de entenderse que se origina automáticamente en la administración la obligación de su directo y principal reconocimiento...”.

“El criterio de la culpabilidad se abandona así en forma absoluta, a pesar de lo que pudiera sugerir el empleo de la expresión “que le sean imputables”, la que ha de entenderse como una referencia al vínculo de causalidad entre el daño y la conducta de las autoridades. No se exige un obrar contra derecho (antijuridicidad subjetiva), sino que la víctima que padece el daño no tenga la obligación de soportarlo por justa causa, que bien puede ser un ordenamiento legal (antijuridicidad objetiva). En esta adopción de un criterio ajeno a la culpabilidad se amplía el campo que en el mismo sentido había venido creando la jurisprudencia, como en los regímenes de responsabilidad por riesgo, de inequitativa distribución de las cargas públicas.

“El nexo de causalidad debe ser entre la conducta de las autoridades como tales, por acción u omisión, que sí bien no excluye la hipótesis de que se ignore qué persona o funcionario actuó u omitió hacerlo, si excluye la actuación del agente cuando actúa fuera de sus funciones o en actos desvinculados del servicio, pues en tales casos su accionar, su conducta, no puede calificarse como de autoridad, como conducta del Estado.

“4. En el caso de este litigio es evidente el vínculo de causalidad entre la conducta del subteniente Siachoque, al tomar un vehículo de un particular y destinarlo al transporte suyo, como oficial del Ejército, y de soldados bajo su mando para regresar a la base militar, y conducir el vehículo con carga de varias toneladas, en forma veloz y no poder controlarlo luego, incurriendo inclusive en el error de acelerarlo cuando lo indicado era frenarlo. Es evidente que esa fue la causa del accidente y de las lesiones sufridas por John Jairo Meneses.

“Que actuó en forma culposa el subteniente Siachoque es cuestión igualmente evidente, al desconocer la prohibición de abandonar la base, al embriagarse estando de servicio, al tomar para conducirlo un vehículo de un particular. Pero esa culpabilidad en su comportamiento no excluye que estuviera actuando como agente del Estado. No se trató de actos del agente ajenos al servicio, que ejecutara como persona y no como funcionario del Estado.

“5. Se ha reclamado la indemnización por perjuicios morales por los actores José María Meneses Arboleda y Miriam Mejía de Meneses invocando su calidad de padres del lesionado, calidad que acreditan con certificación del notario único del Círculo de Andes de que al fl. 1698028 aparece el registro civil del matrimonio contraído por José María Meneses Arboleda y Miriam Mejía Restrepo el 14 de enero de 1951. Al fl. 19 obra certificación del Notario de Betania de que al folio 187 del tomo 92 aparece inscrita la partida de nacimiento de John Jairo Meneses Mejía ocurrido el 15 de septiembre de 1957, hijo de José María y Miriam.

“Respecto del menor John Alejandro Meneses Jaramillo alega la calidad de hijo del lesionado, la que se acreditó con certificado del notario único de Andes de que en el folio 5063827 del libro 99 de mayo 30/81, se encuentra inscrita el acta de nacimiento de John Alejandro Meneses Jaramillo ocurrido el 1º de mayo de 1981, hijo de John Jairo Meneses y Clara Isabel Jaramillo.

“Los demandantes Carlos Alfonso, Jesús Alberto, Arley de Jesús y José Félix Meneses Mejía invocan la calidad de hermanos del lesionado, parentesco que se comprobó con certificación del notario de Betania (Ant.), de que a fls. 107 de febrero 3159 y 443 de marzo 13/60 fueron inscritos los nacimientos de Carlos Alfonso Meneses Mejía y José Félix Meneses Mejía ocurridos en enero 25/59 y marzo 11/60; certificaciones del notario de Andes (Ant.) de que a fls. 156, libro 1 de 2 de junio de 1962 y 302, libro 1 de junio 17163 se encuentran inscritas las actas de nacimiento de Jesús Alberto Meneses Mejía y Arley de Jesús Meneses Mejía ocurridos el 28 de mayo de 1962 y el 8 de junio de 1963, apareciendo todos ellos como hijos de José María Meneses y Miriam Mejía.

“La demandante Clara Isabel Jaramillo invoca que ha sufrido perjuicios morales dada su vinculación afectiva de concubinaria del lesionado. Ella es la madre del menor John Alejandro nacido en mayo 1/81, y que hacía vida marital con John Jairo Meneses al sufrir éste las lesiones, lo manifiestan los declarantes Jesús María Barco Gutiérrez y Rodrigo Hernando Rendón Gallego (fls. 114 a 118 vto., c. 2).

“Los perjuicios morales que el accidente causara a John Jairo Meneses Mejía son evidentes ya que la angustia padecida no se circunscribe a la época subsiguiente del accidente, sino que por las secuelas padecidas se prolonga en el tiempo, atenuándose progresivamente con el paso del tiempo pues está en la naturaleza del hombre que ello suceda así, como un mecanismo de adaptación y supervivencia. En este caso el perjuicio consiste en la afectación moral sicológica, no sólo en la época de la tragedia sino en el futuro por la calidad de permanente y severidad de la invalidez. Es aplicable al caso el criterio expuesto recientemente por el H. Consejo de Estado:...”... una afectación moral de tanta consideración que obligue al reconocimiento máximo de 1000 gramos de oro establecido jurisprudencialmente, para casos tales como aquellos en que el daño físico es tan grave que resiente en extremo el aspecto sentimental y psicológico de la víctima, como sería, por ejemplo, la pérdida de la facultad locomotriz, visual, auditiva o, en general, de la capacidad laboral… (sección tercera, de noviembre 15/91, exp. 6526, actor Zobel de Jesús Clavijo y otros. Consejero Ponente Daniel Suárez H.). Esta indemnización de perjuicios morales incluye los que el lesionado tendrá en el futuro como consecuencia de la invalidez. Se tasarán tales perjuicios en el equivalente a mil (1.000) gramos de oro.

“Respecto de los padres tales perjuicios se presumen, según la doctrina, y no aparece prueba de ningún hecho o circunstancia que desvirtúe tal presunción. Se tasarán tales perjuicios en el equivalente a quinientos (500) gramos de oro.

“En relación con los hermanos del lesionado se acreditó con las declaraciones de Jesús María Barco Gutiérrez y Rodrigo Hernando Rendón Gallego (fls. 114 a 118 vto, c. 2), que los padres, el lesionado, sus hermanos, al igual que la compañera permanente y el hijo de aquel, convivían bajo un mismo techo, formando un hogar, en el que se desenvolvían las relaciones interpersonales de los hermanos de manera armoniosa, con mutua colaboración. Se trataba, según tales testimonios de una especial relación afectiva, fraterna, pero realmente de las circunstancias relatadas no se infiere que se tratara de una relación especial, diferente a la que comúnmente se da entre hermanos. Lo anterior no empece que haya certidumbre que la tragedia del hermano, con el que se convive y queda inválido con las características de la invalidez de John Jairo Meneses, produjera en sus hermanos una grave angustia. Se tasarán los perjuicios para cada uno, en el equivalente a 250 gramos de oro.

“En cuanto a la demandante Clara Isabel Jaramillo, está acreditado no solo que era la compañera permanente de John Jairo Meneses, sino que de tal relación hay un hijo, el niño John Alejandro Meneses Jaramillo lo que da a la vida de pareja perfiles propios de un hogar, una familia. Para ella el impacto de la tragedia es mayor, y son evidentes la angustia y sufrimiento que aquélla hubo de producirle. Se tasará la indemnización por perjuicios morales a ésta demandante en el equivalente a 500 gramos de oro.

“El hijo John Alejandro Meneses Jaramillo, padeció perjuicios morales que han de prolongarse en el tiempo, pues en su mundo sicológico el rol del padre se verá afectado de la invalidez que aqueja a éste. Tales perjuicios se tasarán en el equivalente a 500 gramos de oro.

“6. Se reclama el pago de perjuicios materiales por estos conceptos:

“A. Daño emergente futuro, consistente en los gastos que deba realizar John Jairo Meneses Mejía por concepto de conservar su estado de salud, los servicios de un fisiatra, drogas, “los servicios de una persona experta en el manejo de este tipo de enfermos y por el término de su vida probable”, y los servicios de un siquiatra.

“B. Lucro cesante en dos períodos, el consolidado y el futuro.

“C. Perjuicios fisiológicos “por cuanto el afectado no podrá realizar algunas actividades vitales que hacen agradable la existencia...”.

“Respecto del llamado daño emergente futuro, se tiene que la situación de invalidez de John Jairo Meneses, es definitiva e implica una situación estable, que excluye que haya que realizar gastos para conservarse en el estado actual, y el paciente puede valerse para sus necesidades primarias, lo que excluye la contratación de persona que lo asista en ellas. En cuanto a los denominados perjuicios fisiológicos, ya se precisó atrás que la indemnización de perjuicios morales decretada se refiere no sólo a la angustia y traumatismo sicológico al momento mismo del accidente sino a toda afectación futura de esa índole.

“6. El lucro cesante reclamado se encuentra acreditado ya que el lesionado sufrió incapacidad laboral permanente y total. El demandante nació el 15 de septiembre de 1957, con una esperanza de vida hasta los 65 años, es decir hasta el 15 de septiembre del 2022. Su ingreso mensual no se encuentra acreditado, por lo cual como tal habrá de tenerse el salario mínimo mensual, que en el año 1990 de ocurrencia del accidente, era de $ 41.025 mensuales según el Decreto 3000/89.

“La indemnización comprenderá dos períodos, uno vencido, causado o consolidado, del 18 de noviembre de 1990 a la fecha de ejecutoria de la sentencia, y otro futuro o anticipado, del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, hasta septiembre 15 del 2022. Las liquidaciones se harán por meses completos, y como no se conoce el índice nacional de precios al consumidor en la fecha futura de ejecutoria de la sentencia, la condena se hará en abstracto, para que se proceda dentro de su liquidación por el trámite del artículo 137 CPC, dentro los 2 meses siguientes a la notificación del auto que disponga estar a lo dispuesto por el superior.

“Se actualizará, como lo solicita la demanda, la indemnización por concepto de lucro cesante consolidado. La actualización de la renta mensual se hará teniendo en cuenta el índice nacional de precios al consumidor, y con aplicación de la fórmula” (fls. 126 - 143, c. 1).

II

Sustentación del recurso

A folios 147 y siguientes del Cuaderno 1, obra el escrito en el que el apoderado de los demandantes hace sus valoraciones de naturaleza jurídica y fáctica, orientadas a defender la perspectiva desde la cual él ha estudiado el caso. Su inconformidad con la sentencia impugnada se puede concretar así:

A) Solicita que el centro de imputación jurídica demandado sea condenado a pagar mil gramos de oro (1.000), por perjuicios morales en favor de Miriam Mejía de Meneses (madre), José Maria Meneses Arboleda (padre) Clara Isabel Jaramillo (compañera permanente) y John Alejandro Meneses Jaramillo (hijo). Impetra igualmente, que cada uno de los hermanos sea beneficiario de una condena por quinientos (500) gramos de oro fino.

B) Insiste el mandatario judicial de los demandantes en que se condene al pago de perjuicios fisiológicos en favor del lesionado, señor John Jairo Meneses Mejía.

III

Conducta procesal de la apoderada de la Nación —Ministerio de Defensa Nacional—

Dentro del término que la ley brinda para alegar, lo hizo, para DESTACAR:

“Bien, tal como lo expresé en el alegato de conclusión presentado en la primera instancia, del análisis de las pruebas testimoniales obrantes en los procesos referidos se desprenden graves contradicciones, que no fueron valoradas por el sentenciador de primera instancia y por el contrario, se les otorgó mérito probatorio y con base en ellas se negó responsabilidad administrativa, veamos:

“1) Declaración rendida por el señor Carlos Emilio Sabas Garcés, el día 6 de diciembre de 1990, ante el juzgado 12 de instrucción criminal que obra a folios 143 y siguientes del expediente:

“Cuando se le preguntó qué sabía de los hechos donde resultó lesionado el señor John Jairo Meneses Mejía, contestó: “vea, yo estaba al pie de un carro, cuando observé que arrancó el carro de John Jairo y no se más”.

“Así mismo, cuando se le preguntó si tenía conocimiento porqué motivo el carro lo iba conduciendo el oficial del Ejército, Contestó: “No sé por qué lo conducía el Cabo del Ejército”.

“Igualmente cuando se le preguntó si el señor John Jairo se opuso a que los oficiales del Ejército manejaran el camión, contestó: “no vi, no sé decir eso”.

“Ahora bien, la anterior declaración es cambiada radicalmente, en su versión rendida ante el juzgado promiscuo municipal de Pueblo Rico (Risaralda), el día 15 de julio de 1991, es decir siete (7) meses después de su primera declaración.

“Efectivamente al preguntársela sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la muerte del teniente Néstor Germán Siachoque Jarro y del suboficial Pedro Enrique Casallas Valbuena, contestó: “Me encontraba yo parado al pie del carro de John Jairo Meneses, yo estaba poniéndole cuidado a los carros que estaban parqueados ahí, ya que esa es mi profesión y John Jairo estaba dentro del carro cuando arrimaron los dos tenientes del Ejército y lo obligaron a que les diera las llaves del camión para que los llevara a la base de ellos, entonces John Jairo les dijo que él por allá no iba y lo obligaron a que tenía que darles las llaves le arrebataron las llaves y se montaron en el carro y se fueron”.

“De lo anterior, vale la pena preguntarse:

“Será lógico que un testigo se acuerde mejor de los hechos siete (7) meses después de sucedidos, que veinte (20) días después de su ocurrencia, cuando lo lógico es que por el transcurso del tiempo olvide los detalles de modo tiempo y lugar en que sucedieron los mismos?

“2) Declaración rendida por el Sr. Reyes García José Heiber el 7 de diciembre de 1990 ante el juez 34 de instrucción penal militar que obra a folios 157 y siguientes del expediente:

“Al hacer la narración de los hechos ocurridos el 18 de noviembre de 1990, contestó: “Salimos a las 3 de la tarde, mi teniente y cuatro soldados, para Pueblo Rico, nos dirigimos a hacer una llamada y a comprar útiles de aseo y mi teniente se dirigió hacia una reunión que había donde una amiga después de la llamada, nosotros nos quedamos en el parque a eso de las dos y media de la mañana volvió por nosotros al parque y dijo vamos muchachos y andaba un sargento por hay (sic) y se pusieron a dialogar y le dijo que cómo hacíamos para irnos y el sargento dijo que tenía las llaves de un carro y las sacó y mí teniente le dijo al conductor que prestara el carro para ir a llevarnos a la base y el conductor dijo SI no hay problema...” (el subrayado es mío).

“Cuando se le preguntó si en algún momento el teniente Siachoque intimidó o fue agresivo con alguien para que le prestara el camión contestó: “En ningún momento”.

“Ahora bien, la anterior declaración es cambiada radicalmente en su versión rendida ante el H. Tribunal Administrativo de Risaralda el 24 de julio de 1990 (sic), es decir siete (7) meses después de su primera declaración.

“Efectivamente, al preguntársela acerca del accidente ocurrido en la vía que de Pueblo Rico conduce a Villa Claret, el 18 de noviembre de 1990, contestó: “...Se relacionaron ahí el teniente y el sargento y el dueño del camión, o el que lo manejaba que no sé cómo se llamaba, entonces le dijo que si nos prestaba el carro para llevamos a la base y el dueño del camión les dijo que él los llevaba. Para la prestada del camión el teniente tuvo que insistir porque el dueño le dijo al principio que “rara que ese carro estaba cargado y que era muy peligroso ir por allá, el teniente le dijo que él era oficial y que estaba acostumbrado a manejar toda clase de carros, yo llevo ese carro, préstemelo que yo lo conduzco ante la insistencia en ese caso el dueño del camión prestó el carro”.

“Fue muy cuidadoso el señor apoderado del actor cuando al advertir la contradicción existente entre el testimonio rendido ante el juzgado 34 de instrucción penal militar y el rendido ante la jurisdicción contenciosa administrativa preguntó al SL. Reyes García José Heiber: “En su declaración ante injusticia(sic) penal militar usted no dio cuenta de la insistencia del teniente hacia el dueño del carro para que le prestara el vehículo, a qué se debe eso? Contestó: “Por qué (sic) usted sabe que yo cuando eso estaba pagando servicio, entonces nos dijo otro superior un cabo: ojo con ir a hablar en contra del teniente porque nos envainamos, aquí nos lleva el diablo a nosotros porque prácticamente ustedes estaban evadidos, entonces mucho cuidado con ir a hablar en contra del teniente. Y nosotros también, imagínese prestando servicio militar, no íbamos a ser tan bobos para declarar en contra del teniente, para quedarnos guardados cuando ya estábamos para terminar el servicio militar. Esa fue la causa por la cual no se dijo esa vaina ahí...”.

“Vale la pena preguntarse: ¿Cuál era el interés del apoderado de que el testigo aclarara el porqué de sus contradictorias declaraciones?

“No es lógica ni razonable la respuesta dada por el soldado Reyes García, toda vez que estando muerto el teniente Siachoque Jarro en que había de perjudicarlo el narrar la verdad de lo sucedido?

“3) Declaración rendida por el SL. Raúl Vallejo Vera el 7 de diciembre de 1990, ante el juez 34 de instrucción penal militar que obra a folio 163 y siguientes del expediente.

“Al preguntársela si fue mediante solicitud exigencia que el teniente Siachoque decidió conducir el camión contestó: “El teniente le dijo al Sargento que él llevaba el carro, entonces el chofer dijo no yo lo llevo, y después le dijo el teniente al chofer déjemelo llevar a mí que yo no estoy borracho, y él le dijo está bien llévelo (el subrayado es mío)”.

“En la declaración rendida el 24 de julio de 1991 ante el Tribunal Administrativo de Risaralda que obra a folios 201 y siguientes del expediente, ante la pregunta de si la utilización del vehículo por el teniente fue algo de su libre voluntad o no, contestó: “yo lo único que vi fue que el teniente estaba alegando con el conductor, hasta ahí me di cuenta”.

“Ha debido el H. Tribunal Administrativo de Risaralda desestimar por inútiles y contradictorias las pruebas testimoniales aportadas por el demandante al proceso negándoles todo mérito probatorios a las mismas.

“Que el teniente Siachoque estaba evadido de la base? Es innegable; que portaba su uniforme y arma de dotación oficial? Es cierto; que había desobedecido órdenes superiores? También es cierto; que obligó al señor John Jairo Meneses Mejía, a entregarle las llaves del camión y a subir en él? No es cierto; que se prevalió de su condición de militar para obtener las llaves del camión? tampoco es cierto.

“Que se valió del arena de que disponía para obligar al señor Meneses Mejía? Menos aún. El mismo demandante Meneses Mejía así lo expresó en su declaración ante el despacho del juzgado 22 de Instrucción Criminal de Pereira que obra a folios 139 y siguientes del expediente, cuando expresó: “El me amenazó en el sentido que lo tenía que llevar pero de palabra... únicamente me dijo que lo tenía que llevar...

“Podemos entonces negar con los anteriores presupuestos, que el agente Siachoque incurrió en culpa; que el perjuicio no se derivó de una falla del servicio sino de una culpa personal del funcionario?

“En qué hubiera consistido la falla del servicio?

“En mi concepto, en haberse prevalido de la condición de militar, para obligar al señor Meneses Mejía, a la entrega de las llaves del camión; en haber ejercido esa autoridad con el fin de cumplir con actividades propias del servicio; en haberse valido incluso del arma de que disponía, para lograr el cabal cumplimiento de su servicio, pero nada de eso ocurrió.

“No podemos tampoco dejar de lado el comportamiento asumido por el señor Meneses Mejía: Se encontraba borracho, alicorado, entregó voluntariamente las llaves del camión y ascendió al automotor. Así las cosas también incurrió en culpa quebrantando las obligaciones y deberes que como administrado estaba obligado a observar.

“No se puede decirse que el señor John Jairo Meneses Mejía fue sujeto pasivo de la actuación del teniente Néstor Germán Siachoque Jarro; por el contrario debido al estado de embriaguez en que se encontraba entregó voluntariamente las llaves del camión exponiéndose imprudentemente al perjuicio.

“La teoría de la responsabilidad directa del estado parte ante todo, de la base de separar, de desprender de la persona humana (agente o funcionario) su acto, su hacer, su obra individual en el ejercicio de sus funciones, para considerarlo como un simple acto o hecho de la administración, como la forma de ejercer y realizar su actividad jurídica. Cuando un funcionario obra en su carácter de tal, dentro del “ejercicio de sus funciones” o con motivo u ocasión de las mismas, se entiende que quien actúa no es él, sino la administración misma a través de él. Por ello cuando tales hechos, actos, operaciones, e incluso omisiones, se deriva un daño para un tercero, el responsable es el Estado y no el agente. Pero, obviamente lo anterior no significa de manera alguna, que siempre que un agente o funcionario del Estado actúa. Es decir, realiza o desarrolla actividades que trascienden a la vida jurídica, deba entenderse que es el órgano Estatal y no la persona misma quien lo hace. Es obvio que todo individuo, que todo ser humano, dotado de razón, de inteligencia y voluntad propia, sujeto por tanto de derechos y obligaciones y dotado de capacidades de goce y ejercicio, antes que empleado, agente. Funcionario o mandatario, es una persona natural, y antes que actuar por otro o para otro, lo hace por sí para sí” (el subrayado es mío) (la responsabilidad del Estado por falla del servicio público Juan Carlos Esguerra Portocarrero tesis de grado, Bogotá, 1972).

“Petición

“Con fundamento en las anteriores consideraciones respetuosamente solicito al H. Consejero Ponente del H. Consejo de Estado revoque la sentencia proferida por el H. Tribunal Administrativo de Risaralda el 25 de marzo de 1992, por cuanto no se probó dentro del proceso que efectivamente el señor John Jairo Meneses Mejía, hubiese (sic) sido obligado por el agente de la administración a entregar las llaves del camión y a ascender a él, para poder configurar la responsabilidad administrativa por falla del servicio”.

IV

Consideraciones de la Sala

A) La sentencia impugnada será confirmada, aunque con algunos ajustes de alcance económico, por las razones que más adelante se precisarán.

En el caso sub examine no hay espacio para la duda que impida concluir que se dio la falla del servicio. La valoración jurídica, fáctica y probatoria que hizo el sentenciador de instancia, la patrocina el ad quem, por encontrarla ajustada a la ley y al derecho. El solo informe rendido por el teniente coronel Luis Carlos Rodríguez Victoria, comandante del batallón de artillería Nº 8 San Mateo, al Sr. comandante de la octava brigada, el día diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa (1990) (fl. 666, c. 2), resulta bien explicativo de la realidad fáctica. En él se relata la forma como perdieron la vida el señor ST. Néstor Siachoque Jarro y el suboficial Pedro Enrique Casallas Valbuena y fue herido de gravedad el demandante, señor John Jairo Meneses Mejía. En Lo pertinente del mismo se destaca:

“Una vez salieron de Telecom se dirigieron hacia el parque, donde se encontró el suboficial segundo de la Armada Casallas Valbuena, quien lo invitó a tomar, éste suboficial se encontraba ingiriendo licor desde temprana hora puesto que por versión de los soldados se encontraba bastante embriagado. El suboficial se encontraba acompañado por el señor Jhon Jairo Meneses identificado con cédula de ciudadana Nº 15.522.091 de Andes (Ant.), de profesión conductor, a quien le pidieron que los llevara a la base y como éste no accedió fue obligado a entregar las llaves del camión marca Internacional Placas TM-0652 afiliado a Transportes Sierra y Osorio de Medellín (Ant.), que se encontraba cerca al lugar donde estaban ingiriendo licor y el cual estaba cargado con 12 toneladas de madera.

“Ante ésta acción el ST. Siachoque cogió las llaves del camión, lo prendió y se dirigieron hacia la base a eso de las tres de la mañana y en la bajada que de Pueblo Rico conduce a Villa Claret, el conductor del vehículo (ST. Siachoque) perdió el control del mismo por peso y velocidad, chocando contra un barranco quedando aprisionados dentro del carro por la madera muriendo instantáneamente el ST. Siachoque y el suboficial segundo y quedando herido el señor John Jairo Meneses conductor del vehículo” (fls. 66 y 66 B, c. 2).

Frente a la realidad que se deja expuesta, no es de recibo la argumentación de la apoderada del centro de imputación jurídica demandado, cuando en su alegato de conclusión, no obstante aceptar que el teniente Siachoque estaba evadido de la base, que portaba su uniforme y arma de dotación oficial, que había desobedecido órdenes superiores, desconoce el universo que tiene el informe del comandante del Batallón quien, como ya se destacó, reconoce que John Jairo Meneses Mejía “... fue obligado a entregar las llaves del camión marca internacional placas TM-0652...”, antecedente que tiene que ver mucho con el desarrollo de la tragedia.

En apoyo de lo ya expuesto viene la providencia del juzgado doce de instrucción criminal, de veintitrés (23) de mayo de mil cientos noventa y uno (1991), en virtud de la cual el citado funcionario se abstuvo de iniciar la investigación penal, por muerte de los sindicados. En lo sustancial del citado proveído se razona judicialmente dentro del siguiente perfil:

“Como se aprecia es justamente el oficial Siachoque Jarro, el único y verdadero comprometido en la ocurrencia del hecho motivo de estudio, pues su desmedida actitud, el abuso de su rango y autoridad y al desobedecimiento a todas las funciones a él otorgadas por sus superiores como consta en este expediente, hizo no solo que el propietario del vehículo se tuviera que montar al carro contra su voluntad ya que como es lógico tenía que cuidar su patrimonio, sino que el sargento y los propios soldados también lo hicieron, Seguramente ellos sabían el peligro que asumían, pero no les quedaba otra alternativa unos ante la orden del superior y otros a lo mejor atemorizados pues Siachoque Jarro estaba no solo armado, sino escoltado y al mando de la unidad operativo.

“Probado está claramente que el subteniente se había venido de la base militar para Pueblo Rico en las horas de la tarde en compañía de unos soldados, y que empezando la noche según lo manifestó el soldado Gil Francisco Javier, fueron a Telecom a hacer una llamada y que al momentico el subteniente les dijo... esperen en el parque... y se dirigió para un casa donde se realizada una fiesta y allí se quedó hasta las dos de la madrugada.

“Como se nota Siachoque Jarro, estuvo en aquella reunión varias horas, tiempo suficiente para haber adquirido una alta dosis de licor, que si nos atenemos a los resultados del catastrófico accidente nos dan la razón para deducir su avanzado estado de embriaguez, pues una persona en estado normal no habría abordado en compañía de sus subastemos ese vehículo en las condiciones en que se encontraba para llevarlo hasta aquella región. Pudo más en este caso el descuido y la negligencia del uniformado, coadyuvado por el sargento Casallas Valbuena, que al decir de todos los testigos estaba embriagado y daba órdenes igualmente, que lo que aconsejaban todos los parroquianos que estaban en el parque del citado municipio la madrugada del incidente así como los propios soldados y el ayudante de Meneses Mejía, en el sentido del inminente peligro que corrían sus vidas si emprendían ese viaje.

“Según lo comentado por el lesionado Meneses Mejía, conductor del vehículo accidentado, dicho automotor se encontraba en buenas condiciones mecánicas y de mantenimiento por lo que el insuceso ocurrió única y exclusivamente por fallas atribuidas al aquí sindicado.

“En este orden de ideas, no le asiste al juzgado ninguna duda al respecto en relación con la responsabilidad del aquí investigado Siachoque Jarro, pues fue él y únicamente él el culpable del accidente, ya que no previó los resultados que podrían sobrevenir con su conducta y ni siquiera cuando el conductor del vehículo con su experiencia y conocimiento de su propio camión le reconvino el peligro que tenían aceptó su error.

“La conducta culposa se configura cuando el agente realiza el hecho por falta de previsión del resultado previsible o cuando habiéndole previamente, confió en poder evitarlo. Y fue justamente lo que le pasó al militar, quiso hacer gala de fortaleza y abuso de autoridad optando por manejar ese vehículo en las condiciones en que estaba sin tener en cuenta la poca visibilidad pues era de noche, la topografía del terreno y su alto grado de alicoramiento, razones más que suficientes para endilgarle la responsabilidad en el hecho punible motivo de estudio en estas diligencias.” (fls. 95 - 97, c. 2).

B) Por lo que hace relación con la legitimación por activa, ella quedó bien demostrada. También el daño. Respecto de éste el sentenciador valora el dictamen rendido por el médico legista el día tres (3) de abril de mil novecientos noventa y uno (1991), en el cual se ilustra al fallador dentro del siguiente marco,

“El suscrito médico legista, bajo la gravedad del juramento prestado, expone:

“En esta fecha fue reconocido (a): John Jairo Meneses Mejía quien presenta: amputación de ambos miembros inferiores entre el tercio distal y medio del muslo. Múltiples cicatrices de heridas de antebrazos, mano izquierda, brazo derecho hasta de 6 cms. El paciente relata pérdida de origen traumático incisivo central de la arcada dental superior izquierda, natural y del canino superior de la misma arcada, de prótesis dental. Según historia clínica Nº 1468983 del Hospital San Vicente de Paúl, se le practicó amputación bilateral por encima de rodillas. Lesiones por contusión. Incapacidad definitiva de 70 (setenta) días. Le quedan como secuelas la pérdida de ambos miembros inferiores, la pérdida del órgano de la locomoción y una deformidad física, todas de carácter permanente y por las amputaciones anotadas. “Fdo: Luis Carlos Cano Montoya. Médico Legista”. (fl. 166, c. 2).

Dada la gravedad de las lesiones que sufrió el demandante, que determinaron la amputación de sus dos piernas por encima de las rodillas, la Sala patrocina la condena que por perjuicios morales hizo el a quo en favor de John Jairo Meneses Mejía por un mil gramos (1.000) de oro fino, pero encuentra de recibo los reparos que el apoderado de la parte actora formula a la tasación que por el mismo concepto se hizo en favor de los padres del lesionado su compañera permanente, su hijo Jhon Alejandro Meneses Jaramillo y sus hermanos. Resulta evidente que el estado de postración en que quedó el primero, genera un dolor subjetivo intenso, que debe ser reparado con una indemnización mayor, tasación que necesariamente se hace con la filosofía del arbitrio judicial y teniendo muy en cuenta que no se trata de borrar lo imborrable como lo han predicado la Corte Suprema de Justicia, citando a los hermanos Mazeaud, sino de....... procurar algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido” (Sentencia se septiembre 27 de 1974. Magistrado Ponente, Germán Giraldo Zuluaga). Por todo lo anterior se elevará el monto de la condena para los demás demandantes, así:

Para Miriam Mejía de Meneses y José Maria Meneses Arboleda (padres), la cantidad de ochocientos gramos (800) de oro fino para cada uno;

Para Clara Isabel Jaramillo (compañera permanente), la cantidad de ochocientos (800) gramos de oro fino;

Para John Alejandro Meneses Jaramillo (hijo del lesionado), ochocientos (800) gramos de oro fino;

Para Carlos Alfonso, Jesús Alberto, Arley de Jesús y José Félix Meneses Mejía (hermanos del lesionado), cuatrocientos (400) gramos de oro fino para cada uno.

El pago se deberá hacer teniendo en cuenta el precio del referido metal en el momento de quedar ejecutoriada la presente sentencia.

C) La Sala confirmará, igualmente, la condena que por perjuicios materiales hizo el tribunal en favor del señor John Jairo Meneses Mejía, pero ella se hace en concreto y con sujeción a las siguientes pautas:

PRIMERA: Se ha tomado en cuenta el salario mínimo vigente para el año de mil novecientos noventa (1990);

SEGUNDA: Se reconoce una incapacidad permanente del ciento por ciento (100%) para trabajar y se liquidada hasta el 15 de septiembre del año 2022, pues se acepta la esperanza de vida que manejó el sentenciador de instancia.

TERCERA: La indemnización comprende dos períodos, así:

a) El vencido o consolidado que corre desde el día dieciocho (18) de noviembre de 1990 y va hasta el 31 de marzo de 1993; b) el futuro o anticipado que se liquidada desde el primero de abril de mil novecientos noventa y tres (1993) hasta el quince (15) de septiembre del año 2022.

CUARTA: Se actualiza la condena, siguiendo para ello las pautas fijadas por la jurisprudencia de la Sala. Aplicando las anteriores previsiones, se tiene:

1. Salario mínimo 1990 = $ 41.025.00

2. Se actualiza la condena, para lo cual se trabaja con la fórmula:

122
 

3. La indemnización comprende dos períodos:

A) Vencido, causado, o consolidado:

2
 

B) Futuro o anticipado:

1
 

Dentro del marco anterior, la condena por perjuicios materiales monta: catorce millones quinientos mil ciento treinta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda corriente ($ 14.500.134,49).

D) En la demanda se solicita el pago de los PERJUICIOS FISIOLÓGICOS, pretensión que se sustenta dentro del siguiente marco:

“POR LOS PERJUICIOS FISIOLÓGICOS, llamados por la jurisprudencia y la doctrina y la jurisprudencia francesa “Prejudice d ‘agrament y por la doctrina italiana “perjuicio a la vida de relación” y por Toger Dalq “La disminución del goce de vivir”, por cuanto el afectado no podrá realizar algunas actividades vitales que hacen agradable la existencia de cualquier ser humano, pues indiscutiblemente y a manera de ejemplo como lo cita el autor ya nombrado “...la perdida de los órganos genitales afectará una de las funciones más importantes que tiene el desarrollo sicológico y fisiológico del individuo”.

También en el escrito en que se sustenta el recurso el apoderado de los demandantes vuelve sobre los PERJUICIOS FISIOLÓGICOS, para reiterar:

“Fueron ampliamente tratados en la demanda y debidamente probados en la actuación; así mismo, fundamenta su procedencia y desvirtuando su posible inconducencia al momento de diferenciarlos con los perjuicios del orden material y moral. Hicimos nuestros los argumentos de los tratadistas cuando lo argumentan en ocurrencia como aquel que produce en la víctima la imposibilidad de ejercer otras actividades vitales, que aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia. Como quiera que la sentencia atacada los negó en ocurrencia, es que apelamos tal aparte decisorio”.

Con apoyo en el artículo 90 de la Constitución Nacional, que dispone que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la misión de las autoridades públicas; con la filosofía que enseña que toda interpretación que tienda a ampliar el ámbito de la responsabilidad es preferible a la que lo restrinja (Arturo Alessandri Rodríguez. De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil, t. 1, p. 211); con el manejo del PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO que predica que la indemnización debe dejar “INDEMNE” a la víctima del Daño Injusto, esto es, debe procurar una Reparación INTEGRAL del detrimento que dicho daño ha causado en el patrimonio material y espiritual de la víctima, y con conciencia plena del valor que tiene la persona humana, no dentro del marco materialista, que lo aprecia en términos puramente matemáticos, para concluir que es un simple animal, un objeto mínimo en el organismo enorme y siempre mutable que se llama naturaleza, por lo cual su vida sólo se explica por la materia en movimiento; ni tampoco dentro de una perspectiva simplemente humanista, que predica que el hombre es la forma más alta de ser que haya evolucionado en el universo material, pero sí con una VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE, que lo ve como un ser biológico con un cuerpo físico, y también como un ser espiritual, que eleva la escala de sus conceptos al mundo maravilloso del pensamiento, la Sala procede a dar el paso jurisprudencias en virtud del cual hay lugar, en casos como el presente, al reconocimiento y pago del PERJUICIO FISIOLÓGICO O A LA VIDA DE RELACIÓN. Este debe distinguirse, en forma clara, del DAÑO MATERIAL, en su modalidad de DAÑO EMERGENTE y LUCRO CESANTE, y también de los Perjuicios Morales Subjetivos. Mientras que el primero impone una reparación de la lesión pecuniaria causada al patrimonio, y el segundo busca darle a la víctima la posibilidad de remediar en parte....... no solo las angustias y depresiones producidas por el hecho lesivo sino también el dolor físico que en un momento determinado pueda sufrir la víctima de un accidente....... (Javier Tamayo Jaramillo. De la Responsabilidad Civil, t. 11. p. 139), el PERJUICIO FISIOLÓGICO O A LA VIDA DE RELACIÓN, exige que se repare la pérdida de la posibilidad de realizar “...otras actividades vitales, que aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia...” (Dr. Javier Tamayo Jaramillo. Obra citada, p. 144).

Para explicar el universo que tiene el DAÑO que se estudia, vienen bien las palabras del tratadista nacional ya citado, cuando enseña:

“Podría argumentarse que en caso similares ya la víctima fue indemnizada, cuando recibió reparación de los perjuicios morales subjetivos o de los perjuicios materiales, y que en tal virtud se estaría cobrando doble indemnización por un mismo daño. Sin embargo, tal apreciación es inexacta.

Veamos:

“A causa de la lesión física o síquica la víctima pierde SU CAPACIDAD LABORAL, es decir, no podrá seguir desplegando una actividad que le produzca un ingreso periódico. 

“Fuera de lo anterior, la lesión le produjo a la víctima DOLORES FÍSICOS Y DESCOMPOSICIÓN EMOCIONAL, por lo cual surge la obligación de indemnizar perjuicios morales subjetivos. Suponiendo que la víctima reciba la indemnización de esos daños, SEGUIRÁ EXISTIENDO EL FISIOLÓGICO que también debe ser reparado. En realidad, la víctima se podría hacer esta reflexión: mi integridad personal me concedía TRES BENEFICIOS: ingresos periódicos, estabilidad emocional y actividades placenteras. Si las dos primeras han sido satisfechas con la indemnización, quedaría por reparar la tercera, que es la que da lugar precisamente a la indemnización por perjuicios fisiológicos. Si, por ejemplo la víctima queda reducida a silla de ruedas por una incapacidad permanente total, no se podrá decir que al habérsele indemnizado los perjuicios materiales y los perjuicios naturales subjetivos, ya todo el daño ha sido reparado. De qué vale a la víctima seguir recibiendo el valor del salario u obtener una satisfacción equivalente a un perjuicio moral subjetivo, si para el resto de actividades vitales no dispone de la más mínima capacidad? Sigamos con el ejemplo: supongamos que la víctima, después de la indemnizada de los daños materiales y morales subjetivos, queda con dinero y tranquila. Sin embargo, seguirá estando muy lejos de la situación privilegiada en cine se encontraba antes del hecho dañino, pues no podrá seguir DISFRUTANDO DE LOS PLACERES DE LA VIDA. ESTO NOS INDICA QUE EL DAÑO MORAL SUBJETIVO Y EL FISIOLÓGICO SON DIFERENTES... Repetimos: la indemnización por perjuicios morales subjetivos repara la satisfacción síquica o el dolor físico de la víctima; en cambio, la INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO FISIOLÓGICO REPARA LA SUPRESIÓN DE LAS ACTIVIDADES VITALES. Casi podríamos decir que el daño moral subjetivo consiste en un atentado contra las facultades íntimas de la vida, mientras que el daño fisiológico consiste en el atentado a sus facultades para hacer cosas, independientemente de que estas tengan rendimiento pecuniario” (Obra citada, pp. 144 y ss.) (subrayas de la Sala).

La Sala encuentra de total recibo el planteamiento anterior, en un momento de la vida nacional en que los atentados contra la existencia y dignidad de la persona humana se han generalizado, unas veces por la acción de la delincuencia común, y otras como resultado del enfrentamiento de las fuerzas del orden con las del desorden. Es lamentable que niños, jóvenes, hombres maduros y ancianos tengan que culminar su existencia privados de la alegría de vivir por que perdieron sus ojos, sus piernas, sus brazos, o la capacidad de procreación por la intolerancia de los demás hombres. A quienes sufren esas pérdidas irremediables es necesario brindarles la posibilidad de procurarse una satisfacción equivalente a la que han perdido. Por algo se enseña el verdadero carácter del resarcimiento de los daños y perjuicios es un PAPEL SATISFACTORIO (Mazeaud y Tunc). Así, el que ha perdido su capacidad de locomoción, debe tener la posibilidad de desplazarse en una cómoda silla de ruedas y ayudado por otra persona; a quien perdió su capacidad de practicar un deporte, debe procurársela un sustituto que le haga agradable la vida (equipo de música, libros, proyector de películas, etc.). La filosofía de todo lo que se deja expuesto aparece recogida en esta bella página de GIOVANNI PAPINI:

“Me maravilla que otros se maravillen de mi sosiego y paz, en el estado lastimoso al que me ha reducido la enfermedad, no puedo usar mis piernas, brazos, manos, estoy casi ciego y mudo. Así ni puedo andar, ni estrechar la mano de un amigo, ni escribir un nombre, ni el mío. No puedo leer y me es casi imposible conversar, dictar. Son pérdidas irremediables y renuncias terribles, sobre todo para quien tenía la pasión de caminar rápido, leer sin parar, escribir todo por sí mismo: cartas, notas, pensamientos, artículos, libros. Pero no es cuestión de subestimar el resto que me queda, que es mucho y que es lo que en verdad vale más... Libro, a pesar de todo, gozar de un alegre chorro de sol, de las manchas coloreadas de las flores, de los rasgos de un rostro. Tengo la alegría siempre de poder escuchar las palabras de un amigo, la lectura de un buen poema; puedo escuchar el canto melodioso o una sinfonía que llena de nuevo calor a todo mi ser... He podido conservar el afecto de mi familia, la amistad de mis amigos, la facultad de amar... Puede ser que aparezca como delirio de risa lo que he dicho, pero tengo la temeridad de afirmar que me siento hoy emergiendo del mar inmenso de la vida por una gigantesca marea de juventud”.

Al logro de este renacimiento, de esta especie de resurrección del hombre, abatido por los males del cuerpo, y también por los que atacan el espíritu, se orienta la indemnización del DAÑO FISIOLÓGICO o A LA VIDA DE RELACIÓN.

Por lo que tiene que ver con el monto de los perjuicios que deben ser indemnizados, la Sala, habida consideración de la gravedad que tuvieron las lesiones, que determinaron la amputación bilateral de las piernas por encima de las rodillas, la edad del lesionado y su acuvidad profesional como chofer, la cual no podrá ejercer en el futuro por el estado corporal en que quedó, los fija en la suma de OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000), con cuya rentabilidad, la víctima podrá atender razonablemente al pago de una persona que lo acompañe en su silla de ruedas cuando tenga necesidad de movilizarse de un sitio a otro. Con ella puede, igualmente, adquirirla, sin sofisticaciones.

Para casos que no tengan el exceso de gravedad notoria del que se deja estado, quien pretenda la indemnización por el PERJUICIO FISIOLÓGICO, deberá ser particularmente cuidadoso en probarlo, en su existencia y monto. Será siempre el juez quien en forma soberana definirá si el hecho invocado ha generado el citado daño, para lo cual el dictamen médico-legal será particularmente importante como punto de apoyo de la condena que en cada caso debe preferirse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1. CONFÍRMANSE los numerales primero (1º), cuarto (4º) y quinto (5º) de la sentencia calendada el día veinticinco (25) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del proceso del rubro, por las razones dadas en los considerandos de este proveído;

2. REVÓCANSE los numerales segundo (2º) y tercero (3º) de la misma sentencia, los cuales quedarán así:

2. Como consecuencia de la declaración anterior, se condena a la Nación - Ministerio de Defensa, a pagar, por concepto de perjuicios morales subjetivos las cantidades de oro que a continuación se indican, y a las personas que se relacionan, así:

A Jhon Jairo Mejía, un mil (1.000) gramos de oro fino;

A Miriam Mejía de Meneses y José Maria Meneses Arboleda (padres), ochocientos (800) gramos de oro fino para cada uno;

A Clara Isabel Jaramillo (compañera permanente), ochocientos (800) gramos de oro fino;

A Jhon Alejandro Meneses Jaramillo (hijo del lesionado) ochocientos (800) gramos de oro fino;

A Carlos Alfonso, Jesús Alberto, Arley de Jesús y José Félix Meneses Mejía (hermanos), cuatrocientos (400) gramos de oro fino, para cada uno.

El pago se hará con el precio que el referido metal tenga en el momento de quedar ejecutoriado este fallo.

CONDÉNASE, igualmente, a la Nación - Ministerio de Defensa, a pagar Jhon Jairo Meneses Mejía, por concepto de perjuicios fisiológicos o la vida de relación, la suma de ocho millones de pesos ($ 8.000.000).

3. CONDÉNASE en concreto a la Nación - Ministerio de Defensa, a pagar al señor Jhon Jairo Meneses Mejía, la suma de catorce millones quinientos mil ciento treinta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos ($ 14.500.134.49 m/cte), por concepto de perjuicios materiales).

Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

3. El monto de los perjuicios materiales y fisiológicos se deberá actualizar por el período comprendido entre la fecha de este fallo y la ejecutoria del mismo, en el evento de que contra este proveído se interpusiera algún recurso que retarde su ejecutoria.

Para ello bastará acompañar a la cuenta de cobro los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, para los dos momentos en el tiempo físico ya indicados.

4. EXPÍDANSE las copias del fallo con destino a los interesados, precisando cuál de ellas presta mérito ejecutivo.

5. Ejecutoriada la presente sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández—Carlos Betancur Jaramillo—Julio César Uribe Acosta.

Ruth Stella Correa Palacio, Secretaria.