Sentencia 7430 de junio 14 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

INSUBSISTENCIA DE NOMBRAMIENTOS

CALIDADES DE LA PERSONA QUE VIENE EN REEMPLAZO

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Forero de Castro

Ref.: Expediente 7430

Santafé de Bogotá, D.C., catorce de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

En grado de consulta ha venido a la Sección Segunda de esta Corporación la sentencia proferida el 29 de julio de 1992 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Antecedentes

Luis Francisco Rodríguez Blanco, abogado, quien actúa en nombre propio y en ejercicio de la acción de restablecimiento del derecho, formuló ante el Tribunal las siguientes pretensiones:

“1. Que son nulos los decretos 412 y 413 de fecha 5 de abril de 1989 expedidos por la alcaldía del municipio de Cúcuta y mediante los cuales se declara insubsistente el nombramiento de Luis Francisco Rodríguez Blanco del cargo de abogado del departamento jurídico, designando en mi reemplazo al señor Mario Navarra Abello, respectivamente.

2. Que se condene al municipio de Cúcuta a reintegrar a Luis Francisco Rodríguez Blanco en el cargo de abogado del departamento jurídico, o a otro cargo de igual o superior jerarquía.

3. Que se condene al Municipio de Cúcuta a reconocer o a pagar a Luis Francisco Rodríguez Blanco, los sueldos, gastos de representación y demás emolumentos que constituyen salarios, así como las pertinentes prestaciones sociales que corresponden o lleguen a corresponder al cargo de abogado del departamento jurídico, desde la fecha de mi desvinculación hasta el día en que efectivamente sea reintegrado al citado cargo municipal.

4. Que se condene al municipio de Cúcuta a tener como efectivamente prestados a su servicio, como abogado del departamento jurídico, por parte de Luis Francisco Rodríguez Blanco, el tiempo comprendido desde mi desvinculación hasta el día en que sea efectivamente reincorporado a la administración pública municipal, para todos los efectos legales.

5. Que se condene al municipio de Cúcuta a dar cumplimiento a la sentencia condenatoria en el término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de la misma.

6. Que se condene al municipio de Cúcuta a reconocer y a pagar a Luis Francisco Rodríguez Blanco, sobre las sumas líquidas de dinero reconocidas en la sentencia, intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes de la ejecutoria de la Providencia e intereses moratorios después de ese término” (fls. 33 y 34).

Su alegato se basa fundamentalmente en que a través de la declaratoria de insubsistencia de que fue objeto su nombramiento, se violó la ley y se incurrió en desviación de poder debido a que fueron motivos políticos los que impulsaron al nominador y no el “mejoramiento del servicio”. En efecto, indica que si normas superiores, a las que debían sujetarse los actos acusados, señalaban las calidades o requisitos para ocupar el cargo, éstas no podían ser desconocidas por el nominador sin perjuicio del buen servicio, al retirar a quien como el actor sí cumplía con los requisitos y en su lugar nombrar a quien no estaba en condición de defender los intereses del municipio. Concluye diciendo que es incuestionable que dichos actos llevan implícito el vicio de ilegalidad y deben ser anulados.

La sentencia consultada

El tribunal accedió parcialmente a las peticiones; anuló uno de los actos acusados y se declaró inhibido respecto al otro por considerar que se configuraba una indebida acumulación de pretensiones, pues respecto del Decreto 0413 de abril 5 de 1989 de la alcaldía municipal de Cúcuta, por el cual se hizo un nombramiento, la acción procedente era la electoral, al paso que con relación al Decreto 412 de la misma fecha y año, mediante el cual se declaró insubsistente al actor, sí cabía la acción de restablecimiento del derecho. Conoció de esta última y al anular el acto dispuso el restablecimiento del derecho.

Ahora bien, el argumento empleado por el tribunal para acceder parcialmente a las súplicas de la demanda se apoya en un testimonio que en su análisis deja entrever que la insub-sistencia del actor y su posterior reemplazo, fueron en detrimento del buen funcionamiento de la administración, pues el nuevo funcionario no tenía tarjeta profesional, lo cual le impedía llevar adelante la representación judicial del municipio y por ende, ello se tradujo en un recargo de trabajo para los demás empleados de la oficina jurídica, quienes debieron recibir los poderes que el actor ejercía antes de su retiro del servicio. Ese hecho, según el tribunal, es manifestación clara del vicio de “desviación de poder”, pues no se mejoró el servicio, sino por el contrario, se empeoró. Luego la facultad discrecional del nominador se utilizó con propósitos distintos de aquellos para los cuales fue otorgada.

Surtido el trámite legal en esta corporación, las partes y el fiscal guardaron silencio.

Consideraciones

Después de analizar los elementos de juicio que obran en el proceso, la Sala llega a la misma conclusión expuesta por el tribunal para anular la declaratoria de insubsistencia del actor.

En efecto, si bien es cierto no están plenamente demostrados los móviles políticos que se alegan, sí es evidente en este caso, que si su reemplazo en el cargo de abogado del departamento jurídico no estaba en condiciones de atender los procesos a su cargo en ese momento, por carecer de tarjeta profesional de abogado, con esas decisiones no se mejoraba el servicio en esa dependencia del municipio.

El requisito de poseer tarjeta profesional, exigido por el Decreto 235 de 1985 para desempeñar ese empleo debía cumplirse, sin que sirva de excusa a la administración la falta de publicación del acto que ella misma profirió. Es natural que no pueda escudarse en su propia culpa para incumplir las normas municipales. Pero además el Acuerdo 18 de 1976, expedido por el concejo municipal de San José de Cúcuta es claro al prescribir lo siguiente:

Artículo 1º. Parágrafo 1º:

“Tanto el director del departamento jurídico como los dos (2) abogados auxiliares, serán abogados titulados, de manera que se garanticen (sic) con esta calidad que las personas designadas están acreditadas y en condiciones de ejercer la profesión de abogados en nombre y representación del municipio”.

A cargo del doctor Luis Francisco Rodríguez Blanco estaban varios pleitos en que era parte el municipio y al ser declarado insubsistente hubo de sustituir los poderes en personas distintas al doctor Mario Navarra Abello, su reem-plazo, por no poseer él tarjeta profesional de abogado. Ello se establece con los documentos que obran a folios 24 y 71 del expediente.

Por otra parte, la doctora Alicia Carrillo Higuera, directora del departamento jurídico del municipio de Cúcuta en la época en que ocurrieron los hechos, manifiesta lo siguiente en su declaración:

“Los procesos en que venía interviniendo el Dr. Luis F. Rodríguez Blanco no se les sustituyó el poder al abogado Mario Navarra por cuanto a pesar de ser éste abogado titulado no poseía la tarjeta profesional para que pudiera actuar ante los distintos tribunales y despachos judiciales, por lo tanto la gran mayoría de estos procesos tuve que asumirlos yo como director del departamento jurídico y algunos laborales y civiles le fueron asignados a otros abogados de esta dependencia” (fl. 176).

Y más adelante afirma:

“El hecho de que el abogado Mario Navarra no poseyera la tarjeta profesional de abogado sí perturbó la buena marcha de la dependencia a mi cargo por cuanto el trabajo que se relaciona con contestación de demandas que tenían que asignarle a él tenía que ser elaborado por mí, recargando así el trabajo que normalmente desempeño, lo anterior por cuanto otros abogados adscritos a esta dependencia se negaron a realizar el trabajo que debía desempeñar Mario Navarra” (fl. 177).

Lo anterior, sumado a otras declaraciones que hacen alusión a motivos políticos para separar del servicio a los miembros del movimiento de “renovación liberal”, al cual pertenecía el actor, el hecho de que el señor Luis Francisco Rodríguez supiera anticipadamente que iba a ser reemplazado por el señor Mario Navarra a instancias del presidente del concejo municipal de Cúcuta, según lo manifestó el actor ante un notario el 31 de marzo de 1989 y la ausencia de argumentos en contra de la sentencia pues el municipio no apeló, constituye indicio de algún manejo del asunto no inspirado propiamente en razones de buen servicio, lo cual conduce a confirmar la sentencia consultada.

Finalmente, observa la Sala que aun cuando no comparte la apreciación del Tribunal según la cual habría en este caso indebida acumulación de pretensiones, no entra a analizar la legalidad del acto de nombramiento del doctor Mario Navarra, por cuanto el asunto viene en grado de consulta ya que ninguna de las partes apeló y en todo caso no podría hacerse más gravosa la situación para la entidad pública que profirió ese acto.

Habrá sí de adicionarse la sentencia para ordenar que de las sumas correspondientes al restablecimiento del derecho se descuente lo que el doctor Luis Francisco Rodríguez Blanco hubiere recibido de entidades públicas, para acatar los artículos 64 de la Constitución de 1886 y 128 de la actual.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia de 29 de julio de 1992, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del proceso iniciado por el doctor Luis Francisco Rodríguez Blanco.

Adiciónase la sentencia en el sentido de ordenar que de las sumas que el municipio de San José de Cúcuta pague al señor Luis Francisco Rodríguez Blanco como restablecimiento del derecho, se descuente lo que él hubiere recibido durante el mismo período, del tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, de conformidad con el artículo 64 de la Constitución de 1886 y 128 de la actual.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 2 de junio de 1994.

Dolly Pedraza de Arenas—Joaquín Barreto Ruiz—Clara Forero de Castro—Álvaro Lecompte Luna. 

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.

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