Sentencia 7430 de septiembre 9 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ASESINATO DE JUECES

FALLA PROBADA DEL SERVICIO

EXTRACTOS: «Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por los actores contra la sentencia de fecha 24 de marzo de 1992 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

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Los hechos narrados se sintetizan como sigue:

El día 22 de enero de 1988, la doctora María Eugenia Riaño Sanabria se desempeñaba como Juez Primera Penal del Circuito de Chiquinquirá. Hacia las diez de la mañana de ese día en compañía de las doctoras ... tomaba tinto en una cafetería cercana a la sede de los juzgados, cuando fueron sorprendidas por un “sicario” que les disparó, dando muerte a la doctora María Eugenia Riaño Sanabria. El homicida abandonó tranquilamente el lugar, ya que ningún miembro de la fuerza pública protegía a los jueces.

Según el apoderado de los actores constituye un hecho notorio —para la fecha de los hechos— el incremento del narcotráfico y demás formas de delincuencia que en los últimos años han atentado contra la rama jurisdiccional del poder público, asesinando a sus integrantes.

Asevera el apoderado de los actores que una de las zonas críticas de violencia ha sido el occidente de Boyacá, por la explotación y comercio ilícito de esmeraldas, la llegada de aventureros ávidos de fortuna fácil, hechos notorios que convierten a la función jurisdiccional en la más peligrosa de las “profesiones”.

Manifiesta, además, que la muerte de María Eugenia Riaño Sanabria se debió a la falta de protección de la Policía Nacional, lo cual constituye una falla del servicio.

La juez asesinada velaba por sus padres y tenía excelentes relaciones con sus hermanos.

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El fallo del Tribunal. 

En lo fundamental el Tribunal, en su sentencia dijo:

“El señor apoderado de la parte demandante cifra el éxito de sus pretensiones, fundamentalmente, en la sentencia del 12 de julio de 1988, proferida por la Sala Plena del H. Consejo de Estado que condenó a la Nación por la muerte del doctor Córdoba, magistrado del Tribunal de Valledupar, pues la considera aplicable al presente caso, porque aquí también se juzga la responsabilidad por la muerte violenta de un juez que no tenía protección de la fuerza pública.

Leído con atención el aludido fallo que sienta jurisprudencia sobre la responsabilidad del Estado por falla en el servicio por omisión, donde se juzga el efecto de la muerte violenta de un administrador de justicia, se aprecia con claridad que no basta la sola condición de juez para que el Estado, cuando aquél muere violentamente por acción de criminales, incurra en la referida falla del servicio, por no prestarle oficiosamente protección a su vida, pues el mismo fallo anota, que necesariamente se requiere, además, la existencia de una “situación de riesgo determinada por circunstancias excepcionales —que serán evaluadas en cada caso por el juzgador—”, consistentes en antecedentes de persecución, amenazas, atentados criminales, etc., lo mismo, que de un modo azaroso de perturbación del orden público en que el funcionario debe desarrollar su labor.

Para su mayor precisión, se transcribe el aparte medular de la jurisprudencia al respecto, no sin antes observar que tal texto no fue traído a colación en ningún momento en las transcripciones verificadas en la demanda. Veamos:

“...Entonces la tesis que ahora se propugna acepta que es un imposible físico como regla general, que a cada ciudadano se le asigne un policía para preservarlo en su vida, honra y bienes, y que si perdiera la primera en circunstancias de normalidad, no es dable achacarle a la administración responsabilidad patrimonial alguna. Mas este principio se quiebra cuando se está frente a una situación de riesgo determinada por circunstancias excepcionales —que serán evaluadas en cada caso por el juzgador— referidas no sólo a la posición intuitu personae del ciudadano teniendo en cuenta sus condiciones personales y sociales, ejercicio de cargos con autoridad o jurisdicción, antecedentes de persecución o atentados criminales, etc., sino también al medio anómalo y de perturbación del orden público en que tal persona se desenvuelve. Se hace así imperativa la actuación de la autoridad para prestarle especial protección so pena de que se origine la responsabilidad del Estado. Esto último ha sido lo sucedido en el evento sub judice...” (La responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia, Juan Carlos Henao Pérez, Tomo I, ed. 1991, págs. 190 a 191).

En nuestro caso encontramos que la parte actora, según su concepto de oficiosidad de protección por parte del Estado, se conformó con demostrar solamente la condición de juez ostentada por la víctima, la ocurrencia de los hechos y la carencia de protección o vigilancia proveniente de la fuerza pública, sin prestarle atención alguna a la demostración fehaciente de las “circunstancias excepcionales” creadoras del “riesgo” que representaba para la integridad personal de la víctima, que como situaciones de hecho que son, probatoriamente hablando, incumbían a la parte demandante acreditarlas en el proceso, con los medios probatorios idóneos, para ser evaluadas por el juzgador, tal como lo previene la anotada jurisprudencia.

Así las cosas, a la vista del proceso, en cuanto a circunstancias excepcionales que implicarán riesgo inminente contra la vida de la doctora Riaño, nada se acredita, pues no se demostraron eventos de perturbación del orden público en la ciudad de Chiquinquirá, ni en la zona correspondiente a la jurisdicción del juzgado a su cargo que la colocaran en el mencionado estado de riesgo, en virtud de la delicadeza de los asuntos penales a su cuidado, en los cuales se encontraran comprometidos esmeralderos de la zona de occidente, narcotraficantes, sicarios, delincuentes peligrosos, etc., con implicaciones de funestas represalias, ya que nada se acredita al respecto, pues ni siquiera se aportó copia del proceso penal adelantado por la muerte de la doctora Riaño, para ver si de su estudio se podía extraer alguna luz sobre autoría y motivos que tuviesen relación con el desempeño de sus funciones o, si por el contrario, era un homicidio de ocasión, movido por cuestión puramente personal; es más, no se demostró ningún tipo de persecución, amenazas o atentados criminales, con anterioridad a los hechos, ni en momento alguno durante los cuatro años y un poco más, del ejercicio del cargo; ni aparece que en alguna oportunidad hubiese acudido a las autoridades pertinentes en demanda de protección a su integridad personal con base en cualquier tipo de amenazas provenientes de su función como juez, ni como simple ciudadana” (fls. 126 a 128 C. 1).

“...2. En cuanto a la tesis de responsabilidad sin falta por la muerte de un juez, no planteada en la demanda sino tan solo en el alegato de conclusión (fls. 82 a 90 cuad. 1), es preciso observar que esta teoría tendría desarrollo a través de la figura del RIESGO EXCEPCIONAL, cuya esencia radica en que el demandado, para nuestro caso, el Estado, sea el creador del riesgo que ocasionó el daño” (fl. 129 C. 1).

Y concluye que no hubo responsabilidad de la administración.

Inconforme con el fallo, la parte actora interpuso recurso de apelación y en lo esencial dijo:

“2. Si el a quo hubiera leído y analizado lo que yo dije en los mencionados hechos, su conclusión hubiera sido diferente. La mortandad de magistrados y jueces en los últimos años es un hecho notorio que no necesita probarse. En la toma del Palacio de Justicia casi cae asesinada toda la Corte Suprema de Justicia.

Que el occidente de Boyacá, incluido Chiquinquirá, es una de las zonas más violentas del departamento también es un hecho notorio. Que la profesión de juez de Colombia era y sigue siendo una de las más peligrosas también es un hecho notorio. A pesar de tales presupuestos fácticos de gravedad, según el hecho de la demanda, el 22 de enero de 1988 los jueces de Chiquinquirá no tenían ninguna protección por parte de las autoridades militares y de policía. Pero en la demanda no sólo se plantea la responsabilidad por omisión como equivocadamente lo dice la sentencia. En ella, para que hubiera más facilidad del fallador, me permití citar la sentencia de julio 12 de 1988 pronunciada por el honorable Consejo de Estado, expediente R-029, actora Ligia Calderón de Córdoba. En la página 15 del libelo introductorio subrayé lo que dice la sentencia sobre la protección que se debe prestar a los jueces oficiosamente. Repito lo que dice la sentencia mencionada sobre los jueces: “Y merecen especial protección porque son los que están más expuestos a la vindicta de los desalmados, de los mafiosos, de los sediciosos, de los corruptores, de los falsarios, de los peculadores, de los sicarios, de los violadores” (subrayo nuevamente). En otros términos, sí se planteó en la demanda la tesis de responsabilidad sin falta porque si se citó una jurisprudencia del Consejo de Estado y se la subrayó, fue para aplicarla dentro del proceso a favor de la parte que represento y no en contra como lo hace la sentencia.

3. Dice la sentencia recurrida en su página 7 parágrafo segundo:

“Se aprecia con claridad que no basta la sola condición de juez para que el Estado, cuando aquél muere violentamente por acción de criminales, incurra en la referida falla del servicio por no prestarle oficiosamente protección a su vida, pues el mismo fallo anota, que necesariamente se requiere, además, la existencia de una “situación de riesgo determinada por circunstancias excepcionales que serán evaluadas en cada caso por el juzgador”, consistentes en antecedentes de persecución, amenazas, atentados criminales, etc., lo mismo que de un medio azaroso de perturbación del orden público en que el funcionario debe desarrollara su labor”.

Y en seguida la sentencia cita una parte de la del Consejo de Estado. Al leer, tanto el parágrafo citado por el suscrito como el que cita la sentencia se nota a primera vista la contradicción en que incurre el proveído apelado. La sentencia del Consejo de Estado dice textualmente: “Mas este principio se quiebra cuando se está frente a una situación de riesgo determinada por circunstancias excepcionales —que serán evaluadas en cada caso por el juzgador— referidas no sólo a la posición intuitu personae del ciudadano teniendo en cuenta sus condiciones personales y sociales, ejercicio de cargos con autoridad o jurisdicción, antecedentes de persecución o atentados criminales, etc., sino también el medio anómalo y de perturbación del orden público en que tal persona se desenvuelve” (...).

6. Sobre esta parte de la sentencia anoto lo siguiente: Me parece una prueba realmente inconducente traer copia de todos los procesos que adelantaba la doctora María Eugenia Riaño en su despacho. Y en cuanto al proceso penal que se abrió por su muerte, no lo pedí por la misma causa. Si el juzgador lo creía necesario, ha debido decretar la prueba de oficio. Hay un punto neurálgico que la sentencia confunde. Aquí no estamos juzgando a los asesinos de la doctora María Eugenia Riaño, ni tenemos por qué analizar los procesos penales que ella llevaba. Este es un negocio contra la Nación, por responsabilidad extracontractual por la muerte de una juez de la República. Nada tiene que ver en este proceso si a la doctora María Eugenia Riaño la mandó a matar tal o cual persona. El hecho aberrante, antijurí-dico, bárbaro, cruel, anormal, fue que murió asesinada a la luz pública cuando ejercía sus funciones de juez. Esto es lo que la sentencia ha debido analizar y no lo hizo” (fls. 134 a 136 C. 1).

El impugnante transcribe apartes de las declaraciones de las colegas de jurisdicción que departían con la víctima el día de los hechos en la cafetería, para deducir que ésta no tenía vigilancia policiva, lo cual constituye una falla del servicio por omisión.

El apoderado de los actores afirma que la muerte de un juez conlleva a la responsabilidad sin falta, por ser una actividad peligrosa, para la cual es suficiente probar que cuando fue “asesinada” ejercía el cargo de juez y se causaron unos daños.

Para resolver, se

CONSIDERA:

La Sala confirmará el fallo apelado, por encontrarlo ajustado a la ley y al derecho:

El desempeño de funciones jurisdiccionales no es una actividad peligrosa, como lo afirma el apoderado de los actores; es diferente que, en circunstancias excepcionales, por ejemplo, la jerarquía del cargo, el conocimiento de procesos donde estén vinculados sujetos de connotada peligrosidad, la actividad ilícita que ejercen, amenazas y demás circunstancias similares, se requiera protección policiva de seguridad, ya sea de oficio o a petición del funcionario.

Por las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el presente caso, en que se pretende deducir responsabilidad de la Nación-Policía Nacional, sólo es posible analizarlo bajo el título de falla del servicio, cuyos elementos integrantes reiterados tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, son:

a) Ausencia en la prestación del servicio, retardo, irregularidad, ineficacia u omisión en el mismo.

b) Un daño que configure lesión o perturbación de un bien jurídico tutelado; y,

c) Un nexo causal entre la falla o falta de prestación del servicio a que la administración está obligada y el daño.

De faltar alguno de los elementos anteriores, no habrá lugar a indemnización.

Está probado que evidentemente la Juez Primera Penal del Circuito fue asesinada el día 22 de enero de 1988, cuando departía con sus colegas en una cafetería.

El apoderado de los actores allegó al proceso el clamor de gran mayoría de la rama jurisdiccional, encabezada por la Corte Suprema de Justicia, lamentando el insuceso. La actividad probatoria tendiente a demostrar la falla del servicio, fue escasa. Quedaron sin respuestas interro-gantes tales como: ¿qué tipo de negocio tramitaba la juez acribillada? ¿qué amenazas había recibido o qué circunstancias excepcionales la rodeaban? ¿corría su vida peligro de tal manera que de oficio o a petición de la funcionaria la Policía Nacional hubiese debido tomar las medidas necesarias para protegerla? No hay una sola prueba que lleve a la Sala a deducir que se dio el primer elemento estructural de la falla del servicio por irregularidad, ineficacia u omisión. La motivación del a quo, que lo llevó a negar las pretensiones, es correcta, por cuanto toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, conforme al art. 174 del C. de P.C.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE el fallo apelado, esto es el de fecha 24 de marzo de 1992, proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá».

(Sentencia de septiembre 9 de 1994. Expediente 7430. Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández).

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