Sentencia 7437 de diciembre 13 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

EXTRACTOS: «Decide la Sala sobre la demanda que en acción de nulidad presentó en su propio nombre el ciudadano Reynaldo Chavarro Buriticá contra apartes del artículo 9º del Decreto 1339 del 27 de junio de 1994, expedido por el Gobierno Nacional.

Extractos: «Se discute en esta instancia judicial, la legalidad del artículo 9º (apartes) del Decreto 1339 del 27 de junio de 1994, expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto a favor de las corporaciones autónomas regionales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, centrándose la controversia en definir si en las ciudades de más de un millón de habitantes en el área urbana, los recursos correspondientes al porcentaje del impuesto predial recaudado para la protección del medio ambiente, deben ser transferidos a las corporaciones autónomas regionales o a las entidades municipales.

Menciona el actor como vulneradas las siguientes normas: artículos 189, numerales 10, 11 y 317 de la Constitución Política; 12 de la Ley 153 de 1887 y 44 y 46.1 de la Ley 99 de 1993.

Para resolver se considera:

El artículo 317 de la Constitución Política estableció:

ART. 317.—Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización.

La ley destinará un porcentaje de esos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.

Ahora, la Ley 99 de 1993, “que crea el Ministerio de Medio Ambiente y organiza el sistema nacional ambiental”, en concordancia con el artículo 317 de la Constitución Política ha concebido a las corporaciones autónomas regionales como entes corporativos de carácter público, creadas por la ley, integradas por entidades territoriales que por sus características constituyen un mismo ecosistema o conforman una entidad geopolítica, biográfica o hidrográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica. Están encargadas de administrar en todo el territorio nacional (artículo 33) y específicamente dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

Establece, también, una nueva modalidad como son las corporaciones autónomas para el desarrollo sostenible creadas para la protección de determinadas zonas del país.

En relación con los citados recursos, materia de controversia en este proceso, en el artículo 44 y 46 dispuso:

ART. 44.--Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. Establécese, en desarrollo de lo dispuso por el inciso 2º del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio, o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo consejo (sic) a iniciativa del alcalde municipal.

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.

Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, siempre y cuando éstas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de impuesto predial.

Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente ley.

Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las corporaciones autónomas regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los términos de que trata el numeral 1º del artículo 46 deberán ser pagados a éstas por trimestres, a medida que le entidad territorial efectúe el recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente al período de recaudación.

Las corporaciones autónomas regionales destinarán los recursos de que trata el presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que la presente ley establece.

PAR. 1º--Los municipios y distritos que adeudaren a las corporaciones autónomas regionales de su jurisdicción, participaciones destinadas a protección ambiental con cargo al impuesto predial, que se hayan causado entre el 4 de julio de 1991 y la vigencia de la presente ley, deberán liquidarlas y pagarlas en un término de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, según el monto de la sobretasa existente en el respectivo municipio o distrito al 4 de julio de 1991.

PAR. 2º—El 50% del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano del municipio, distrito o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto, cuando la población municipal, distrital o metropolitana, dentro del área urbana, fuere superior a 1.000.000 de habitantes. Estos recursos se destinarán exclusivamente a inversión.

ART. 46.—Patrimonio y rentas de las corporaciones autónomas regionales. Constituyen el patrimonio y rentas de las corporaciones autónomas regionales:

1. El producto de las sumas que, por concepto de porcentaje ambiental del impuesto predial, les transferirán los municipios y distritos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la presente ley.

De las normas transcritas se deduce sin lugar a dudas que los municipios y distritos (sin distinción alguna) deben transferir a las corporaciones autónomas regionales el porcentaje del impuesto predial mencionado.

En este mismo sentido fue entendido por la Corte Constitucional cuando, se pronunció sobre la sobretasa para el manejo y conservación del ambiente sano, en esa ocasión señaló:

“(...) Más recientemente, en diciembre de 1993 se expidió la Ley 99 de 1993, en cuyo artículo 44 de desarrollo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 317 de la Constitución, fijando los porcentajes de participación del impuesto predial con destino a las entidades dedicadas a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables; de manera que esta nueva ley señala los porcentajes para las corporaciones autónomas regionales;”(1) (subraya la Sala).

Otra cosa, es que las grandes ciudades como las llama el legislador tengan las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales en relación al medio ambiente que están enumeradas en el artículo 31 de la citada ley y las cuales pueden desarrollar las entidades territoriales mencionadas bajo la asesoría de las corporaciones autónomas regionales (art. 31, nums. 5º, 8º, 26 y 31 parágrafo 3º y 4º).

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-013 del 21 de enero de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Actor: Jorge Hernández Albarracín.

Entonces, el Gobierno Nacional al expedir el decreto acusado y establecer en el artículo 9º que el porcentaje del impuesto predial será destinado exclusivamente para tales ciudades de acuerdo con sus planes ambientales y que la ejecución de recursos estará a cargo de la dependencia o entidad municipal que se crece o se modifique para tal fin, si esta contrariando la norma constitucional y legal superior, al cambiar las reglas allí establecidas ya que el producto de las sumas por concepto de porcentaje ambiental del impuesto predial constituye patrimonio y renta de las corporaciones autónomas regionales, y es obligatorio de los municipios y distritos transferirlas.

El conclusión el Gobierno Nacional con la expedición del decreto acusado excedió su potestad reglamentaria establecida en el artículo 189 de la Constitución Nacional, pues cambio la destinación de tales ingresos.

Así las cosas, las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad razón por la cual deberá declararse la nulidad de la norma acusada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la expresión “por tales ciudades de acuerdo con sus planes ambientales”.

“La ejecución de tales recursos estará a cargo de la dependencia o entidad municipal que se cree o se modifique para el fin”, contenida en el artículo 9º del Decreto 1339 del 27 de junio de 1994, expedido por el Gobierno Nacional.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en a sesión de la fecha».

(C.E., Sec. Cuarta. Exp. 7437 de diciembre 13 de 1996. Consejero Ponente: Germán Ayala Mantilla).

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