Sentencia 7442 de marzo 10 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

REFORMATIO IN PEJUS

CONCEPTO DE APELANTE ÚNICO

EXTRACTOS: «A la Sala le resta adicionar las siguientes muy simples razones:

a) La impugnación de las providencias judiciales corresponde a los procesados, a sus defensores, al apoderado de la parte civil y al Ministerio Público, en el régimen del anterior Código de Procedimiento Penal, y, en el actual, además por quien cumpla funciones de fiscal y esté llamado a intervenir en la causa de manera general o especial.

Y esta intervención de protesta, que busca remediar una situación que se dice toma como indebida e insoportable en el respectivo proceso, se asume independientemente por cada una de esas personas intervinientes en el mismo, según los intereses que se representen y que se miren como afectados. De ahí que el recurso pueda aparecer introducido por una sola persona o por varios. La ley de procedimiento, con evidente tendencia acusatoria, ha señalado, en cuanto a la reformatio in pejus, que si se trata de una impugnación introducida por un procesado y/o su defensor o un grupo de procesados y/o sus defensores, o del Ministerio Público que busca el favorecimiento del procesado, ésta condiciona sustancialmente el ámbito de la decisión, al punto que no puede irse más allá de lo que con ella se pretende, pues no es factible entender que el recurso se ha introducido, para desmejorarle sino para beneficiarle. En otras palabras, y en estas específicas circunstancias, la medida del recurso está dada por la medida propia del perjuicio. Pero la ley no ha dicho, en parte alguna, que sólo debe mirarse a este fin la participación del procesado o grupo de procesados para hacer predominar su voluntad sobre todas las demás partes que, inicialmente, cuentan con una posibilidad de participación idéntica, con muy semejantes atribuciones y facultades. Lo que ha dicho como restricción sólo aparece cuando la impugnación se desarrolla a expensas de un único procesado o de un único defensor, concepción que la jurisprudencia ha llevado, plausiblemente, a un grupo de procesados, a un grupo de defensores de procesados, a unos y otros, y, al caso del Ministerio Público que asimila su pretensión a esta tendencia. Pero hasta allí llega el sistema procesal. Mas cuando ya interviene en este rol de protesta el Ministerio Público que procura agravar la situación del procesado, o el apoderado de la parte civil, o quien actúa en representación de la fiscalía, ya el juez no está condicionado por la apelación pretendida por el procesado y/o su defensor, sino que adquiere una competencia de más dilatado alcance, actuación que sólo encontrará por límite máximo la pretensión del recurrente, evento en el cual aparece como legítimo el deterioro del tratamiento dado al sentenciado. Y la situación todavía avanza más, en este campo, hasta llegar a un facultamiento pleno e integral, cuando se trata del grado jurisdiccional de la consulta. De no ser así, la ley, y esto habría tenido que decirlo de modo claro y específico, consideraría al procesado y/o su defensor como dueño exclusivo de la apelación, uncida ésta en sus resultados a los exclusivos afanes y beneficios de quien a este título obra en el expediente penal.

b) Cuestión bien diferente, y tal vez esta situación fue la que llevó confusión a la recurrente en casación, se tiene cuando en un determinado momento pueda desestimarse la impugnación de las demás personas intervinientes en el proceso, por fuera del procesado y/o del defensor de éste, evento en el cual vuelve a tener este núcleo de intervención la condición de único.

Puede darse el caso de una apelación concurrente, con fines contrapuestos, de un procesado o grupo de procesados y un Ministerio Público que, a la postre, el recurso de este último deba desestimarse porque se interpuso inoportunamente, o no fue sustentado en debida forma, o no se constituía en idóneo representante de esa entidad, circunstancia entonces que obliga a mirar su alzada como improcedente, manteniéndose, entonces, como único impugnador el procesado y/o su defensor, con las consecuencias ya anotadas. Y otro tanto puede acontecer con la parte civil, que en un momento dado puede, en esta perspectiva procesal, apartarse de lo que legitima su protesta (‘’... los recursos ordinarios podrán interponerse por quien tenga interés jurídico...’’ —art. 196 CPP actual—; ‘’El recurso de casación podrá ser interpuesto por el procesado, su defensor, el apoderado de la parte civil, el fiscal y el Ministerio Público...’’ —art. 222 ib.—) y, en tal caso, al decaer el mismo, quedará, con sus ya dichos efectos, el introducido por el procesado y/o su defensor.

Está bien recordar ahora que la parte civil está llamada a procurar el reconocimiento de sus derechos mediante una intervención que la faculta para participar en las diligencias que se realicen en el proceso, o para solicitar pruebas, o introducir alegaciones o interponer recursos. Pero también debe advertirse que esta actuación debe corresponder a lo que es la razón de ser de la institución, esto es, obtener el resarcimiento de los perjuicios causados con el delito, siéndole ajeno el procurar solamente mayores aflicciones punitivas, sin relación con ese aspecto patrimonial o la cancelación de beneficios. De ahí que una impugnación que busque solamente el que se niegue una libertad concedida, o el otorgamiento de un subrogado, o la acentuación de una pena que no se refleja en la cuantía de las indemnizaciones o en la determinación de un beneficiario de ésta, se exhibe como vedada y se tiene que excluir. Si así acontece, el recurso se tendrá como no interpuesto por la parte civil y entrará a considerarse como único el que interpusiera el procesado y/o su defensor o la total ausencia del mismo si aquél o éste no hicieron uso de tal remedio procesal. En igual sentido pueden consultarse decisiones de los M.M. Saavedra —junio 5/91—, Páez —octubre 9/92— y Duque —febrero 26/93—.

El reconocimiento del estado de ira por grave e injusta provocación, se reflejó, cuantitativamente, en los perjuicios reconocidos en el fallo de primera instancia. Contra esta valoración se alzó la parte civil, procurando con su protesta el que se desconociera tal atenuante y en consecuencia se aumentara el valor de los perjuicios. En esta óptica precisa, estaba facultado para hacerlo y le concedía, por esta vía, plena facultad al tribunal para enmendar lo relacionado con la pena privativa de la libertad, sus accesorias y, en especial, lo relacionado con la tasación de perjuicios, como en efecto aconteció en estos variados temas o consecuencias. No le faltó, entonces, legitimidad ni a la a parte civil para promover y manejar el recurso de apelación, ni al Tribunal para determinarse en la forma en que lo hizo».

(Sentencia de casación, marzo 10 de 1993. Radicación 7442. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásquez).

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