Sentencia 746-99 de noviembre 11 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

AUTORIZACIÓN PARA EL CIERRE DE EMPRESAS

POR EXPIRAR EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

EXTRACTOS: «Se controvierten las resoluciones 961 de 1º de junio de 1994, expedida por el Director Regional de Trabajo del Valle del Cauca, 1211 de 25 de julio del mismo año expedida por el funcionario y 3252 de 20 de septiembre de 1994, expedida por el director técnico del trabajo-Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, por medio de los cuales no accedió a la solicitud de cierre y cancelación de los contratos de trabajo a la empresa Facomec S.A.

Obra en autos que Facomec S.A., mediante apoderado, formuló la solicitud de autorización para proceder al cierre de la empresa y cancelación de los contratos de trabajo, el 14 de abril de 1994.

Sustentó la petición en que, según el artículo 3º de los estatutos “la sociedad Facomec S.A. estatutaria y legalmente termina sus operaciones el 1º de octubre de 1994 y ese hecho es causal de disolución (C. Co., art. 218, num. 1º y ss.) como de terminación de los contratos de trabajo ...”.

En síntesis las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no accedieron a la petición formulada por Facomec S.A., en consideración a que, si bien el artículo 3º del estatuto social, modificado según acta 37 de 6 de octubre de 1993, había dispuesto:

““La sociedad tendrá una duración hasta el 1º de octubre de 1994, sin perjuicio de que pueda ser disuelta o prorrogada antes del vencimiento del término indicado, conforme a lo previsto en la ley”. Del texto anterior se desprende lo siguiente: la asamblea de accionistas de Facomec S.A. no aprobó la disolución y liquidación de la sociedad, antes por el contrario deja planteadas algunas alternativas como son, no disolver la sociedad y prorrogarla antes del vencimiento del término de duración”.

Por lo anterior estimó que no era viable determinar cuál era en realidad el motivo que tenían los accionistas para disolver o liquidar la sociedad y no era función de tales autoridades dirimir esa clase de interpretaciones, pues no se desprendía con claridad la voluntad de los socios frente a la empresa. Se lee en uno de los apartes del primero de los actos acusados:

“Del texto del acta número 37, se deduce además, que los accionistas de la empresa Facomec S.A. tomarían unas medidas de alerta para evitar la terminación de la compañía, no se habla de la disolución y liquidación de la misma, como consta en el parágrafo 4º de la reforma estatutaria, contenida en esta acta”.

Los planteamientos antes expuestos por las autoridades del trabajo, gozan de respaldo probatorio, como puede apreciarse en la fotocopia autenticada del “extracto de acta número 37, visible a folios 28 y 29 del cuaderno principal del expediente. Del mismo documento, se destaca el siguiente aparte:

“Por lo anterior, manifestó que era la intención de sus representantes reformar los estatutos sociales de Facomec S.A., para reducir el término de duración de la misma. Indicó sin embargo que esta era una medida de alerta que no implicaba necesariamente la terminación de la compañía, pero que sí obligaba a buscar un cambio positivo en las condiciones y resultados, que de producirse daría origen a una decisión de la asamblea para modificar nuevamente el mencionado término según las previsiones futuras que se tuvieran en el momento”.

Los elementos antes mencionados llevan a la Sala a la conclusión de que, si bien los estatutos de Facomec S.A., han señalado un término de duración hasta el 1º de octubre de 1994, a la par, han contemplado la salvedad de que dicho plazo pueda prorrogarse antes del término indicado.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965 modificado por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, cuando algún empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores, o terminar labores total o parcialmente, deberá solicitar autorización al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explicando los motivos y acompañando las correspondientes justificaciones.

A su vez, los funcionarios del trabajo están facultados para expedir tal autorización. No obstante, el simple anuncio estatutario de la expiración del término de duración no es razón suficiente para que la administración autorice el cierre de la empresa y por ende la cancelación de los contratos de trabajo.

Es cierto que a la luz de la legislación comercial, la sociedad se disuelve por el vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuese prorrogado validamente antes de su expiración (C. Co., art. 218), sin embargo la sola llegada de dicho plazo no es suficiente para expedir tal autorización.

Obsérvese que desde el punto de vista del derecho comercial, cuando la disolución de la sociedad se produce por el vencimiento del término de duración, se debe proceder de inmediato a su liquidación, como se desprende del examen armónico de los artículos 218 a 222 del Código de Comercio, circunstancias que no fueron probadas en el sub lite, pues como antes se advirtió las disposiciones de los estatutos que sirvieron de fundamento a la sociedad actora para formular la solicitud ante el Ministerio de Trabajo señalan el término de duración y simultáneamente dejan a salvo la posibilidad de que pueda ser prorrogado. No se allegó ninguna prueba que lleve a la Sala a la convicción acerca de que, por la época en que la entidad presentó la solicitud hubiera optado por el camino de la liquidación de la misma. Eran ellos los correspondientes motivos y justificaciones que prevé la ley y que servirían de fundamentación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para autorizar la solicitud y que no allegó la actora(*).

(*) Véase también el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de diciembre 12 de 1994, publicado en J. y D., Nº 279, pág. 251 (N. del D.).

En suma, en el presente asunto no se desvirtuó la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados, razón por la cual la Sala confirmará el fallo de primera instancia, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, denegó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE el fallo del día 6 de noviembre de 1998, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio del cual denegó las súplicas de la demanda promovida por Fábricas Colombianas de Materiales Eléctricos, “Facomec”.

Cópiese, notifíquese y cúmplase y una vez ejecutoriada, devuélvase al Tribunal de origen. Publíquese en los Anales del Consejo de Estado».

(Sentencia de noviembre 11 de 1999. Expediente 746-99. Magistrado Ponente: Dr. Javier Díaz Bueno).

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