Sentencia 7461 de marzo 12 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Acta Nº 10

Radicación Nº 7461

Magistrado Ponente:

Dr. Germán G. Valdés Sánchez

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil dos.

Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia contra el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, calendado el 19 de febrero de 2002, mediante el cual concedió la acción de tutela promovida por el señor Alfonso Herrera Llano.

Antecedentes

Alfonso Herrera Llano instauró acción de tutela contra la Asociación Bancaria Cifin, al considerar vulnerado su derecho fundamental al habeas data de que trata el artículo 15 de la Constitución Política, por tener reportado su nombre en el banco de datos como deudor moroso, pese a haber cancelado totalmente su crédito.

Manifiesta el accionante que en el año 1993-05-01 adquirió tarjeta de crédito Banco de Occidente - Credencial en cuantía de $ 299.376, que canceló en su totalidad el 27 de agosto de 2000, identificada como obligación 543203-1-370695001; que se encuentra reportado en la base de datos de la Asociación Bancaria y/o Cifin en Bogotá, como deudor moroso de dicha obligación, pese a que la entidad financiera comunicó la cancelación total del crédito; que en ningún momento autorizó para que en caso de mora en el cumplimiento de la obligación fuese reportado a la accionada, requisito esencial para su validez, hecho que lo ha perjudicado en la medida que ha solicitado un crédito comercial a Davivienda, que no ha tenido éxito por la existencia de dicho registro.

Solicita el accionante que se ordene a la accionada que dentro del término de ley proceda a cancelar el registro que respecto de su nombre aparece con la obligación número 543203-1-370695001.

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia respondió al tribunal manifestando entre otras cosas, que la tarjeta de crédito del accionante, según información reportada por el Banco de Occidente en el Central de información financiera, Cifin, aparece calificada como castigada y con los siguientes últimos comportamientos: “el identificado con el número 6 implica que en ese mes hubo una mora de 180 días; con la letra R, que significa que en esos meses no se reportó información, y el último, identificado con la letra N, significa que ese mes fue normal o presentó una mora hasta de 29 días. hay que señalar que el día 27 de agosto de 2001 hubo un pago voluntario de la mora que alcanzó a presentar la obligación. Estos datos tienen una fecha de permanencia hasta el día 22 de agosto de 2002”.

El tribunal otorgó el amparo solicitado, aduciendo entre otras razones que “... forzoso es concluir, que la mora en que incurrió el demandante, conforme a las pruebas analizadas, darían lugar al registro de la información correspondiente en la base de datos de la Asociación Bancaria de Colombia, Cifin, pero por un término razonable, que sería de un año, pues es claro que en el caso bajo examen, el actor superó ese lapso de tiempo establecido por la doctrina de la Corte Constitucional, ya que la deuda se canceló el 27 de agosto de 2001, es decir, con una mora de 180 días, por lo que a partir de esa fecha, empieza a contabilizarse el término de inclusión en los reportes aludidos, para finalizar el 27 de agosto de 2002.

“De acuerdo con lo anterior, no se configuraría vulneración alguna al derecho fundamental de habeas data.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que mediante la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001, se estableció un alivio para las personas que se pongan al día en sus créditos.

Dice el artículo 19 de la citada ley: “Las personas que dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley se pongan al día en obligaciones por cuya causa hubieren sido reportadas a los bancos de datos de que trata este artículo tendrán un alivio consistente en la caducidad inmediata de la información negativa histórica, sin importar el monto de la obligación e independientemente de si el pago se produce judicial o extrajudicialmente”.

“Aplicando la norma transcrita al sub judice, tampoco habría lugar a tutelar el derecho invocado, pues el demandante se puso al día en su obligación antes de entrar en vigencia la ley.

En todo caso considera la Sala, que debe darse aplicación a la norma, porque si bien es cierto el accionante canceló su deuda antes del 29 de diciembre del año pasado, de no hacerlo estaría contrariando el principio de igualdad de las personas que antes de dicha fecha se pusieron al día en sus obligaciones.

Por esa razón se tutelará el derecho invocado por el señor Alfonso Herrera Llano y se ordenará a la Asociación Bancaria Cifin para que en el término de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta decisión, proceda a cancelar el registro que sobre el comportamiento comercial del demandante reposa en su base de datos en relación con la obligación crediticia 5432031370695001”.

Inconforme con la decisión, la entidad accionada la impugnó, manifestando que en cumplimiento del fallo de tutela ha cancelado el registro correspondiente a la obligación crediticia mencionada, haciendo algunos cuestionamientos al fallo pronunciado por el tribunal, respecto de la interpretación del artículo 19 de la Ley 716 de 2001.

Consideraciones

En conformidad con el artículo 15 de la Constitución Política, a toda persona le asiste el derecho de conocer las informaciones que de ella se hayan recogido en bancos de datos y, en caso de que ellas no correspondan a la realidad, de solicitar su rectificación o actualización.

Para que se conculque tal derecho es necesario que la persona responsable del banco de datos se niegue injustificadamente a entregar la información a quien, por ser el directamente afectado, se la solicite formalmente o a realizar las correcciones o actualizaciones que éste le solicite, siempre y cuando tal información no corresponda a la realidad o que a pesar de corresponder, ésta se encuentre desactualizada.

En contraposición a lo anterior, se encuentra el derecho a informar y a ser informado que consagra el artículo 20, ibídem, que legitima la utilización y el manejo de los bancos de datos que emplean usualmente las entidades financieras con el objeto de evaluar el riesgo crediticio, como lo afirma la accionada.

Dicha contraposición demanda que toda exégesis encaminada a la fijación de los alcances de uno u otro derecho, deberá consultar siempre un ejercicio armónico que garantice el goce pleno de cada uno de ellos, sin que el amparo que eventualmente se pueda otorgar a tal o cual implique el cercenamiento o anulación del que se le enfrenta.

Además deberá tomarse en cuenta que el ejercicio legítimo de un derecho, no puede implicar la vulneración o conculcación de otro. De ahí que el artículo 45 del Decreto 2591 de 1991 disponga que la acción de tutela no procede contra las conductas legítimas de un particular, ni tampoco, ha agregado esta Sala, contra las de las autoridades públicas (ver fallo, rad. 834, de dic. 7/93).

La información que aduce el accionante vulnera su derecho consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, es la siguiente, según se informa a folio 50:

“...Tarjeta de crédito Nº 5432031370695001 expedida el día 1º de mayo de 1991, la cual, según la información reportada por dicha entidad con corte al 27 de agosto de 2001, esta obligación aparece calificada como castigada y con los siguientes últimos comportamientos: el identificado con el número 6 implica que en ese mes hubo una mora de 180 días; con la letra R, que significa que en esos meses no se reportó información, y el último, identificado con la letra N, significa que en ese mes fue normal o presentó una mora hasta de 29 días. Hay que señalar que el día 27 de agosto de 2001 hubo un pago voluntario de la mora que alcanzó a presentar la obligación. Estos datos tienen una fecha de permanencia hasta el día 22 de agosto de 2002”.

Para la Sala, la anterior información no corresponde a otra realidad diferente que a la informada en la demanda, pues en ella se encuentra descargado el pago que dice haber realizado el peticionario.

Lo cierto es que, a pesar de que el accionante pagó el crédito reportado en la base de datos de la accionada, el pago fue tardío y, como consecuencia, ello implica un factor de riesgo crediticio que tiene derecho a ser conocido por el sistema financiero.

Ahora bien, la desaparición del factor de riesgo debe implicar necesariamente la eliminación de la información en la base de datos. El pago tardío o en mora, no implica que dicho riesgo desaparezca automáticamente, así se haga éste en forma voluntaria.

Pero como la situación del afectado no se puede mantener indefinidamente en el tiempo, para la Sala resulta ajustado el criterio de la accionada de mantenerla durante un plazo prudencial, durante el cual se presume que el deudor se ha rehabilitado.

En síntesis, no observa la Corte una omisión, ni mucho menos una actuación contraria al legítimo ejercicio del derecho a la información, por lo que se puede considerar que la accionada observó una conducta ajustada a la ley, contra la cual es inconducente la tutela, aunado al hecho de que ya canceló el registro correspondiente a la obligación crediticia mencionada.

Las motivaciones anteriores son suficientes para REVOCAR la providencia impugnada. En su lugar se negará la tutela impetrada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Revocar la decisión impugnada, para negar la tutela solicitada.

2. Notificar esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado.

Notifíquese y cúmplase.

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