Sentencia 7469 de julio 5 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

DESCUENTOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJADOR

EXTRACTOS: «En verdad la hermenéutica del ad quem, no corresponde al entendimiento que le ha dado la jurisprudencia vigente desde hace ya varios años, a los artículos 59 y 149 del Código Sustantivo del Trabajo.

Las citadas disposiciones, antes que prohijar, prohíben al empleador deducir, retener o compensar suma alguna del monto de salarios y prestaciones, sin autorización previa escrita del trabajador para cada caso, o sin mandamiento judicial, salvo en los casos en que la ley lo faculte para ello, tal como ocurre para los eventos y dentro de las condiciones previstas en los artículos 59-b (descuentos del 50% del salario por deudas a cooperativas), 113 (multas hasta la quinta parte del salario diario), 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo del Trabajo (cuotas sindicales, de cooperativas, de cajas de ahorro, del seguro social obligatorio, sanciones disciplinarias), además de los establecidos en otras disposiciones, por concepto de retención en la fuente, cuotas de amortización de préstamos otorgados por cooperativas, fondos de empleados, o Banco Popular, o préstamos para vivienda otorgados por el Inurbe o por el empresario; entre otros.

En principio, con arreglo al inciso primero del artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo están expresamente comprendidos en la referida prohibición los descuentos o compensaciones que el empresario efectúe sin autorización del trabajador, para cada caso, o sin que se haya proferido una decisión judicial que así lo disponga, en los eventos de “uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con el patrono, sus socios, sus parientes o sus representantes; indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados, o pérdidas o averías de elementos de trabajo; avances o anticipos del salario; entrega de mercancías, provisión de alimentos y precio de alojamiento”.

Es cierto que la jurisprudencia de esta Corporación en algunos casos ha admitido la validez de autorizaciones globales del trabajador a su empresario para determinados descuentos o compensaciones, pero igualmente ha precisado que ellas son procedentes cuando sean indispensables habida cuenta de la naturaleza especial de la actividad o de la forma de retribución de servicios, o cuando sean útiles para los intereses del propio trabajador, “como en los casos en que la remuneración está constituida esencialmente por comisiones, participaciones, bonificaciones o formas semejantes de salarios variables y de un pago un tanto diferido, donde es usual y equitativo que el empresario le haga anticipos al empleado para atender a sus necesidades inmediatas” (sentencia de febrero 2 de 1977).

Mas en los términos de la citada sentencia, que ahora se reiteran, es menester que aun en esas precisas hipótesis las dichas autorizaciones generales deben ser escritas, claras y expresas en sus términos respecto de la naturaleza concreta de las deducciones, de sus oportunidades y de las causales que las determinen, por lo que no basta —como lo creyó suficiente de manera errónea la sentencia censurada—, que se establezca otra deuda laboral a cargo del trabajador.

Agrega en esta oportunidad la Sala, que tales autorizaciones globales de descuentos sólo pueden operar frente a obligaciones que emanen directamente del vínculo laboral, mas no respecto de aquellas contraídas por las partes pero originadas en relaciones jurídicas distintas.

Como los artículos 59 y 149 del Código no establecen ninguna distinción sobre la oportunidad de la prohibición al empresario de descontar unilateralmente sumas de dinero, debe entenderse que ella abarca no sólo la vigencia del contrato de trabajo, sino también su terminación, y protege tanto los salarios como las prestaciones sociales. Lo anterior es una manifestación de la especial protección de que goza el trabajo, y particularmente el derecho a la retribución de los servicios del trabajador, cuya eficacia quedaría desamparada si se prohijara la procedencia de estipulaciones genéricas preimpresas en los contratos laborales que probablemente suscribirían algunos empleados al comenzar su relación laboral, en razón de su inferioridad económica y que eventualmente podrían facilitar abusos o defraudaciones, o al menos facultarían a una de las partes para hacerse justicia por sí y ante sí anticipadamente, a pesar de que su presunto derecho sea controvertible judicialmente.

Tampoco es válido fundar, como lo hizo equivocadamente el sentenciador, en el estado de insolvencia económica del ex trabajador la presunta facultad patronal de compensación de cualquier obligación insoluta al momento de la terminación del contrato de trabajo, toda vez que los salarios y las prestaciones tienen carácter vital para su beneficiario y su familia, y por lo mismo no son aplicables los principios del derecho civil sobre compensación de obligaciones.

Por lo demás, debe reiterarse que el anticipo de comisiones y su posterior imputación a las efectivamente devengadas por el trabajador, por no constituir descuento o compensación, no queda cobijada dentro de la prohibición, por lo que el empleador no requiere para el efecto autorización de ninguna clase, ya que simplemente, dadas las particularidades de esta forma de retribución, realiza un pago adelantado beneficioso para quien lo recibe. Dentro del concepto mencionado no quedan comprendidas, en cambio, deducciones que haga directamente el empleador del salario o prestaciones por cheques sin fondos girados por clientes de la empresa o en general por pérdidas comerciales asumibles por el empresario como consecuencia de los riesgos de toda actividad mercantil, los cuales no pueden quedar a cargo del empleado por mandato legal expreso, sin perjuicio de las acciones que contra él puede adelantar el subordinante en caso de ser el trabajador responsable del desmedro económico de aquél.

Con relación a la prohibición de retener sumas de dinero en sentencia del 17 de enero de 1985, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia expresó:

“Y no podría ser de otro modo, para no incurrir en el grave error de desconocer la prohibición expresa y categórica de las normas citadas, o de hacerla nugatoria, cuando de otra parte tal limitación corresponde a la esencia misma del derecho laboral, que protege la integridad de la remuneración debida al trabajador, que para él es medio indispensable de subsistencia vital. Sería a todas luces equivocado aceptar que el patrono pueda imponer válidamente la compensación en tales casos, con base en la legislación civil orientada por los principios de libertad e igualdad en los contratos, que no rigen en el derecho del trabajo. Quedarían así sin piso las normas especiales que protegen al trabajador, garantizándoles la percepción oportuna y efectiva de su remuneración, que es irrenunciable, inembargable, y constituye además ingreso exento y crédito privilegiado, como lo disponen las normas y lo exige la justicia”».

(Sentencia de casación, julio 5 de 1995. Radicación 7469. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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