Sentencia 7481 de marzo 15 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

IMPUESTOS DE ENTIDADES TERRITORIALES

SUBSISTENCIA DE EXENCIONES CONCEDIDAS POR LA LEY

EXTRACTOS: «La Ley 120 de 1919 dispuso:

“ART. 9º—Declárase de utilidad pública la industria de explotación de hidrocarburos y la construcción de oleoductos”.

“CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES FISCALES.

ART. 35.—La exploración y explotación de los yacimientos o depósitos de que trata esta ley, el transporte de sus productos, la maquinaria y demás elementos necesarios para su beneficio y para la construcción y conservación de oleoductos, quedan exentos de toda clase de impuestos departamentales y municipales, directos o indirectos que puedan gravarlos”.

Y así lo reiteró el Decreto 1056 de 1953, ar-tículo 16 al disponer:

“La exploración y explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus derivados y su transporte, las maquinarias y demás elementos que se necesitaren para su beneficio y para la construcción y conservación de refinerías y oleoductos quedan exentos de toda clase de impuestos departamentales, y municipales, directos o indirectos, lo mismo que del impuesto fluvial”.

Consagró así la ley, exención de impuestos departamentales y municipales a la construcción de oleoductos, norma que según la demandada está derogada y por el contrario para la actora está vigente.

Se fundamenta la demandada, para reclamar la derogatoria de la norma, en el Acto Legislativo Nº 2 de 1987 modificatorio del artículo 183 de la Constitución Política de 1886, que fue ratificado en los artículos 294 y 362 de la Constitución Política de 1991 y los cuales disponen:

Constitución Nacional de 1886:

“ART. 183.—Los bienes y rentas de las entidades territoriales son de su propiedad exclusiva; gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares y no podrán ser ocupados sino en los mismos términos en que lo sea la propiedad privada.

La ley o el Gobierno Nacional, en ningún caso, podrá conceder exenciones respecto de derechos o impuestos de tales entidades ni imponer a favor de la Nación o entidad distinta recargos sobre sus rentas o las asignadas a ellas...” (Acto Legislativo Nº 2 de 1987).

Constitución Política de 1991:

“ART. 294.—La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317”.

“ART. 362.—Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares.

“Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior”.

A juicio de la parte demandada el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 quedó sin vigencia, por ser contrario al Acto Legislativo Nº 2 de 1987 y al artículo 294 de la actual Constitución, y por lo tanto perdió también su vigencia la exención mencionada.

A juicio de la Sala no tiene razón el apoderado de la demandada, porque si bien es cierto que desde la enmienda constitucional del año de 1987 (Acto Legislativo Nº 2, art. 1º), se otorgó especial protección a los bienes y rentas de las entidades territoriales, imponiendo una prohibición futura, al gobierno entonces y hoy a la ley (art. 294 de la Constitución Política) para conceder exenciones sobre derechos y tributos de propiedad de las entidades territoriales; dichas normas no protegen derechos e impuestos que, de acuerdo con la misma ley, eran inexistentes, en virtud de las exenciones reconocidas o de las prohibiciones de gravar con impuestos algunas actividades económicas, en razón de su vital importancia para el desarrollo del país.

No resulta válido el argumento de la existencia, como bien propio del municipio, del derecho a la percepción de un tributo que no existía, y no es posible reclamar su garantía constitucional con el fin de desconocer normas que complementan, determinan y reiteran la prohibición a los departamentos y municipios de gravar con impuestos las actividades exoneradas de los mismos.

El orden lógico de las cosas exige, como supuesto básico, para que se dé cumplimiento a la prohibición contenida en el artículo 183 de la Constitución Nacional, que previamente a la vigencia del artículo 1° del Acto Legislativo Nº 2 de 1987, existiera, en el presente caso, el impuesto de delineación para los oleoductos, pues no puede exencionarse un gravamen que no existe sobre determinada actividad económica.

Dicha exención se encontraba prevista en el Decreto 0850 de 1965, que reglamentó la prohibición contenida en el artículo 16 del Código de Petróleos (y fue reiterada en la Ley 141 de 1994, artículo 27), y que al igual que la Ley 120 de 1919 es norma posterior a las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, que autorizaron la creación del impuesto de delineación, y por consiguiente de preferente aplicación.

Por ello la Sala reitera los planteamientos hechos en la sentencia del 25 de abril de 1980, dentro del proceso 4423 en donde con ponencia del doctor Enrique Low Murtra, dijo la Sala:

“... De otro lado, la Constitución le da a los bienes y rentas de los departamentos las mismas garantías de que goza la propiedad privada y prohíbe al Gobierno Nacional establecer exoneraciones sobre derechos e impuestos de las entidades territoriales. No obstante, como en el caso sub lite, se trata de normas legales que entraron a regir antes del Acto Legislativo Nº 1 de 1968, las exoneraciones sobre impuestos municipales creadas por leyes anteriores al nuevo ordenamiento constitucional, mantienen su vigencia en tanto y en cuanto no hayan sido modificadas por nuevas leyes...” (Anales del Consejo de Estado, Primer Semestre de 1980, Nos. 465 - 466, tomo XCVIII, año LV, página 521. Párrafo segundo). (Subraya la Sala).

Tampoco la exención prevista quedó insubsistente al entrar en vigencia el artículo 294 de la Constitución Política de 1991, porque la Constitución regula la vida y hechos futuros a partir de su vigencia (1991) y en materia de tributos indica que sobre aquellos de propiedad de las entidades territoriales, no puede la ley establecer exenciones ni tratamientos especiales, pero no dice que aquellas exenciones creadas por la ley atendiendo razones de política fiscal, social y económica hayan quedado derogadas».

(Sentencia de marzo 15 de 1996. Expediente 7481. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

______________________________