Sentencia 7487 de julio 7 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

CONVENCIÓN COLECTIVA

NO SE APLICA A QUIEN FUE NEGOCIADOR POR ENTIDAD ESTATAL

EXTRACTOS: «El fallo recurrido consideró que al no haberse aportado los estatutos de la empresa industrial y comercial del Estado demandada, el actor debía considerarse trabajador oficial, y en tal calidad era beneficiario del ordenamiento convencional celebrado entre la empleadora y el sindicato de trabajadores de la electricidad de Colombia “Sintraelecol”, y en especial de la bonificación por servicios y su incidencia prestacional, y de la indemnización convencional por despido injusto consagradas en la convención colectiva de trabajo vigente entre el 1º de enero de 1992 y el 24 de noviembre de 1993, la cual apreció y fue sustento de su decisión.

Sin duda dicha convención —que aparece a folio 44 del expediente debidamente autenticada y con la constancia de su depósito oportuno— se encontraba vigente y era la aplicable a la gran mayoría de los trabajadores de la empresa al momento de la terminación del contrato del demandante. Tal convenio colectivo sustituyó a cualquier otro que rigió en el pasado. En él consta claramente que el accionante fungió como representante del empresario y que en esta condición celebró el acuerdo colectivo con los representantes del sindicato.

Como se ve, el ad quem, a pesar de haber apreciado esa probanza —porque derivó de ella los eventuales derechos extralegales del actor—, no infirió, como era de rigor, que en virtud de su calidad de representante del empresario estatal el demandante no podía invocar a su favor esos beneficios por cuanto si bien por acuerdo entre las partes en principio sus destinatarios eran los trabajadores oficiales que se encontraren al servicio del empleador al momento de la firma, normas superiores de orden público absoluto proscriben expresamente ese despropósito, en acatamiento a postulados superiores que salvaguardan la moralidad administrativa y procuran evitar la irresponsabilidad de los agentes estatales en la negociación colectiva que antepongan su interés personal al público por ellos representado accediendo a tales beneficios con el pretexto de favorecer a los trabajadores, cuando en realidad la última ratio sea utilizar el tesoro público en su propio provecho.

Los representantes de las empresas oficiales que intervengan a nombre de ellas en la negociación colectiva deben acatar las directrices y políticas señaladas por las juntas directivas y por el Conpes, sin perjuicio del respeto al derecho de negociación colectiva, y no pueden beneficiarse del régimen prestacional que resulte de la respectiva convención, por prohibirlo de modo expreso el artículo noveno de la ley cuarta de 1992.

Por ello le asiste plena razón a la recurrente cuando da a entender que el negociador patronal oficial por ser el personero del interés estatal, y en últimas del interés colectivo, una vez celebrado el convenio no puede trasmutarse en beneficiario de los derechos concedidos a su contraparte, porque ciertamente ese desdoblamiento de la personalidad no está prohijado por los principios generales de derecho, por la lógica, ni por la preceptiva aplicable al sector oficial que en forma diáfana y categórica lo impide.

De otra parte, conviene advertir que dicha limitación así mismo apunta a proteger la autonomía de las partes en el proceso de negociación colectiva, evitando verdaderos actos de injerencia en el funcionamiento de la organización sindical, que es también lo que busca eliminar el Convenio 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios de la negociación colectiva, aprobado por la Ley 27 de 1976.

Esas razones que constituyen los fundamentos de la restricción legal anotada, no obstante la defectuosa redacción de la Ley 4ª de 1992, militan también con relación a las indemnizaciones y demás beneficios obtenidos mediante la negociación colectiva, pues aún antes de la vigencia de dicha norma, la jurisprudencia había considerado que en verdad no existe ningún sustento lógico para circunscribir tan sensata restricción a las prestaciones sociales y dejar por fuera a los demás beneficios o regulaciones porque es evidente que el espíritu, fundamento y derrotero de la normatividad que gobierna la negociación colectiva oficial se predica en aquellas y estos eventos, que se enderezan a conjurar los excesos atrás señalados.

Sin embargo, es necesario precisar que la exclusión legal allí contemplada no rige para todos los trabajadores oficiales que ostenten una posición directiva en las empresas estatales, sino solamente para quienes tienen el poder de comprometerla como negociadores y celebrantes de la convención colectiva.

En esas condiciones es manifiesto el yerro en que incurrió el Tribunal al aplicar las prerrogativas convencionales a quien por su condición de negociador de la empresa oficial estaba legal y razonablemente inhabilitado para ello, por lo que el cargo tiene vocación de prosperidad en lo atinente a las condenas por bonificación por servicios, indemnización convencional por despido y reliquidación de prestaciones sociales fulminadas por el sentenciador».

(Sentencia de casación, julio 7 de 1995. Radicación 7487. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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