Sentencia 7501 de abril 2 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7501

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Ardila Velásquez.

Bogotá, D.C., dos de abril de dos mil tres.

EXTRACTOS: «I.Antecedentes

1. El proceso se abrió con demanda en que se pidió declarar que la demandada incumplió el “contrato de seguro de vida” celebrado con Diego A. Arteaga Burgos, contenido en la póliza APT 2349 y que, en consecuencia, está obligada a pagar dicho seguro a las demandantes, beneficiarias designadas en el formulario de aceptación.

2. Como hechos, se narraron los que siguen:

El 24 de febrero de 1994 se celebró un “contrato de seguro de vida” siendo tomador-asegurado Diego A. Arteaga Burgos y asegurador la compañía ahora demandada, contrato individual contenido en la póliza APT-2349, certificado 71701265, sujeto a los términos y condiciones del plan de seguros “Protégenos”, “póliza que se configura además con el formulario de aceptación diligenciado y recibido por Cigna S.A. antes del 25 de marzo de 1994”.

El riesgo asegurado se materializó con la muerte accidental del tomador ocurrida el 26 de febrero de 1994, esto es, con posterioridad a la vigencia del contrato; mas la aseguradora objetó la reclamación, fincándose en que quien la presentó no era beneficiaria exclusiva ni tenía poder para hacerlo a nombre de las demás, que el seguro no cubría el suicidio o el intento de suicidio y que “la firma que aparece en el formulario de aceptación del seguro difiere de la que aparece en los registros de la tarjeta “Mastercard”, entidad a través de la cual se ofreció el seguro”.

3. Al oponerse a las pretensiones, adujo básicamente la demandada que el “formulario de aceptación y autorización al Banco de Occidente”, no fue suscrito por Diego Arteaga Burgos, pues la firma que en él figura no es suya. Y como excepciones de mérito, propuso las que denominó “inexistencia y/o ineficacia del contrato seguro”, “prescripción ordinaria”, “exclusión del riesgo de suicidio dentro de las estipulaciones de la póliza de seguros” y “cancelación o terminación automática de la póliza”.

4. La sentencia de primera instancia, que declaró “configurada (la) prescripción extintiva de la acción”, fue revocada por el tribunal al desatar la apelación de las demandantes, acogiendo en lo fundamental las súplicas de la demanda.

(...).

Consideraciones

Obedece el despacho conjunto de los cargos a que de ambos es predicable la misma falencia técnica.

Del breviario de la sentencia impugnada brota manifiesto que el juzgador consiente en que la cuestionada firma del formulario de aceptación del contrato no era en verdad del causante. Empero no le proporcionó importancia, porque a su juicio, siendo también válido el consentimiento tácito, en este caso lo hubo con arreglo a las conductas y actitudes que trajo en pos de tal aserto. Y como el recurrente alega en uno y otro cargo que el consentimiento tiene que ser escrito (C. Co., art. 1137) es notorio que la querella tiene un claro sabor jurídico tendiente a esclarecer un punto que no es propio del caso de ahora sino de una tesis jurídica en general, disputa la cual, establecido se tiene, nada tiene que ver con la vía indirecta erróneamente planteada y, antes bien, ha de desarrollarse en un plano estrictamente teórico con ausencia total de enfrentamientos fácticos y probatorios, vale decir, por la vía directa, puesto que la pugna está entonces matizada en el específico tema de la hermenéutica que de las normas jurídicas defienden cada uno por su lado.

Fruto de tal deficiencia es el desarrollo mismo de las acusaciones. El recurrente, en verdad, acabó alegando impertinentemente. Pues que si no, cómo puede entenderse que el aspecto toral de su queja esté en acusar al sentenciador de desacierto probatorio en punto de la firma del pluricitado formulario, si es que, como se vio, el tribunal observó en toda su exactitud esa circunstancia, sólo que le pareció inocua y por eso, volviendo la espalda al documento, fue en procura de un eventual consentimiento tácito. Siendo así, en ese terreno fáctico y probatorio no existe en rigor pendencia alguna, y salta de inmediato la demostración elocuente de que, después de todo, la única controversia posible, alegándose como se alegó que el consentimiento tiene que ser por escrito, no podía escapar del terreno puramente jurídico. Dicho de otro modo, es literalmente imposible la riña probatoria que el recurrente montó en los cargos, pues no tiene contendor a la vista si es que el tribunal coincide con él en que la firma del formulario no pertenecía al causante. Antes que enfrentados, se muestran armoniosos. De donde se larga la conclusión que para invocar la vía indirecta no vale suponer refriegas probatorias; imprescindible es que la polémica sea real y no aparente.

Obsérvase que el impugnante no se desplazó propiamente a discutir los hechos que para los ojos del tribunal constituían asentimiento tácito en el seguro, por lo mismo que se resistió a creer que esta manera de asentir fuese de recibo, y su ahínco no trascendió más allá del tema de lo apócrifo de la consabida firma. Tanto que la mención lacónica que de aquellos hechos hace de entrada el primero de los cargos, atada viene de todos modos a la idea central de la acusación, en el sentido de que no admite el censor que a través de ellos acabe el sentenciador otorgándole “credibilidad al formulario de aceptación”, cuestión esta que, por lo demás, no fue, como desde arriba se está diciendo, lo verdaderamente acontecido. El fallador jamás creyó en el formulario de aceptación; encontró el consentimiento, aunque tácito, en otro lado, situación, por cierto, diferente.

Justamente, refiriéndose a la palpable diferencia que existe entre esas dos formas en que la ley puede resultar quebrantada, expresó esta corporación, reiterando el criterio que al punto ha fijado de antaño, lo siguiente:

“En materia de casación es conocidísimo que el vicio in judicando abreva en dos fuentes igual de contaminadas, pero de diversa naturaleza. Conviénese en que, después de todo, el resultado es el mismo, porque siempre la ofensa será para el derecho sustancial; en el punto, empero, es de necesidad absoluta distinguir qué es lo que desagrada del juzgador. Se le increpará que su entendimiento del derecho material es deficitario, o que no es el mejor observador del expediente en punto de pruebas. Allá se le juzgará de poco criterioso en dicho ámbito; acá de alterar la contienda probatoria que supone el proceso.

“Nótase al rompe, pues, que el ultraje al derecho sustancial deviene por caminos paralelos y que, por lo mismo, al tiempo que preservan su distancia jamás se tocan. Es esto lo que en el terreno de la casación se conoce como violación directa e indirecta de la ley, a las que aluden, en su orden, los dos incisos de la primera causal del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil. Así que la rivalidad de esas dos cosas no se remite a duda; tanta, que basta observar que la violación derecha de la norma sustancial supone ausencia de riñas de abolengo probatorio, para que de esa forma quede dicho todo. De ahí el perseverante criterio jurisprudencial que declara inadmisible, por contradictorio, el cargo en el que se amoneste al fallador de ambas cosas a un tiempo” (Cas. Civ., sent., sep. 20/2000, exp. 5705).

Viene de lo dicho, como colofón, que los cargos no tienen buen suceso.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de procedencia y fecha anotadas.

Costas en casación a cargo de la parte recurrente. Tásense.

Notifíquese y devuélvase oportunamente al tribunal de procedencia.

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