Sentencia 7504 de agosto 12 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITO DE REBELIÓN

PERTENENCIA A GRUPOS SUBVERSIVOS

EXTRACTOS: «Indudablemente yerra el censor al argumentar que no se encuentra demostrado que la procesada haya tenido como finalidad derrocar al gobierno o modificar la estructura constitucional y legal vigente, porque sí se comprobó que la acusada es miembro del ELN; es obvio que lo es, porque comparte las finalidades políticas del grupo subversivo al que pertenece, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una educadora y que por tanto, por su formación tiene la plena capacidad para comprender las finalidades políticas de un grupo subversivo que no pueden ser otras que la obtención del poder por medio del uso ilegal de las armas; igualmente porque existen constancias de que en el pasado recibió cursos de formación al interior del ELN y bien se sabe que en estos grupos de adiestramiento no sólo se da instrucción militar, sino política, para la seguridad y subsistencia del grupo; porque es impensable que se admita dentro de este tipo de organizaciones a quien no comparta la ideología del movimiento, sus métodos de acción, sus estrategias y finalidades políticas últimas.

Por ello razón le asiste a la delegada en cuanto pregona que las finalidades políticas requeridas para el perfeccionamiento del delito de rebelión deben entenderse demostradas por el solo hecho de pertenecer al grupo armado; porque a nivel individual los miembros de la organización se identifican con los fines buscados por el grupo rebelde y es precisamente por ello que son miembros del mismo.

Igualmente se equivoca el recurrente al pretender que necesariamente todos los rebeldes deben hacer uso de las armas, porque si bien es cierto que estos instrumentos de destrucción y muerte deben ser utilizados por los rebeldes para que el delito pueda entenderse perfeccionado, al igual que sucede con los ejércitos regulares, no todos los que hacen parte de estas organizaciones armadas, deben ser combatientes; por el contrario, la logística de los mismos indica que son muchos los que están encargados de realizar actividades ajenas por completo con el uso de las armas y no por ello puede deducirse que los que en un ejército o en una organización subversiva están encargados de las comunicaciones, de los economatos, de las labores de inteligencia o del adoctrinamiento e instrucción, por citar sólo algunas, no hacen parte del ejército o de la organización subversiva, porque bien se sabe que para que pueda haber combatientes es indispensable que otras personas de la misma organización realicen esas actividades de logística, sin las cuales la existencia de un ejército o de un grupo guerrillero sería imposible.

Es entonces evidente que si no hay armas de por medio no se puede pensar jamás en la existencia de un delito de rebelión, pero lo anterior no quiere decir que todos los miembros de un grupo guerrillero tengan que ser combatientes para que se los pueda considerar rebeldes; basta con que se pertenezca al grupo subversivo y por dicha razón le sean encomendadas labores de cualquier naturaleza, tales como de financiamiento, ideológicas, planeación, reclutamiento, publicidad, relaciones internacionales, instrucción, adoctrinamiento, comunicaciones, inteligencia, infiltración o cualquier otra actividad que nada tenga que ver con el uso de las armas, pero que sea un instrumento idóneo para el mantenimiento, fortalecimiento, o funcionamiento del grupo subversivo para que se entienda que se puede dar el calificativo de rebelde a quien tales actividades realiza, porque la exigencia típica de las armas se da, con las que utiliza el grupo rebelde al que se pertenece.

No son entonces aceptables las postulaciones del actor y tal como lo solicita la delegada debe rechazarse el cargo.

Tampoco le asiste la razón al impugnante cuando divide los comportamientos que se le imputan a la sindicada como miembro del ELN y toma únicamente el de organizadora de un paro en la población de Saravena en 1982, para acudir al principio de favorabilidad y pedir que se le aplique la norma vigente en ese momento, esto es el C.P. en su artículo 125 que tiene una penalidad inferior a la norma que se le aplicó (D. 1857/89, art. 1º).

Varios factores llevan al impugnante a tal equívoco, porque en primer lugar no es esa la única actividad que se le imputa a la procesada para demostrar su pertenencia al grupo rebelde, sino que igualmente se dice que estuvo en cursos de adoctrinamiento en 1984 y 1985 y se la cita como presente en una reunión de varios miembros del grupo guerrillero para planear las acciones a desarrollar en 1990 y los testigos que la señalan como miembro de la organización rebelde indican que era la jefe de la célula en Saravena y quien planeaba las acciones y cobraba a los comerciantes el dinero que debían de pagar a la organización rebelde.

En las condiciones anteriores se encuentra demostrado que la procesada realizó actividades como miembro del ELN en vigencia del C.P. de 1980 y las continuó realizando en vigencia del Decreto 1857 de 1989 y en tales condiciones ha de concluirse que le es aplicable las disposiciones de la última norma citada, sin que por ello pueda llegar a predicarse que se vulnera el principio de legalidad, ni tampoco que se desconoce el constitucional principio de favorabilidad.

Lo anterior, porque como muy bien lo precisó la delegada se está en presencia de un delito de conducta permanente, porque por su propia naturaleza y por las actividades que debe realizar una organización subversiva, quienes la fundan y quienes posteriormente se afilian a la misma, lo hacen con propósitos de permanencia, puesto que es bien sabido que la lucha para la obtención del poder político por la vía de las armas, no es una meta que pueda ser conseguida en un día, sino que por el contrario requiere de una actividad que en muchas ocasiones, las más de las veces, se prolonga por muchos años, sin que las finalidades políticas últimas se puedan llegar a conseguir.

En realidad quien se alista en un movimiento rebelde no lo puede hacer con pretensiones temporales, sino que por el contrario ese ánimo de integrarse o asociarse a la organización, es con finalidades a largo plazo y en tales condiciones, mientras la persona pertenezca al grupo rebelde le será imputable el delito que se analiza y mientras no se demuestre que abandonó el grupo subversivo —y se sabe cuán difícil es que se pueda dejar de pertenecer a una de estas organizaciones— seguirá cometiendo el delito de rebelión de manera indefinida en el tiempo.

Como en el caso presente no se ha demostrado que la procesada hubiera desertado de la organización guerrillera antes de que entrase en vigencia el Decreto 1857 de 1989, no se puede pretender que se le aplique la normatividad que estaba vigente con anterioridad; por el contrario, bien se sabe, siguió perteneciendo al grupo rebelde después de haberse expedido el tantas veces citado decreto y por tanto no es de recibo la argumentación que hace el censor, porque no se está en presencia de un tránsito legislativo que hiciera factible acudir a la aplicación retroactiva o ultraactiva de la ley penal por efectos de la favorabilidad».

(Sentencia de casación, agosto 12 de 1993. Radicación 7504. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

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