Sentencia 751 de mayo 22 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN B

VALIDEZ DE LA REVOCACIÓN DIRECTA DE LOS ACTOS DEMANDADOS

CUANDO OCURRE ANTES DEL CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCESO

EXTRACTOS: «EI actor una vez agotó la vía gubernativa en relación con el reajuste pensional solicitado, acudió en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta jurisdicción, impugnando las resoluciones 1168 de 1993 y 177 de 1994.

Sin embargo, la administración ajena a esta situación porque aún no se le había notificado la admisión de la demanda expidió la Resolución 681 del 1º de agosto de 1994 haciendo uso la facultad de revocatoria directa consagrada en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, la cual podía ejercer porque no tenía conocimiento de la existencia del proceso que se había iniciado contra las resoluciones que revocó.

Sobre esta situación se encuentra que esta corporación, en auto del 6 de junio de 1997 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, actor: Alfredo Tascón Aguirre, con ponencia del doctor Carlos Betancur Jaramillo, expresó:

“... el solo hecho de acudir a la jurisdicción por parte del administrado no tiene porqué saberlo la administración para inhibirse a decidir los recursos, como tampoco podrá saber que ya el juez administrativo expidió el auto admisorio sin que este le haya notificado personalmente su decisión.

En suma, podrá afirmarse, de primer intento, que la administración no perderá la competencia para decidir los recursos luego de la ocurrencia del silencio, sino cuando de manera cierta e inequívoca la jurisdicción haya avocado el conocimiento de la acción interpuesta contra el acto administrativo; fenómeno del cual solo podrá hablarse a partir de la notificación del auto que admita la demanda correspondiente”.

En el sub lite , como los actos demandados fueron revocados directamente por la administración, el actor si no estaba conforme con la decisión de revocatoria en lugar de interponer recurso de reposición ante la administración como lo hizo, debió corregir la demanda impetrada ante esta jurisdicción en el sentido de solicitar la nulidad de ese acto, pues cuando se notificó de ella (ago. 22/94) aún no se había admitido la demanda (oct. 3/94) y tuvo plazo para corregirla o adicionarla hasta el 16 de noviembre de 1994 cuando se desfijó en lista conforme al artículo 208 del Código Contencioso Administrativo.

Ahora, la Sala advierte que no tendría sentido pronunciarse frente a los actos acusados cuando sigue vigente la Resolución 681 del 1º de agosto de 1994, que los modificó y revocó, de modo que el objeto de inconformidad dejó de existir, naciendo una nueva situación que la parte actora tampoco comparte. En consecuencia, acorde con lo manifestado por el a quo se concluye que no puede haber un pronunciamiento sobre la legalidad de los actos acusados, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Marginalmente se anota que la Resolución 1401 del 29 de diciembre de 1994, del gerente general del Inderena, que resolvió el recurso interpuesto contra la Resolución 681 del 1º de agosto de 1994 confirmando la decisión, no tendría efectos en la medida que fue expedida cuando las partes ya se encontraban involucradas en la litis, es decir que la administración ya había perdido competencia para pronunciarse.

En este orden de ideas, ante la imposibilidad de emitir un fallo de fondo, se impone la confirmación de la sentencia de primera instancia, que se inhibió de decidir sobre la controversia».

(Sentencia de mayo 22 de 2003. Expediente 0751-02. Consejero Ponente: Dr. Tarsicio Cáceres Toro).

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