Sentencia 7512 de noviembre 23 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7512

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá D.C., veintitrés de noviembre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. El planteamiento de la acusación y la forma como el tribunal abordó el análisis del punto atinente a la excepción de prescripción extintiva de la acción de petición de herencia, conduce a la Corte a desentrañar el verdadero alcance de lo que dijo el tribunal para establecer si fue ciertamente lo que la censura le atribuye y, en caso de que resulte ser así, si ello acompasa con los dictados de las normas legales pertinentemente aplicables al caso; todo con el propósito de precisar si la socorrida violación directa de la ley tuvo suceso.

2. Establecido como está que la acción de que trata el artículo 1321 del Código Civil “es la que tiene quien probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero, para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias” y que únicamente “puede eficazmente ser ejercitada por quien ostente título de heredero de igual o mejor derecho que el del que ocupa diciéndose también heredero” (G.J., t. CLV, pág. 346), acorde con la doctrina y la jurisprudencia ha de relievarse que su prescripción extintiva, prevista en el artículo 1326 ibídem, ya la ordinaria ora la extraordinaria, conlleva como presupuesto natural indispensable, a más del transcurso del tiempo —que antes de la vigencia de la Ley 791 de 2002 lo era de veinte años en el caso de esta—, la demostración cabal de haberse ejercido, durante ese mismo término, cuando menos, la posesión sobre la universalidad que ella entraña, aserción que se explica bajo la óptica del artículo 2538 de la misma codificación, en cuanto dispone que toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho, de donde se sigue que para alegar con éxito el fenecimiento de la memorada acción debe el interesado acreditar los actos y hechos con los que evidencie haberse comportado como señor y dueño en el interregno señalado frente al conjunto de bienes que comprendan esa comunidad.

Por tanto, la imposición consistente en que, al lado del cumplimiento del término previsto por la ley para el tipo de prescripción de que se trate, se demuestre la realización de los actos posesorios durante ese período, ya sea que la propuesta por el accionado se eleve en la forma de pretensión, mediante demanda de reconvención, o de simple excepción, encuentra como explicación la circunstancia según la cual detrás de la búsqueda de la extinción del memorado recurso judicial lo que se intenta en realidad es la adquisición del dominio de los efectos patrimoniales integradores de la herencia, si la escogida es la primera de las vías acabadas de identificar, u obtener un pronunciamiento del juez que impida su restitución, si se plantea apenas como recurso de defensa mediante la proposición de la excepción.

De manera que si el de herencia es, a términos del artículo 665 ibídem, un derecho real, por cuanto descansa sobre una universalidad jurídica, constituida por el conjunto patrimonial de que era titular el de cujus, débese sostener, por fuerza de ello, que si él, “de acuerdo con el criterio tradicional de los derechos reales y particularmente el de propiedad, existe y se perpetúa mientras subsista el objeto sobre el cual recae, es decir, que si el derecho de herencia o de dominio existe mientras haya herencia o cosa; resulta lógico también entender que las acciones que protegen tales derechos también existen de manera indefinida y por todo el tiempo en que estos derechos subsistan” (G.J., t. CCXL, págs. 784 y 785), a lo que añadió en el mismo sentido: “De allí que, por regla general un heredero puede reclamar un derecho hereditario... cualquiera que sea el tiempo que haya transcurrido, bajo la condición que al instante de su reclamación aún exista y se tenga el correspondiente derecho hereditario. Luego, en sí mismo es indiferente el mero tiempo que haya transcurrido, si efectivamente aún se tiene el derecho de herencia”, aun cuando tal postulado encuentre como límite, entre otras particulares circunstancias, el evento en que “el derecho hereditario que se tiene se extingue por prescripción (C.C., art. 2535), lo que acontece no por el mero transcurso del tiempo, sino por “la prescripción adquisitiva del mismo derecho” (C.C., art. 2538), esto es, aquel derecho se extingue solo cuando un tercero, siendo poseedor material hereditario lo ha prescrito extraordinaria u ordinariamente (C.C., arts. 2533, num. 1º; L. 50/36, art. 1º y C.C., arts. 766, 2512 y 2529), pues en ese momento el derecho hereditario lo adquiere el tercero y simultánea y correlativamente se extingue para el anterior heredero. Luego, para que el derecho hereditario se extinga por prescripción no basta el mero transcurso del tiempo ni el no ejercicio de la llamada acción de petición de herencia (C.C., art. 1326), sino que es necesario que opere la prescripción extintiva, la cual solamente se consuma y perfecciona cuando simultáneamente un tercero adquiere el mismo derecho de herencia por usucapión”.

De lo anterior se colige que para saber si un derecho de la señalada estirpe se extinguió por el modo dicho, o no, ante todo hay que indagar si un tercero lo adquirió por ese mismo sendero, puesto que solo de esta manera podría establecerse la secuela, como lo expresó la corporación en la jurisprudencia atrás referida: “mientras el derecho hereditario en una sucesión determinada no haya sido adquirido por prescripción adquisitiva o usucapión por una persona, no se produce entonces la extinción correlativa de ese derecho hereditario en su titular. Ello acontece con el mero transcurso del tiempo, el cual no es suficiente para estructurar la adquisición y extinción prescriptiva, pues se requieren otros elementos para su perfección. De allí que el mero transcurso del tiempo, por más prolongando que sea, no extinga el derecho hereditario en una sucesión adquirido por la muerte de su causante; y, por tanto, podrá reclamarse su protección mediante la acción de petición de herencia en cualquier tiempo, a menos que, como se dijo y ahora se repite, se haya extinguido por prescripción como consecuencia de que un tercero hubiese adquirido ese mismo derecho hereditario por prescripción adquisitiva o usucapión” (pág. 786).

3. En este orden de ideas, para la Sala es palmario que cuando el fallador adujo que la parte accionada debió proponer su alegación mediante la formulación de la prescripción adquisitiva, y lo hizo tomando como punto de referencia los reseñados precedentes jurisprudenciales, como en efecto así ocurrió, no se refirió propiamente a que el planteamiento de la adquisición tuviera que hacerse inevitablemente mediante acción o reconvención, y en cambio sí para significar que en orden a reconocerle mérito a la excepción de prescripción extintiva de la acción de petición de herencia no era bastante el mero transcurso del tiempo sino que además debieron aducir y acreditar los hechos posesorios que naturalmente se alegan cuando de la adquisitiva se trata, lo que evidentemente compasa con lo que atrás se sostuvo, porque, aunque la extintiva no presuponga sino la inercia del titular en ejercer su acción, ello no significa que no hayan derechos que por razones de orden público puedan mantenerse vivos y, por ende, extraños a fenómenos como el de la prescripción extintiva; como ocurre, por ejemplo, con el de demandar partición de cosas comunes, motivo este que al tiempo le ha servido a la Corte para predicar, como lo reitera ahora, “la intemporalidad que caracteriza la reclamación del derecho de herencia, ya que este no desaparece por mero transcurso del tiempo sino cuando se presentan los hechos extintivos del mismo e impeditivos de las acciones que lo protegen” (G.J., t. CCXL, pág. 784); es entonces evidente, y en esto itera la corporación, que el heredero demandado no está obligado a proponer, mediante acción o demanda de mutua petición, la prescripción adquisitiva para que se le reconozca su derecho a conservar la heredad ya que en esa dirección es suficiente que lo haga con la sola proposición de la excepción extintiva (Sent. 118 de jul. 4/2002, exp. 7187, no publicada aún oficialmente, entre otras), solo que en tal evento alrededor del medio exceptivo respectivo tendrá que presentar los hechos de su posesión, y, por supuesto, probarlos.

De suerte que si el expuesto es el recto entendimiento de aquella particular motivación del juez de segundo grado, no puede advertirse quebrantamiento de las normas vertidas en la acusación, pues tal posición es la que encuentra conformidad con el desarrollo legal, doctrinal y jurisprudencial pregonado sobre el particular, tanto porque lo sostenido por el sentenciador, tal y como lo dejó expuesto en sus razonamientos de orden jurídico, fue que el solo transcurso del tiempo no era suficiente para tornar la acción prescrita, pues resultaba necesario que se hubiera opuesto la adquisitiva “no como un mero medio de defensa procesal, sino por haberse adquirido el bien por usucapión (mediante acción) o pretenderse su adquisición en reconvención” (fl. 65, cdno. del tribunal), como porque en esa referencia teórica justamente afirmó que la extinción del derecho de herencia por prescripción no ocurría por el solo transcurso del tiempo o por su no ejercicio, como que para tales propósitos era menester que paralelamente se dieran los supuestos que condujeran a la adquisición del dominio sobre el bien objeto de aquella acción (art. 2538), como cuando un tercero siendo poseedor material hereditario lo ha ganado extraordinaria u ordinariamente por el señalado modo, perfeccionándose así la extinción del derecho del que era titular el causante; ello venía a significar que para saber si el derecho a pedir la herencia se extinguió por prescripción, se imponía averiguar si un tercero lo obtuvo por usucapión, pues para adquirir el dominio por ese modo se requería de la posesión común, ya que para ese propósito no serviría la legal del heredero (fls. 61 y 62, cdno. del tribunal).

4. Y es que la definición del juzgador sobre la mentada excepción, que en puridad de verdad es el aspecto al que se contrae la inconformidad vertida en la arremetida, no podía ir más allá, habida consideración del entorno en el que la contraparte la hizo mover. En efecto, obsérvese que el sentenciador se sustrajo de reconocerle mérito a ese medio de defensa con el argumento de que la acción herencial no se extingue por el mero transcurso del tiempo; afirmación esa que es, justamente, una respuesta proporcionada y pertinente al argumento con base en el cual se montó el medio defensivo, consistente, única y exclusivamente, como se observa en la síntesis pertinente de los antecedentes, en que entre la fecha en que falleció el padre de los litigantes y aquella en que se promovió este pleito pasaron 20 años.

Bajo esas precisiones, no podía esperarse que el tribunal argumentara en sentido adicional, puesto que, tal cual fue propuesta esa particular defensa, debido a que el argumento de la misma se quedó ahí, esto es, en que ese fenómeno se configuraba por el mero paso temporal, razón por la cual tan solo a ese aspecto aquel se redujo cuando la excepción pendía, en principio, de que en su formulación se relataran aquellos dos supuestos, vale decir, el transcurso del tiempo y los hechos o actos posesorios, ha de seguirse que como la planteada carece de este último presupuesto, la negativa a su reconocimiento no se hacía esperar, pues, como lo dijo el ad quem, para el efecto era insuficiente esa sola afirmación.

5. No prospera el cargo.

Cargo tercero

En este se le atribuye a la sentencia ser indirectamente violatoria, por aplicación indebida, de los artículos 1321, 1322 y 1323 del Código Civil, y, por falta de aplicación, de los artículos 766, numeral 4º, inciso 1º, 1013, 1326, 2528, 2529, 2535 y 2538 ibídem y 1º de la Ley 50 de 1936, como consecuencia de error de hecho al no haber apreciado la hijuela de adjudicación en la sucesión de Luis Alfonso Uribe Peláez y su sentencia aprobatoria, con infracción medio de los artículos 75, 77, numeral 6º, 174, 175, 177, 178, 183, 185, 187, 252, 253, 254, 256, 264, 265, 305, 306, 611, 615 del Código de Procedimiento Civil y 1757 del Código Civil.

1. Tras expresar, con base en los artículos 174, 178 y 183 de la ley procesal civil, que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regularmente allegadas al proceso, las cuales, para ser apreciadas, tendrán que aducirse dentro de los términos legales, que los documentos aportados en copia tendrán el mismo mérito del original cuando hayan sido autorizados por el juez donde se encuentre este, y de resaltar la necesidad de que las providencias que aprueben adjudicaciones de bienes raíces estén registradas en la oficina competente, indican los recurrentes que, de acuerdo con el artículo 187 citado, las probanzas no solamente deberán valorarse en conjunto sino que el juez ha de exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada una.

2. No sin antes transcribir algunos hechos y pretensiones de la demanda, los recurrentes manifiestan que Plinio Guillermo, cuando propuso las excepciones de prescripción ordinaria extintiva de la acción reivindicatoria y aquella relativa a la extinción de la petición de herencia, dio las situaciones fácticas que las estructuran y adujo las pruebas correspondientes, siendo una de estas la partición a favor del aludido opositor y la sentencia aprobatoria dictada en aquella causa, actos que luego fueron protocolizados en la escritura pública 235 de 2 de diciembre de 1978; añade que esos documentos demuestran que a partir de la fecha de su registro debían contarse los términos para la prescripción, y como el fallador no las tuvo en cuenta, no obstante que las decretó como pruebas, cometió error de hecho, pues dejó de ponderarlas y de explicar el valor que ha debido asignarles; de este modo aplicó indebidamente y dejó de hacer actuar aquellos preceptos legales, que establecen el derecho a ganar por prescripción ordinaria en los casos de posesión regular y que apenas exigen el transcurso del tiempo. Por tanto, finalizan expresando que si hubiese visto aquellos medios habría confirmado el fallo.

Cuarto cargo

En este atacan la sentencia por ser indirectamente violatoria, por aplicación indebida, de los artículos 2º y 4º de la Ley 29 de 1982, 1013, 1040, 1045, 1321, 1322, 1323 y 1325 del Código Civil, 1º de la Ley 50 de 1936, y, por falta de aplicación, de los artículos 757, numeral 1º, 766, numeral 4º, inciso 2º, 769, 1326, 1414, 2513, 2518, 2528, 2529, 2535 y 2538, como consecuencia del error de derecho al no integrar todas las pruebas, cuyo conjunto demuestra las excepciones de prescripción de la acción de petición de herencia e inexistencia del derecho material alegadas por el particularizado accionado, con infracción medio de los artículos 75, numeral 10, 77, numerales 5º y 6º, 153, 174, 176, 177, 178, 185, 187, 253, 254, 256, 264, 265, 305, 611 y 615 del Código de Procedimiento Civil y 1757 del Código Civil.

1. Una vez mencionan que de acuerdo con el artículo 1326 el derecho de petición herencia expira en veinte años, aun cuando el heredero putativo puede oponer, a términos del inciso final del 766, la prescripción de corto tiempo, contado ese plazo desde el decreto de la posesión efectivo de la herencia o de la fecha del registro de la adjudicación, precisan los acusadores que de los hechos de la demanda y su contestación, así como de las copias de aquel proceso sucesorio, los testimonios e inspección judicial, se colige que la aludida adjudicación fue aprobada por fallo de 12 de junio de 1978 y registrada en esa misma fecha ante la oficina de registro de instrumentos públicos.

2. De ahí que el error de derecho en que incurrió el juez de segundo grado consistió en no haber integrado todas las pruebas como lo ordena el artículo 187 aludido y dejado de exponer razonadamente el mérito que les ha debido asignar, generando así la negativa a reconocer aquella excepción de prescripción, la cual se fundamentó en que desde aquel registro al 15 de septiembre de 1994, cuando se presentó la demanda, transcurrieron más de diez años, a lo que agregaron: “Y no se diga como lo sostiene el tribunal que dicha adjudicación se hizo de mala fe por no haber concurrido a la sucesión los demás herederos que ahora ejercitan la acción de petición de herencia pues la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo” y además “la buena fe se presume ya que la mala fe deberá demostrarse” (fls. 37 y 38).

Puntualizan que el título traslaticio de dominio en el presente caso no es otro que la susodicha adjudicación para el pago de la deuda y que la posesión regular de diez años, prevista para los bienes raíces, se reconoció en cabeza del heredero opositor y de sus causahabientes, de acuerdo con la inspección judicial.

Consideraciones de la Corte

1. Encuentra la Corte que los cargos, aun unidos, son incompletos, en la medida en que no abrazan todos los soportes con base en los cuales el juzgador accedió a las pretensiones de petición de herencia y reivindicatoria y desestimó las tres excepciones a que se contraen la censura conjunta como quedó, situación que inevitablemente conduce a su fracaso.

Ciertamente, en lo tocante con la primera de aquellas súplicas el sentenciador dijo, fundamentalmente, que el demandado Plinio Guillermo fue ocupante de la universalidad jurídica, sin que se hiciera necesaria la prueba que indicara que como heredero tuvo materialmente la herencia o que ella le fue adjudicada, puesto que bajo esas condiciones a título universal sucedió al causante en sus derechos y obligaciones, al punto que en esa calidad aceptó la dación para pagar el pasivo sucesoral reconocido en los inventarios, tras lo cual dedujo la prosperidad de la acción de petición, no sin antes recalcar que el aludido sujeto procesal, al haberse hecho reconocer en el juicio mortuorio como único interesado, ocupó de la herencia de mala fe, pues desconoció la existencia de las accionantes y del opositor Alfonso María Uribe López, herederos del de cujus en calidad de hijos.

Para negarle mérito a la excepción de “inexistencia del derecho material pretendido” sostuvo, por un lado, que con la copia del auto respectivo se demostró que aquel fue reconocido como único causahabiente en ese sucesorio, lo que indica que figuró como asignatario a título universal de los bienes relictos; y, por otro, que en esa condición cedió el único bien pagando la acreencia hipotecaria que relacionó como pasivo y que a la postre figuró en cabeza suya, como su titular, actos todos que inequívocamente significaban que ese demandado asumió el título de heredero, de manera única y excluyente, sin que fuera menester que hubiese obtenido provecho económico, pues bastaba su actuación bajo esa calidad. Y frente a la excepción de prescripción de la acción de petición, tal y como lo dijo en el marco teórico, el transcurso del tiempo por sí solo no es suficiente para tornarla prescrita, pues era necesario que se opusiere la adquisitiva “no como un mero medio de defensa procesal, sino por haberse adquirido el bien por usucapión (mediante acción) o pretenderse su adquisición en reconvención” (fl. 65). Con relación a la pretensión reivindicatoria, adujo que el inmueble perseguido es el mismo que le fue entregado como dación en pago a Plinio Uribe, del que se desmembraron los tres lotes de terreno que luego enajenó a favor de los otros demandados, que son los mismos que estos poseen, como lo reconocieron al contestar la demanda, conclusión esta que también sacó de la inspección judicial en la que se determinó la coincidencia del bien perseguido con los usufructuados por aquellos, de lo cual encontró la presencia de los elementos que estructuran este tipo de acciones, como son el dominio, la identidad del objeto y la posesión de la contraparte.

Y respecto de la correlativa excepción de prescripción ordinaria extintiva del dominio señaló que también carecía de fundamento, porque la misma debió fundamentarse en la adquisición por usucapión o que se hubiera planteado a través de reconvención, lo que no hicieron, pero que si se admitiera este medio defensivo, de la manera como fue propuesto, en tal evento tampoco prosperaría dada la mala fe con la que actuaron los demandados, pues la íntima relación de sangre y de afinidad en el caso de Flor de María y Dora María con los demandantes indica que no podían desconocer su existencia y menos los derechos que tenían en suceder a su padre. Es más, también estimó que la consorte del causante falleció en 1985, pese a lo cual en la sucesión de este no se liquidó la sociedad conyugal, por lo que no podían ser adquirentes de buena fe y, por ende, “la prescripción no sería la ordinaria sino la extraordinaria de 20 años y esta no se configuró en el tiempo” (fl. 69).

2. Los casacionistas, por su parte, se limitaron a acotar, en el caso del cargo tercero, que el ad quem, al dejar de aplicar los preceptos que establecen el derecho a ganar por prescripción ordinaria cuando exista una posesión regular y el mero transcurso del tiempo, cometió yerro fáctico al no apreciar la prueba de la adjudicación y su sentencia aprobatoria, no obstante que para las excepciones relativas a la extinción del derecho dio los hechos estructurales y adujo los documentos demostrativos de que a partir del registro de la hijuela debía contarse el término respectivo; y, en el del siguiente, a achacarle error de derecho por no haber integrado todas las pruebas como lo ordena el artículo 187, siendo que tanto de los hechos de la demanda y su contestación como de las pruebas testimoniales, de inspección judicial y de las copias de aquel proceso sucesorio se advertía que la adjudicación fue aprobada por fallo de 12 de junio de 1978 y registrada en la oficina de instrumentos públicos esa misma fecha, es decir, que desde ese registro al 15 de septiembre de 1994, cuando se presentó el libelo, pasaron más de diez años.

3. Efectuada la confrontación de las razones en que se apoyó el fallador con los argumentos acabados de señalar, con suficiente nitidez se advierte, efectivamente, que aquellas no fueron atacadas, pues es claro que los censores se dedicaron a presentar una acusación apenas parcial, circunscrita escasamente a los puntos que precedentemente se dejaron registrados, lo que indica que por esa sola circunstancia, en cuanto atañe al aspecto que se comenta, la sentencia sigue enhiesta, toda vez que aquellos pilares que la sostienen no fueron tocados en casación, lo que le permite seguir gozando de la presunción de acierto que la patentiza.

Y es que, como de vieja data lo tiene definido la jurisprudencia, por vía de la causal primera “... ‘no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan solo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en esta; de allí que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado este debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura’ (sent. de jul. 27/99, exp. 5189, no publicada oficialmente), criterio este que la Sala ha reiterado insistentemente, entre ellas, en reciente sentencia de 5 de noviembre de 2003 (exp. 6988, no publicada oficialmente), donde indicó que ‘si se aspira a impugnar con éxito un juicio jurisdiccional de instancia, no deben hacerse de lado los fundamentos del mismo, puesto que en este campo un cargo en casación no tendrá eficacia legal sino tan solo en la medida en que combata y desvirtúe directamente cada uno de tales argumentos’...” (Sent. 035 de abr. 12/2004, exp. 7077, no publicada aún oficialmente).

4. Por tanto, no prosperan los cargos.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 19 de noviembre de 1998, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro del proceso ordinario identificado en esta providencia.

Condénase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. Tásense.

Cópiese, notifíquese, y oportunamente devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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