Sentencia 7518 de noviembre 18 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7518

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá, D.C., dieciocho de noviembre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

1. Como se desprende del compendio precedente, el argumento total del cargo radica en el hecho de que únicamente ha sido el promotor del proceso quien poseyó el predio desde mayo de 1974, época en que la opositora dejó ese inmueble; de modo que, en principio, la prosperidad de la declaración de pertenencia dependía de la comprobación que se hiciera de los hechos posesorios desarrollados exclusivamente por Neissa Rosas, en forma pública, pacífica e ininterrumpida durante los veinte años que entonces indicaba el artículo 1º de la Ley 50 de 1936.

Contrariamente a ello, el tribunal, para revocar la sentencia del a quo y negar las pretensiones, una vez precisó que a las partes no les eran aplicables los efectos del artículo 2530, inciso final, del Código Civil, porque al tenor del artículo 180 ibídem se presumían separados de bienes en cuanto el matrimonio entrambos(sic) fue ajustado en el exterior, encontró que no se cumplió el presupuesto relativo a la posesión exclusiva durante aquel tiempo, tras colegir que la demandada, de acuerdo con los testimonios de Sonia Maher de Rima, Beatriz Martínez, Josefina Hoyos de Jiménez y David Bryan(sic) Carey y el contrato de prestación de servicios celebrado con un abogado el 9 de junio de 1975, ocupó el predio incluso hasta comienzos de 1976, y que desde tal fecha al 14 de marzo de 1995, cuando se instauró esta acción, no se había cumplido aquel término.

2. Con abstracción de las razones puramente jurídicas esbozadas por el tribunal alrededor de la suspensión de la prescripción entre cónyuges, comoquiera que en el cargo se denuncia el quebranto indirecto de la ley sustancial, el análisis correspondiente tomará como orientación esta directriz argumentativa, que, a su turno, viene a determinar específicamente el espacio dentro del que deberá ser evaluada la arremetida.

Sobre el particular ha de verse que como el ad quem goza de una discreta autonomía para valorar los medios de certeza y formarse su propio convencimiento en torno del acervo probatorio, no cualquier desacierto en la contemplación objetiva de las pruebas es admisible en casación, ya que solo lo será el que es “tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros términos, de tal magnitud, que resulta absolutamente contrario a la evidencia del proceso. No es, por tanto, error de hecho que autorice la casación de un fallo aquel a cuya demostración se llega mediante un esforzado razonamiento” (G.J., t. LXXVII, pág. 972). Con base en este postulado, en el carácter dispositivo de esta especie de recurso y en la presunción de verdad y acierto que abriga la providencia acusada, se tiene por establecido que “la presencia de un criterio de ponderación probatoria en el recurrente, diferente del expuesto por el fallador, no se edifica en causa suficiente para pregonar el dislate fáctico “mientras este no degenere ostensiblemente en arbitrariedad”, como así lo indicó la corporación en sentencia de 29 de octubre de 1973 (G.J., t. CXLVII, pág. 102), toda vez que no es la disparidad de opiniones alrededor de la interpretación de la prueba, sino la franca desconexión con lo que ella muestra, lo que comporta el vicio señalado” (Sent., sep. 23/2004, Exp. 0329, no publicada aún oficialmente).

3. En ese sentido se observa que el fallador, con fundamento en aquel conjunto testimonial y en el documento que se dejó detallado, encontró la evidencia que lo condujo afirmar que por cuanto la demandada estuvo ocupando el predio pretendido hasta comienzos de 1976, el demandante no pudo haberlo poseído en su totalidad en forma exclusiva sino después de tal época, y que desde entonces a la fecha en que se promovió esta acción no se habían cumplido los veinte años que reclamaba el legislador para la prescripción extraordinaria adquisitiva, razonamiento ese que, ciertamente, no cae en arbitrariedad ni es contrario a la inferencia que, dentro de los márgenes lógicos y objetivos, válidamente puede colegirse de esas probanzas, según pasa a verse.

En efecto, del testimonio de Sonya Maher de Rima (fls. 18 a 22, cdno. 1), quien rindió su versión el 4 de febrero de 1976, se halla que su conocimiento acerca de los sujetos procesales se remonta, respecto de Marjorie Buckley, a once años atrás, y del accionante, a diez, aproximadamente; que una vez reseñó la conformación del hogar compuesto por las partes, a la pregunta de si frecuentaba o frecuentó el matrimonio de estos y con qué periodicidad, contestó que sí, casi “todos los días yo me veo con la señora, si no en la casa de ella si no en mi casa, últimamente yo no voy a la casa de ellos y ella sí viene a mi casa, los niños muchas veces han venido a mi casa y los niños a veces juegan con los míos”, para seguidamente responder, al interrogársele desde qué época dejó de acudir a dicha casa y cuál el motivo para dejar de hacerlo, que “más o menos hace como tres años cuando la señora fue a los Estados Unidos, a su regreso, yo vi la situación en la casa de ellos era muy tensa y empecé a no ir tantas veces, yo esperé que si ella necesitaba hablar conmigo fuera a mi casa porque tuve la mala experiencia de salir, por la puerta trasera, que llegó el doctor, y como él no le gastaba (sic) que nadie estuviera en su casa, los niños tenía (sic) que sacar todo”. Sobre la actividad desempeñada por Buckley de Neissa, sostuvo que esta “siempre estaba en la casa hasta que la niña menor en tal época Catty, entró al colegio, fue entonces que ella entró a trabajar en el mismo colegio, donde estaban sus hijos, eso fue como hace 7 años, ella trabajó como enfermera, y otros oficios de la oficina, ella duró en el colegio Fundación de Inglaterra, hasta el año pasado cuando el Dr. Neissa, sacó a todos los niños del colegio, este año ella está trabajando en el Colegio Nueva Granada como enfermera”.

Beatriz Martínez, quien rindió su declaración el 5 de febrero de 1976 (fls. 22 vto. a 25, cdno.1), depuso haberse desempeñado como empleada doméstica de los Neissa Buckley por un lapso de mes y medio aproximadamente y que, después de salirse de allí, duró diez meses sin laborar hasta que entró “a trabajar a mitad del mes de enero de este año en las Flores Suba”, aclarando que no estuvo “la nochebuena de ese año” en casa de aquellos (fl. 22 vto., cdno. 1); adelante en su exposición refirió que la opositora algunas veces se quedaba fuera de la casa, lo que dedujo porque “muchas veces le iba a preguntar qué más oficio hacía y ella no estaba en la casa”, reiterando luego, ante otra pregunta en similar sentido, constarle “que ella llegaba tomaba el desayuno y salía”.

No obstante que de manera directa no relacionó ningún hecho que sirviera para establecer la conclusión a la que arribó el juez de segundo grado, Josefina Hoyos de Jiménez (fls. 27 a 29, cdno.1), quien compareció a declarar el 17 de mayo de 1976, expuso conocer a los esposos Neissa-Buckley hace aproximadamente año y medio y a la familia del primero desde quince años atrás.

David Brean Carey, cuya versión se recibió el 17 de mayo de 1976 (fls. 29 vto. y 30, cdno.1), no ofrece elementos adicionales que permitan deducir una fecha aproximada hasta la cual pueda considerarse que la contraparte se hallaba compartiendo el inmueble al que se refieren las pretensiones, pero hilvanando su dicho con el de Hoyos de Jiménez, específicamente en cuanto ambos aluden a la actividad docente de este, y de enfermera de la primera en el Colegio de Inglaterra, coinciden en lo relativo a la salida de ambos del mencionado colegio, por la misma época y el declarante la ubica hacia agosto de 1975.

A lo anterior ha de sumarse el hecho de que en el texto del contrato de “prestación de servicios profesionales” se precisó, por un lado, haber sido firmado por los contratantes, esto es, la aquí demandada y el abogado allí comprometido, el 9 de junio de 1975, y, por otro, que el lugar de residencia de aquélla era la diagonal 128-B número 19-10, Urbanización La Carolina, de Bogotá (fls. 11 y 12, cdno. 1), que corresponde justamente al predio sobre el cual se pretende la declaración de pertenencia.

Por consiguiente, siendo que los aludidos testimonios y el particularizado documento permiten inferir, en sana lógica, que todavía para inicios de 1976 Marjorie Buckley se hallaba ocupando el inmueble común, en compañía de sus hijos, la conclusión que a partir de allí extrajo el fallador, consistente en que para cuando se promovió esta acción no se habían cumplido los veinte años que para entonces exigía el artículo 1º de la Ley 50 de 1936 para adquirir por prescripción extraordinaria el dominio del cincuenta por ciento restante del predio, es absolutamente razonable, como que entre aquella fecha y el 14 de marzo de 1995, momento en que se presentó la demanda (fl. 142, cdno.1), no transcurrió el susodicho lapso de tiempo.

Contra esas apreciaciones del ad quem, absolutamente en nada se opone la circunstancia de que, como de manera particular lo refriega la censura, los hechos que Beatriz Martínez declaró constarle se puedan ubicar en los dos últimos meses de 1974, pues ello, aun siguiendo la lógica que en el punto propone el casacionista, antes que desdecir la presencia de Buckley de Neissa en el inmueble para esa época o de contrariar la deducción del fallador de los otros testimonios ya analizados, lo que hace es confirmarlas y, al tiempo, servir de cohesión para concluir de estos la estadía de aquélla allí todavía para principios de 1976, particularmente del rendido por Maher de Rima en cuanto depuso que casi “todos los días yo me veo con la señora, si no en la casa de ella sino en mi casa, últimamente yo no voy a la casa de ellos y ella sí viene a mi casa, los niños muchas veces han venido a mi casa y los niños a veces juegan con los míos”, con lo cual se da a comprender no otra cosa más que para la época en que rindió esa declaración, que lo fue el 4 de febrero de 1976 según ya se vio, ella y la opositora se entrevistaban regularmente todos los días, en la casa de una u otra, aunque últimamente no iba “a la casa de ellos”, refiriéndose a la de quienes aquí son partes, esto es, a la propiedad pretendida.

Carece igualmente de fundamento la acusación al predicar yerro de hecho en la apreciación de la prueba últimamente aludida, por alteración de su contenido, en cuanto que, como quedó visto, sí ofrece el entendimiento que de allí aceptablemente extrajo el fallador, sin que pueda variarse por la eventual conjugación de verbos pretéritos en presente, porque cuando la acusación se refiere a esta circunstancia lo hace mezclando dos hechos diferentes, reflejados en la misma declaración; así, por un lado, el relativo a la continua y permanente comunicación entre la deponente y la contraparte y sus hijos al momento en que aquella rindió su declaración y, por otro, el relacionado con la circunstancia de que Maher de Rima haya dejado de frecuentar la casa de su amiga tres años atrás, en lo cual no puede vislumbrarse uso incorrecto de las expresiones verbales utilizadas, pues lo uno no es excluyente ni contrario de lo otro. Por este aspecto, entonces, no encuentra la Corte la desfiguración probatoria predicada por el censor, como tampoco de la concatenación probatoria con las demás pruebas testimoniales, pues la apreciación de estas en conjunto, como lo ordena el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, permite inferir, cuando menos, que en todo caso en época muy posterior al 14 de marzo de 1975, aquélla permanecía ocupando el inmueble con su esposo y sus hijos, como que para finales de ese mismo año, aún residía allí.

En el caso del contrato de prestación de servicios, débese agregar que el juez de segundo grado lo adoptó no como elemento único de convicción sino como una probanza que le permitió reafirmar que la demandada compartió con el promotor de este proceso la misma casa de habitación para 1975, teniendo en cuenta, en primer lugar, que ese pacto figura rubricado el 9 de junio de ese año y, en segundo, que allí se señaló como dirección de aquella, la que corresponde al predio pretendido, al decir de las copias que corren a folios 11 y 12 del cuaderno 1. Por lo demás, la mención de la residencia de la suscribiente del contrato no es, ni por semejas, un pacto contractual de domicilio para efectos judiciales. En ningún lugar del documento se advierte que las partes hayan convenido que fuera el juez de un determinado sitio el competente para dirimir cualquier controversia surgida del contrato de prestación de servicios. La anotación allí impuesta debe entenderse en el sentido de facilitar la ubicación de los contratantes en una dirección exacta, sin que sea dable confundir el preciso señalamiento de su residencia con el concepto de domicilio civil, como lo hace el recurrente. La mención de la susodicha dirección, su coincidencia con la de la casa de habitación de los Neissa-Buckley y la fecha de su firma —jun. 9/75—, es el indicio acogido por el juzgador, el que, al relacionarlo con lo afirmado por los testigos antes examinados, le permitió concluir que Marjorie Buckley para época posterior al 24 de marzo de 1975, compartía el inmueble con el actor.

Y si bien es cierto que el particularizado haz probatorio fue trasladado por el propio Neissa Rosas de un proceso de separación de bienes y que, por lo mismo, tuvo como destino servir de medio de certeza a esa causa, no lo es menos que ello, sin embargo, no lo despoja del valor demostrativo del inicio de la posesión.

4. Como se observa, aquel modo de razonar del juzgador, basado en las pruebas reseñadas, no es arbitrario, no carece de lógica, tampoco es desproporcionado y en cambio sí acompasa con lo que tales medios permiten concluir, según se acaba de ver, desde luego que esa particular argumentación del fallo, así sea que frente a las pruebas en que se basa se tenga un criterio diferente, no linda en lo absurdo para que pudiera predicar, como en efecto lo hizo, que el actor no alcanzó a completar el término que para entonces reclamaba la ley, pues esa conclusión surge viable del análisis objetivo y razonado, con apego a los principios de la sana crítica, realizado sobre el caudal de probanzas particularizado. Esa manera de proceder del sentenciador no es más que el producto del ejercicio de la función soberana que le compete, razón por la cual ella no puede ser objeto de reproche en vía casacional, pues es claro que por más valederos que fueran los argumentos del censor, ellos por sí solos no significan que la posición del fallador carezca de lógica o adecuada motivación, de suerte que como el fallo se mantiene dentro de los márgenes de lo razonable y sensato necesariamente debe respetarse esa autonomía probatoria del tribunal.

5. De manera que como la valoración que el sentenciador hizo de los medios de convicción que se han dejado estudiados se mantiene incólume y con ella la decisión adoptada en el fallo, carecen por tanto de trascendencia los errores que por pretermisión de otros elementos de pruebas expone la censura, ya que, como lo ha dicho la Corte, es “indispensable que el yerro influya de manera directa en lo dispositivo de la sentencia, o que haya una relación causal entre este y aquello, pues de no serlo resultaría inocuo y por lo mismo ningún fin práctico perseguiría el recurrente al denunciarlo, ni efecto trascendente alguno produciría su reconocimiento” (G.J., ts. CLXXX, pág. 225, y CCXXV, pág. 610), pues ocurre que los denunciados alrededor del haz probatorio que se dice preterido, de existir, ninguna incidencia tendrían frente a aquella resolución puesto que ellos, en todo caso, no conducirían a una determinación distinta, justamente por lo considerado atrás, a más que la falta de mención de tales probanzas no constituye, per se, desatino fáctico, como que “la mera circunstancia de que en un fallo no se cite determinada prueba o parte del contenido de la misma no implica error manifiesto de hecho, a menos que de haber apreciado tal medio la conclusión del pronunciamiento hubiera tenido que ser evidentemente distinta de la adoptada por el sentenciador” (G.J., t. CXXIV, pág. 448).

6. Con todo, al descender la Corte a revisar los elementos probatorios que el impugnador asegura omitió el ad quem, encuentra que los errores de facto atribuidos no existieron, como se verá a continuación.

Respecto a la preterición de la confesión derivada del interrogatorio de parte solicitado como prueba anticipada ante el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá (fls. 50 a 57, cdno.1), advierte la corporación que en la medida en que esa probanza se dirigió a establecer exclusivamente que Buckley de Neissa estuvo al margen de cualquier relación patrimonial con el inmueble, no solo desde el momento de su adquisición, sino durante su construcción y mejoramiento, así mismo carece de elementos que sirvan para sustentar un hecho perjudicial relativo a la renuncia de la declarante al ejercicio de cualquier acto posesorio sobre el inmueble, y menos de aquellos directamente derivados del uso y goce natural del bien, como tampoco para fincar un despojo voluntario del ejercicio de dichas actividades en beneficio del actor, pues no es tal el alcance de los hechos a los que se contrajo dicha declaración de parte, todo lo cual permite inferir que la omisión de su consideración carece de trascendencia en la decisión adoptada, como ya se anticipó.

En torno a la no apreciación de la respuesta a la pregunta 16 del interrogatorio de parte absuelto por la opositora el 4 de febrero de 1976 en el citado proceso de separación de bienes (fls. 15 vto. y 17, cdno. 1), ha de observarse que el hecho de que allí ella hubiere admitido no haber pagado una sola cuota del crédito hipotecario al Banco Central, lejos se halla de generar un indicio alrededor del momento en que en definitiva la misma abandonó el predio, ni de ausencia de ánimo posesorio, como que no pasó de ser, justamente, el reconocimiento de que no pagó suma alguna por el referido concepto, con la aclaración, eso sí, de que ese comportamiento lo asumió al creer que tal asunto era obligación del actor por su condición de padre.

Tocante con la tercera, concretamente derivada del hecho 2º de la demanda de divorcio propuesta en Boston, Estados Unidos de América, ha de verse que la circunstancia de que la demandada allí dijera que las partes “vivieron juntas por última vez en Bogotá, Colombia, el 25 de mayo de 1974” (fl. 44, cdno. 1), no es, per se, indicativa de que, entonces, desde esa época ella hiciera dejación de sus derechos sobre la susodicha propiedad; todo lo contrario, la afirmación que con fundamento en ese documento se le atribuye puede tener varias lecturas y, entre ellas, como la que a partir de la memorada fecha dejó de hacer vida marital con su cónyuge, pero esa particular expresión no da margen, valga repetirlo, para afirmar siquiera su abandono del bien aquí pretendido. A lo anterior ha de agregarse que, en todo caso, el hecho fue expresamente negado por el accionante, quien al contestarlo (fl. 40, cdno.1), enfatizó que “no es cierto que hasta 1974 hayan vivido los esposos juntos. La demanda de divorcio ante el Juez Tercero Civil del Circuito de Bogotá la inició la demandante el día 9 de junio de 1975”, sin mencionar otra data distinta de la allí argüida. De manera que se equivoca la censura al pretender que esta circunstancia sea tomada como indicio del punto de partida del conteo del término prescriptivo.

Adicionalmente, ha de decirse que, al contrario de como lo presenta el casacionista, la respuesta de la señora Buckley, según la cual, “yo llego cuando pueda y cuando quiera y a la hora que me dé la gana”, dada en la Comisaría Nacional de Policía Judicial (fl. 34, cdno. 1), puede ser también expresión de dominio sobre el inmueble o de la voluntad e independencia para su uso y goce, en un ejercicio posesorio de propietario; no denota, pues, como lo insinúa el recurrente, que por el hecho de un eventual incumplimiento de los deberes de esposa, se deba colegir el abandono absoluto de la posesión.

Por otra parte, dentro de las pruebas que afirma fueron dejadas de valorar, destaca el acusador los documentos relativos al pago de obligaciones hipotecarias, de defensa de esos derechos ante la justicia, de mantenimiento del inmueble para vivienda, tal y como lo encontró el juez en la inspección judicial y lo corroboraron los peritos, y los indicios que surgen de ellos, así como los relacionados con el pago de créditos adquiridos para construcción y de los tributos propios del predio, los cuales le permiten establecer la fecha del abandono, la pérdida de la posesión de la titular inscrita y la época exacta de adquisición del actor de esa posesión.

En torno a ellos, basta expresar que de tales aspectos no es dable inferir la configuración de indicio que necesariamente conduzca a entender que, por no haber asumido la demandada ninguno de dichos gastos, pagos y erogaciones relativos a la comunidad, se hubiere despojado de toda voluntad posesoria.

Ahora, es palmario que no se pretermitió la valoración de los testimonios de Julio Barbosa Rico, Alonso Castaño Duque y Alejandro Bernal Almonacid, toda vez que el juez de segundo grado sobre el particular de manera expresa puntualizó que “se destacan no precisamente por su actitud probatoria, sin que esto se tome como una descalificación de los testigos, no, lo que ocurre es que precisamente se desatendió en desarrollo de la aducción de esas pruebas, al deber legal de precisar la razón de la ciencia del testigo, no se incursionó en este aspecto, se desaprovechó la potencialidad de que hubieran referido hechos importantes al proceso, advertida esa falencia los mismos resultan ser vagos, imprecisos, sin fuerza demostrativa para caer en el lugar común de referir la existencia de una posesión, pero sin dar cuenta pormenorizada en que consiste la misma, desde cuando data ella, menos aún se les exploró si eran sabedores de la situación legal que se encontraban las partes respecto del inmueble”(sic). Ello equivale a decir que, entre otros elementos de certeza, fue justamente el análisis efectuado a este conjunto testimonial lo que le sirvió al juzgador para llegar a la conclusión de la ausencia de evidencia demostrativa de la posesión material del actor por el lapso de 20 años sobre el inmueble.

7. Por tanto, no prospera el cargo.

V. Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de agosto de 1998, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso identificado en esta providencia.

Condénase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. Tásense.

Cópiese, notifíquese, y oportunamente devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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