Sentencia 7524 de enero 14 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DESPERFECTOS GRAVES DE LA COSA VENDIDA

CASOS EN QUE SE PUEDE ACUDIR A LA ACCIÓN RESOLUTORIA GENERAL

EXTRACTOS: «Bien podría formularse el siguiente problema jurídico: ¿en un contrato de compraventa mercantil, qué grado de desperfecto de una máquina es bastante para el éxito de la acción resolutoria general contemplada en el artículo 870 del Código de Comercio? Para contestarlo son apropiadas las siguientes reflexiones:

Los contratos cumplen con el fin práctico de regular la satisfacción de las necesidades de las partes y los intereses económicos que ellas persiguen con su celebración. El ordenamiento jurídico reconoce a las personas la facultad de comprometer su conducta futura y estabilizar sus expectativas, para lo cual concede alcance normativo a las disposiciones que ellas se dictan, a condición que tales estipulaciones respeten los requisitos señalados en la ley.

Pero en el discurrir que va entre la celebración de los negocios y su ejecución material, es posible que se presenten vicisitudes que determinan los diferentes grados de cumplimiento, y de paso, las consecuencias jurídicas que de ellos se derivan.

El Código de Comercio establece que el vendedor adquiere el compromiso de transmitir la propiedad del objeto determinado en la convención, para más adelante especificar que la cosa comprende los accesorios y que es ofrecida en el estado en que se encuentra al momento de perfeccionarse el contrato (1) , prestación que debe llevarse a cabo en la forma y tiempos determinados en el acuerdo o previstas por la ley de manera supletiva. De la principal obligación del vendedor se derivan las de conservación de la cosa y de saneamiento de derecho (evicción) o de hecho (vicios redhibitorios), esta última considerada como un caso de cumplimiento defectuoso.

También se ha identificado que las acciones que nacen de los vicios de la cosa son: la acción redhibitoria (que el Código de Comercio designó con el apelativo de resolutoria) y la de rebaja del precio, que tienen como fundamento, siguiendo la jurisprudencia de esta corporación: 1) Que el vicio sea grave y no leve pues “no consiste en imperfecciones o defectos que incomoden o desagraden al comprador, ni de factores extraños al uso natural de la cosa vendida... [por] estorbar del todo el uso ordinario del bien enajenado o por reducirlo en forma considerable” (2) ; 2) Debe ser oculto para el comprador, es decir, que lo ignore sin culpa de su parte; 3) Tener causa anterior al contrato; 4) Hacerse patente después de la entrega, y 5) Ser alegado dentro de la oportunidad concedida por el artículo 938 del Código de Comercio, es decir, dentro de los seis meses contados a partir de la entrega. Para efectos de la acción estimatoria, debe tenerse en cuenta que para calcular la suma en que el precio debe ser rebajado es necesario “hacer una aparente proporción entre el precio convenido y el valor real depreciado del bien vicioso, y se dice aparente pues la proporcionalidad se refiere a la comparación del deprecio que con motivo del vicio experimenta el objeto vendido con el precio convenido” (Sent. Cas., ago. 29/80).

Sobre esta doble posibilidad de accionar, en caso de defectos desconocidos que inutilicen la cosa, la Corte dejó sentado que “tales pretensiones pueden formularse autónoma e individualmente, o acumulándoles una pretensión eventual consecuencial que tenga como objeto la indemnización de los perjuicios, siempre que el vendedor haya conocido o debido conocer los defectos de la cosa al tiempo de la negociación, pues como lo tiene definido la doctrina de la corporación, ‘... sin embargo de que ambas hallan su razón de ser en la garantía que gravita sobre el vendedor en favor del comprador, es lo cierto que la presencia del vicio oculto no da lugar, per se, a la indemnización de perjuicios; esta, como se acaba de anotar, depende del conocimiento que el vendedor hubiera tenido o debido tener, al tiempo del contrato, del vicio o defecto, en lo cual se palpa una diferencia cardinal con la acción resolutoria común (C. Co., art. 870 y C.C., art. 1546), pues en esta el resarcimiento sí está ligado, sin consideraciones adicionales, al incumplimiento de la obligación en el que se hace descansar la resolución’” (Sent. Cas. Civil, ago. 12/88).

En cuanto a los efectos de las diferentes acciones que tienen manantial en los vicios de la cosa, se observa que la acción resolutoria impone las restituciones mutuas, al paso que la de rebaja de precio conlleva una condena al vendedor a restituir la parte proporcional del precio, en ambos casos el comprador tendrá derecho a solicitar indemnización de perjuicios, resarcimiento que se decretará solo si se comprueba que el vendedor conocía o debía conocer el vicio o imperfección de la cosa, al tiempo de la venta. Se pone de presente así otra circunstancia que diferencia la acción resolutoria por el vicio del objeto, con la resolución general del artículo 870 del Código de Comercio.

En suma, es la naturaleza del vicio entonces, la que determina las opciones que el comprador puede ejercitar, sin que sea inexorable que todo defecto origine la acción resolutoria general del artículo 870 del Código de Comercio. La Corte, en camino de enjuiciar el incumplimiento del vendedor en el caso de un horno construido con la finalidad de cocinar calados, conocidas las necesidades del comprador por parte del proveedor y ante los desperfectos del objeto para cumplir el propósito acordado por las partes, concluyó: “el vendedor que otorga la garantía de buen funcionamiento se obliga generalmente, a reparar y a indemnizar los perjuicios causados por el vicio, es del caso concluir que el artículo 932 del Código de Comercio no otorga al comprador acción resolutoria per se ni tampoco en concordancia con el artículo 870 ibídem aun en el evento en que el vendedor incumpla con la aludida obligación de garantía, porque de ser así cualquier defecto de funcionamiento, por insignificante que fuera, daría lugar a este resultado con notorio quebranto de la seguridad y estabilidad que debe reinar en los negocios mercantiles. Otra cosa es que, por ser el vicio de mayor entidad, tal como acontece cuando hace impropia la cosa para su natural destinación o no permite utilizarla en el fin previsto al adquirirla, este genere resolución contractual, porque en este supuesto se está frente a la situación del artículo 934 del Código de Comercio, que sí da cabida y amerita el ejercicio de la acción resolutoria”, y sobre la aptitud del objeto dijo: “si el defecto de la cosa implica además que ella no es apta para su natural destinación o para la finalidad tenida en cuenta al comprarla, el comprador, fuera de la acción indemnizatoria que pueda ejercitar al abrigo de la garantía de funcionamiento que se le ha dado —C. Co., art. 932—, podrá hacer valer también, alternativamente, la acción resolutoria o la de rebaja del precio, en su caso, que se consagra genéricamente para los vicios ocultos en la última disposición —C. Co., art. 934—”. Para luego agregar en la misma providencia: “Los vicios intrínsecos de la cosa vendida otorgan de ese modo al comprador que ya la ha recibido, no solo la acción indemnizatoria por el defecto funcional de que trata el artículo 932 del Código de Comercio, sino las consagradas en el artículo 934 ibídem, norma esta última que al efecto expresa: ‘Si la cosa vendida presenta, con posterioridad a su entrega, vicios o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el comprador, que hagan la cosa impropia para su destinación o para el fin previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la resolución del mismo o la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador opta por la resolución, deberá restituir la cosa al vendedor’; en uno y otro caso mediante la vía del procedimiento ordinario…” (Sent. Cas. Civil, sep. 11/91). Es de notar que en el precedente que acaba de citarse, el artefacto vendido ni por un momento operó del modo como estaba previsto en el contrato, lo que llevó a la resolución por vicios redhibitorios.

La Corte estudió en otra ocasión la gama de acciones con que cuenta el comprador, para remediar el incumplimiento del vendedor, y dijo entonces que si se trata de un contrato de compraventa “la obligación principal del vendedor es la de entregar la cosa, pero además de la entrega está la de procurar el dominio y la posesión en el comprador y el aprovechamiento útil de la cosa. Cuando el vendedor desatiende esos deberes permite al comprador instar el cumplimiento o entrega o la resolución del contrato, y en ambos casos con indemnización de perjuicios (C.C., arts. 1546 y 1882 y C. Co., art. 870)… bien puede acontecer que la cosa no sirva para su normal uso o solo sirva imperfectamente para lo cual el Código Civil estatuye la acción redhibitoria y la estimatoria o de rebaja del precio (art. 1917 reiterado en el C. Co., art. 934). Empero el ordenamiento mercantil va más allá en lo atinente a esas modalidades de garantía de la cosa en cuanto permite discutir, por los trámites de un proceso verbal (sic) sobre la calidad, cantidad y sanidad (arts. 914, 915, 916, 931, 939), o sobre el funcionamiento (art. 934)”. (Sent. Cas. Civil, jul. 23/86, G.J. t. CLXXXIV, pág. 130).

Ante la importancia de establecer cuál es la acción adecuada cuando se trata de un objeto cuyo funcionamiento no es el esperado, la Corte puntualizó “si la garantía por mal funcionamiento comprende solo una acción reparatoria e indemnizatoria, cuando el comprador demanda la resolución del contrato en consideración a que el vicio de la cosa que recibió no le permite destinarla al uso para el cual fue adquirida, lo que está ejerciendo es la acción consagrada en el artículo 934 del Código de Comercio” (Sent. Cas. Civil, sep. 11/91, citada). De lo dicho se desprende que en materia de vicios del objeto, la regla general será la acción redhibitoria y solo en casos excepcionales la establecida por el artículo 870 del Código de Comercio, atendida la necesidad de pervivencia del contrato y las mayores exigencias sobre la magnitud del daño en la acción resolutoria regulada en la norma acabada de mencionar.

Para hallar los confines de las diversas acciones derivadas del incumplimiento, es relevante poner atención a la forma como las partes se reflejan el resultado y consumación del acuerdo en orden a satisfacer sus expectativas. Así, los impulsos objetivos que mueven a la adquisición de un bien están guiados por el deseo de cubrir una necesidad, en los que van implícitos los conceptos de utilidad, provecho o ventaja. La satisfacción de carencias propias con bienes que otro brinda, supone que la naturaleza del objeto cumpla las condiciones suficientes para que la necesidad se vea colmada. No obstante, el derecho reconoce que la satisfacción no siempre se logra del modo que las partes persiguen al contratar. Puede ser entonces que la cosa entregada por el vendedor no llene las expectativas contractuales porque presenta defectos de diverso grado, todas las anomalías no son iguales, por ello, el derecho desde antiguo tiene dicho que no cualquier desarreglo causa el aniquilamiento del contrato sino que la resolución solo viene de alguno que por su enorme magnitud, gravedad e intensidad hace que la cosa sea absolutamente impropia para los fines del contrato, según la naturaleza de la cosa o lo que resulte de la definición convencional.

Entonces, el legislador reconoce que hay una escala de desperfectos que pueden aquejar la cosa vendida, diferencia de grado, y de intensidad que causa un deterioro mayor o menor a la convención. En el extremo de la graduación se halla la resolución general del contrato (C. Co., art. 870), secuela de defectos que implican arrasamiento total del acto y la consiguiente indemnización de perjuicios, alternativa que así otorga un poder enorme al comprador en correspondencia directa con la dimensión de la anomalía de la cosa. Pero como no hay unos valores tangibles para por contraste deducir cuándo procede una acción o la otra, es menester auscultar lo ocurrido en toda la historia de la negociación, pues circunstancias antecedentes, concomitantes y subsiguientes, sumadas a la naturaleza misma del objeto y la intención de las partes, son los que permitirán fijar en cada caso la trascendencia del defecto y su incidencia en la supervivencia del contrato.

La Corte, guiada por las anteriores coordenadas, establece que los únicos defectos que posibilitan acudir a la acción resolutoria general son aquellos que determinan un incumplimiento que inutiliza el artefacto de manera ostensible, por asimilarse naturalísticamente en realidad a una falta total de entrega; los demás que se presenten en grado tal que dificulten el goce de la cosa o lo hagan ineficiente para la labor contratada, corresponden a otro género de incumplimiento y por tanto desprovisto quedará en tal evento el comprador de acudir a la acción resolutoria general, pues existen diferencias en aspectos como el origen histórico, los supuestos constitutivos, las consecuencias jurídicas de su prosperidad y los términos de prescripción que distancian las categorías mencionadas hasta hacerlas inconfundibles. Es que si se aceptara el ejercicio de la pretensión resolutoria general de manera indiscriminada, la fluidez y seguridad del tráfico de bienes estaría seriamente amenazada, pues siempre podría el comprador a su antojo escapar de los efectos de la prescripción de las otras acciones, con el solo expediente de recurrir a la acción resolutoria general pretextando que la impropiedad es tan grave que equivale sin más, a la falta de entrega.

Entonces, cuando se trata del incumplimiento de contrato de compraventa comercial, en que se discute la calidad del objeto o su aptitud para procurar el uso determinado por los contratantes, en línea de principio, la acción no puede enderezarse por la vía resolutoria general, sino por la especial prevista en el artículo 934 o 937 de la regulación mercantil, que como se sabe tiene una prescripción de seis meses (C. Co., art. 938).

(...).

Puestas así las cosas, ante la incertidumbre que se cierne sobre si las carencias del artefacto eran tales que debía resolverse el contrato por la acción general del artículo 870 del Código de Comercio, el primer juez de la situación fue el propio comprador que no solo pagó el saldo restante del precio, sino que desdeñó la oferta que le hizo el vendedor de recoger el artefacto y buscar un nuevo comprador, a pesar de tener suficiente conocimiento para establecer las propiedades intrínsecas de la máquina.

Las pruebas anejas al proceso permiten concluir entonces, que los distintos expertos, tanto los que estaban al servicio de las partes como los designados en el proceso, no apuntan a una causa común del desarreglo, en cambio su lectura evidencia que el defecto era de una proporción que no justifica la resolución impetrada en la demanda, pues su dimensión no se extiende hasta los confines de la completa inutilidad, por el contrario se demostraron extensos episodios de operación regular del objeto, usado intensamente las 24 horas del día con expectativas razonables de mejoría expresadas por el comprador, los que determinaron que este perseverara en el contrato por largo tiempo, de lo cual se sigue que ninguna otra deducción puede sacarse distinta a que la máquina sí servía, aunque con imperfecciones que por sí solas no fundan la prosperidad de la pretensión resolutoria general. En efecto, las partes aceptan, que la máquina presentó problemas de funcionamiento, pero que en últimas atañen a la eficiencia y sostenibilidad en el largo plazo, con menor necesidad de mantenimiento y cambio de piezas, defectos tales que no son de la magnitud y gravedad suficientes como para asimilarlos a una falta total de entrega, ni permiten afirmar que la cosa era absolutamente impropia para desarrollar la tarea para la cual fue construida, lo que descarta la acción resolutoria general pretendida en la demanda.

Luego si se impetró la acción resolutoria general (C. Co., art. 870) con fecha 15 de octubre de 1993 cuando habíanse dejado vencer los términos para demandar tempestivamente la resolutoria originada en los vicios del objeto (art. 934 ibíd.), ningún reparo puede formularse al fallo de segunda instancia, pues en cualquier caso la suerte adversa del reclamo estaba sellada».

(Sentencia de casación, 14 de enero de 2005. Expediente 7524. Magistrado Ponente: Dr. Edgardo Villamil Portilla).

(1) Esta previsión también la considera el Código Civil Francés (arts. 1245 y 1614). Sobre el estado en que debe entregarse el objeto, Colin y Capitant. “Derecho civil”. Tomo IV. Editorial Reus. Madrid, 1955, pág. 115.

(2) Sentencia Cas. 25 de marzo de 1969, G.J. t. CXXIX, pág. 17.

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