Sentencia 7542 de mayo 3 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR

TRÁMITE CUANDO EXISTE INDICIO DE INEXACTITUD

EXTRACTOS: «1. Como afirma el agente del Ministerio Público, es aplicable a toda actuación administrativa no sólo el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, cuyo capítulo III desarrolla el derecho de petición consagrado, hoy día, en el artículo 23 de la Constitución Política, sino todo el título 1º del libro 1º, que determina en sus artículos 2º y 3º en forma general y obligatoria el objeto de la actuación administrativa y los principios orientadores de la misma, especialmente los de economía, celeridad, eficacia e imparcialidad así:

“ART. 2º—Objeto. Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley.

ART. 3º—Principios orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa.

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados (...).

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias (...).

En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darle igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos...”. (Sub-raya la Sala).

Principios que cobraron vital importancia al ser elevados a rango constitucional en la Carta Política de 1991, artículo 209, norma que dispone:

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”.

Principios que también en la línea encuentran significación en el artículo 683 del estatuto tributario, cuando establece:

Espíritu de justicia. Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes qué cumplir en relación con la liquidación y recaudo de los impuestos nacionales deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores públicos, que la aplicación recta de las leyes debe estar presidida por un relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación”.

En consecuencia, si la ley en concordancia con las normas antes transcritas ordena devolver las sumas pagadas en exceso de la obligación tributaria, el procedimiento establecido para tal fin no tiene objeto distinto al de permitir de manera precisa e inequívoca, la efectividad del derecho del contribuyente de no pagar más de aquello con que la misma ley ha que-rido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación.

Es evidente que si bien es cierto que la administración tiene la facultad de rechazar o inadmitir las solicitudes de devolución y que debe efectuar las investigaciones tendientes a la verificación del saldo a favor, en manera alguna puede ejercer una función con el único fin de enervar el derecho del administrado y menos puede, invocando el ejercicio de facultades legales, rechazar las solicitudes presentadas, con fundamento en hechos no previstos en la ley para el efecto.

2. Las normas que analiza la sentencia y que se hallan compiladas en el estatuto tributario, señalan de manera taxativa las causales de rechazo de la devolución, en las cuales no se encuentran ni la falta de actualización del RUT (registro único tributario), ni los posibles errores de la declaración de renta del año al cual se va a aplicar la compensación.

Adicionalmente, observa la Sala que la misma ley tributaria, con el fin de no hacer nugatorio el derecho de los contribuyentes a la devolución del saldo a favor que resulte en sus declaraciones tributarias, prevé el procedimiento a seguir en el caso de existir algún indicio de inexactitud en la declaración, o cuando el saldo a favor haya sido modificado mediante liquidación de revisión.

En el primer evento establece la suspensión del término, que obviamente corre tanto para la administración como para el contribuyente, y en el caso de no producirse requerimiento especial debe acceder a la devolución, si se produce requerimiento debe reconocer el saldo a favor que se plantee en el requerimiento, sin que se requiera de una nueva solicitud.

En el sub lite la administración, invocando el artículo 857-1 del estatuto tributario decretó la suspensión del término mediante el auto 003 de febrero 5 de 1991 con el objeto de efectuar la investigación. Culminada ésta debió proferir el requerimiento especial o en su defecto proceder a la devolución sin más dilaciones y no dictar un auto inadmisorio como culminación del proceso de investigación, porque tal trámite no lo establece la ley.

De otra parte, el indicio de inexactitud debe ser evidente sin que pueda pensarse que cuando la norma tributaria (art. 857-1, num. 3º del estatuto tributario) indica que procede la suspensión del término, cuando a juicio del administrador exista un indicio de inexactitud en la declaración que genera el saldo a favor, le esté confiriendo una facultad discrecional o caprichosa. Por el contrario, el indicio de inexactitud no sólo debe ser evidente, sino que debe dejarse constancia escrita de las razones en que se fundamenta el indicio, constituyéndose esta exigencia en la motivación escrita del acto administrativo. Y una vez culminada la diligencia tendiente a la verificación de la supuesta inexactitud proceder a la devolución del saldo no cuestionado, previo requerimiento especial».

(Sentencia de mayo 3 de 1996. Expediente 7542. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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