Sentencia 7561 de febrero 24 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2001-0352 (7561)

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Autoridades nacionales.

Actor: Juan Guillermo Arbeláez Díaz.

Bogotá, D.C., veinticuatro de febrero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

El contenido de la parte resolutiva de la acusada Resolución 57 de 2001, es como sigue:

“ART. 1º—Conceder la extradición del ciudadano colombiano Juan Guillermo Arbeláez Díaz, solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, para que comparezca a juicio por los cargos II, III contemplados en la cuarta resolución de acusación 99-6153 CR-RYSKAMP (s) (s) (s)(s), dictada el 18 de noviembre de 1999, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, División de Fort Lauderdale.

“ART. 2º—Advertir al Estado requirente que el extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 550 del Código de Procedimiento Penal.

“ART. 3º—Ordenar la entrega del ciudadano Juan Guillermo Arbeláez Díaz, bajo el compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que hace referencia el inciso 2º del artículo 552 del Código de Procedimiento Penal, previa información al mismo de lo resuelto por la honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-1106/2000 del 24 de agosto de 2000.

“ART. 4º—Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderado, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición,...”.

La primera censura del actor radica en la indebida interpretación que, a su juicio, viene haciendo la Corte Suprema de Justicia respecto del artículo 565 del Código de Procedimiento Penal, que preceptúa:

“ART. 565.—No habrá lugar a la extradición cuando por el mismo delito la persona cuya entrega se solicita, esté investigada o haya sido juzgada en Colombia”.

Sobre el particular, la Sala considera pertinente remitirse a la nota diplomática 1210 de 30 de noviembre de 1999:

“Juan Guillermo Arbeláez Díaz es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. Es el sujeto de la cuarta resolución de acusación 99-6153 CR-RYSKAMP (s) (s) (s) (s), dictada el 18 de noviembre de 1999, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, División de Fort Lauderdale, mediante la cual se le acusa de:

“— Cargo II. Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, en violación del título 21, Código de los Estados Unidos, secciones 841 (a) (1) y 846;

“— Cargo III. Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína, en violación del título 21, Código de los Estados Unidos, secciones 952 y 963;

“(…).

“Los hechos del caso indican que Guillermo Arbeláez Díaz es parte de una organización de narcotráfico que despacha cocaína desde Colombia a México para su trasbordo y redistribución en los Estados Unidos, que envía cocaína directamente a los Estados Unidos y lava y regresa a Colombia las utilidades de la droga desde México y los Estados Unidos. A partir del 17 de diciembre de 1997, la organización ha sido responsable del embarque mensual de múltiples toneladas de cocaína hacia México y los Estados Unidos.

“Juan Guillermo Arbeláez Díaz es el gerente de Inalfrut, una compañía fachada en Medellín, que utiliza la organización de narcotráfico de Alejandro Bernal Madrigal para transportar cocaína oculta en cargamentos de fruta congelada... Arbeláez Díaz ayudó a coordinar el embarque de esta cocaína con Hermis de Jesús Betancourt-Ríos y otros integrantes de la organización de narcotráfico.

“Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997”.

Como se advierte, el actor fue solicitado por los Estados Unidos de América por presuntamente importar y distribuir cocaína a dicho país, en tanto que en Colombia la investigación que se inició lo fue por la comisión en Colombia de los delitos de narcotráfico al haber incurrido “en las conductas descritas en los artículos 33 de la Ley 30 de 1986, modificado por el artículo 17 de la Ley 365 de 1997; 34 de la Ley 30 de 1986, modificado por el artículo 18 de la Ley 365 de 1997 y 186 del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley 365 de 1997” como lo sostuvo la unidad de fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en providencia de 27 de febrero de 2001, mediante la cual abrió instrucción al actor, entre otros, en cumplimiento del fallo de tutela 1736 de 2000:

“A través de las pruebas practicadas por el despacho en la etapa de investigación previa, de los documentos aportados por los imputados y sus defensores en las diligencias de versión libre, la fiscalía encuentra que existen indicios que permiten considerar que las personas contra quienes se abrió investigación previa y cuyo trámite de extradición está en curso, presuntamente incurrieron en las conductas descritas en los artículos 33 de la Ley 30 de 1986, modificado por el artículo 17 de la Ley 365 de 1997; 34 de la Ley 30 de 1986, modificado por el artículo 18 de la Ley 365 de 1997 y 186 del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley 365 de 1997, sin perjuicio que posteriormente se establezca la comisión de otros punibles descritos como tales en la legislación penal.

“Las conductas antes mencionadas, de conformidad con el material probatorio existente hasta ese momento, son la base para considerar que los presuntos hechos punibles por los cuales se ordenara la apertura de instrucción, fueron cometidos en la República de Colombia, lugar donde pudo haberse desarrollado parcialmente la acción, que esta tuvo inicio en el territorio colombiano y culminó en el exterior”.

En síntesis:

Se encuentra probado que el actor está siendo investigado en Colombia por haber cometido en el territorio nacional los delitos de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de exportación, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de los activos provenientes de la actividad de exportación. De igual modo, consta que traficó con estupefacientes al importar cocaína a los Estados Unidos de América y que conspiró para lavar los activos provenientes del narcotráfico en ese país. En Colombia el actor es investigado por exportar cocaína, en tanto que en los Estados Unidos lo es por importarla a dicho territorio.

Al decidir una acción análoga a la sub examine, en sentencia de 25 de abril de 2002 (1) (C.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero), la Sala prohijó la siguiente jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (2) que para el caso presente se reitera, por ser enteramente aplicable a la cuestión que se controvierte:

“...tratándose de unas actividades progresivas que van desde el cultivo de plantas hasta el consumo de los estupefacientes, pasando por toda la gama de producción, almacenamiento, transporte, exportación, porte, comercialización, etc., bastará con demostrar una sola de ellas para que la conducta punible se considere completa, lo que en nada obsta para que en parte esos comportamientos se realicen en un territorio siendo merecedores de su reproche en él, y otra alcance su realización en el exterior, donde igualmente serán objeto de represión autónoma”.

En la ocasión que se cita, también prohijó la sentencia de 23 de abril de 1998 (3) (C.P. Dr. Manuel S. Urueta Ayola) cuyas conclusiones son también predicables del caso presente, por lo que es pertinente reiterarlas.

Concluyó entonces la Sala:

“...No es cierto que la resolución demandada concedió la extradición del actor para que fuera juzgado por los mismos hechos por los cuales fue juzgado en Colombia, pues, en últimas, a aquel se le juzgó aquí por sacar cocaína y en Estados Unidos se pretende juzgarlo por un hecho punible diferente: el de importar cocaína a dicho país, conducta también prevista en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986, cuando emplea la expresión introduzca al país”.

Además, reiteró el criterio que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado consignó en sentencia de (C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual expresó:

“...Cabe señalar que es pertinente frente a este género de situaciones no perder de vista lo dispuesto por el artículo 36, numeral 2º, literal a), subliteral i), de la Convención única de estupefacientes y su protocolo de modificaciones de 1961, aprobada por la Ley 13 de 1974, conforme al cual cada uno de los delitos enumerados en el inciso 1º, esto es, cultivo, producción, fabricación, extracción, preparación, ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra, venta, despacho por cualquier concepto, carretaje, expedición en tránsito, transporte, importación y exportación de estupefacientes, si se cometen en diferentes países se considerará como un delito distinto o autónomo”.

Es claro, entonces, que el actor no fue requerido en extradición por hechos cometidos en Colombia que configuren la mismas conductas punibles por las que fue solicitado en extradición, circunstancia que, de darse, en efecto haría imposible su entrega a otro país, conforme a lo dispuesto en el artículo 565 del Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha de la solicitud de los Estados Unidos de Norteamérica (D. 2700/91), que expresamente prohíbe extraditar a una persona cuando está siendo investigada o juzgada en Colombia por el mismo delito por el cual es requerida.

Como quedó señalado, el hecho de que las conductas hayan sido cometidas en uno y otro país hace posible juzgarlas en ambos, pues como la jurisprudencia lo ha puesto de presente, en razón de esa circunstancia las conductas son de represión autónoma y merecedoras de reproche en ellos, lo que descarta la violación del principio del non bis in idem.

La decisión adoptada por el Gobierno Nacional tampoco desconoce el principio del juez natural, pues las autoridades judiciales del Estado solicitante son las competentes para juzgar al actor por los presuntos hechos delictivos allí cometidos; tampoco desconoce la aplicación preferente de la Constitución instituida en su artículo 4º, pues, precisamente, el inciso 2º del artículo 35 de la Constitución Política, con la modificación introducida por el Acto Legislativo 1 de 1997, establece que la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior.

En cuanto a la falta de plena identificación del actor, la Sala observa que aunque es cierto que en nota verbal 1057 de 7 de octubre de 1999 se solicitó la detención provisional, con propósito de extradición, de Edwin González Arbeláez, mediante nota verbal 1090 del 12 siguiente se aclaró que el verdadero nombre del individuo es Juan Guillermo Arbeláez Díaz.

Posteriormente, mediante nota verbal 1210 la embajada de Estados Unidos de Norteamérica planteó lo siguiente:

“... El señor Arbeláez Díaz es el sujeto de las notas diplomáticas de esta embajada 1057 y 1090, mediante las cuales se solicitó su detención provisional para propósitos de extradición.

... La embajada se permite aclararle al ministerio que ... la segunda Resolución de Acusación 99-6153 [s] [s] fue sustituida por la tercera resolución de acusación 99-6153 CR-RYSKAMP [s] [s] [s], y por la resolución de acusación 99-6153 RYSKAMP [s] [s] [s] [s], dictada el 18 de noviembre de 1999, es la base para la solicitud formal de los Estados Unidos de América para la extradición de Juan Guillermo Arbeláez Díaz. Bajo la ley penal de los Estados Unidos de América, una resolución de acusación sustitutiva reemplaza una resolución de acusación dictada anteriormente. Es práctica común la de reformar las resoluciones de acusación con el objeto de, inter alia, adicionar cargos, adicionar co-acusados, corregir nombres y errores de mecanografía, hacer cambios gramaticales, y hacer una mayor evaluación de la ley y de las pruebas existentes.

El auto de detención contra el señor Arbeláez Díaz por estos cargos dictados el 30 de septiembre de 1999 por el magistrado ... permanece vigente para los delitos de los cuales se le acusa en la cuarta resolución de acusación 99-6153 CR-RYSKAMP [s] [s] [s] [s]. La embajada se permite informar al ministerio que bajo la ley de los Estados Unidos, el auto de detención dictado contra Juan Guillermo Arbeláez Díaz bajo su alias de “Edwin González Arbeláez” permanece vigente contra el señor Arbeláez Díaz bajo su verdadero nombre.

... La embajada se permite confirmar al ministerio que el ciudadano colombiano Juan Guillermo Arbeláez Díaz, también conocido como “Edwin González”, también conocido como “Edwin González Arbeláez”, es portador de la cédula colombiana 71.697.642, expedida en Medellín, Antioquia”.

Es cierto que con fundamento en la nota verbal 1057, el 11 de octubre de 1999 la Fiscalía General de la Nación decretó la captura, con fines de extradición, de Edwin González Arbeláez; sin embargo, el 13 siguiente la misma fiscalía aclaró dicha resolución de captura, en cuanto a que la verdadera identidad de la persona requerida corresponde a Juan Guillermo Arbeláez Díaz, fecha esta última en que hizo efectiva la orden de captura.

Prueba de que el señor Juan Guillermo Arbeláez Díaz sólo fue capturado el 13 de octubre de 1999, la constituye el oficio 20510 DIJIN-ODJAJ, suscrito por el director central de policía judicial de la Policía Nacional (4) :

“... me permito informarle que el señor Juan Guillermo Arbeláez Díaz, estuvo dos veces recluido en la sala de retenidos de esta dirección:

El día 13-10.1999 a las 15:10 horas ingresó por primera vez a la sala de retenidos, siendo trasladado para el pabellón de alta seguridad de la Cárcel Nacional La Picota el 14-11-1999 a las 04:30 horas, encontrándose a órdenes de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación...”.

Sobre el punto en discusión, la Resolución 57 sostuvo que uno de los fundamentos en que la Corte Suprema de Justicia debe fundamentar su concepto es la demostración plena de la identidad del solicitado (CPP, art. 558), requisito que sin lugar a dudas cumplió dicha corporación para emitir su concepto favorable, como allí lo explicó:

“... Mal puede sostenerse que la persona que actualmente se encuentra privada de la libertad con fines de extradición, no sea la misma a la que se han referido los Estados Unidos en las notas diplomáticas a las que se ha hecho referencia, ni tampoco que exista duda sobre su verdadera identidad, por cuanto obtenida la identificación verdadera del individuo objeto de la investigación que en este país se adelanta, se hicieron las correcciones del caso tanto en el proceso que motiva el pedido de extradición, como en las notas remitidas al gobierno colombiano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En esta medida, resultan más que sofísticos los argumentos del solicitado cuando pretende hacer ver que inicialmente se refirieron a una persona distinta a él, pero luego, cuando se produjo su captura y se le identificó, es que el país requirente hizo alusión a su nombre, cuando lo cierto es que la aclaración en cuanto a la verdadera identificación del sujeto mencionado en la nota verbal 1057 del 7 de octubre de 1999, se hizo con anterioridad a que (sic) su aprehensión, de ahí que la orden impartida por la fiscalía se cumpliera respecto de él; y además, olvida tener en cuenta que el nombre de Edwin González Arbeláez era el “alias” o nombre falso con que contaban las autoridades de los Estados Unidos para mencionarlo a él”.

Tampoco encuentra la Sala razón que pruebe la veracidad del argumento según el cual a la solicitud de extradición no se acompañó copia del indictment y los documentos que le sirvieron de soporte no fueron autenticados por el funcionario que los expidió.

El artículo 551 del Código de Procedimiento Penal preceptúa que “La solicitud para que se ofrezca o se conceda la extradición de personas a quienes se haya formulado resolución de acusación o su equivalente o condenado en el exterior, deberá hacerse por la vía diplomática, y en casos excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno, con los siguientes documentos: 1. Copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente. 2. ... Los documentos mencionados serán expedidos en la forma prescrita por la legislación del Estado requirente y deberán ser traducidos al castellano, si fuere el caso” (negrilla fuera del texto).

Obra en el expediente la cuarta resolución de acusación dentro del caso 99-6153 CR-RYSKAMP (s) (s) (s) (s), proferida por el Tribunal del Distrito Federal del Sur de la Florida, en la cual se encuentra inserta la siguiente nota (5) :

“Certificado como copia fiel y exacta del original Clarence Maddox, secretario tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito del Sur de Florida por (firma) secretario adjunto fecha 18 de noviembre de 1999”.

Además, respecto de la nota verbal 1210, mediante la cual se formalizó la solicitud de extradición del actor por parte del gobierno norteamericano, la coordinadora del área de traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores certificó (6) :

“Confrontadas y revisadas las notas verbales procedentes de la embajada de los Estados Unidos de América. ... 1210, ... con las traducciones informales, se encontró que estas últimas son traducción fiel y completa en todas sus partes”.

Igualmente, aparecen las certificaciones del director encargado de la oficina de asuntos internacionales - División Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de la Fiscal General de los Estados Unidos y del secretario de Estado en ejercicio (7) :

“... certifico que los documentos anexos son las declaraciones originales de Theresa M.B. Van Vliet, abogado litigante principal de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y Paul K. Craine, agente especial de la administración para el cumplimiento de las leyes sobre drogas, ambos debidamente juramentados el 18 de noviembre de 1999 ante el honorable Ann E. Vitunac, juez magistrado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de los Estados Unidos. Que las declaraciones antes mencionadas, junto con los anexos y las traducciones al español debidamente certificadas anexas a la presente son enviadas como respaldo a la solicitud por parte de los Estados Unidos para la extradición de Juan Guillermo Arbeláez Díaz, a/k7A Edwin González Arbeláez, desde Colombia.

(…).

“Certifico que Mary B. Troland cuyo nombre está suscrito al documento anexo, es actualmente y en el momento de firmar el mismo, director encargado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Washington D.C., debidamente comisionado y calificado.

“En fe de lo cual, Yo, Janet Reno, Fiscal General de los Estados Unidos, he ordenado que se estampe a la presente el sello del Departamento de Justicia y que mi nombre sea atestado por director/director encargado de la oficina de asuntos internacionales, división penal de dicho departamento en el día y año anteriormente indicados.

(…).

“Certifico que el documento anexo a la presente porta el sello del departamento de justicia de los Estados Unidos de América, y que a dicho sello se le debe dar plena fe y crédito.

“En fe de lo cual, yo, Strobe Talbott, secretario de Estado en ejercicio, he ordenado que se estampe a la presente el sello del Departamento de Estado y que mi nombre sea suscrito por el del funcionario de autenticaciones asistente de dicho departamento, en la ciudad de Washington, en el Distrito de Columbia, hoy 22 de noviembre de 1999”.

Como quiera que las anteriores certificaciones fueron expedidas en respuesta a la solicitud de la Corte Suprema de Justicia, quien de oficio solicitó que se remitieran al Ministerio de Relaciones Exteriores “... copia de los folios 2, 3 y 4 de la documentación anexa a la solicitud de extradición de Juan Guillermo Arbeláez Díaz a efectos de que se disponga lo pertinente para su traducción oficial”, el actor sostiene que la citada corporación usurpó la competencia que en tal sentido tiene el Ministerio de Justicia y del Derecho (CPP, art. 554 - D. 2700/91), dándole un alcance que no tiene al artículo 558 ídem.

Establecen las normas citadas:

“ART. 553.—Estudio de la documentación. EI Ministerio de Justicia examinará la documentación, y si encuentra que faltan piezas sustanciales en el expediente, lo devolverá al Ministerio de Relaciones Exteriores, con indicación detallada de los nuevos elementos de juicio que sean indispensables”.

“ART. 558.—Fundamentos. La Corte fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos”.

Es cierto, como lo plantea el actor, que el Ministerio de Justicia tiene la facultad de examinar la documentación y, en caso de encontrar la ausencia de una pieza fundamental, devolverla al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, ello no obsta para que, como sucedió en el caso del actor, una vez recibido el expediente por la Corte Suprema de Justicia, por envío que del mismo hace el Ministerio de Justicia en cumplimiento de lo previsto en el artículo 555 del Código de Procedimiento Penal, si aquélla encuentra que la documentación debe ser completada se dirija directamente al Ministerio de Relaciones para el efecto, pues no de otra forma podría fundamentar su concepto en “... la validez formal de la documentación presentada...”, como lo exige el artículo 558 ídem.

También considera el actor que los actos acusados fueron falsamente motivados, pues concedieron la extradición por razones de “conveniencia nacional” lo que, a su juicio, constituye simplemente una fórmula de comodín.

Para resolver el anterior cargo, la Sala se remite a las siguientes disposiciones del Código de Procedimiento Penal (D. 1790/91), vigente para la época de los hechos:

“ART. 548.—Extradición facultativa. La oferta o concesión de la extradición es facultativa del gobierno; pero requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia”.

“ART. 549.—Requisitos para concederla u ofrecerla. Para que pueda ofrecerse o concederse la extradición se requiere, además:

“1. Que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años, y

“2. Que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente”.

“ART. 550.—Condiciones para el ofrecimiento o concesión. El gobierno podrá subordinar el ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas. En todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena.

“Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena”.

“ART. 557.—Concepto de la Corte. Vencido el término anterior, la Corte emitirá concepto.

El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales”.

Es, pues, claro que la única limitante que tiene el Gobierno Nacional para conceder la extradición es que la Corte Suprema de Justicia emita concepto desfavorable, circunstancia que no se presentó en el sub lite, razón por la cual bien podía invocar razones de conveniencia nacional, sin necesidad de especificarlas.

De otra parte, sostiene el actor que los nacionales colombianos por nacimiento no pueden ser extraditados con fundamento en las normas del Código de Procedimiento Penal, por cuanto la extradición representa una restricción en otro país a la libertad del requerido, y, por ende, su tramitación exige de ley estatutaria que regule la extradición (C.P., art. 152, lit a), máxime existiendo contraposición entre el contenido del artículo 35 de la Constitución Política y la ley (CPP), sin que los funcionarios hayan dado aplicación al principio de aplicación preferente de la Constitución instituido en su artículo 4º.

Aunque es cierto que el artículo 152, literal a), de la Constitución Política, preceptúa que el Congreso regulará mediante ley estatutaria los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección, también lo es que el Código de Procedimiento Penal fue expedido en virtud de las facultades extraordinarias que el Constituyente de 1991 confirió al Presidente de la República en el artículo transitorio 5º, literal a), luego el cargo carece de prosperidad, por las razones que esta sección (8) consignó en sentencia de 11 de diciembre de 1992 al despachar análoga acusación referida al Decreto 2591 de 1991, cuyos apartes más relevantes se transcriben:

“El Decreto 2591 de 1991, fue expedido por el Presidente de la República en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo transitorio 5º, literal b) de la Constitución Política, y tiene fuerza de ley en virtud de lo dispuesto por el artículo transitorio 10 ibídem.

“Lo anterior implica que el Decreto 2591 de 1991 no puede ser considerado o asimilado a una ley estatutaria, cuya expedición corresponde de manera exclusiva al Congreso Nacional por mandato del artículo 152 de la Carta, pues aun cuando mediante él se reglamenta la acción de tutela, instituida por el artículo 86 ibídem como mecanismo para lograr la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, no fue expedido por el órgano legislativo del poder público sino por el Presidente de la República en virtud de una especial y transitoria facultad otorgada por la misma Constitución Política. De esta manera, si bien la materia que regula el Decreto 2591 puede ser objeto de una ley estatutaria, ello lo será para el futuro, por cuanto para el caso concreto existía la referida autorización especial”.

Finalmente, con fundamento en el artículo 509 de la Ley 600 de 2000, el actor sostiene que la Resolución 84 de 30 de julio de 2001 debió ser expedida por el Gobierno Nacional en pleno, conformado este por el Presidente de la República y los ministros del despacho, y no solamente por el Presidente de la República y el Ministro de Justicia y del Derecho, en razón de que el aparte “por intermedio del Ministerio de Justicia”, que contenía el artículo 509 de la Ley 600 de 2000 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-760 de 18 de julio de 2001.

A partir de la declaratoria de inexequibilidad ya citada el tenor literal del precepto es como sigue:

“ART. 509.—Concesión u ofrecimiento de la extradición. Corresponde al gobierno ofrecer o conceder la extradición de una persona condenada o procesada en el exterior, salvo en los casos contemplados en el artículo anterior”.

El artículo 115 de la Constitución Política establece:

“ART. 115.—El Presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa.

El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho, y los directores de los departamentos administrativos.

El Presidente y el ministro o director de departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el gobierno”.

De la norma trascrita se desprende claramente que en el caso concreto el gobierno está conformado por el Presidente de la República y el ministro del ramo, esto es, el de justicia y del derecho, razón por la cual no prospera el cargo de falta de competencia de la autoridad que suscribió la Resolución 84 de 30 de julio de 20001, por medio de la cual se confirmó la decisión de extraditar al actor a los Estados Unidos de América.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 24 de febrero de 2005».

(1) Actora: Dessy Higuera Moreno. Expediente 7289.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, concepto de 22 de mayo de 1996, M.P. Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.

(3) Actor: Julio Cipriano Jo Nazco. Expediente 4151.

(4) Folio 242 del cuaderno principal.

(5) Folio 295 del cuaderno de antecedentes administrativos.

(6) Folio 654 del cuaderno de antecedentes administrativos.

(7) Folios 75 y 76 del cuaderno de antecedentes administrativos.

(8) Expedientes 1959 y 1965. Actores: Bernardo Arbeláez Martínez y Pedro Pablo Camargo, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez.

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