Sentencia 7575 de noviembre 21 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 7575

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Actora: Sociedad Edificio 9411 S.A.

Recurso de apelación contra la sentencia de 2 de febrero del 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Bogotá, D.C., veintiuno de noviembre de dos mil tres.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

A través de la Resolución 371 de 9 de febrero de 1996, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital revocó directamente el acto ficto positivo invocado por la actora a través de la escritura pública 1443 de 12 de junio de 1995.

El artículo 63 de la Ley 9ª de 1989, aplicable cuando se solicitó la licencia por parte de la actora, establece que las entidades competentes para autorizar las licencias “...tendrán un término máximo de noventa (90) días hábiles para pronunciarse sobre las solicitudes de otorgamiento de las licencias de urbanización y construcción...” y que “...vencidos los plazos anteriores sin que la autoridad se hubiere pronunciado, las solicitudes de licencia se entenderán aprobadas en los términos solicitados, pero en ningún caso en contravención a las normas que regulen la actividad...” (negrilla fuera de texto).

En el caso sub examine, como la autoridad distrital dejó precluir la oportunidad para resolver la solicitud de licencia de construcción, permitió con ello que se abriera paso al silencio administrativo positivo, que invocó la actora, por haberlo protocolizado mediante la escritura pública 1443 de 12 de junio de 1995, de la Notaría Décima del Círculo de Bogotá; empero, como de la expresión resaltada en negrilla, se deduce que implícitamente la autoridad competente está autorizada para revocar el silencio administrativo positivo, en el evento de que la solicitud de licencia sea contraria a las normas que regulan la actividad de la construcción, precisamente esa fue la razón aducida en la Resolución 371 acusada, consistente en que en el inmueble donde se proyectó la construcción no se podía levantar el edificio porque dicho inmueble había sido declarado de conservación arquitectónica.

El fondo de la controversia básicamente descansa en el hecho de establecer si a la actora se le vulneró o no el derecho de defensa en el trámite de la revocatoria; y si la entidad demandada podía fundamentarse o no en el Decreto 677 de 31 de octubre de 1994, de la Alcaldía de Bogotá, que incluyó su predio como de conservación arquitectónica.

Al respecto, cabe precisar lo siguiente:

Según se observa a folios 66 a 72 del cuaderno 1, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital había expedido la Resolución 831 de 2 de junio de 1995, a través de la cual negó la licencia de construcción solicitada por la actora, con el argumento de que al predio, por virtud del Decreto 677 de 31 de octubre de 1994, se le asignó tratamiento de conservación arquitectónica.

Este acto administrativo expreso fue notificado al apoderado de la actora, quien hizo uso de los recursos oportunamente, aduciendo que la administración no podía expedirlo debido a que, por haber dejado precluir el término para resolver la solicitud, había operado el silencio administrativo positivo.

Al resolver el recurso de reposición, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital expidió la Resolución 1430 de 7 de septiembre de 1995, en la cual aceptó los argumentos de la actora en cuanto a que no podía expedir el acto expreso porque ya había operado el silencio administrativo positivo, pero le advirtió que iniciaría el trámite de revocatoria directa del silencio administrativo positivo protocolizado mediante escritura pública 1443 y reiteró la razón para ello, cual era la expedición del Decreto 677 de 1994 (fls. 69 y 71).

Inmediatamente la administración procedió a dar inicio al trámite de revocatoria directa mediante auto de 7 de septiembre de 1995, en el que citó como fundamento los artículos 14, 28, 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo y una vez más reiteró la razón de la revocatoria del silencio, cual era la expedición del Decreto 677 de 31 de octubre de 1994 que asignó al predio el tratamiento de conservación arquitectónica, por lo que en él no se podía construir el edificio, decisión que le fue notificada al apoderado de la demandante a la carrera 9ª Nº 70A - 35, piso 7º, que es la misma señalada por él en su escrito visible a folio 59.

El artículo 74 del Código Contencioso Administrativo, citado, entre otros, como fundamento del auto antes mencionado, prevé:

“Procedimiento para la revocación de actos de carácter particular y concreto. Para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de este código. En el acto de revocatoria de los actos presuntos obtenidos por el silencio administrativo positivo se ordenará la cancelación de las escrituras que autoriza el artículo 42 y se ordenará iniciar las acciones penales o disciplinarias correspondientes.

El beneficiario del silencio que hubiese obrado de buena fe, podrá pedir reparación del daño ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo si el acto presunto se revoca”.

Al confrontar la actuación surtida con el texto del artículo 74 transcrito, que consagra el procedimiento que debe seguir la administración para revocar actos de carácter particular, observa la Sala que no se vulneró el debido proceso ni el derecho de defensa de la actora, como quiera que a esta no solo se le informó que se iba a tramitar la actuación respectiva con indicación de las razones para ello, sino, también, tanto de la iniciación misma del trámite como de su culminación. Y a lo largo de todas las intervenciones de la demandante esta tuvo la oportunidad de aducir la razón de su inconformidad, tales como: que el Decreto 677 de 31 de octubre de 1994 le era inoponible, porque no le fue notificado, debiendo serlo, y frente a tal argumento, la demandada reiteró siempre que sí le era oponible porque sí le fue notificado.

De tal manera que el cargo en estudio no tiene vocación de prosperidad.

Ahora, en lo que toca con la inoponibilidad del Decreto 677 de 31 de octubre de 1994, se debe tener en cuenta lo siguiente:

En tratándose de actos administrativos a través de los cuales se declaran bienes de conservación arquitectónica o que, en general, impongan limitaciones al derecho de dominio, esta corporación ha sostenido que no basta su publicación, en cuanto acto general que es, sino que resulta menester su notificación, por los efectos particulares que conlleva.

En este caso la actora alega que cuando solicitó la licencia de construcción, esto es, el 13 de diciembre de 1994, no le había sido notificado el Decreto 677 de 31 de octubre de 1994 que incluyó su predio como de conservación arquitectónica, razón por la que no se podía revocar el silencio administrativo que operó en su favor.

Estima la Sala que la administración sí podía revocar el silencio administrativo, ya que cuando se expidió el acto acusado la actora no solo tenía conocimiento de la existencia del Decreto 677 de 1994, pues según alega en la demanda de ello se enteró el 9 de marzo de 1995, sino que frente a tal decreto había instaurado demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que fue decidida en segunda instancia por esta sección mediante Sentencia de 28 de octubre de 1999 (Exp. 3443, actora: Edificio 9411 S.A., C.P. Juan Alberto Polo Figueroa), denegatoria de las pretensiones, entre otras razones porque no adujo cargo alguno que afectara la decisión intrínseca contenida en él, conforme se lee en la parte motiva de dicha sentencia:

“...En el sub lite, la parte actora no ha demostrado que la motivación explícita sea inexacta y, en su lugar, lo que se observa es que las facultades invocadas son ciertas, según se puede leer en las disposiciones aducidas como fuente de las facultades ejercidas, esto es, los artículos 38, numeral 4º, del Decreto 1421 de 1993 y 384 del Acuerdo 6 de 1990. En lo que corresponde a las motivaciones implícitas relacionadas con el inmueble afectado, esto es, que tiene las características para ser sometido a tratamiento de conservación arquitectónica, la actora ni siquiera ha aducido lo contrario, aunque de haberlo hecho, debía haberlo demostrado...”.

De otra parte, también merece destacarse el hecho de que según se aduce en la Resolución 1430 de 7 de septiembre de 1995, el plazo que dejó vencer la administración, razón por la que operó el silencio administrativo positivo, se cumplió el 24 de abril de 1995 (fl. 69, cdno. 1). Luego, si de la existencia del Decreto 677 de 1994 tuvo conocimiento la actora el 9 de marzo de 1995, este decreto le fue oponible desde antes de que se produjera el silencio, lo que descarta la prosperidad de los cargos de la demanda que descansan en la mencionada inoponibilidad.

Finalmente, y en lo que al certificado de delineación se refiere, la Sala reitera lo expresado en Sentencia de 28 de octubre de 1999 (Exp. 3443, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa), en cuanto a que el certificado de delineación urbana no es acto definitivo sino preparatorio que no crea situación subjetiva alguna, razón por la cual el hecho de que con anterioridad a la solicitud de licencia a la actora se le hubiera expedido dicho certificado, no implicaba que la administración estuviera obligada a concederla.

Así pues, debe la Sala confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de noviembre de 2003.

______________________________