Sentencia 758 de octubre 4 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

TESORERO MUNICIPAL

CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

EXTRACTOS: «Se contrae el sub judice a dilucidar la legalidad del Decreto 07 de 3 de enero de 1995, por medio del cual fue declarado insubsistente el actor del cargo de tesorero de rentas municipales del municipio de Pácora (Caldas).

En primer lugar estudiará la Sala cuál es la naturaleza del cargo de tesorero municipal que desempeñaba el demandante al momento de su retiro.

Las funciones del tesorero de un municipio, cualquiera que sea, están demarcadas por una especial condición que presupone la confianza como requisito sine qua non de su ejercicio, en la medida en que es la persona a quien se encomiendan dineros ajenos para su manejo e inversión, de acuerdo con específicas condiciones, que aun cuando delimitadas, no impiden que los recursos se hallan expuestos a malversación por parte del funcionario, cuando se aparta de las responsabilidades y finalidades que el cargo le impone.

Los presupuestos señalados son predicables indistintamente de la función propia de tesorero, pero tratándose de quien ejerce las funciones a nombre de instituciones de carácter oficial, como es el caso del tesorero municipal, el carácter de cargo que compromete un alto grado de confianza tiene mayor connotación, en la medida en que su actividad reviste un compromiso de mayor alcance y significación que involucra así mismo a la primera autoridad política del municipio.

El tesorero está llamado a manejar debidamente dineros ajenos, en este caso rentas del erario público, que llevan ínsito el cumplimiento de compromisos que apuntan al bienestar general de la colectividad.

El tesorero municipal, por ser el funcionario que recauda, maneja e invierte los ingresos por concepto de impuestos, contribuciones, tasas, aportes, auxilios y cualquier otro ingreso del tesoro municipal y por ser un ejecutor de las políticas fiscales y presupuestarias debe, al tenor del artículo 154 del Decreto 1333 de 1986, “asegurar su manejo“. Estas circunstancias llevan a concluir que el cargo en cuestión se enmarca dentro de los parámetros descritos por el artículo 4º numeral 5º de la Ley 27 de 1992, que señaló como de libre nombramiento y remoción aquellos cargos ejercidos por “Los empleados que administren fondos, valores y/o bienes oficiales y que para ello requieran fianza de manejo”.

Sobre la constitucionalidad de la anterior disposición se pronunció la Corte Constitucional, declarando su exequibilidad mediante sentencia C-306 de 13 de julio de 1995, cuyo aparte pertinente es del siguiente tenor:

“El numeral quinto del artículo 4º de la Ley 27 de 1992 clasifica a “los empleados que administren fondos, valores y/o bienes oficiales y que para ello requieran fianza de manejo” como servidores públicos de libre nombramiento y remoción. La norma contempla dos condiciones muy precisas, a saber: la administración de fondos, valores y/o bienes y la constitución de fianza de manejo, condiciones que no operan en forma independiente sino conjuntamente pues todos los que “administran” dichos bienes deben necesariamente constituir fianza, de donde se desprende que sólo los empleados que reúnan estos requisitos escapan al régimen de carrera, de modo que, quienes simplemente colaboran en la administración, y pese a que eventualmente se les exija fianza de manejo, no pueden ser considerados como empleados de libre nombramiento y remoción.

Para que el supuesto previsto en el numeral que se examina tenga lugar, se requiere además de la fianza, la administración directa de esos bienes y no la simple colaboración en esa tarea; en otros términos, la necesidad de constituir fianza, por sí sola, no determina la exclusión del régimen de carrera. Aparte de ese requisito, es indispensable analizar el grado de responsabilidad de los funcionarios en el manejo de los bienes, que toma patente el elemento esencial de la confianza que justifica el régimen de libre nombramiento y remoción, con independencia de que los funcionarios hagan parte de la administración...”.

En este orden de ideas, queda establecido que el actor no era un empleado amparado por fuero alguno; por el contrario, el cargo del cual fue retirado está catalogado como de libre nombramiento y remoción a la luz del numeral 5º del artículo 4º de la Ley 27 de 1992 y, por ello, la entidad nominadora se hallaba facultada para declarar insubsistente su nombramiento.

(...).

Por tratarse el acto cuestionado de una decisión discrecional, es claro que los fines de servicio se presumen y lo que corresponde hacer a quien lo controvierte es demostrar que fue expedido con fines torcidos que se apartan de móviles inspirados en el servicio; no puede aceptarse entonces la pretensión del actor, en el sentido de que obedeció la decisión a finalidades de índole política porque nada en el plenario conduce a tal conclusión; las declaraciones allegadas lo que informan es que con el nombramiento de la nueva tesorera la prestación del servicio tuvo un notorio desarrollo.

En este orden, concluye la Sala que tuvo razón el tribunal para denegar las súplicas de la demanda y por ello habrá de confirmar la decisión».

(Sentencia de octubre 4 de 2001. Expediente 758-01. Consejero Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero).

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